LA REGIÓN DE MURCIA, TERRITORIO DE SACRIFICIO

Acabamos de regresar de un breve viaje fuera de España y, al llegar a casa, nos encontramos con que el apartamento se encuentra a 33ºC, un auténtico infierno. En este mes de agosto las temperaturas máximas en Murcia no han bajado de 37ºC, llegándose a alcanzar más de 40ºC en cuatro ocasiones, mientras que las mínimas han estado por encima de los 23ºC. Lo que antes era una excepción se ha convertido en la norma, ya que se han contabilizado 13 días por encima de los 40ºC en la ciudad de Murcia, por concretar una localización, en lo que llevamos de verano.

Mientras el gobierno regional sigue secuestrado por la ideología de Vox, prosigue nuestra carrera irresponsable hacia una situación en la que más pronto que tarde será muy difícil vivir en esta región en la sesión estival. En una reciente entrevista, el físico, matemático y divulgador científico Antonio Turiel informó de los últimos estudios sobre calentamiento global, en los que se asegura que en 2050 superaremos en 3ºC la media de la era preindustrial, lo que supondrá que se podrán superar los 55ºC en determinados momentos, sobre todo en zonas como el sureste de la península ibérica. Teniendo en cuenta que la Región de Murcia suele presentar las más elevadas temperaturas del país, como se puede comprobar viendo cualquier previsión del tiempo, esa circunstancia sería incompatible con el mantenimiento de las condiciones mínimas para la vida y los ecosistemas, al menos en nuestra latitud.

¿Y qué hace el ayuntamiento de Murcia ante esta situación de calor extremo? Pues nada menos que cerrar la tercera parte de los refugios climáticos del municipio en el mes de agosto, espacios públicos y gratuitos con una temperatura confortable para afrontar estos episodios. En la Región de Murcia la mitad de los hogares no pueden mantener una temperatura fresca en verano, por lo que la llamada pobreza energética alcanza a más de 800.000 personas. Y no solo eso, sino que la mayoría de esos espacios climáticos cerrados corresponden a bibliotecas y centros culturales, por lo que se junta la dificultad de encontrar espacios con temperaturas adecuadas fuera de los centros comerciales con el desprecio a la cultura, convirtiendo la ciudad de Murcia en un erial cultural durante gran parte del verano.

La extrema derecha, entre tanto, no cesa de hacer el ridículo cuando hace declaraciones en relación a las sucesivas olas de calor que asolan el sureste y el Levante. Así, hace unas semanas, el concejal de Comercio de Vox en Alicante dio su particular receta para afrontar estos episodios, que calificó de “alarmismo climático”, consistente en “ir a un bar a tomar algo fresquito”. El insulto a la inteligencia no puede ser más evidente.

A pesar de todas las evidencias científicas en las que se comprueba que estamos en una región con escasa pluviometría, que sufre un proceso de desertificación galopante, con una evolución ascendente en las temperaturas medias y máximas, el gobierno regional sigue estando ciego a esta situación. Las organizaciones ecologistas consideran totalmente insuficientes las medidas del gobierno de López Miras y los distintos ayuntamientos para luchar contra el cambio climático. Exigen una mayor renaturalización de los espacios urbanos, habilitar más refugios climáticos, reducir drásticamente el tráfico privado con el fomento del transporte público, establecer Zonas de Bajas Emisiones en las principales ciudades y reducir las emisiones de gases debidas a actividades ganaderas y agrícolas de gran impacto, entre otras medidas.

La Región de Murcia hace tiempo que se ha convertido en un territorio de sacrificio ante la inacción de nuestros gobernantes, que ponen una vez más por delante la obtención de beneficios económicos a corto plazo de unos pocos frente al interés general, con una consecuencias que pagamos la mayoría de la población, una región en la que será cada vez más difícil vivir.

Artículo publicado el pasado 20 de agosto en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/region-murcia-territorio-sacrificio_132_13456464.html

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Tenemos a un gobierno central acosado y tocado. En 2019, a los pocos meses de ganar Pedro Sánchez la moción de censura frente al gobierno de Rajoy, el presidente socialista publicó un libro con un título premonitorio, “Manual de resistencia”. Pareciera que ha aplicado a rajatabla ese manual para mantenerse en el poder, con un ex-secretario de Organización de su partido condenado a 24 años de cárcel por corrupción y a otro inmerso en la fase de instrucción, investigado por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

Al margen de los casos de su esposa y de su hermano que partieron de denuncias provenientes de organizaciones ultras como son Hazte Oír y Manos Limpias y que, a falta del juicio con jurado en el primer caso y de que se acabe el juicio oral contra David Sánchez, levantan muchas dudas entre sectores de la judicatura en cuanto a su desarrollo, los casos que afectan directamente a ex-altos cargos de su partido le hacen mucho daño tanto a la imagen de Pedro Sánchez como a su gobierno, a lo que hay que sumar el enriquecimiento de Zapatero, que los tribunales deben dilucidar si fue de forma lícita o no.

Esta travesía agónica del gobierno de Sánchez en la recta final de la legislatura constituye una decepción sobre todo para la gente de izquierdas, tanto para los que le han votado como para los que han optado por los partidos que le han apoyado en la investidura y sostenido durante estos tres años. Aunque es cierto que este gobierno ha aprobado medidas que favorecen a la mayoría, sobre todo desde el ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, con los aumentos del SMI, la reforma laboral que ha impulsado la creación de empleo a unas tasas que no se veían desde 2008, los ERTE que salvaron a miles de empresas durante la pandemia, además de otras medidas como la revalorización de las pensiones según el IPC, la gestión de los fondos europeos, y la aprobación de leyes como la de Vivienda, la de Paridad o la de Eutanasia, mucha gente no nota en el día a día esas mejoras, por la dificultad de llegar a fin de mes, de encontrar una vivienda digna o de llenar la cesta de la compra.

Porque. como advierte de forma acertada el diputado Gabriel Rufián, que se ha convertido en un referente para la izquierda, la alternativa al actual gobierno es mucho peor: una coalición PP-Vox, con el apoyo de Junts y tal vez PNV, que, ademas de desmontar los avances conseguidos por el gobierno en materia social, seguramente aplicarán medidas que harán más difícil la vida a colectivos como inquilinos, inmigrantes, LGTBIQ+, pensionistas, víctimas de violencia machista y personas vulnerables en general, además de defender los intereses de los más ricos, como ya se está viendo en las CC.AA. en las que gobiernan. Además, aspectos como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres, la memoria histórica y los servicios públicos en general sufrirán un retroceso, ya anunciado no solo con palabras en sus respectivos programas electorales sino con hechos en los territorios que gestionan.

Sólo hay que ver lo que está ocurriendo en la Región de Murcia ante la pasividad de la mayoría de la población, empezando por el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) de 6,8 millones de euros por sobrecostes de servicios quirúrgicos en centros privados y uso de prótesis y productos caducados, siguiendo con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2023 en el que se revelaría un remanente negativo de más de 1.800 millones de euros y un déficit del 2,3% del PIB, además de un agujero en el SMS de más de 3.700 millones de euros. Y no solo las cuentas salen mal paradas en nuestra región: los centros educativos de titularidad pública son auténticos hornos, con temperaturas que superan con creces los 27ºC, límite establecido para poder desarrollar las clases; somos menos productivos y más pobres y los salarios son más bajos que la media española; la vivienda sube un 20% anual, el alza de precios más alto del país; el Mar Menor sigue en peligro, con el descenso de la salinidad debida a la entrada de agua dulce cargada de nitratos proveniente de la agricultura, con el peligro que ello conlleva de riesgo de eutrofización. Está pendiente la aprobación de los Presupuestos de la Región de Murcia, con la espada de Damocles de las exigencias de Vox que presumiblemente irán en la linea de lo establecido en otras comunidades autónomas. 

