LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Tenemos a un gobierno central acosado y tocado. En 2019, a los pocos meses de ganar Pedro Sánchez la moción de censura frente al gobierno de Rajoy, el presidente socialista publicó un libro con un título premonitorio, “Manual de resistencia”. Pareciera que ha aplicado a rajatabla ese manual para mantenerse en el poder, con un ex-secretario de Organización de su partido condenado a 24 años de cárcel por corrupción y a otro inmerso en la fase de instrucción, investigado por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

Al margen de los casos de su esposa y de su hermano que partieron de denuncias provenientes de organizaciones ultras como son Hazte Oír y Manos Limpias y que, a falta del juicio con jurado en el primer caso y de que se acabe el juicio oral contra David Sánchez, levantan muchas dudas entre sectores de la judicatura en cuanto a su desarrollo, los casos que afectan directamente a ex-altos cargos de su partido le hacen mucho daño tanto a la imagen de Pedro Sánchez como a su gobierno, a lo que hay que sumar el enriquecimiento de Zapatero, que los tribunales deben dilucidar si fue de forma lícita o no.

Esta travesía agónica del gobierno de Sánchez en la recta final de la legislatura constituye una decepción sobre todo para la gente de izquierdas, tanto para los que le han votado como para los que han optado por los partidos que le han apoyado en la investidura y sostenido durante estos tres años. Aunque es cierto que este gobierno ha aprobado medidas que favorecen a la mayoría, sobre todo desde el ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, con los aumentos del SMI, la reforma laboral que ha impulsado la creación de empleo a unas tasas que no se veían desde 2008, los ERTE que salvaron a miles de empresas durante la pandemia, además de otras medidas como la revalorización de las pensiones según el IPC, la gestión de los fondos europeos, y la aprobación de leyes como la de Vivienda, la de Paridad o la de Eutanasia, mucha gente no nota en el día a día esas mejoras, por la dificultad de llegar a fin de mes, de encontrar una vivienda digna o de llenar la cesta de la compra.

Porque. como advierte de forma acertada el diputado Gabriel Rufián, que se ha convertido en un referente para la izquierda, la alternativa al actual gobierno es mucho peor: una coalición PP-Vox, con el apoyo de Junts y tal vez PNV, que, ademas de desmontar los avances conseguidos por el gobierno en materia social, seguramente aplicarán medidas que harán más difícil la vida a colectivos como inquilinos, inmigrantes, LGTBIQ+, pensionistas, víctimas de violencia machista y personas vulnerables en general, además de defender los intereses de los más ricos, como ya se está viendo en las CC.AA. en las que gobiernan. Además, aspectos como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres, la memoria histórica y los servicios públicos en general sufrirán un retroceso, ya anunciado no solo con palabras en sus respectivos programas electorales sino con hechos en los territorios que gestionan.

Sólo hay que ver lo que está ocurriendo en la Región de Murcia ante la pasividad de la mayoría de la población, empezando por el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) de 6,8 millones de euros por sobrecostes de servicios quirúrgicos en centros privados y uso de prótesis y productos caducados, siguiendo con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2023 en el que se revelaría un remanente negativo de más de 1.800 millones de euros y un déficit del 2,3% del PIB, además de un agujero en el SMS de más de 3.700 millones de euros. Y no solo las cuentas salen mal paradas en nuestra región: los centros educativos de titularidad pública son auténticos hornos, con temperaturas que superan con creces los 27ºC, límite establecido para poder desarrollar las clases; somos menos productivos y más pobres y los salarios son más bajos que la media española; la vivienda sube un 20% anual, el alza de precios más alto del país; el Mar Menor sigue en peligro, con el descenso de la salinidad debida a la entrada de agua dulce cargada de nitratos proveniente de la agricultura, con el peligro que ello conlleva de riesgo de eutrofización. Está pendiente la aprobación de los Presupuestos de la Región de Murcia, con la espada de Damocles de las exigencias de Vox que presumiblemente irán en la linea de lo establecido en otras comunidades autónomas. 

Al gobierno de Pedro Sánchez le queda una sola oportunidad para actuar como un verdadero gobierno progresista si quiere recuperar la confianza de sus votantes y de sus socios. Deberá abordar con valentía aspectos que afectan directamente a la ciudadanía, como la situación de la vivienda y de los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación, limitando la creación de centros privados; revisar la situación de la justicia, impidiendo su politización y su uso torticero para retorcer las leyes que favorezcan a determinadas ideologías, reafirmando su independencia. Deberá convertir las fuerzas de seguridad del Estado en garantes del estado de derecho, sancionando los excesos policiales, así como garantizar la independencia de los medios de comunicación, limitando la aportación institucional de CC.AA. y ayuntamientos a su financiación. También deberá completar la Transición Ecológica mediante el impulso de las energías renovables, la descarbonización industrial, la fiscalidad verde, y una fuerte inversión en movilidad sostenible, garantizando al mismo tiempo una "transición justa" que proteja el empleo y a las comunidades más vulnerables.

