LA ERA DE LOS INCENDIOS

Un año más hemos de volver a hablar de la enésima ola de calor primaveral, este 2026 más pronto que nunca. Cada vez que nos acercamos al verano, se repite, como el día de la marmota de la famosa película ochentera, la llegada a nuestro país de sucesivas subidas extremas de temperatura, con el agravante de un incendio a las puertas de Murcia que ha arrasado 177 hectáreas, la mitad de las cuales pertenecen al Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Según los datos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS en sus siglas en inglés) de la NASA, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2024, últimos datos analizados, fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. Nuestro planeta fue aproximadamente 1,47º C más cálido en 2024 que en el promedio preindustrial, rozando el grado y medio que, según la comunidad científica, representa el límite crítico de seguridad climática establecido por el Acuerdo de París. Se da la circunstancia, además, de que los 10 años más recientes son los más cálidos jamás registrados.

Las previsiones estacionales apuntan a un verano de 2026 con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte de España, y más aún en nuestra región, que acostumbra a ser la zona con mayor niveles térmicos, como hemos visto estos días. Ya hay estimaciones que indican que este mes de mayo se ha establecido un récord de muertes atribuibles al calor, con 101 fallecimientos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Sistema MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Si en Murcia se ha registrado una temperatura de 40ºC a finales de mayo, es fácilmente previsible que superemos esa temperatura este verano. Ya alcanzamos el récord en agosto de 2021, con los 46,2ºC registrados en la estación meteorológica de Guadalupe de Maciascoque.

Frente a este panorama y con el recordatorio de que en 2025 asistimos al récord de hectáreas quemadas en España, con casi 400.000, nos tenemos que preguntar si nuestro país en general y nuestra región en particular están preparados para enfrentarse a un verano previsiblemente duro en cuanto a incendios. En nuestro país hubo 64 grandes incendios forestales en 2025, frente a los 20 de media en la última década, multiplicándose por cuatro la superficie quemada en cada incendio extremo, pasando de 1.500 has. a más de 6.000 has. en cada uno de ellos.
La lucha contra los incendios forestales involucra a muchas administraciones. Así, desde el gobierno central se organiza a través del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, coordinado por el Ministerio del Interior, las diferentes brigadas y medios aéreos que aporta el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) o la UME del Ministerio de Defensa. Por otro lado, cada Comunidad Autónoma aporta sus propios medios. Así, desde la CARM se habilita el Plan Infomur, que coordina a los distintos cuerpos que luchan contra los incendios (Brigada Forestal de Defensa Contraincendios (BRIFOR),Brigada Helitransportada (BRIHELI), bomberos forestales, puestos de vigilancia y voluntarios de Protección Civil). Por último, los ayuntamientos cuentan con sus propios efectivos, coordinados con las demás instituciones. Así, y en relación al incendio de Los Garres, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) es el órgano oficial del Ayuntamiento de Murcia encargado de la lucha contra incendios, el salvamento de personas y la protección de bienes dentro del término municipal y sus pedanías.

En el caso del incendio de Los Garres, se puede decir que el plan ha funcionado, con la correcta coordinación de las distintas administraciones, CARM, MITECO, la UME y el Ayuntamiento de Murcia, evitando que el incendio alcance las viviendas y sus ocupantes e impidiendo que una joya natural como es el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sea pasto de las llamas. Pero a estas luces hay que sumar ciertas sombras. Así, el comité de empresa de la citada BRIFOR, de la Región de Murcia, denuncia la falta de personal, reclamando un refuerzo de 60 efectivos que hagan frente a los cada vez más frecuentes incendios; todos hemos visto cómo los propios vecinos se enfrentaban a las llamas con mangueras, lo que pone en evidencia esa escasez de medios. A la falta de efectivos se suma la precariedad, con sueldos que no superan los 1.275 euros, claramente insuficientes en relación al tipo de trabajo de riesgo que realizan los bomberos forestales.

Nuestra región ha sufrido este año cuatro incendios que han arrasado más de 700 hectáreas, el de cabo Tiñoso, con 100 hectáreas quemadas, aunque por causas accidentales; en Sierra Espuña, donde una quema agrícola mal ejecutada quemó más de 400 hectáreas; en la sierra del Garruchal, con dos hectáreas afectadas por otra quema agrícola, además del incendio de Los Garres, en el que todo apunta a haber sido provocado, por el hecho de tener varios focos.

Si a la falta de medios se añaden los efectos de la emergencia climática, una realidad que afecta directamente a la frecuencia y a la virulencia de los incendios forestales que, además, ponen en peligro vidas humanas y haciendas, a todo lo cual hay que sumar el negacionismo climático de la ultraderecha que ya está gobernando en buena parte del país, el futuro no es nada halagüeño si no se invierte en la prevención y en las causas que provocan estos incendios, algo demasiado habitual, por desgracia.

