LA CRISIS DE LA VIVIENDA, UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL

Todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más importantes que sufrimos es la gran dificultad para acceder a una vivienda digna. Los alquileres han alcanzado en el mes de marzo pasado su máximo histórico, siendo la cuantía media de un alquiler en España, según el portal Idealista, de 12,7 euros por metro cuadrado, cifra que se dispara a 20,7 euros en Barcelona, 18,9 euros en Madrid o 17,1 euros en San Sebastián. Murcia se mantiene aún por debajo de la media, con un precio medio de 8,3 euros por metro cuadrado, pero también los sueldos son más bajos que la media española, por lo que tampoco es fácil alquilar una vivienda en nuestra región.

Hay dos datos demoledores que reflejan la situación. El precio de los alquileres ha subido más del 66% en la última década, mientras que los sueldos sólo han aumentado un 3,4% en ese tiempo Si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España en 2024 es de 1.920 euros, en 12 mensualidades, según un informe de Adecco Group, se supera con creces la cantidad que se debería destinar a la vivienda, que es un 30% del salario mensual, siendo imposible para una sola persona vivir de alquiler sin compartir gastos. Este problema se acentúa en la gente joven, cuyo sueldo medio ronda los 1.000 euros, eso en el mejor de los casos, ya que casi el 28% de los menores de 25 años está en paro. Sólo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse, y la edad media a la que se van de casa supera los 30 años, una edad muy por encima de nuestros vecinos europeos.

A pesar de que los desahucios han disminuido en un 30% en 2023, debido principalmente a la aplicación de las medidas para hacer frente al Covid-19, aprobadas en 2020, que incluía la paralización de los desahucios a familias vulnerables, medidas que se prorrogarán hasta 2025, el año pasado se produjeron casi 27.000 lanzamientos, causando verdaderos dramas a miles de familias. Tres cuartas partes de esos desahucios son debidos al impago del alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas.

¿A qué es debido ese aumento desorbitado del precio de los alquileres? Según los expertos, se debe a varios factores: la bajada en un 30% de la oferta de pisos y casas en alquiler frente al aumento de la demanda, por la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad; el hecho de que los fondos buitre copan el mercado del alquiler, adquiriendo viviendas propiedad de los bancos y subiendo sin escrúpulos los alquileres; la especulación inmobiliaria, no solamente de fondos de inversión, sino también de particulares; la escasez de viviendas de alquiler social (en España solo el 2,5% del parque es de alquiler social, tres veces menos que la media europea); la proliferación de pisos turísticos, que disparan los precios del alquiler de las viviendas cercanas a esos pisos, sobre todo en zonas vacacionales como Canarias y Baleares, donde el 4% de las viviendas son para turistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos, tanto central como autonómicos y municipales, sólo inciden en un tipo de solución a este grave problema, el aumento de la oferta de viviendas de nueva construcción, alimentando ese monstruo que es la burbuja inmobiliaria que tan nefastas consecuencias tuvo en el pasado reciente de nuestro país y que solo favorecería a las empresas constructoras. En un país con 3,8 millones de viviendas vacías, el 14% del total, es un contrasentido seguir aumentado el parque de viviendas, medida que no ha sido capaz de regular el mercado. Durante el “boom” inmobiliario de la primera década de este siglo, se construyeron medio millón de viviendas nuevas cada año, y ese aumento brutal de la oferta no supuso la rebaja de los precios, sino todo lo contrario. 

¿Qué medidas se proponen para paliar el problema de la vivienda en España? Básicamente son, entre otras, ampliar el parque de vivienda social y subsidiada para ofrecer más opciones asequibles a quienes más lo necesitan; implementar medidas que controlen los precios del alquiler y protejan a los inquilinos de desalojos injustificados; fomentar la construcción de viviendas asequibles mediante incentivos fiscales y subvenciones para desarrolladores que se comprometan con este objetivo; promover el cohousing, modalidad sostenible de autogestión habitacional formada por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes, planeada y gestionada por sus residentes.