Al gobierno de Pedro Sánchez le queda una sola oportunidad para actuar como un verdadero gobierno progresista si quiere recuperar la confianza de sus votantes y de sus socios. Deberá abordar con valentía aspectos que afectan directamente a la ciudadanía, como la situación de la vivienda y de los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación, limitando la creación de centros privados; revisar la situación de la justicia, impidiendo su politización y su uso torticero para retorcer las leyes que favorezcan a determinadas ideologías, reafirmando su independencia. Deberá convertir las fuerzas de seguridad del Estado en garantes del estado de derecho, sancionando los excesos policiales, así como garantizar la independencia de los medios de comunicación, limitando la aportación institucional de CC.AA. y ayuntamientos a su financiación. También deberá completar la Transición Ecológica mediante el impulso de las energías renovables, la descarbonización industrial, la fiscalidad verde, y una fuerte inversión en movilidad sostenible, garantizando al mismo tiempo una "transición justa" que proteja el empleo y a las comunidades más vulnerables.

Estas y otras medidas son las que demanda el votante progresista. El tiempo se acaba y el gobierno actual debería pisar el acelerador antes de las siguientes elecciones si quiere recuperar la confianza perdida.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ultima-oportunidad-gobierno-central_132_13333975.html

A VUELTAS CON EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Hay una idea que, desde los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, no paran de repetirnos, que en España faltan viviendas, y que esa escasez de la oferta es la principal causa de los altos precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en un portal especializado en viviendas, se comprueba que a día de hoy hay disponibles, sólo en el municipio de Murcia, más de 3.500 viviendas listas para ser adquiridas, y más de 800 de alquiler. Si ampliamos la búsqueda a toda la región, esas cifras suben a 11.000 a la venta y unas 2.000 en alquiler. La oferta de venta de viviendas en toda España asciende a unas 700.000 y a más 3 millones en alquiler.

 El problema no es, desde luego, la falta de oferta, sino los disparatados precios que se piden para que este bien de primera necesidad cambie de mano, con un abismo entre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, muchas de las cuales rozan la categoría de infravivienda, con los precios que demandan los propietarios, muy por encima de salarios reales de la población. La ideología “liberal”, además, y de nuevo, clama contra los impuestos, cuya existencia responsabiliza de los altos precios, y nunca a la avaricia y el ansia de obtener los máximos beneficios con el menor esfuerzo posible.

En las grandes ciudades los llamados “fondos buitre”, principalmente Blackstone y CaixaBank, poseen más de 100.000 viviendas, que mantienen apalancadas a la espera de que la especulación les sea favorable, mientras que el 10% de las casas pertenecen a grandes tenedores. A esto se suma el auge del alquiler turístico, con unos 330.000 pisos de este tipo en España, un 1,24% del parque total, aunque esa cifra aumenta hasta el 10% en ciudades como Málaga, provocando un verdadero problema al influir en los precios generales de alquiler en determinadas zonas.

El lobby de la construcción nos repite que es necesario construir en nuestro país entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 3,8 millones de viviendas vacías en España, el 58% de las cuales se encuentran en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, cerca de la tercera parte del parque total de viviendas, siendo una de las cifras más elevadas de nuestro país.

Y tampoco es cierto que la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas vaya a rebajar el precio global, según la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith. El “boom” inmobiliario que transformó el paisaje de nuestro país entre 1997 y 2007, en la que se construyeron más de 5 millones de viviendas, más que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania, no supuso la baja de precios, sino todo lo contrario, con un alza de más del 140% en siete años, y provocó la crisis subsiguiente de 2008, con los resultados que conocemos de cifras de paro del 27%.

El gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, cuyos objetivos son aumentar el parque público de viviendas, sobre todo destinado al alquiler, y el fomento de la rehabilitación, así como el blindaje permanente del parque público de vivienda para evitar su venta. Sin embargo, no incide en el principal problema de la vivienda, los precios abusivos tanto de venta como de alquiler. La medida de este plan que consiste en ayudas al alquiler de 300 € al mes para jóvenes y de 600 € al mes para alquileres en general no es sino un parche, ya que solo alcanzará a un número limitado de personas, además de que su cumplimiento depende de las CC.AA. que serán las responsables de su aplicación. 

Ya se ha visto que la reciente Ley de Vivienda, que incluye el límite de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, la redefinición de los grandes tenedores, pasando a esa categoría los propietarios de más de cinco viviendas y la declaración de zonas tensionadas cuando el precio del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos medios de las familias, no ha funcionado sobre todo por la negativa de las CC.AA. a aplicar dicha ley, incluido el gobierno regional de López Miras.

Precisamente el gobierno regional se jacta de su propio plan de vivienda, consistente principalmente en avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda. Por lo visto, López Miras no conoce la realidad de la juventud murciana. La precariedad en el empleo en la juventud es un obstáculo para siquiera pensar en comprar un piso, por lo que dudo de que esta medida alcance a mucha gente.

Aún queda mucho por hacer para que se cumpla el articulo 47 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, sobre todo, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, regular el uso del suelo conforme al interés general para evitar la especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. Habrá que calibrar y corregir el desequilibrio que existe entre la obtención de beneficios desorbitados frente a la consecución de un derecho fundamental sancionado por la Carta de Derechos Humanos desde 1948. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vueltas-problema-vivienda_132_13162354.html

DE MENTIRAS Y BULOS

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía  a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la polícia en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde le derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando por que “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno. 

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catalogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión de una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población del pueblo contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia. 

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad. 

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque  sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mentiras-bulos_132_13110522.html

¿LA MEJOR TIERRA DEL MUNDO?

El gobierno regional es muy dado a usar eslóganes que le reportan beneficios electorales. Ya pasó en 2001 con el famoso “Agua para todos”, inscrito en una pancarta que los murcianos y murcianas tuvimos que ver durante varios años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, en la época de la burbuja inmobiliaria, con las obras faraónicas proyectadas como el parque Paramount o el resort Marina de Cope, que habrían necesitado de ingentes aportes de agua para su mantenimiento. Afortunadamente, esos proyectos no se realizaron, gracias sobre todo a la oposición de la sociedad murciana y a la acción de la justicia que paralizó algunas de esas obras.  

25 años después, otro lema se repite sin cesar, “la mejor tierra del mundo”. Parece que los próceres murcianos no han viajado mucho, pues muchos son los motivos que contradicen ese eslogan. Basta con hacer un repaso a algunos datos recientes para comprobarlo. Veamos.

La Región registra un 20,6% de abandono educativo temprano, muy por encima de la media nacional, que se cifra en un 12,8 %, y casi el doble que las comunidades con mejores resultados. Este abandono escolar está relacionado con la precariedad laboral o la baja financiación de la educación pública con respecto a la educación privada-concertada. Así, aunque se aumentó la inversión en educación en un 9% en 2025, este dato esconde que el 77 % de esa inversión va destinada al sector privado-concertado, muy por encima de la media española (57%). La masificación de las aulas, el presupuesto raquítico de los centros públicos para atender a la diversidad del alumnado inciden de manera muy importante en la tasa de abandono escolar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada recientemente, el 32,5% de la población de la Región de Murcia estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025, un dato superior al 2024 (32,4%), sólo por debajo de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). Casi la mitad de la población de la región no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,5% no puede irse de vacaciones una semana. Estos datos demoledores ponen de relieve las dificultades que afronta un amplio sector de la sociedad murciana. Aunque se acaba de aprobar la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028, está por ver su eficacia si no se actúa sobre la raíz del problema, como es reducir la desigualdad y distribuir la riqueza de un modo más efectivo.

