Se acaban de publicar los resultados del informe PISA para las competencias de comprensión lectora, matemáticas y ciencias realizadas en 90 países de la OCDE destinadas a 760.000 estudiantes del final de la etapa obligatoria (15 y 16 años), 30.000 de los cuales son españoles. Estos resultados han sido decepcionantes para nuestro país, ya que estamos por debajo de la media de la OCDE en estas tres competencias, con un descenso ininterrumpido desde 2003. Y no solo eso, ya que la Región de Murcia está por debajo de la media española, obteniendo resultados negativos, solo por encima de Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla.
Los datos negativos en relación a la Educación en la Región de Murcia no se limita al informe PISA. Así, la tasa de abandono escolar supera el 20%, lo que significa que uno de cada cinco ciudadanos de la Región tiene como máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, el porcentaje más alto de España. Además, unos 2.000 alumnos y alumnas comenzaron el curso en barracones, además de que muchos colegios siguen sin tener climatización adecuada frente a las altas temperaturas. A esto se añade el auge de la FP privada ante la escasez de plazas públicas.
Ante eso, tanto el gobierno regional como Feijóo achacan ese fracaso a la actual ley educativa, la LOMLOE, aprobada en 2020 por el actual gobierno, sacudiéndose la responsabilidad a pesar de que las competencias en Educación corresponden a las Comunidades Autónomas, once de las cuales están gobernadas por el PP, tanto en solitario como en coalición con Vox. ¿Y qué respuesta da la oposición conservadora a los datos decepcionantes del informe PISA? Feijóo solo propone la fórmula de siempre, hacer otra ley educativa. Soy profesor desde 1993, es decir, 33 años de experiencia. En ese tiempo, han pasado 6 leyes educativas: LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y la actual, LOMLOE, sin que haya cambiado sustancialmente el sistema educativo. Reforma tras reforma se ha cambiado la terminología, se han hecho modificaciones más bien cosméticas, pero no se ha abordado un cambio de paradigma en profundidad.
El problema no se soluciona con sucesivos cambios en cada una de las reformas legislativas, con las que cada nuevo gobierno aspira a dejar su impronta en nuevas leyes que no cambian el nivel del alumnado. Lo que ha cambiado es la sociedad en su conjunto con la irrupción de las redes sociales y el menor hábito lector entre la juventud y la infancia, además de que se cronifican los problemas como las altas ratios en las aulas (demasiados alumnos y alumnas por clase a cargo de un solo docente), un aumento en la financiación de la educación privada y concertada en detrimento de la educación pública y la falta de profesionales que hagan frente a la mayor diversidad del alumnado, tanto por origen como por presencia de problemas que son cada vez más frecuentes (Déficit de Atención, Hiperactividad, Trastornos del Espectro Autista, autolesiones, etc.).
La propia OCDE incide en que la proliferación de teléfonos inteligentes influye en la menor capacidad de concentración y en la dificultad en mantener la atención en la lectura de textos largos. También se ha detectado un aumento de climas escolares más disruptivos y con mayor conflictividad en las aulas, todo ello fácilmente comprobable si se hace una encuesta entre el colectivo docente.
La derecha y la ultraderecha vuelven a acusar al sistema educativo de “adoctrinar”, como si la totalidad de los docentes fueran de la cuerda ideológica del gobierno, algo totalmente absurdo. En España hay casi 800.000 docentes en los niveles no universitarios. Presuponer que todos ellos son de izquierdas es tan irreal como falso. El PP también reclama “libertad de elección de los centros educativos” por parte de las familias, pero esta reivindicación en realidad esconde la pretensión de seguir aumentando la financiación de los centros privados, muchos de ellos religiosos. En España, el 30% del alumnado estudia en centros privados y concertados, sobre todo en CC.AA. como Euskadi (50%), Madrid (45%) y Cataluña (40%). Cuanto más dinero se destina a este tipo de enseñanzas, menos recibe la educación pública, que es la que usa la mayoría de la población.
Otro aspecto a tener en cuenta son las críticas que ha recibido el sistema de ordenar a los países según los resultados del informe PISA. Se le ha tachado de tener un sesgo por el hecho de que los países con altas tasas de repetición (como es el caso de España) obtienen peores resultados o que solamente se evalúen tres aspectos (matemáticas, ciencias y comprensión lectora), dejando fuera materias humanísticas o artísticas, por lo que el informe PISA indica una tendencia general, pero no un diagnóstico preciso de la situación.
Ante la alarma surgida tras la publicación del informe PISA, los sindicatos y la inmensa mayoría de los docentes proponemos soluciones que los gestores de lo público se resisten a aplicar: aumento de las plantillas de profesorado, así como de centros públicos; reducción de las ratios en las aulas; mayor número de especialistas para atender a la diversidad; mejoras retributivas al profesorado, ante la cada vez mayor escasez de personas que se quieran dedicar a la docencia; y, sobre todo, una ley educativa que se mantenga en el tiempo, al menos durante una generación y que no sea una moneda de cambio de los sucesivos gobiernos. Sólo así se conseguirá que el nivel educativo esté al nivel que todos deseamos.
Artículo publicado el 10 de septiembre en eldiario.es:
