LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Tenemos a un gobierno central acosado y tocado. En 2019, a los pocos meses de ganar Pedro Sánchez la moción de censura frente al gobierno de Rajoy, el presidente socialista publicó un libro con un título premonitorio, “Manual de resistencia”. Pareciera que ha aplicado a rajatabla ese manual para mantenerse en el poder, con un ex-secretario de Organización de su partido condenado a 24 años de cárcel por corrupción y a otro inmerso en la fase de instrucción, investigado por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

Al margen de los casos de su esposa y de su hermano que partieron de denuncias provenientes de organizaciones ultras como son Hazte Oír y Manos Limpias y que, a falta del juicio con jurado en el primer caso y de que se acabe el juicio oral contra David Sánchez, levantan muchas dudas entre sectores de la judicatura en cuanto a su desarrollo, los casos que afectan directamente a ex-altos cargos de su partido le hacen mucho daño tanto a la imagen de Pedro Sánchez como a su gobierno, a lo que hay que sumar el enriquecimiento de Zapatero, que los tribunales deben dilucidar si fue de forma lícita o no.

Esta travesía agónica del gobierno de Sánchez en la recta final de la legislatura constituye una decepción sobre todo para la gente de izquierdas, tanto para los que le han votado como para los que han optado por los partidos que le han apoyado en la investidura y sostenido durante estos tres años. Aunque es cierto que este gobierno ha aprobado medidas que favorecen a la mayoría, sobre todo desde el ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, con los aumentos del SMI, la reforma laboral que ha impulsado la creación de empleo a unas tasas que no se veían desde 2008, los ERTE que salvaron a miles de empresas durante la pandemia, además de otras medidas como la revalorización de las pensiones según el IPC, la gestión de los fondos europeos, y la aprobación de leyes como la de Vivienda, la de Paridad o la de Eutanasia, mucha gente no nota en el día a día esas mejoras, por la dificultad de llegar a fin de mes, de encontrar una vivienda digna o de llenar la cesta de la compra.

Porque. como advierte de forma acertada el diputado Gabriel Rufián, que se ha convertido en un referente para la izquierda, la alternativa al actual gobierno es mucho peor: una coalición PP-Vox, con el apoyo de Junts y tal vez PNV, que, ademas de desmontar los avances conseguidos por el gobierno en materia social, seguramente aplicarán medidas que harán más difícil la vida a colectivos como inquilinos, inmigrantes, LGTBIQ+, pensionistas, víctimas de violencia machista y personas vulnerables en general, además de defender los intereses de los más ricos, como ya se está viendo en las CC.AA. en las que gobiernan. Además, aspectos como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres, la memoria histórica y los servicios públicos en general sufrirán un retroceso, ya anunciado no solo con palabras en sus respectivos programas electorales sino con hechos en los territorios que gestionan.

Sólo hay que ver lo que está ocurriendo en la Región de Murcia ante la pasividad de la mayoría de la población, empezando por el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) de 6,8 millones de euros por sobrecostes de servicios quirúrgicos en centros privados y uso de prótesis y productos caducados, siguiendo con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2023 en el que se revelaría un remanente negativo de más de 1.800 millones de euros y un déficit del 2,3% del PIB, además de un agujero en el SMS de más de 3.700 millones de euros. Y no solo las cuentas salen mal paradas en nuestra región: los centros educativos de titularidad pública son auténticos hornos, con temperaturas que superan con creces los 27ºC, límite establecido para poder desarrollar las clases; somos menos productivos y más pobres y los salarios son más bajos que la media española; la vivienda sube un 20% anual, el alza de precios más alto del país; el Mar Menor sigue en peligro, con el descenso de la salinidad debida a la entrada de agua dulce cargada de nitratos proveniente de la agricultura, con el peligro que ello conlleva de riesgo de eutrofización. Está pendiente la aprobación de los Presupuestos de la Región de Murcia, con la espada de Damocles de las exigencias de Vox que presumiblemente irán en la linea de lo establecido en otras comunidades autónomas. 

