LA EDUCACIÓN, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Se acaban de publicar los resultados del informe PISA para las competencias de comprensión lectora, matemáticas y ciencias realizadas en 90 países de la OCDE destinadas a 760.000 estudiantes del final de la etapa obligatoria (15 y 16 años), 30.000 de los cuales son españoles. Estos resultados han sido decepcionantes para nuestro país, ya que estamos por debajo de la media de la OCDE en estas tres competencias, con un descenso ininterrumpido desde 2003. Y no solo eso, ya que la Región de Murcia está por debajo de la media española, obteniendo resultados negativos, solo por encima de Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Los datos negativos en relación a la Educación en la Región de Murcia no se limita al informe PISA. Así, la tasa de abandono escolar supera el 20%, lo que significa que uno de cada cinco ciudadanos de la Región tiene como máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, el porcentaje más alto de España. Además, unos 2.000 alumnos y alumnas comenzaron el curso en barracones, además de que muchos colegios siguen sin tener climatización adecuada frente a las altas temperaturas. A esto se añade el auge de la FP privada ante la escasez de plazas públicas.

Ante eso, tanto el gobierno regional como Feijóo achacan ese fracaso a la actual ley educativa, la LOMLOE, aprobada en 2020 por el actual gobierno, sacudiéndose la responsabilidad a pesar de que las competencias en Educación corresponden a las Comunidades Autónomas, once de las cuales están gobernadas por el PP, tanto en solitario como en coalición con Vox. ¿Y qué respuesta da la oposición conservadora a los datos decepcionantes del informe PISA? Feijóo solo propone la fórmula de siempre, hacer otra ley educativa. Soy profesor desde 1993, es decir, 33 años de experiencia. En ese tiempo, han pasado 6 leyes educativas: LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y la actual, LOMLOE, sin que haya cambiado sustancialmente el sistema educativo. Reforma tras reforma se ha cambiado la terminología, se han hecho modificaciones más bien cosméticas, pero no se ha abordado un cambio de paradigma en profundidad.

El problema no se soluciona con sucesivos cambios en cada una de las reformas legislativas, con las que cada nuevo gobierno aspira a dejar su impronta en nuevas leyes que no cambian el nivel del alumnado. Lo que ha cambiado es la sociedad en su conjunto con la irrupción de las redes sociales y el menor hábito lector entre la juventud y la infancia, además de que se cronifican los problemas como las altas ratios en las aulas (demasiados alumnos y alumnas por clase a cargo de un solo docente), un aumento en la financiación de la educación privada y concertada en detrimento de la educación pública y la falta de profesionales que hagan frente a la mayor diversidad del alumnado, tanto por origen como por presencia de problemas que son cada vez más frecuentes (Déficit de Atención, Hiperactividad, Trastornos del Espectro Autista, autolesiones, etc.).

La propia OCDE incide en que la proliferación de teléfonos inteligentes influye en la menor capacidad de concentración y en la dificultad en mantener la atención en la lectura de textos largos. También se ha detectado un aumento de climas escolares más disruptivos y con mayor conflictividad en las aulas, todo ello fácilmente comprobable si se hace una encuesta entre el colectivo docente.

La derecha y la ultraderecha vuelven a acusar al sistema educativo de “adoctrinar”, como si la totalidad de los docentes fueran de la cuerda ideológica del gobierno, algo totalmente absurdo. En España hay casi 800.000 docentes en los niveles no universitarios. Presuponer que todos ellos son de izquierdas es tan irreal como falso. El PP también reclama “libertad de elección de los centros educativos” por parte de las familias, pero esta reivindicación en realidad esconde la pretensión de seguir aumentando la financiación de los centros privados, muchos de ellos religiosos. En España, el 30% del alumnado estudia en centros privados y concertados, sobre todo en CC.AA. como Euskadi (50%), Madrid (45%) y Cataluña (40%). Cuanto más dinero se destina a este tipo de enseñanzas, menos recibe la educación pública, que es la que usa la mayoría de la población.

Otro aspecto a tener en cuenta son las críticas que ha recibido el sistema de ordenar a los países según los resultados del informe PISA. Se le ha tachado de tener un sesgo por el hecho de que los países con altas tasas de repetición (como es el caso de España) obtienen peores resultados o que solamente se evalúen tres aspectos (matemáticas, ciencias y comprensión lectora), dejando fuera materias humanísticas o artísticas, por lo que el informe PISA indica una tendencia general, pero no un diagnóstico preciso de la situación.