El alza del precio de la vivienda, el mayor problema con que se enfrenta la sociedad actual, golpea de lleno a nuestra región. Así, según el portal Fotocasa, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha subido casi un 30% en el último año, encabezando el ranking nacional de subidas, con un precio medio de 1.924 euros por metro cuadrado, 439 euros más que en 2024. El alquiler tampoco es asequible, habiendo experimentado una subida interanual del 9% a marzo de 2026, situándose en una media de aproximadamente 9,43€ a 10€ por metro cuadrado. En un reciente informe de Cáritas se indica que el 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentran en riesgo de pobreza.

El medio ambiente también es una asignatura pendiente en nuestra región. Aunque el Mar Menor experimenta una ligera mejoría, con menores aportes de nutrientes a la laguna costera, sigue siendo un ecosistema frágil, con problemas que no se resuelven vinculados a la agricultura intensiva y con la espada de Damocles de la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor por la dependencia del PP regional a las imposiciones de Vox para aprobar los presupuestos. 

Otro problema que sufrimos es la contaminación atmosférica vinculada a la alta dependencia del coche. Murcia es la ciudad española que más usa el coche (el 72% de su población lo usa habitualmente) dando como resultado que en más de la mitad de los días de 2025 se han registrado niveles desfavorables de la calidad del aire. A pesar de la propaganda que realiza a diario el alcalde Ballesta con su tranvíbús, este medio no soluciona en absoluto el problema de la movilidad, ya que sólo une el centro con el hospital de La Arrixaca en el Palmar.

Otro aspecto ambiental que nos sitúa a la cola es la proliferación de plantas de biogás en poblaciones como Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo o San Javier, que son la excusa perfecta para mantener la ganadería intensiva de porcino, con la contaminación por purines, los malos olores y la intensificación del tráfico de vehículos pesados asociados a la implantación de estas plantas sobredimensionadas. La última noticia aparecida en los medios de comunicación es la presunta ocultación por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Informe de la UPCT sobre metales pesados (arsénico, cadmio, plomo y zinc), en el Campo de Cartagena. Este hecho ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciarlo ante la justicia. 

La situación social, económica y ambiental de la Región de Murcia, de la que sólo he desgranado unos pocos datos, contradice el triunfalismo del gobierno regional y su lema institucional “La mejor tierra del mundo”, que puede servir como campaña de marketing para incautos, pero que no refleja la realidad de un territorio que atraviesa por múltiples problemas que no tienen visos de tener una solución a corto plazo. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mejor-tierra-mundo_132_13035639.html

UN GOBIERNO REGIONAL CONTRA LA SOCIEDAD MURCIANA

El Partido Popular de la Región de Murcia, ante el avance de la extrema derecha, se ha echado al monte, a imagen y semejanza de Díaz Ayuso, figura admirada por López Miras, que replica todas y cada una de las medidas que la presidenta madrileña aplica en su región. 

Así, ante la obligatoriedad por parte de las Comunidades Autónomas de entregar los datos de cribado de cáncer, los consejeros y consejeras de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP, nuestra región incluida, con Juan José Pedreño a la cabeza, se levantaron de la mesa al comienzo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habiendo disfrutado, eso sí, del banquete previo. Ese desplante a la ministra García no ha sido un simple hecho simbólico, sino que es un desprecio a la salud de cientos de miles de mujeres que están a la espera de pruebas médicas para confirmar o descartar un cáncer de mama. Y no sólo eso, sino que esta espantada ha impedido aprobar que se destinen 2 millones de euros a la investigación y la vigilancia del cáncer en nuestro país. 

Otra ocurrencia del Partido Popular murciano es la de implantar el llamado “modelo EGB” a los centros educativos a partir del curso 2026/2027 con la pretensión de que se imparta 1º y 2º ESO en los colegios, a imagen de los años 80, cuando su equivalente, los antiguos 7º y 8º de EGB, se daban en los centros de Primaria. Me parece que la Consejería de Educación no ha calibrado bien las consecuencias de tal decisión. ¿Se desplazará el profesorado de Secundaria a los colegios para impartir sus materias? ¿Tienen los colegios los medios adecuados para llevar a cabo dicho traslado de alumnado -laboratorios, talleres, aulas temáticas-? El Consejero de Educación, Victor Marín, calificó esta medida, en una entrevista reciente, como de “acción moderna, realista y eficaz”, cuando es algo antiguo y cuya eficacia no está probada, siendo el medio de intentar solucionar la masificación de las aulas, pero sin invertir en la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero aprovecha para cargar contra el sistema educativo, tachándolo de “modelo fracasado”, que “ha instalado la mediocridad, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente”, en una clara estrategia de desprestigiar la educación pública y continuar con su apuesta por la educación privada y concertada. 

El tercer frente abierto por el gobierno regional en contra de los intereses de la mayoría lo encontramos en el tema de la vivienda. A imagen de su homóloga madrileña, López Miras se niega a aplicar la Ley de la Vivienda, en concreto en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas urbanas en las que las familias deban dedicar al alquiler más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Murcia se ha incrementado un 11% en el último año, y se prevé que siga subiendo otro 5% en este 2025. Además, el Ministerio de Vivienda ha detectado la presencia en la Región de Murcia de 1.402 pisos turísticos ilegales, una práctica especulativa que, en parte, es la causa del alza de los precios de la vivienda.

El medio ambiente es otro aspecto que el gobierno regional continua sin poner en valor. Se sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en un momento en que vuelven a sonar las alarmas por el estado de anoxia que se comienza a percibir en la masa de agua, lo que hace temer que se repita la situación de los años 2016 y 2021. La aprobación de este plan acumula ya dos años de retraso desde que se le otorgó de personalidad jurídica a la laguna costera más importante del Mediterráneo Occidental, tal y como denuncia el Comité de Seguimiento del Mar Menor. Tampoco se ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que regula las actividades de este espacio natural costero. La reducción de la contaminación atmosférica es otra asignatura pendiente del gobierno de López Miras. Un estudio reciente de la UMU vincula los altos niveles de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor, con el aumento de la mortalidad en nuestra región.

A nivel local, el Partido Popular de la ciudad de Murcia ha llegado a descalificar públicamente a personas particulares, con nombres y apellidos, vecinos del barrio de Vistabella, para no reconocer las necesidades de un barrio emblemático de la ciudad reivindicadas de forma pacífica y festiva por unos centenares de vecinos y vecinas, usando el bulo y la mentira, en una maniobra más propia de organizaciones mafiosas que de un partido que gobierna. 

Las diferentes decisiones que está tomando el gobierno regional en materias sensibles que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la vivienda, no atienden a los intereses de la mayoría social, sino que responden a una estrategia acordada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer lo contrario de lo que acuerda el gobierno central, con una finalidad puramente partidista, aunque ello suponga el menoscabo de las condiciones de vida de murcianos y murcianas. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad de esta región de esta realidad?

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/gobierno-regional-sociedad-murciana_132_12716328.html

EL PARTIDO POPULAR SE APUNTA AL NEGACIONISMO CLIMÁTICO

La naturaleza nos sigue avisando. Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA de Valencia, se repiten los avisos naranjas y rojos en Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con lluvias torrenciales, inundaciones que han provocado cortes de luz, personas desplazadas de sus hogares aunque, afortunadamente, sin víctimas mortales a la hora de escribir estas líneas.

Después de un verano catastrófico de grandes incendios que han calcinado más de 400.000 hectáreas en nuestro país, llega el turno de la borrasca, esta vez proveniente del Atlántico, donde un huracán, bautizado como Gabrielle, generado por las altas temperaturas del agua, se ha movido hacia la península ibérica transformado ya en un ciclón post-tropical, causando grandes daños, de nuevo, en la zona mediterránea.