Al gobierno de Pedro Sánchez le queda una sola oportunidad para actuar como un verdadero gobierno progresista si quiere recuperar la confianza de sus votantes y de sus socios. Deberá abordar con valentía aspectos que afectan directamente a la ciudadanía, como la situación de la vivienda y de los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación, limitando la creación de centros privados; revisar la situación de la justicia, impidiendo su politización y su uso torticero para retorcer las leyes que favorezcan a determinadas ideologías, reafirmando su independencia. Deberá convertir las fuerzas de seguridad del Estado en garantes del estado de derecho, sancionando los excesos policiales, así como garantizar la independencia de los medios de comunicación, limitando la aportación institucional de CC.AA. y ayuntamientos a su financiación. También deberá completar la Transición Ecológica mediante el impulso de las energías renovables, la descarbonización industrial, la fiscalidad verde, y una fuerte inversión en movilidad sostenible, garantizando al mismo tiempo una "transición justa" que proteja el empleo y a las comunidades más vulnerables.

Estas y otras medidas son las que demanda el votante progresista. El tiempo se acaba y el gobierno actual debería pisar el acelerador antes de las siguientes elecciones si quiere recuperar la confianza perdida.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ultima-oportunidad-gobierno-central_132_13333975.html

LA ERA DE LOS INCENDIOS

Un año más hemos de volver a hablar de la enésima ola de calor primaveral, este 2026 más pronto que nunca. Cada vez que nos acercamos al verano, se repite, como el día de la marmota de la famosa película ochentera, la llegada a nuestro país de sucesivas subidas extremas de temperatura, con el agravante de un incendio a las puertas de Murcia que ha arrasado 177 hectáreas, la mitad de las cuales pertenecen al Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Según los datos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS en sus siglas en inglés) de la NASA, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2024, últimos datos analizados, fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. Nuestro planeta fue aproximadamente 1,47º C más cálido en 2024 que en el promedio preindustrial, rozando el grado y medio que, según la comunidad científica, representa el límite crítico de seguridad climática establecido por el Acuerdo de París. Se da la circunstancia, además, de que los 10 años más recientes son los más cálidos jamás registrados.

Las previsiones estacionales apuntan a un verano de 2026 con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte de España, y más aún en nuestra región, que acostumbra a ser la zona con mayor niveles térmicos, como hemos visto estos días. Ya hay estimaciones que indican que este mes de mayo se ha establecido un récord de muertes atribuibles al calor, con 101 fallecimientos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Sistema MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Si en Murcia se ha registrado una temperatura de 40ºC a finales de mayo, es fácilmente previsible que superemos esa temperatura este verano. Ya alcanzamos el récord en agosto de 2021, con los 46,2ºC registrados en la estación meteorológica de Guadalupe de Maciascoque.

Frente a este panorama y con el recordatorio de que en 2025 asistimos al récord de hectáreas quemadas en España, con casi 400.000, nos tenemos que preguntar si nuestro país en general y nuestra región en particular están preparados para enfrentarse a un verano previsiblemente duro en cuanto a incendios. En nuestro país hubo 64 grandes incendios forestales en 2025, frente a los 20 de media en la última década, multiplicándose por cuatro la superficie quemada en cada incendio extremo, pasando de 1.500 has. a más de 6.000 has. en cada uno de ellos.
La lucha contra los incendios forestales involucra a muchas administraciones. Así, desde el gobierno central se organiza a través del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, coordinado por el Ministerio del Interior, las diferentes brigadas y medios aéreos que aporta el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) o la UME del Ministerio de Defensa. Por otro lado, cada Comunidad Autónoma aporta sus propios medios. Así, desde la CARM se habilita el Plan Infomur, que coordina a los distintos cuerpos que luchan contra los incendios (Brigada Forestal de Defensa Contraincendios (BRIFOR),Brigada Helitransportada (BRIHELI), bomberos forestales, puestos de vigilancia y voluntarios de Protección Civil). Por último, los ayuntamientos cuentan con sus propios efectivos, coordinados con las demás instituciones. Así, y en relación al incendio de Los Garres, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) es el órgano oficial del Ayuntamiento de Murcia encargado de la lucha contra incendios, el salvamento de personas y la protección de bienes dentro del término municipal y sus pedanías.

En el caso del incendio de Los Garres, se puede decir que el plan ha funcionado, con la correcta coordinación de las distintas administraciones, CARM, MITECO, la UME y el Ayuntamiento de Murcia, evitando que el incendio alcance las viviendas y sus ocupantes e impidiendo que una joya natural como es el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sea pasto de las llamas. Pero a estas luces hay que sumar ciertas sombras. Así, el comité de empresa de la citada BRIFOR, de la Región de Murcia, denuncia la falta de personal, reclamando un refuerzo de 60 efectivos que hagan frente a los cada vez más frecuentes incendios; todos hemos visto cómo los propios vecinos se enfrentaban a las llamas con mangueras, lo que pone en evidencia esa escasez de medios. A la falta de efectivos se suma la precariedad, con sueldos que no superan los 1.275 euros, claramente insuficientes en relación al tipo de trabajo de riesgo que realizan los bomberos forestales.