Estas y otras medidas son las que demanda el votante progresista. El tiempo se acaba y el gobierno actual debería pisar el acelerador antes de las siguientes elecciones si quiere recuperar la confianza perdida.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ultima-oportunidad-gobierno-central_132_13333975.html

LA ERA DE LOS INCENDIOS

Un año más hemos de volver a hablar de la enésima ola de calor primaveral, este 2026 más pronto que nunca. Cada vez que nos acercamos al verano, se repite, como el día de la marmota de la famosa película ochentera, la llegada a nuestro país de sucesivas subidas extremas de temperatura, con el agravante de un incendio a las puertas de Murcia que ha arrasado 177 hectáreas, la mitad de las cuales pertenecen al Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Según los datos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS en sus siglas en inglés) de la NASA, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2024, últimos datos analizados, fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. Nuestro planeta fue aproximadamente 1,47º C más cálido en 2024 que en el promedio preindustrial, rozando el grado y medio que, según la comunidad científica, representa el límite crítico de seguridad climática establecido por el Acuerdo de París. Se da la circunstancia, además, de que los 10 años más recientes son los más cálidos jamás registrados.

Las previsiones estacionales apuntan a un verano de 2026 con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte de España, y más aún en nuestra región, que acostumbra a ser la zona con mayor niveles térmicos, como hemos visto estos días. Ya hay estimaciones que indican que este mes de mayo se ha establecido un récord de muertes atribuibles al calor, con 101 fallecimientos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Sistema MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Si en Murcia se ha registrado una temperatura de 40ºC a finales de mayo, es fácilmente previsible que superemos esa temperatura este verano. Ya alcanzamos el récord en agosto de 2021, con los 46,2ºC registrados en la estación meteorológica de Guadalupe de Maciascoque.

Frente a este panorama y con el recordatorio de que en 2025 asistimos al récord de hectáreas quemadas en España, con casi 400.000, nos tenemos que preguntar si nuestro país en general y nuestra región en particular están preparados para enfrentarse a un verano previsiblemente duro en cuanto a incendios. En nuestro país hubo 64 grandes incendios forestales en 2025, frente a los 20 de media en la última década, multiplicándose por cuatro la superficie quemada en cada incendio extremo, pasando de 1.500 has. a más de 6.000 has. en cada uno de ellos.
La lucha contra los incendios forestales involucra a muchas administraciones. Así, desde el gobierno central se organiza a través del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, coordinado por el Ministerio del Interior, las diferentes brigadas y medios aéreos que aporta el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) o la UME del Ministerio de Defensa. Por otro lado, cada Comunidad Autónoma aporta sus propios medios. Así, desde la CARM se habilita el Plan Infomur, que coordina a los distintos cuerpos que luchan contra los incendios (Brigada Forestal de Defensa Contraincendios (BRIFOR),Brigada Helitransportada (BRIHELI), bomberos forestales, puestos de vigilancia y voluntarios de Protección Civil). Por último, los ayuntamientos cuentan con sus propios efectivos, coordinados con las demás instituciones. Así, y en relación al incendio de Los Garres, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) es el órgano oficial del Ayuntamiento de Murcia encargado de la lucha contra incendios, el salvamento de personas y la protección de bienes dentro del término municipal y sus pedanías.

En el caso del incendio de Los Garres, se puede decir que el plan ha funcionado, con la correcta coordinación de las distintas administraciones, CARM, MITECO, la UME y el Ayuntamiento de Murcia, evitando que el incendio alcance las viviendas y sus ocupantes e impidiendo que una joya natural como es el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sea pasto de las llamas. Pero a estas luces hay que sumar ciertas sombras. Así, el comité de empresa de la citada BRIFOR, de la Región de Murcia, denuncia la falta de personal, reclamando un refuerzo de 60 efectivos que hagan frente a los cada vez más frecuentes incendios; todos hemos visto cómo los propios vecinos se enfrentaban a las llamas con mangueras, lo que pone en evidencia esa escasez de medios. A la falta de efectivos se suma la precariedad, con sueldos que no superan los 1.275 euros, claramente insuficientes en relación al tipo de trabajo de riesgo que realizan los bomberos forestales.

Nuestra región ha sufrido este año cuatro incendios que han arrasado más de 700 hectáreas, el de cabo Tiñoso, con 100 hectáreas quemadas, aunque por causas accidentales; en Sierra Espuña, donde una quema agrícola mal ejecutada quemó más de 400 hectáreas; en la sierra del Garruchal, con dos hectáreas afectadas por otra quema agrícola, además del incendio de Los Garres, en el que todo apunta a haber sido provocado, por el hecho de tener varios focos.

Si a la falta de medios se añaden los efectos de la emergencia climática, una realidad que afecta directamente a la frecuencia y a la virulencia de los incendios forestales que, además, ponen en peligro vidas humanas y haciendas, a todo lo cual hay que sumar el negacionismo climático de la ultraderecha que ya está gobernando en buena parte del país, el futuro no es nada halagüeño si no se invierte en la prevención y en las causas que provocan estos incendios, algo demasiado habitual, por desgracia.

Artículo publicado en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/incendios_132_13276869.html

¿POR QUÉ LA CLASE OBRERA VOTA A LA DERECHA?