Artículo publicado en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/incendios_132_13276869.html

¿POR QUÉ LA CLASE OBRERA VOTA A LA DERECHA?

Esta pregunta se la hace todo el espectro de la izquierda, desde la socialdemocracia del PSOE hasta los partidos a su izquierda de ámbito estatal, desde Sumar a Podemos e IU, pasando por Verdes Equo y los partidos nacionalistas (ERC, BNG, Bildu, Compromís o CHA, por citar algunos), y también en toda Europa, donde los partidos de izquierda están en retroceso frente al auge de la extrema derecha. 

Pero, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por clase obrera. Según la definición más extendida, se trata del conjunto de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, principalmente en el sector industrial, manufacturero o de servicios. Aquí se incluirían también a los empleados del sector público (profesores, médicos, bomberos, policías y otros funcionarios del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos). Según esta definición, a comienzos de 2026, en España, el 85,33% de las personas con empleo son asalariadas, más de 19 millones. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, sólo entre el 10 y el 16% de la población asalariada se “autopercibe” como clase obrera. Por el contrario, el 60% se autodefine como “clase media”. La identificación como clase obrera ha descendido casi 40 puntos desde 2001, cuando el 50% afirmaba pertenecer a esa clase social. 

La izquierda, tradicionalmente, ha destacado por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Gracias a las luchas ejercidas por los partidos de izquierda en Europa desde comienzos del siglo XX se han conquistado derechos como el voto femenino, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, el divorcio, la prestación por desempleo y, más recientemente, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la actualización de las pensiones según el IPC o el aumento del SMI, entre otros, siempre con la abierta oposición de los sectores más conservadores de la sociedad, aunque después hayan disfrutado de esos avances sociales.

Entonces, ¿por qué la clase trabajadora vota a partidos que, en la teoría y en la práctica, proponen medidas que van en contra de sus propios intereses? La clave está en el predominio del  relato por parte de los partidos ultraconservadores. La derecha y la ultraderecha han demonizado las luchas que definen un cambio profundo de la sociedad, como el feminismo, que tachan de “radical”, el ecologismo, para ellos “fanatismo climático”, los derechos de los colectivos LGTBQ+, el sindicalismo de clase, además de achacar a la inmigración todos los males de Europa, obviando los beneficios que este fenómeno aporta a una sociedad cada vez más envejecida. La derecha concibe una Europa monolitica, anclada en tiempos pasados, con una religión única, una visión tradicionalista fuertemente nacionalista e idealizada de un pasado ascendido a categoría de mito que muchos no han vivido.

Este auge de la extrema derecha es particularmente perceptible en la Región de Murcia, considerado como el “laboratorio” político de esta subida, ya que desde 2019 Vox es el segundo partido más votado tras el PP, y las últimas encuestas reflejan el “sorpasso” al PSOE, con casi el 28% de los votos, espoleados por los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Este auge de Vox en la región ha hipotecado las políticas de López Miras, que depende directamente de la ultraderecha para aprobar los presupuestos.

Por otro lado, no se han solucionado los principales problemas de la mayoría, a pesar de que llevamos 8 años de gobierno progresista, aunque con bastantes dificultades a la hora de implementar medidas por su situación de minoría en el Congreso. La vivienda, la precariedad laboral, el coste de la vida o el acceso a la sanidad pública son los principales problemas reales de la sociedad española, que afectan sobre todo a la juventud. Los menores de 35 años, la llamada generación Z, son los principales damnificados por estos problemas, y se percibe un acercamiento mayoritario de este sector a los cantos de sirena de la ultraderecha, con sus mensajes simples y directos con argumentos a menudo falaces.

Capítulo aparte lo constituye el problema ficticio de la inmigración, ya que son mayores los beneficios que aporta este fenómeno que los supuestos perjuicios tan cacareados por la ultraderecha. Así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo con alta demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores; contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, constituyen una buena parte de los trabajadores autónomos, ayudan a combatir el envejecimiento demográfico, fomentan un ambiente multicultural. Además, de forma contraria a la creencia popular, estudios indican que no hay una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia, la cual está más vinculada a la precariedad económica.

Si la clase trabajadora no percibe en el día a día la mejora de su situación, muchos se vuelcan hacia opciones políticas que prometen esas mejoras, aunque cuando gobiernan junto al PP su acción de gobierno se centra en bajar los impuestos (sobre todo a los ricos), favorecer la sanidad y educación privadas, restringir la protección del medio ambiente con la simplificación administrativa para proyectos en espacios naturales, el apoyo a la caza, además de la famosa “prioridad nacional”, medida presumiblemente inconstitucional.