Ante la alarma surgida tras la publicación del informe PISA, los sindicatos y la inmensa mayoría de los docentes proponemos soluciones que los gestores de lo público se resisten a aplicar: aumento de las plantillas de profesorado, así como de centros públicos; reducción de las ratios en las aulas; mayor número de especialistas para atender a la diversidad; mejoras retributivas al profesorado, ante la cada vez mayor escasez de personas que se quieran dedicar a la docencia; y, sobre todo, una ley educativa que se mantenga en el tiempo, al menos durante una generación y que no sea una moneda de cambio de los sucesivos gobiernos. Sólo así se conseguirá que el nivel educativo esté al nivel que todos deseamos.

Artículo publicado el 10 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/educacion-asignatura-pendiente_132_13497674.html

LA REGIÓN DE MURCIA, TERRITORIO DE SACRIFICIO

Acabamos de regresar de un breve viaje fuera de España y, al llegar a casa, nos encontramos con que el apartamento se encuentra a 33ºC, un auténtico infierno. En este mes de agosto las temperaturas máximas en Murcia no han bajado de 37ºC, llegándose a alcanzar más de 40ºC en cuatro ocasiones, mientras que las mínimas han estado por encima de los 23ºC. Lo que antes era una excepción se ha convertido en la norma, ya que se han contabilizado 13 días por encima de los 40ºC en la ciudad de Murcia, por concretar una localización, en lo que llevamos de verano.

Mientras el gobierno regional sigue secuestrado por la ideología de Vox, prosigue nuestra carrera irresponsable hacia una situación en la que más pronto que tarde será muy difícil vivir en esta región en la sesión estival. En una reciente entrevista, el físico, matemático y divulgador científico Antonio Turiel informó de los últimos estudios sobre calentamiento global, en los que se asegura que en 2050 superaremos en 3ºC la media de la era preindustrial, lo que supondrá que se podrán superar los 55ºC en determinados momentos, sobre todo en zonas como el sureste de la península ibérica. Teniendo en cuenta que la Región de Murcia suele presentar las más elevadas temperaturas del país, como se puede comprobar viendo cualquier previsión del tiempo, esa circunstancia sería incompatible con el mantenimiento de las condiciones mínimas para la vida y los ecosistemas, al menos en nuestra latitud.

¿Y qué hace el ayuntamiento de Murcia ante esta situación de calor extremo? Pues nada menos que cerrar la tercera parte de los refugios climáticos del municipio en el mes de agosto, espacios públicos y gratuitos con una temperatura confortable para afrontar estos episodios. En la Región de Murcia la mitad de los hogares no pueden mantener una temperatura fresca en verano, por lo que la llamada pobreza energética alcanza a más de 800.000 personas. Y no solo eso, sino que la mayoría de esos espacios climáticos cerrados corresponden a bibliotecas y centros culturales, por lo que se junta la dificultad de encontrar espacios con temperaturas adecuadas fuera de los centros comerciales con el desprecio a la cultura, convirtiendo la ciudad de Murcia en un erial cultural durante gran parte del verano.

La extrema derecha, entre tanto, no cesa de hacer el ridículo cuando hace declaraciones en relación a las sucesivas olas de calor que asolan el sureste y el Levante. Así, hace unas semanas, el concejal de Comercio de Vox en Alicante dio su particular receta para afrontar estos episodios, que calificó de “alarmismo climático”, consistente en “ir a un bar a tomar algo fresquito”. El insulto a la inteligencia no puede ser más evidente.

A pesar de todas las evidencias científicas en las que se comprueba que estamos en una región con escasa pluviometría, que sufre un proceso de desertificación galopante, con una evolución ascendente en las temperaturas medias y máximas, el gobierno regional sigue estando ciego a esta situación. Las organizaciones ecologistas consideran totalmente insuficientes las medidas del gobierno de López Miras y los distintos ayuntamientos para luchar contra el cambio climático. Exigen una mayor renaturalización de los espacios urbanos, habilitar más refugios climáticos, reducir drásticamente el tráfico privado con el fomento del transporte público, establecer Zonas de Bajas Emisiones en las principales ciudades y reducir las emisiones de gases debidas a actividades ganaderas y agrícolas de gran impacto, entre otras medidas.

La Región de Murcia hace tiempo que se ha convertido en un territorio de sacrificio ante la inacción de nuestros gobernantes, que ponen una vez más por delante la obtención de beneficios económicos a corto plazo de unos pocos frente al interés general, con una consecuencias que pagamos la mayoría de la población, una región en la que será cada vez más difícil vivir.