Nuestra región ha sufrido este año cuatro incendios que han arrasado más de 700 hectáreas, el de cabo Tiñoso, con 100 hectáreas quemadas, aunque por causas accidentales; en Sierra Espuña, donde una quema agrícola mal ejecutada quemó más de 400 hectáreas; en la sierra del Garruchal, con dos hectáreas afectadas por otra quema agrícola, además del incendio de Los Garres, en el que todo apunta a haber sido provocado, por el hecho de tener varios focos.

Si a la falta de medios se añaden los efectos de la emergencia climática, una realidad que afecta directamente a la frecuencia y a la virulencia de los incendios forestales que, además, ponen en peligro vidas humanas y haciendas, a todo lo cual hay que sumar el negacionismo climático de la ultraderecha que ya está gobernando en buena parte del país, el futuro no es nada halagüeño si no se invierte en la prevención y en las causas que provocan estos incendios, algo demasiado habitual, por desgracia.

Artículo publicado en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/incendios_132_13276869.html

¿POR QUÉ LA CLASE OBRERA VOTA A LA DERECHA?

Esta pregunta se la hace todo el espectro de la izquierda, desde la socialdemocracia del PSOE hasta los partidos a su izquierda de ámbito estatal, desde Sumar a Podemos e IU, pasando por Verdes Equo y los partidos nacionalistas (ERC, BNG, Bildu, Compromís o CHA, por citar algunos), y también en toda Europa, donde los partidos de izquierda están en retroceso frente al auge de la extrema derecha. 

Pero, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por clase obrera. Según la definición más extendida, se trata del conjunto de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, principalmente en el sector industrial, manufacturero o de servicios. Aquí se incluirían también a los empleados del sector público (profesores, médicos, bomberos, policías y otros funcionarios del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos). Según esta definición, a comienzos de 2026, en España, el 85,33% de las personas con empleo son asalariadas, más de 19 millones. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, sólo entre el 10 y el 16% de la población asalariada se “autopercibe” como clase obrera. Por el contrario, el 60% se autodefine como “clase media”. La identificación como clase obrera ha descendido casi 40 puntos desde 2001, cuando el 50% afirmaba pertenecer a esa clase social. 

La izquierda, tradicionalmente, ha destacado por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Gracias a las luchas ejercidas por los partidos de izquierda en Europa desde comienzos del siglo XX se han conquistado derechos como el voto femenino, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, el divorcio, la prestación por desempleo y, más recientemente, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la actualización de las pensiones según el IPC o el aumento del SMI, entre otros, siempre con la abierta oposición de los sectores más conservadores de la sociedad, aunque después hayan disfrutado de esos avances sociales.

Entonces, ¿por qué la clase trabajadora vota a partidos que, en la teoría y en la práctica, proponen medidas que van en contra de sus propios intereses? La clave está en el predominio del  relato por parte de los partidos ultraconservadores. La derecha y la ultraderecha han demonizado las luchas que definen un cambio profundo de la sociedad, como el feminismo, que tachan de “radical”, el ecologismo, para ellos “fanatismo climático”, los derechos de los colectivos LGTBQ+, el sindicalismo de clase, además de achacar a la inmigración todos los males de Europa, obviando los beneficios que este fenómeno aporta a una sociedad cada vez más envejecida. La derecha concibe una Europa monolitica, anclada en tiempos pasados, con una religión única, una visión tradicionalista fuertemente nacionalista e idealizada de un pasado ascendido a categoría de mito que muchos no han vivido.

Este auge de la extrema derecha es particularmente perceptible en la Región de Murcia, considerado como el “laboratorio” político de esta subida, ya que desde 2019 Vox es el segundo partido más votado tras el PP, y las últimas encuestas reflejan el “sorpasso” al PSOE, con casi el 28% de los votos, espoleados por los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Este auge de Vox en la región ha hipotecado las políticas de López Miras, que depende directamente de la ultraderecha para aprobar los presupuestos.