La falta de soluciones a corto plazo, los problemas relacionados con la corrupción, la desunión de los partidos progresistas son otros ingredientes que provocan la desafección de los potenciales votantes de izquierdas, cuyo principal consecuencia es la abstención. El reto de los partidos de izquierda es volver a ilusionar con la aplicación de medidas valientes que favorezcan a la mayoría social y que se dejen a un lado las rencillas y batallas de egos. Sólo así se volverá a captar el voto perdido por una clase social, la clase trabajadora, que ha perdido su referencia a la izquierda.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/clase-obrera-vota-derecha_132_13204503.html

A VUELTAS CON EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Hay una idea que, desde los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, no paran de repetirnos, que en España faltan viviendas, y que esa escasez de la oferta es la principal causa de los altos precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en un portal especializado en viviendas, se comprueba que a día de hoy hay disponibles, sólo en el municipio de Murcia, más de 3.500 viviendas listas para ser adquiridas, y más de 800 de alquiler. Si ampliamos la búsqueda a toda la región, esas cifras suben a 11.000 a la venta y unas 2.000 en alquiler. La oferta de venta de viviendas en toda España asciende a unas 700.000 y a más 3 millones en alquiler.

 El problema no es, desde luego, la falta de oferta, sino los disparatados precios que se piden para que este bien de primera necesidad cambie de mano, con un abismo entre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, muchas de las cuales rozan la categoría de infravivienda, con los precios que demandan los propietarios, muy por encima de salarios reales de la población. La ideología “liberal”, además, y de nuevo, clama contra los impuestos, cuya existencia responsabiliza de los altos precios, y nunca a la avaricia y el ansia de obtener los máximos beneficios con el menor esfuerzo posible.

En las grandes ciudades los llamados “fondos buitre”, principalmente Blackstone y CaixaBank, poseen más de 100.000 viviendas, que mantienen apalancadas a la espera de que la especulación les sea favorable, mientras que el 10% de las casas pertenecen a grandes tenedores. A esto se suma el auge del alquiler turístico, con unos 330.000 pisos de este tipo en España, un 1,24% del parque total, aunque esa cifra aumenta hasta el 10% en ciudades como Málaga, provocando un verdadero problema al influir en los precios generales de alquiler en determinadas zonas.

El lobby de la construcción nos repite que es necesario construir en nuestro país entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 3,8 millones de viviendas vacías en España, el 58% de las cuales se encuentran en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, cerca de la tercera parte del parque total de viviendas, siendo una de las cifras más elevadas de nuestro país.

Y tampoco es cierto que la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas vaya a rebajar el precio global, según la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith. El “boom” inmobiliario que transformó el paisaje de nuestro país entre 1997 y 2007, en la que se construyeron más de 5 millones de viviendas, más que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania, no supuso la baja de precios, sino todo lo contrario, con un alza de más del 140% en siete años, y provocó la crisis subsiguiente de 2008, con los resultados que conocemos de cifras de paro del 27%.

El gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, cuyos objetivos son aumentar el parque público de viviendas, sobre todo destinado al alquiler, y el fomento de la rehabilitación, así como el blindaje permanente del parque público de vivienda para evitar su venta. Sin embargo, no incide en el principal problema de la vivienda, los precios abusivos tanto de venta como de alquiler. La medida de este plan que consiste en ayudas al alquiler de 300 € al mes para jóvenes y de 600 € al mes para alquileres en general no es sino un parche, ya que solo alcanzará a un número limitado de personas, además de que su cumplimiento depende de las CC.AA. que serán las responsables de su aplicación. 

Ya se ha visto que la reciente Ley de Vivienda, que incluye el límite de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, la redefinición de los grandes tenedores, pasando a esa categoría los propietarios de más de cinco viviendas y la declaración de zonas tensionadas cuando el precio del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos medios de las familias, no ha funcionado sobre todo por la negativa de las CC.AA. a aplicar dicha ley, incluido el gobierno regional de López Miras.

Precisamente el gobierno regional se jacta de su propio plan de vivienda, consistente principalmente en avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda. Por lo visto, López Miras no conoce la realidad de la juventud murciana. La precariedad en el empleo en la juventud es un obstáculo para siquiera pensar en comprar un piso, por lo que dudo de que esta medida alcance a mucha gente.

Aún queda mucho por hacer para que se cumpla el articulo 47 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, sobre todo, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, regular el uso del suelo conforme al interés general para evitar la especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. Habrá que calibrar y corregir el desequilibrio que existe entre la obtención de beneficios desorbitados frente a la consecución de un derecho fundamental sancionado por la Carta de Derechos Humanos desde 1948. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vueltas-problema-vivienda_132_13162354.html