¿Y a qué se dedica el Partido Popular de la Región de Murcia mientras tanto? Pues a recibir a los presidentes autonómicos para rivalizar con la ultraderecha en su política migratoria, proponiendo medidas más propias de Vox, como exigir una integración “cultural" de las personas migrantes, es decir, que olviden su origen, su religión y sus costumbres para ser “españoles de bien”, amenazándoles con su expulsión, copiando la estrategia trumpista.

Y en plena deriva ultraderechista, el Partido Popular sigue sin admitir la existencia del cambio climático como origen de los cada vez más frecuentes fenómenos catastróficos que estamos sufriendo, calificando de “cortina de humo” y de “huida hacia adelante” la pretensión del gobierno de alcanzar un pacto contra el cambio climático. En su intento de contrarrestar el ascenso de la ultraderecha, el PP de Feijóo y López Miras no tiene empacho de mirar hacia otro lado cuando se trata de afrontar de un modo decidido, con medidas efectivas, las causas de la emergencia climática.

¿Cuál es la única referencia al cambio climático por parte del presidente López Miras? De nuevo, sólo se refiere a él cuando defiende a los regantes y exige que les sea trasvasada toda el agua que necesiten desde la cuenca del Tajo, sin reparar en si su caudal alcanza o no el mínimo exigible para sostener el equilibrio ecológico de la cuenca cedente. La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha elaborado recientemente un estudio según el cual la agricultura intensiva aporta casi 4.000 millones de euros al PIB y más de 100.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia. Curiosamente, el director de esta consultora en Murcia es Javier Celdrán, antiguo consejero de López Miras entre 2017 y 2021. Y, curiosamente también, esta empresa es la adjudicataria sin concurso público de un contrato para el “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana”, adjudicación llevada a cabo por el vicepresidente de la Generalitat, el recientemente dimitido Gan Pampols, por un importe de 2,1 millones de euros. Con estos mimbres, cabría preguntarse sobre la imparcialidad y la exactitud de los datos aportados por la empresa adjudicataria.

El Partido Popular, tras culpar a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de la tragedia de la DANA del pasado año, continua dudando de la eficacia de la Agencia Estatal de Meteorología. El pasado jueves 25 el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, se quejó de los inconvenientes que suponen que “se suspendan clases, fiestas o eventos, y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad”, dudando una vez más del rigor de las previsiones de la AEMET, poniendo así por delante los intereses partidistas a la seguridad de la ciudadanía ante fenómenos climáticos extremos.

Si la negación de la emergencia climática es una de las señas de identidad de la ultraderecha, el hecho de que el Partido Popular se sume a esta postura para intentar frenar el ascenso de Vox y evitar que Abascal y los suyos les saquen ventaja en las encuestas es una mala noticia. Si el PP se negó a asistir a las sesiones de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sobre cambio climático, tildando de “ocurrencia” y “farsa” esta comisión, el último capítulo de esta negación por parte del PP es el rechazo el pasado lunes en el Senado a un protocolo de colaboración entre la AEMET y las organizaciones agrarias para coordinar la información meteorológica, moción presentada por los socialistas. 

El negacionismo climático mata, y la postura de la derecha y la extrema derecha españolas nos confirma que no entra en sus planes colaborar en la búsqueda de soluciones a las causas de la emergencia climática, condenando a la sociedad española a seguir sufriendo las consecuencias del principal problema del siglo XXI.

Articulo publicado en eldiario.es: 

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EL PACTO PP-VOX EN ENTREDICHO

Era una noticia anunciada desde hace meses. Firmado irónicamente un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó el pasado 6 de junio el pacto de presupuestos entre el Partido popular y Vox en la Región de Murcia. En este acuerdo, plasmado en un documento de sólo 4 páginas, se confirma la rendición del PP regional a las exigencias de la ultraderecha, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente o la migración.

Así, en el pacto se manifiesta el “contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España”, demostrando una patente insolidaridad con otras Comunidades Autónomas, especialmente con el gobierno canario, gobernado paradójicamente por el Partido Popular. En las Islas Canarias se aglomeran más de 5.600 menores no acompañados, de los cuales 800 cuentan con protección de asilo, llegando a una situación de saturación de los recursos, principalmente en los 82 centros de acogida de las islas.comisión interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor.

En otra demostración de insolidaridad, en el pacto, la ultraderecha exige el cierre del centro de acogida de menores de Santa Cruz, en el que viven 60 menores de entre 10 y 17 años, algunos de los cuales desde hace más de 4 años, junto con 80 trabajadores, que denuncian el daño que pueden sufrir esos menores por el desarraigo al que se verán afectados. La alternativa a este cierre es la compra de viviendas por parte de la CARM para alojar a esos menores, pero es algo a lo que la ultraderecha se opone, una vez más. Asimismo, el acuerdo penaliza a las ONGs que trabajan con migrantes, al retirarles las subvenciones, en un ejercicio de falta de humanidad, al privar de atención a las personas que huyen de manera desesperada de sus países de origen. 

Todo esto obedece a una motivación puramente electoralista, la de asociar inmigración y delincuencia, idea falsa alentada con prejuicios y bulos que la ultraderecha difunde. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros. 

Otro punto del acuerdo basado en una falacia es el que hace referencia a las “okupaciones”. A pesar de la intención de crear un estado de alarma entre la población, lo cierto es que las llamadas “okupaciones”, es decir, el allanamiento y usurpación de inmuebles, afectan en la Región de Murcia solamente al 0,055% de las viviendas, 435 casos oficiales de un total de 780.000 viviendas en toda la región. Esa cifra, correspondiente a 2023, es, además, un 34% más baja que el año anterior. Seguir infundiendo miedo en la sociedad es el mecanismo que tiene la ultraderecha para intentar ganar poder, algo totalmente alejado de la ética que debe tener un partido político que aspira a gobernar.

Otro aspecto polémico del pacto es la “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales”, subvenciones que tachan de “parasitismo institucional” y “gasto superfluo” dirigido a “chiringuitos”, cantidades que suponen alrededor del 15% de sus ingresos, lo que podría afectar a la calidad de la atención a los trabajadores y trabajadoras con una merma, por tanto, en sus derechos. Sin embargo, el gobierno regional se arriesga a que la justicia tumbe la medida, como ya ocurrió en Castilla y León, cuando el Tribunal Superior de esa Comunidad Autónoma obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

Entre las medidas acordadas entre PP y Vox, preocupa especialmente a las entidades ambientalistas las referentes a la caza y al Mar Menor. En el primer caso, se pretende poner en práctica la gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el arrui, o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.

En cuanto al Mar Menor, las modificaciones legislativas pactadas incluirían “sustituir un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural”, tal y como denuncia la Alianza Mar Menor (AMARME), además de excluir del ámbito de aplicación del actual ley al término municipal de Fuente Álamo, territorio por el que transita gran parte de la rambla del Albujón y donde se sitúan muchas macrogranjas de porcino. También se pretende eliminar la Comisión Interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor y otras medidas que afectarían de una forma radical a la albufera, imposibilitando su recuperación y agravando su situación ambiental. 

El pacto suscrito entre PP y Vox en la Región de Murcia supone un retroceso en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores y en el derecho de un ente jurídico como es el Mar Menor, todo ello para asegurar la permanencia del presidente López Miras en el poder unos cuantos años más, a costa de los intereses de la mayoría. Todo un despropósito. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-pp-vox-entredicho_132_12429886.html

EL PACTO DE LA VERGÜENZA A LA MURCIANA

López Miras se ha plegado a las exigencias de Vox, haciendo suyos los postulados ultras, todo para seguir agarrándose al poder, aunque ello ponga en riesgo la concesión de ayudas europeas por valor de miles de millones de euros, la mayoría destinadas a la lucha contra el cambio climático, a través de medidas como la restauración ecológica de los ríos, la rehabilitación de casas para que sean más eficientes desde el punto de vista energético, el fomento del transporte sostenible o la recuperación del litoral, muy ligado en nuestro región con el Mar Menor.