Frente a la aplicación de medidas puramente mercantilistas, promovidas por los partidos de la derecha, que no ayudan a reducir el precio de este bien de primera necesidad, se deben implementar medidas que conviertan el acceso a la vivienda en un verdadero derecho el cual, lejos de ser objeto de especulación para beneficio de unos pocos, debe ser protegido por los poderes públicos para garantizar lo que sanciona el articulo 47 de la Constitución, es decir, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/crisis-vivienda-grave-problema-social_132_11299170.html

LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DE LA LEY DEL MAR MENOR DE VOX, UN DESPROPÓSITO

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional ha registrado la proposición de ley para reformar la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ya que considera que, según su criterio, no se adecúa a su manera de “proteger” la albufera más grande del Mediterráneo Occidental. Su propuesta de reforma, sin embargo, choca con lo que los grupos ecologistas y la oposición en la Asamblea Regional estiman que debe ser la forma más efectiva de conservar este espacio natural tan singular. Pasemos a analizar su proposición de ley.

El partido de ultraderecha, para empezar, ya propone modificar el artículo 1, por el que quiere sustituir el objeto de dicha ley, que en la ley de 2020 es “la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor (…) para que su ejercicio se realice de manera integral y sostenible”, por el de “hacerla compatible con el interés general y la viabilidad de la vida económica y social de la comarca”. Es decir, que el objetivo ya no es ambiental sino, también y sobre todo, económico, y ya sabemos que, para la derecha y ultraderecha, cuando ambos aspectos se ponen en balanza, lo ambiental es sacrificado ante lo mercantilista.

El artículo 3, dedicado a los fines de la ley, está totalmente amputado, eliminando toda referencia, con su habitual discurso negacionista, a la prevención de la contaminación, la conservación del ecosistema, la restauración de humedales, la investigación y la lucha contra el cambio climático, la erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. En su lugar, Vox pretende básicamente promover el actual modelo productivo y garantizar los aprovechamientos “ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, portuarios, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en el Mar Menor y su cuenca vertiente”.

Se pretende eliminar el Consejo del Mar Menor. Este órgano consultivo, formado por representantes de las distintas administraciones, el Comité Científico y organizaciones de la sociedad civil, contemplado en la ley de 2020, tiene como funciones “la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo”. Su eliminación disminuiría el control que las administraciones y la sociedad civil pueden ejercer sobre las actividades de la laguna y su entorno.

Se elimina el plazo de tres años dispuesto en la ley de 2020 (aunque claramente incumplido), para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, por lo que éste podría demorarse en el tiempo sin plazo para su diseño e implementación. Además, en la propuesta de Vox, se eliminan de nuevo las referencias a la “mitigación y adaptación al cambio climático” como uno de los objetivos del Plan de Ordenación. Y de nuevo se hace hincapié en la construcción de infraestructuras en vez de aplicar medidas preventivas en origen.

En cuanto a la adopción de medidas adicionales en el programa de actuación (artículo 54), la propuesta del partido de ultraderecha elimina la prohibición de cultivos sensibles a la lixiviación de nutrientes, por lo que se facilita la filtración de contaminantes provenientes de la agricultura a las aguas subterráneas y su posterior vertido al Mar Menor. Además, la monitorización de nutrientes a tiempo real sólo se haría si “se generan valores robustos y hayan sido verificados por organismos públicos de investigación”, permitiendo así la filtración difusa de nutrientes al subsuelo, aunque sea a concentraciones más bajas pero de forma continua.

La proposición de ley no prohíbe taxativamente la construcción y ampliación de puertos deportivos, como se contempla en la ley vigente, ya que se permitirían ambas si existieran estudios técnicos que justifiquen que su implantación “no afecta de forma significativa ni el ecosistema ni la dinámica litoral del Mar Menor en su conjunto”, estudios que, hechos “ad hoc”, abren la puerta a aumentar la presión sobre la laguna costera con más puertos y puntos de amarre, con la contaminación asociada por vertidos de combustibles.