Esta pregunta se la hace todo el espectro de la izquierda, desde la socialdemocracia del PSOE hasta los partidos a su izquierda de ámbito estatal, desde Sumar a Podemos e IU, pasando por Verdes Equo y los partidos nacionalistas (ERC, BNG, Bildu, Compromís o CHA, por citar algunos), y también en toda Europa, donde los partidos de izquierda están en retroceso frente al auge de la extrema derecha. 

Pero, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por clase obrera. Según la definición más extendida, se trata del conjunto de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, principalmente en el sector industrial, manufacturero o de servicios. Aquí se incluirían también a los empleados del sector público (profesores, médicos, bomberos, policías y otros funcionarios del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos). Según esta definición, a comienzos de 2026, en España, el 85,33% de las personas con empleo son asalariadas, más de 19 millones. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, sólo entre el 10 y el 16% de la población asalariada se “autopercibe” como clase obrera. Por el contrario, el 60% se autodefine como “clase media”. La identificación como clase obrera ha descendido casi 40 puntos desde 2001, cuando el 50% afirmaba pertenecer a esa clase social. 

La izquierda, tradicionalmente, ha destacado por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Gracias a las luchas ejercidas por los partidos de izquierda en Europa desde comienzos del siglo XX se han conquistado derechos como el voto femenino, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, el divorcio, la prestación por desempleo y, más recientemente, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la actualización de las pensiones según el IPC o el aumento del SMI, entre otros, siempre con la abierta oposición de los sectores más conservadores de la sociedad, aunque después hayan disfrutado de esos avances sociales.

Entonces, ¿por qué la clase trabajadora vota a partidos que, en la teoría y en la práctica, proponen medidas que van en contra de sus propios intereses? La clave está en el predominio del  relato por parte de los partidos ultraconservadores. La derecha y la ultraderecha han demonizado las luchas que definen un cambio profundo de la sociedad, como el feminismo, que tachan de “radical”, el ecologismo, para ellos “fanatismo climático”, los derechos de los colectivos LGTBQ+, el sindicalismo de clase, además de achacar a la inmigración todos los males de Europa, obviando los beneficios que este fenómeno aporta a una sociedad cada vez más envejecida. La derecha concibe una Europa monolitica, anclada en tiempos pasados, con una religión única, una visión tradicionalista fuertemente nacionalista e idealizada de un pasado ascendido a categoría de mito que muchos no han vivido.

Este auge de la extrema derecha es particularmente perceptible en la Región de Murcia, considerado como el “laboratorio” político de esta subida, ya que desde 2019 Vox es el segundo partido más votado tras el PP, y las últimas encuestas reflejan el “sorpasso” al PSOE, con casi el 28% de los votos, espoleados por los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Este auge de Vox en la región ha hipotecado las políticas de López Miras, que depende directamente de la ultraderecha para aprobar los presupuestos.

Por otro lado, no se han solucionado los principales problemas de la mayoría, a pesar de que llevamos 8 años de gobierno progresista, aunque con bastantes dificultades a la hora de implementar medidas por su situación de minoría en el Congreso. La vivienda, la precariedad laboral, el coste de la vida o el acceso a la sanidad pública son los principales problemas reales de la sociedad española, que afectan sobre todo a la juventud. Los menores de 35 años, la llamada generación Z, son los principales damnificados por estos problemas, y se percibe un acercamiento mayoritario de este sector a los cantos de sirena de la ultraderecha, con sus mensajes simples y directos con argumentos a menudo falaces.

Capítulo aparte lo constituye el problema ficticio de la inmigración, ya que son mayores los beneficios que aporta este fenómeno que los supuestos perjuicios tan cacareados por la ultraderecha. Así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo con alta demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores; contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, constituyen una buena parte de los trabajadores autónomos, ayudan a combatir el envejecimiento demográfico, fomentan un ambiente multicultural. Además, de forma contraria a la creencia popular, estudios indican que no hay una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia, la cual está más vinculada a la precariedad económica.

Si la clase trabajadora no percibe en el día a día la mejora de su situación, muchos se vuelcan hacia opciones políticas que prometen esas mejoras, aunque cuando gobiernan junto al PP su acción de gobierno se centra en bajar los impuestos (sobre todo a los ricos), favorecer la sanidad y educación privadas, restringir la protección del medio ambiente con la simplificación administrativa para proyectos en espacios naturales, el apoyo a la caza, además de la famosa “prioridad nacional”, medida presumiblemente inconstitucional.

La falta de soluciones a corto plazo, los problemas relacionados con la corrupción, la desunión de los partidos progresistas son otros ingredientes que provocan la desafección de los potenciales votantes de izquierdas, cuyo principal consecuencia es la abstención. El reto de los partidos de izquierda es volver a ilusionar con la aplicación de medidas valientes que favorezcan a la mayoría social y que se dejen a un lado las rencillas y batallas de egos. Sólo así se volverá a captar el voto perdido por una clase social, la clase trabajadora, que ha perdido su referencia a la izquierda.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/clase-obrera-vota-derecha_132_13204503.html