En una muestra más de su irresponsabilidad, el Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su presidente, ha afirmado que “rechazan el Pacto Verde Europeo”. Pero, ¿sabe el PP en qué consiste este pacto? Aprobado en 2019, pretende poner a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con un objetivo claro, alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se quiere implementar la economía circular, aquella que minimiza la producción de residuos y que aspira a reducir la obsolescencia programada, es decir, a prolongar la vida útil de los aparatos que usamos, entre otras medidas.

El aspecto del Pacto Verde que irrita a la ultraderecha es el relativo a la agricultura y ganadería. El acuerdo europeo pretende favorecer una gestión sostenible de los cultivos y un mayor bienestar animal, así como producir más con menos, mediante la reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como de antibióticos y otros medicamentos veterinarios y la adopción de postulados ecológicos en las explotaciones agrarias, con el fin de reducir su impacto sobre la biodiversidad, garantizando que los alimentos sean saludables y asequibles. La agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de GEI de la Unión Europea y casi el 70% de sus emisiones proceden del sector de las actividades ganaderas. La Estrategia “De la Granja a la Mesa” intenta mejorar estos datos por medio de las medidas citadas, además de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro.

La Región de Murcia tiene mucha responsabilidad en las emisiones de gases, ya que contamos con dos millones y medio de cabezas de ganado porcino, más que habitantes tiene la región, generando el 20% de los residuos de porcino de toda España, con cinco millones y medio de toneladas anuales de purines y estiércol que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. La pretendida construcción de plantas de biogás proyectadas en la región no son ajenas al efecto llamada para la proliferación de estas macrogranjas de porcino, ya que sus residuos serían la materia prima para esas plantas. 

El PP murciano está en contra de las medidas que el propio Partido Popular Europeo apoya. El grupo conservador en el Parlamento Europeo “ha defendido la ambición climática de reducir en torno al 55% las emisiones de CO2 para 2030 y ha abogado por la innovación”, tal y como aparece en su página web. López Miras y los suyos, fagocitados por la ultraderecha, demuestran ser tan anti-europeos como Vox y no tener escrúpulos de estar contra los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas, defendiendo que se mantenga el modelo agrícola y ganadero intensivo, causante de residuos contaminantes que envenenan el suelo y los acuíferos, no aplicando medidas que mejoren el transporte público que reduzcan así la contaminación atmosférica.

Esto no es sino una estrategia, una vez más, para atacar al gobierno central, ya que firmando este acuerdo de presupuestos autonómicos con la ultraderecha, tal y como han hecho en la Comunidad Valenciana, quieren dejar en evidencia que no se está logrando, por ahora, el acuerdo para aprobar los PGE en el Congreso, haciéndonos creer que, ellos sí, son buenos gestores al conseguir esos presupuestos, aunque ello suponga ir en dirección contraria a lo que se está intentando hacer en Europa. Declararse abiertamente en contra del Pacto Verde supone retrasar la transición ecológica de la economía, seguir dependiendo de terceros países que nos suministran energía y poner en riesgo los empleos del futuro. 

Articulo publicado en eldiario.es:

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UNA REGIÓN CONTAMINADA

Una vez más, y como viene ocurriendo cada cierto tiempo, la ciudad de Murcia atraviesa episodios continuados de alta contaminación atmosférica, situación que afecta directamente a la salud de la población, especialmente a la infancia y a las personas mayores. La capital de la región es una de las ciudades españolas con mayor contaminación, debido sobre todo a los humos expelidos por los tubos de escape de los vehículos privados y a las quemas agrícolas que siguen realizándose sin control. Pero esto no es exclusivo de Murcia; la Región de Murcia es la comunidad autónoma más contaminada, superando en más de un 30% la media nacional, según los últimos datos del INE. También Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura, registran una calidad del aire negativa en más del 90% de año, según los datos de la propia Consejería de Medio Ambiente, con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono que afectan a las vías respiratorias, agudizando las enfermedades pulmonares y reduciendo la esperanza de vida. 

Las autoridades municipales culpan de esta contaminación principalmente a la “intrusión de una masa de polvo sahariano”, ese cajón de sastre que se suele utilizar para desviar la atención de las verdaderas causas, como es el tráfico desmesurado, sobre todo en las horas punta, las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde, momentos en los que se superan los 200 microgramos por metro cúbico de contaminantes en suspensión. La reversión de los planes de movilidad llevada a cabo por el actual consistorio capitalino, sumado a las deficiencias en materia de transporte público en la ciudad de Murcia, nos da como resultado la reincidencia en los episodios de contaminación extrema que supone la suspensión de actividades deportivas en los centros educativos, la recomendación de usar mascarilla y de no realizar actividades al aire libre.

El ayuntamiento de Murcia se jacta de tener el protocolo de calidad del aire "más avanzado de España”. Podemos estar de acuerdo en que se realizan mediciones de contaminantes atmosféricos, pero este protocolo se limita a advertir a la población de estos episodios acompañados de diversas recomendaciones, algunos posts en redes sociales y poco más. Sin embargo, no existe un plan real de prevención ni se incide en las causas reales de la contaminación. Los coches campan a sus anchas, y tenemos el peor sistema de transporte público del país, algo extensible al resto de la región. Al año se realizan en la Región de Murcia mil millones de desplazamientos, cuatro millones al día. Pues bien, el 95% de estos mil millones de desplazamientos se realizan mediante el transporte privado. Solo un 5% de estos trayectos se llevan a cabo mediante transporte público.

Los expertos tienen muy claro cuáles deben ser las vías para disminuir la contaminación atmosférica. Según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es de obligado cumplimiento la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, en nuestra región, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Estas ZBE deberían de haber sido implantadas a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, ninguna de estas ciudades ha hecho los deberes a día de hoy, por lo que, recientemente, el Defensor del Pueblo ha exigido que se habiliten esas zonas. Pero los ayuntamientos del Partido Popular de la Región de Murcia se escudan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se anularon las áreas delimitadas por el equipo de Almeida por lo que, en el caso de implantarse esas ZBE, no se incluirá la restricción al tráfico para los vehículos más contaminantes, ni discriminará el acceso según el distintivo ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha advertido que esto podría suponer la pérdida de fondos europeos. 

La sociedad civil debe reaccionar ante la inacción de los ayuntamientos en materia de contaminación atmosférica y la falta de medidas efectivas para potenciar el transporte público, a pesar de las demandas aplastantes de la población. Sólo así se protegerá la salud colectiva ante estas agresiones ambientales.

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LA LEY EUROPEA DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA ES MUY NECESARIA

En la Región de Murcia, Vox lo ha vuelto a hacer. Ha presionado al Partido Popular para desdecirse sobre una ley europea de obligado cumplimiento. Si el pasado 21 de junio la consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, declaraba que “el PP no está en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza”, pasadas unas horas se contradecía a sí misma, en una difícil pirueta, afirmando que “están totalmente en contra” de dicha ley porque “castiga al sector agrícola”, coincidiendo con el vicepresidente José Ángel Antelo. Vox en la Región de Murcia, a través de su presidente, Antelo, ha calificado la ley europea como “ley de aniquilación del campo”, en un ejercicio, una vez más, de demagogia y desconocimiento de lo que significa esta ley.