En cuanto al capítulo de infracciones graves, ya no se contemplaría como tal el no estar inscrita la explotación agrícola en el Registro de Explotaciones Agrarias de la CARM, no disponer de operador agroambiental o no presentar la información o documentación en el tiempo y forma establecidos legalmente. Tampoco Vox considera infracción muy grave el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos o de las órdenes de restablecimiento de la legalidad, es decir, que se abre la mano a las ampliaciones ilegales de cultivos de regadío, que quedarían impunes. También se reducirían las cuantías de las sanciones, pasando del 20 al 50% el porcentaje de reducción del importe de las sanciones si se cumplen una serie de condiciones, ni se suspendería la actividad agrícola o la posibilidad de recibir ayudas a pesar de infringir gravemente la legalidad. Además, Vox quiere eliminar las entidades inspectoras de explotaciones colaboradoras con la administración (ECARM), garantes del cumplimiento de la legalidad.

La proposición de ley del partido ultraderechista supondría todo un despropósito y una vulneración de los derechos del Mar Menor, ya que sería un ataque directo al espacio natural y a su conservación para las generaciones futuras. Esperemos que sus socios de gobierno, empezando por López Miras, no permitan este atropello y que, tal y como ha anunciado, no apoyen nada que suponga la más mínima desprotección del Mar Menor. Veremos.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/proposicion-reforma-ley-mar-menor-vox-desproposito_132_11212488.html

POR UNA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES

La agricultura y la ganadería europeas se han lanzado a las carreteras y las ciudades, también en la Región de Murcia, para protestar por su situación y por las políticas de la Unión Europea (UE) aplicadas a este sector. Básicamente, estas manifestaciones van encaminadas a protestar por la excesiva burocracia, el bajo precio que los mercados establecen para sus productos, que ponen en riesgo la supervivencia de sus explotaciones y la existencia de una competencia desleal por parte de terceros países, especialmente de Marruecos, al no trabajar en igualdad de condiciones laborales y por el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Otras reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero son el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión, el alto precio de los combustibles o la protesta por la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. La situación del campo se ha agravado por la sequía que, a su vez, está siendo agudizada por el cambio climático.

Pero junto a estas justas peticiones, la ultraderecha, apoyados por un porcentaje de agricultores, van en contra de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 es un plan de acción definido por la ONU, en la que se proponen 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, los objetivos relacionados con la agricultura y la ganadería persiguen asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, permitir el acceso a tierras a pequeños productores, mantener la diversidad genética y asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Por su parte, el Pacto Verde Europeo pretende asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa para conseguir, al menos, un 55% de reducción de las emisiones netas de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Sin embargo, la ultraderecha habla de “fanatismo climático” y de “restricciones medioambientales” por parte de la UE, pretendiendo que no haya ningún tipo de trabas para llevar a cabo las actividades agrícolas y ganaderas, aunque ello suponga el deterioro de los espacios naturales y la contaminación de las aguas y el aire. Cuando se habla de la actividad agrícola, se olvida a menudo que en nuestro país hay 4,5 millones de hectáreas de regadío, el 30% de los cuales son ilegales, y que esta modalidad consume el 85% del agua del estado español. Esta superficie ingente de regadíos agota los acuíferos, y destruye espacios naturales como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor. Además, la agroindustria, pues de eso se trata en la mayoría de los casos, tiende a cultivar especies de gran rendimiento económico, pero que desplazan a variedades autóctonas, con consecuencias indeseables como la contaminación de los suelos y los acuíferos por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes sintéticos.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que prevé destinar más de 7.200 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos españoles de aquí a 2027, éstos consideran que las nuevas condiciones para su cobro perjudican a sus explotaciones, sobre todo por requisitos como la instauración de los “eco-esquemas”, un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE (llegando a ser tachado de “absurdo medioambientalismo”, según la patronal conservadora Asaja), o la condicionalidad social de las ayudas, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, que estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales.

Frente al modelo productivo intensivo e insostenible que domina en Europa en general y en España en particular, con una agroindustria contaminante, se impone la aplicación de formas de cultivo y cría de ganado respetuosos con el medio ambiente, que no destruyan los espacios naturales ni esquilmen los recursos como el agua y la tierra, al tiempo que se consiga un sector primario que pueda vivir con dignidad para revitalizar el mundo rural. Sólo así se asegurará el futuro de estos sectores tan vitales para nuestra supervivencia.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/agricultura-ganaderia-sostenibles_132_10905373.html