Artículo publicado el pasado 20 de agosto en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/region-murcia-territorio-sacrificio_132_13456464.html

GUERRA AL TABACO

Desde 2006, hace ya 20 años, no se legislaba para regular el consumo de tabaco en nuestro país. Los que tenemos algunos años aún recordamos cuando volvíamos a casa de los bares y restaurantes, seas fumador o no, con la ropa y el pelo apestando a tabaco, cómo veías una sempiterna nube de humo sobre las cabezas de las personas en una habitación cerrada, o cómo en nuestra niñez nuestros profesores llenaban el aula del humo de sus cigarrillos y sus puros y los médicos en las consultas te atendían con un cigarrillo en la mano.

En 1988 llegó la primera prohibición de fumar en los recintos hospitalarios, y en 2006 la famosa Ley Antitabaco de la ministra Elena Salgado, en la que se prohibió fumar en los lugares de trabajo, centros educativos, así como en bares y restaurantes. Ante la protesta del lobby de la hostelería, se cedió en un primer momento permitiendo que los locales de más de 100 metros habilitaran un espacio para fumadores y en los más pequeños incluso el propietario podía elegir si permitía fumar o no. En 2011 se endureció la norma, con la prohibición total de fumar en los recintos cerrados, incluidos bares y restaurantes, así como en las inmediaciones de los parques infantiles y los alrededores de los hospitales.

Ahora, en 2026, la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, da una nueva vuelta de tuerca proponiendo que se prohiba fumar y vapear en terrazas de bares, campus universitarios, piscinas o playas, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales, además de vetar su consumo a menores de edad. En mi opinión, una buena medida para preservar la salud de la mayoría de la población, sobre todo en una época en la que fumar es una actividad cada vez menos frecuente. Así, si en 1987 el 38% de la población era fumadora (aunque el 55% de los hombres era fumador habitual frente al 23% de las mujeres), la tasa de población que ejerce ese hábito en 2026 ha descendido al 26%, aunque es cierto que el consumo de cigarrillos electrónicos se ha disparado entre los adolescentes, ya que más de la mitad de jóvenes entre 14 y 18 años lo ha probado alguna vez.

Tras el anuncio de la ministra de las nuevas limitaciones en el consumo de tabaco, de nuevo, y tal y como ocurrió en 2006, los hosteleros critican la norma. En la Región de Murcia la asociación Hostemur y otros colectivos del sector ya vaticinan lo que se decía hace 20 años, que es una “medida desproporcionada”, que “va a ser una medida disuasoria en el ámbito turístico” y que van “a complicar la vida a ese cliente que viene a tomarse una cerveza o un café y a fumarse su cigarrito” (sic). Sin embargo, si las predicciones agoreras de 2006 no se cumplieron, sino que, al contrario, la actividad turística ha ido mejorando de año en año, las declaraciones de hoy no tienen base sobre la que sustentarse.

Los datos nos revelan que las enfermedades y las muertes relacionadas directa o indirectamente con el tabaquismo hacen necesaria la implementación de esas medidas. En España, el tabaquismo provoca más de 50.000 muertes al año, lo que equivale a unos 140 fallecimientos diarios. Esto representa aproximadamente el 13% del total de muertes anuales, consolidándose como la primera causa prevenible de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el país. Además, el gasto sanitario para las arcas públicas para hacer frente a esas enfermedades son de unos 8.000 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, lo que representa aproximadamente el 10% del gasto sanitario público total, superando a los ingresos debidos a la tributación por la venta de cigarrillos y “vapers”.

El derecho a la protección a la salud sancionado en el artículo 43 de la Constitución, que obliga al Estado a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, está por encima del derecho a fumar, sobre todo teniendo en cuenta a los llamados fumadores pasivos, no fumadores, tanto adultos como niños y niñas, que no tienen por qué inhalar el humo de forma involuntaria que, además, contiene más nicotina y otros productos tóxicos. Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco durante una hora, inhala una cantidad equivalente a 2-3 cigarrillos.

La medida propuesta por la ministra de Sanidad debe pasar aún por el Congreso para su  tramitación y aprobación. Esperemos que la mayoría de los grupos parlamentarios apoyen esta medida y contribuyan a la protección de la salud de la mayoría de la población. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/guerra-tabaco_132_13402928.html