Si uno se informa mínimamente sobre esta ley, aprobada el pasado 17 de junio, se puede comprobar que sus objetivos son muy positivos para la conservación de hábitats y la lucha contra el cambio climático, Así, la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada en el seno de la Unión Europea (UE) por la mayoría de países miembros, pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Actualmente, el 80% de los ecosistemas europeos se encuentran en mal estado. Sus objetivos son aumentar la biodiversidad, polinizar los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria, así como prevenir y reducir el impacto de catástrofes naturales como las inundaciones, entre otros. La ley también describe objetivos como el aumento de la biodiversidad forestal, la preservación y expansión de espacios verdes urbanos, el fomento de la agricultura sostenible y la restauración de hábitats marinos, así como la conectividad de ríos. Se prevé la plantación de más de tres mil millones de árboles en la UE y se tendrán que convertir al menos 25.000 km de ríos en cauces libres, lo que desmonta el falaz argumento de la ultraderecha española de que se quiere “destruir embalses”; también se restaurarán humedales que filtrarán el agua contaminada por los fertilizantes y los purines.

En una región como la nuestra, zona de sacrificio por ser la primera región europea donde se perciben los efectos catastróficos de la emergencia climática, con el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, el descenso en el régimen de lluvias, con efectos en la agricultura y el turismo, rechazar esta ley cuyo único objetivo es restablecer los ecosistemas degradados y velar por que no se deteriore de manera considerable los que aún están bien conservados, es ponerse una venda y huir hacia adelante. La ultraderecha española se ha erigido como defensores a capa y espada de la agricultura y la ganadería, pero en realidad están ayudando a su destrucción, ya que continuar con un modelo agrícola y ganadero que da la espalda a la naturaleza es caminar hacia su retroceso.

La contaminación de los suelos por purines y la contaminación de las aguas por los vertidos agricolas, que degradan el Mar Menor y polucionan los acuíferos, el agotamiento de los suelos por los cultivos intensivos, la amenaza a espacios naturales, sobre todo los incluidos en la Red Natura 2000, como El Gorguel, son ejemplos de la necesidad urgente de aplicar esta ley europea en la Región de Murcia. La defensa de los causantes de estas amenazas llevada a cabo por PP y Vox son la razón por la que estos dos partidos rechazan dicha ley, prefiriendo ser los portavoces de la élite económica regional frente al interés de la mayoría social de la Región de Murcia.

Una vez más, la derecha y la ultraderecha van en contra de la ciencia. Más de 6.000 científicos firmaron una carta de apoyo en mayo de 2023, y la iniciativa legislativa cuenta con la firma de más de un millón de ciudadanos europeos y el apoyo de las principales organizaciones ecologistas. El rechazo de PP y Vox a esta ley europea va en la linea de su cruzada contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, dos pesos pesados de la política de la UE para conseguir la ansiada transición ecológica de la economía y la lucha contra el cambio climático.

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es una gran noticia, a pesar de los negacionistas climáticos, que mejorará los ecosistemas, garantiza el futuro de la agricultura y la vida de la mayoría de la ciudadanía europea y española.

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EL GORGUEL, UN PROYECTO INVIABLE

Hace unos días, el ministerio que lidera Teresa Ribera ha dado carpetazo al macro proyecto de puerto de El Gorguel, por dos razones principales, la afectación al espacio natural adyacente, incluido en la Red Natura 2000, y por la existencia de una alternativa a esa zona, que ocupa menos superficie, como es la ampliación de la dársena de Escombreras. Las reacciones del Partido Popular de la Región de Murcia, a través del propio presidente López Miras y de otras autoridades como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no se han hecho esperar, calificando esa decisión de “injusta, injustificable y arbitraria”, alegando las sempiternas promesas de riqueza y creación de puestos de trabajo, argumentos a los que nos tienen acostumbrados desde la época del “boom” inmobiliario y los proyectos afortunadamente paralizados de Marina de Cope o el Parque Paramount. La Fremm llega incluso a poner una cifra, la de más de 40.000 empleos, con la que “se igualarían las cifras de paro con Madrid o el País Vasco”, en un ejercicio de política ficción que pocos creen. Por su parte, las organizaciones empresariales de la región han condenado el, según ellos, “ninguneo” que el MITECO somete a la Región de Murcia, en un episodio más de victimismo con el que basan sus políticas el Partido Popular y sus socios de Vox, a cuenta de los trasvases o de la financiación autonómica, por citar algunos “agravios” que blanden los populares para hacer oposición al gobierno central. 

El puerto de contenedores de el Gorguel, que lleva casi 20 años en los cajones de los diversos consejeros del PP, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ecologistas, profesores universitarios y vecindario, así como de la oposición, debido principalmente a los fuertes impactos que supondría su construcción: pérdida de biodiversidad y afección a la fauna y flora, tanto terrestre como marina, impactos paisajísticos y sobre el patrimonio geológico y minero, contaminación de las aguas y afección a la dinámica sedimentaria de las playas cercanas, entre otros, obviando que esa zona de la costa de Cartagena goza de múltiples figuras de protección, ser Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Geológico (LIG). 

Desde los sucesivos gobiernos regionales se ha tratado de minimizar esos impactos; todos recordamos las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2012, Adrián Ángel Viudes, cuando calificó el entorno del El Gorguel de “auténtica porquería”,  insistiendo en la inexistencia del camachuelo trompetero en la zona, especie que provocó, precisamente, la declaración de la sierra de la Fausilla como ZEPA, adyacente al Gorguel, que para él era una invención de los ecologistas, y del que dijo que “ni está ni se le espera”, llegándole en una ocasión a calificar públicamente como “un gorrión africano que es una puta mierda”.

Para el gobierno regional, como se ha demostrado desde hace décadas, el medio ambiente es un aspecto a sacrificar para conseguir sus fines, como se ve en el alto grado de degradación del Mar Menor, o su apoyo a múltiples proyectos urbanísticos desde comienzos de siglo, felizmente parados por la sociedad civil. Bajo la promesa de puestos de trabajo y riqueza, el Partido Popular es capaz de destrozar espacios naturales de incalculable valor, privando a la mayoría de la sociedad del derecho a tener acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, un derecho humano universal aprobado en una resolución de la ONU el pasado año 2022, además de ser uno de los artículos de la Constitución que, en su artículo 45, consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO, CUESTIÓN CLAVE EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

En 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), a instancias de la Cumbre de París COP21, publicó un informe, redactado por un centenar de expertos (un 60% hombres, por cierto), en el que se advertía de las consecuencias fatales para la supervivencia de la especie humana del aumento de la temperatura media del planeta en 1,5ºC por encima de la temperatura de la era pre-industrial. El pasado 8 de mayo, el diario británico The Guardian publicó una encuesta entre más de 800 científicos especialistas en cambio climático con una simple pregunta: “¿Cuántos grados se recalentará el clima de aquí al año 2100?”. El 80% de las personas encuestadas afirmaron que se sobrepasarían los 2,5ºC con respecto al siglo XIX, y casi todas ellas citan la falta de voluntad política de los estados como principal causa de ese aumento.

Si el pasado mes de abril fue el más caluroso desde que se tienen registros, y en este mes de mayo sobrepasamos con creces la media de temperatura para esta época del año, los modelos climáticos prevén para este verano nuevos récords de temperatura. Así, el último informe Copernicus, el programa que monitoriza el clima de la UE, habla de que el verano de 2024 será más cálido de lo normal con un 70% de probabilidad. La AEMET, por su parte, pronostica que este verano podría situarse con un 50%-70% de probabilidad entre el 20% de los verano más calurosos en España.

Mientras tanto, la ultraderecha sigue negando este fenómeno, a pesar de la avalancha de evidencias climáticas que vemos a diario, como las recientes inundaciones en Brasil e Indonesia, que han causado cientos de muertos y desaparecidos, además de decenas de miles de desplazados. En España, ese negacionismo climático llega incluso de parte de dos reliquias de la canción, el dúo Dinámico, que se atreven a afirmar en una entrevista que el cambio climático es "el timo más universal jamás perpetrado en favor de negocios eólicos y solares para hundir los del petróleo” (sic), demostrando que la ignorancia es muy atrevida, palabras que han merecido aluviones de críticas en las redes sociales.

Teniendo en cuenta la certeza de las evidencias científicas relativas al cambio climático, éstas deben tener su reflejo en las decisiones políticas que toman los diferentes gobiernos, a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y local. Para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, la cuestión climática es uno de los temas que pueden decidir los resultados. Recientemente, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) realizó una encuesta en 11 países europeos sobre qué temas les preocupa más. El 19% de las personas encuestadas, más de 73 millones, declararon que el cambio climático es su mayor preocupación, siendo Dinamarca (29%) y Francia (27%) los países más inquietados por este tema. Por edades, es mayor la preocupación entre la juventud, que la eligieron por encima de otras cuestiones como la inmigración o la guerra de Ucrania. 

En la Región de Murcia la lucha contra el cambio climático debe traducirse en una ley del Mar Menor que impida su degradación, así como un cambio de actitud hacia el trasvase Tajo-Segura, dejando de verlo no como una fuente inagotable de recursos hídricos, sino como una infraestructura que, de seguir la tendencia actual, dejará de ser operativa en unas pocas décadas. A nivel local, las corporaciones municipales deben seguir trabajando para, por una lado, disminuir el tráfico privado, y por otro, aumentar la superficie arbolada, estrategias que han demostrado su eficacia para reducir tanto la temperatura de las ciudades como la contaminación. Sólo así nos adaptaremos a la situación de emergencia climática que toda la comunidad científica advierte desde hace años y que ya sufrimos.

La ciudadanía europea tendremos en breve la oportunidad de influir en las políticas que regirán nuestro continente en los próximos años, y que tendrán su reflejo en las leyes que aprobarán los estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Elegir las opciones políticas que luchen de forma decidida contra la emergencia climática es una garantía de supervivencia de las generaciones futuras.

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SR. LÓPEZ MIRAS, DEDÍQUESE A GOBERNAR

López Miras ha decidido dedicarse a la política nacional, tal y como hace su referente, Isabel Díaz Ayuso, dejando el gobierno de la Región de Murcia en un segundo plano, a pesar de los graves problemas que padecemos, tal vez para intentar hacernos olvidar su pacto de Gobierno con la ultraderecha, con dos consejeros, el de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, y de Interior y Emergencias, este último con rango de vicepresidente, en la persona de José Ángel Antelo, como peaje para que Vox apoye la investidura fallida de Feijóo. No se pierde una, el hombre, acudiendo a todas las citas convocadas por su jefe de filas, con el único objetivo de acosar al gobierno de funciones, ya sea a cuenta de la amnistía o la inmigración.

En relación a este último tema, es palmaria la hipocresía y doble vara de medir del Partido Popular, dependiendo del lugar de origen de la inmigración; así, se les abre las puertas de par en par, sin escatimar en medios y recursos, si huyen de países en conflicto del este de Europa, algo que es necesario y plausible, pero si provienen de países del sur, de África, se les pone todo tipo de trabas, llegando a negar la acogida de 100 inmigrantes en Cartagena, desplazados desde Canarias para aliviar la presión poblacional en las islas, todo ello alentado por las declaraciones racistas de Vox, como las realizadas por Antelo, asociando inmigración con yihadismo y delincuencia, palabras que han sido duramente criticadas por cuatro asociaciones de la Región, que no descartan llevarlas ante la Fiscalía, por constituir un posible delito de odio.

Otros graves problemas que sufre la Región de Murcia, mientras el presidente se dedica a alarmar continuamente con la ruptura de España en cuanto le ponen un micrófono delante, están relacionados con el déficit en las cuentas reflejadas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Región de Murcia de 2020 del Tribunal de Cuentas, en el que se revela que el SMS acabó 2020 con un déficit de 2.000 millones de euros, además de lo que se ha calificado como “pozo sin fondo”, las pérdidas de la desaladora de Escombreras, que alcanzan 20 millones de euros.

La contaminación atmosférica es otra de las lacras que padecemos, sobre todo en la ciudad de Murcia, situación que ha alcanzado la categoría de “crónica”, con repetidos episodios de altos niveles de partículas PM10, ozono y óxido de nitrógeno, cuya inhalación puede provocar problemas como ictus e infartos de miocardio. Este problema se extiende a otros municipios de la Región, como Cartagena o Alcantarilla. Ante eso, el ahora alcalde de Murcia se dedicó a denostar el Plan de Movilidad de la anterior corporación, hasta que, una vez en el poder, no ha tenido más remedio que continuar con él.

A todo esto se suman los ya habituales problemas estructurales: estamos a la cola en en cuanto a tasas de pobreza y exclusión social según el informe de la Plataforma de Infancia, con más del 30% de pobreza, cifra que se dispara entre los adolescentes de 13 a 18 años, con una tasa del 34,9%; somos la cuarta Comunidad Autónoma en brecha salarial entre mujeres y hombres, con un 20,6%, cuando la media nacional se sitúa en el 18,7%; las asociaciones que se ocupan de la salud mental denuncian las largas listas de espera para acceder a los recursos por parte de los pacientes; la Región de Murcia sigue teniendo la segunda ratio de denuncias por violencia de género más alta del país, con 25,7 denuncias por cada 10.000 mujeres; Murcia es la comunidad con peores datos en educación pública, según el informe 'Socieducación 2023’, con más del 17% de tasa de abandono escolar. Y acabamos de saber que, según el INE, el 86,7% de los municipios de la Región se situaron en 2021 entre el 25% de las poblaciones españolas con menor renta (por debajo de 10.987 euros), registrando el 13,3% restante una renta media-baja. Y así podríamos seguir con los principales indicadores (paro, brecha digital, pensiones, número de consultorios médicos, número de viviendas sociales, etc.) que nos sitúan a la cola del país.

¿Y a qué se dedica mientras tanto el presidente López Miras? Pues a viajar adonde le indique Feijóo, ya sea a una manifestación en Madrid contra la consecución de un Gobierno progresista, o a Barcelona contra la amnistía, o bien a protestar contra el gobierno por la falta de “colaboración” en el reparto de inmigrantes, o a amenazar con recurrir ante el TC la amnistía “al minuto siguiente” de que sea aprobada, todos ellos problemas que no repercuten en la calidad de vida de los murcianos y murcianas, solo a servir a los intereses de su partido, cuando para la mayoría social de la región cuestiones como la amnistía no son de vital importancia. La sociedad murciana no se merece tener un presidente que obvie los graves problemas de la Región de Murcia, dedicándose a trabajar solamente por y para evitar la consecución de un Gobierno progresista. Que por nadie pase.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/lopez-miras-dediquese-gobernar_132_10647118.html

EL VALOR DE LOS RÍOS

Foto: CHS

A pesar de faltar aún casi 100 días para las elecciones autonómicas y municipales, los partidos políticos ya están inmersos en la campaña electoral, con intervenciones en mítines y declaraciones públicas que se irán acentuando a medida que nos aproximemos al 28 de mayo.

Entre ellos está el PP de la Región de Murcia, con López Miras a la cabeza, cuyo discurso se limita al único tema que le da votos, el tema del agua, con el tono victimista al que nos tiene acostumbrados, calificando de “ataque a los murcianos” el recorte del trasvase Tajo-Segura, a pesar de la disminución de los caudales prevista en los próximos años debida al cambio climático. Pero los datos catastróficos que definen la situación de la Región son obviados por el Gobierno regional, conscientes de que no pueden (o no quieren) ofrecer soluciones que mejoren la vida de los murcianos y murcianas y que su sola mención le restaría votos.

Así, nuestra Región lidera el ranking en abandono escolar temprano, junto a Andalucía. Somos la comunidad con la tasa de mujeres víctimas de violencia de género más alta del país, con 28,5 denunciantes de maltrato por cada 10.000 murcianas. La tasa de pobreza alcanza el 34%, sólo superados por Andalucía y Extremadura. El 40,6% de la infancia de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza y exclusión, el tercer porcentaje más alto por comunidades autónomas junto a Extremadura, solo inferior al de Canarias (47,4%) y Andalucía (43%), según la Plataforma de Infancia. La Región de Murcia lidera el consumo de psicofármacos, casi un 50% más que la media nacional. Y así podríamos seguir…

Sin embargo, el Gobierno regional solamente se refiere al tema del agua, con una insistencia tal que ha convencido a mucha gente de que es la solución a todos los problemas de la Región de Murcia, siendo este asunto una de las principales preocupaciones de los encuestados, según la última encuesta del CEMOP, que incluso titula 'El agua en el punto de mira' el barómetro de invierno 2023. Para el 14,8% de los encuestados el agua es el principal problema de la región, por encima de la subida de precios (6,7%), la sanidad (6,6%) o la situación del Mar Menor (4,4%). Es curioso que, en el otoño de 2021, el Mar Menor era la máxima preocupación para el 22,5% de los murcianos y murcianas, mientras que el agua sólo preocupaba al 3,3%.

Por su parte, la ultraderecha, la versión acentuada del PP, y posible socio de los populares en un hipotético gobierno, afirmó en el reciente mitin celebrado en Murcia que el agua debe llegar “como sea, con trasvases, embalses e interconexión entre cuencas”. Tanto el PP como Vox vuelven a caer en el mismo error, el de considerar a los ríos como meras tuberías, y a los ecosistemas fluviales como sistemas al servicio de las empresas, aunque ello suponga su muerte, tal y como está sucediendo con el Mar Menor.

Mientras que el Gobierno regional insiste en ignorar la situación de los ríos españoles, agravada por el paulatino aumento de la temperatura media del planeta, otras organizaciones luchan por recuperar los espacios fluviales, como el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) cuyo fin es el de revertir la actual tendencia de degradación a la que se están viendo sometidos estos ecosistemas. denunciando el actual modelo de gestión del agua que pone en el «mercado» la práctica totalidad de los caudales que circulan por los ríos, desecando sus cauces y generando graves daños en los ecosistemas. Además, desde la UE se ha realizado el proyecto AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers), un catálogo de las barreras artificiales (presas, azudes, embalses, canales) que segmentan los ríos europeos, afectando a la biodiversidad y al correcto funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Complementando esta iniciativa, se han creado los llamados #Dambusters (caza-presas), colectivo que pretende eliminar, en conjunción con las Confederaciones Hidrográficas, esas barreras, para acercar lo más posible los ríos a su estado inicial.

El Gobierno regional va en dirección opuesta a las directrices de la Unión Europea, marcadas por la Directiva Marco Europea del Agua, cuyos objetivos son la protección y mejora de las masas de agua superficiales y subterráneas y de sus ecosistemas asociados, la reducción progresiva de la contaminación, el garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado y el paliar los efectos de sequías e inundaciones. Concebir los ríos como simples tuberías sin vida destinados a miles de hectáreas de regadío es hipotecar nuestro futuro y atentar contra el bien común que constituyen los ecosistemas fluviales.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/rios_132_9966982.html

UNA HUIDA HACIA DELANTE

El pasado 11 de enero se llevó a cabo una manifestación en Madrid, convocada por los regantes del Levante, para protestar por la subida del caudal ecológico del Tajo que, según ellos, perjudicará a su actividad económica, la agricultura intensiva, al suponer una merma en los caudales del trasvase Tajo-Segura. A esta convocatoria, a la que asistieron 12.000 personas, según la organización, y 4.000, según la policía local, en la sempiterna guerra de cifras a la que asistimos cada vez que se realiza una manifestación, acudieron políticos de uno y otro signo, desde el alcalde socialista de Murcia, Jose Antonio Serrano, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro y el diputado de Compromís Joan Baldoví, hasta el jefe de filas de la ultraderecha, Abascal, pasando por el presidente de la CARM, López Miras, más preocupados todos ellos en no perder los votos que están en juego en las próximas elecciones de mayo que en afrontar con seriedad el problema del agua al que nos enfrentamos y que afecta ya al modelo económico imperante.

Precisamente, de lo que se trata es de tener una visión a medio y largo plazo de las condiciones hídricas que tendremos en los próximos años, y que gran parte del espectro político parece ignorar, aunque esto varía según el territorio del que se trate, pues el discurso es diferente si el partido en cuestión, ya sea el PSOE o el PP, tiene su ámbito de actuación en la cuenca cedente o la cuenca receptora del agua. Sólo hay que comprobar lo que Núñez Feijóo declaró a comienzos del mes de noviembre pasado en Castilla-La Mancha, admitiendo que la cuenca cedente, la del Tajo, tiene “que tener prioridades para el agua” y que hay que “disminuir los consumos de agua allá donde reciben agua de otras cuencas”, en clara alusión a la cuenca del Segura, mientras que López Miras exige que no se recorte el trasvase.

Pero lo que unos y otros no tienen en cuenta es la situación de emergencia climática a la que nos enfrentamos, que ningún plan ni ley consigue paliar ni frenar. Así, un informe de la AEMET advierte de que en 2022 se recogieron un 16% menos de precipitaciones que el año anterior, siendo el sexto más seco desde el año 1961, además de que este otoño ha sido el tercero menos lluvioso del siglo XXI, hablándose de riesgo de una sequía de larga duración, por lo que no parece que las condiciones hidrológicas vayan a mejorar en los años sucesivos, sino todo lo contrario.

Ya en 2003, en la época del proyecto de trasvase del Ebro a través del Plan Hidrológico Nacional (PHN) del gobierno de Aznar, expertos de EE.UU., México e Israel rechazaron en el Parlamento Europeo la viabilidad del PHN español, advirtiendo de que la política trasvasista ha fracasado en los países donde se llevaron a cabo. Toda una serie de estudios científicos y tesis doctorales coinciden en que un trasvase como el del Ebro sería difícilmente aceptable hoy día, desde el punto de vista científico, ambiental y económico. En cuanto al trasvase Tajo-Segura, los estudios certifican que la evaporación media anual del Tajo es muy superior a la precipitación media anual. Por tanto, las aportaciones o escorrentías que se producen con estas precipitaciones también son reducidas, todo ello agravado por el cambio climático. Lo del caudal ecológico, a diferencia de lo que afirma López Miras, no es una “decisión politica”, sino una exigencia de la Ley de Aguas de 2001, cuyo artículo 59 afirma que “se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones”, sobre otros usos como el agrario o industrial, además del propio mantenimiento del ecosistema.

Tal vez se conseguiría la supervivencia del campo, si en vez de atender a las exigencias del 'lobby' agroindustrial e ignorar las advertencias del colectivo científico, el gobierno regional -presente o futuro- se anticipara a la situación de emergencia climática y la más que previsible escasez de agua diseñando un modelo económico adaptado a esa situación a medio plazo y evitando la sobreexplotación que ponga en peligro los ecosistemas asociados y permita la atención sostenible de los usos mediante una transición ecológica y justa de la agricultura. Sin embargo, la clase política regional, además de acusar de ser 'antimurciano' a todo aquel o aquella que ponga en duda la viabilidad de los trasvases, está empeñada en su huida hacia adelante, en una visión cortoplacista, reeditando el famoso eslogan de 'Agua para todos', y dejando para las generaciones futuras la resolución del problema. 

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/huida-delante_132_9868168.html