Por otro lado, no se han solucionado los principales problemas de la mayoría, a pesar de que llevamos 8 años de gobierno progresista, aunque con bastantes dificultades a la hora de implementar medidas por su situación de minoría en el Congreso. La vivienda, la precariedad laboral, el coste de la vida o el acceso a la sanidad pública son los principales problemas reales de la sociedad española, que afectan sobre todo a la juventud. Los menores de 35 años, la llamada generación Z, son los principales damnificados por estos problemas, y se percibe un acercamiento mayoritario de este sector a los cantos de sirena de la ultraderecha, con sus mensajes simples y directos con argumentos a menudo falaces.

Capítulo aparte lo constituye el problema ficticio de la inmigración, ya que son mayores los beneficios que aporta este fenómeno que los supuestos perjuicios tan cacareados por la ultraderecha. Así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo con alta demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores; contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, constituyen una buena parte de los trabajadores autónomos, ayudan a combatir el envejecimiento demográfico, fomentan un ambiente multicultural. Además, de forma contraria a la creencia popular, estudios indican que no hay una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia, la cual está más vinculada a la precariedad económica.

Si la clase trabajadora no percibe en el día a día la mejora de su situación, muchos se vuelcan hacia opciones políticas que prometen esas mejoras, aunque cuando gobiernan junto al PP su acción de gobierno se centra en bajar los impuestos (sobre todo a los ricos), favorecer la sanidad y educación privadas, restringir la protección del medio ambiente con la simplificación administrativa para proyectos en espacios naturales, el apoyo a la caza, además de la famosa “prioridad nacional”, medida presumiblemente inconstitucional.

La falta de soluciones a corto plazo, los problemas relacionados con la corrupción, la desunión de los partidos progresistas son otros ingredientes que provocan la desafección de los potenciales votantes de izquierdas, cuyo principal consecuencia es la abstención. El reto de los partidos de izquierda es volver a ilusionar con la aplicación de medidas valientes que favorezcan a la mayoría social y que se dejen a un lado las rencillas y batallas de egos. Sólo así se volverá a captar el voto perdido por una clase social, la clase trabajadora, que ha perdido su referencia a la izquierda.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

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A VUELTAS CON EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Hay una idea que, desde los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, no paran de repetirnos, que en España faltan viviendas, y que esa escasez de la oferta es la principal causa de los altos precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en un portal especializado en viviendas, se comprueba que a día de hoy hay disponibles, sólo en el municipio de Murcia, más de 3.500 viviendas listas para ser adquiridas, y más de 800 de alquiler. Si ampliamos la búsqueda a toda la región, esas cifras suben a 11.000 a la venta y unas 2.000 en alquiler. La oferta de venta de viviendas en toda España asciende a unas 700.000 y a más 3 millones en alquiler.

 El problema no es, desde luego, la falta de oferta, sino los disparatados precios que se piden para que este bien de primera necesidad cambie de mano, con un abismo entre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, muchas de las cuales rozan la categoría de infravivienda, con los precios que demandan los propietarios, muy por encima de salarios reales de la población. La ideología “liberal”, además, y de nuevo, clama contra los impuestos, cuya existencia responsabiliza de los altos precios, y nunca a la avaricia y el ansia de obtener los máximos beneficios con el menor esfuerzo posible.

En las grandes ciudades los llamados “fondos buitre”, principalmente Blackstone y CaixaBank, poseen más de 100.000 viviendas, que mantienen apalancadas a la espera de que la especulación les sea favorable, mientras que el 10% de las casas pertenecen a grandes tenedores. A esto se suma el auge del alquiler turístico, con unos 330.000 pisos de este tipo en España, un 1,24% del parque total, aunque esa cifra aumenta hasta el 10% en ciudades como Málaga, provocando un verdadero problema al influir en los precios generales de alquiler en determinadas zonas.

El lobby de la construcción nos repite que es necesario construir en nuestro país entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 3,8 millones de viviendas vacías en España, el 58% de las cuales se encuentran en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, cerca de la tercera parte del parque total de viviendas, siendo una de las cifras más elevadas de nuestro país.

Y tampoco es cierto que la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas vaya a rebajar el precio global, según la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith. El “boom” inmobiliario que transformó el paisaje de nuestro país entre 1997 y 2007, en la que se construyeron más de 5 millones de viviendas, más que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania, no supuso la baja de precios, sino todo lo contrario, con un alza de más del 140% en siete años, y provocó la crisis subsiguiente de 2008, con los resultados que conocemos de cifras de paro del 27%.

El gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, cuyos objetivos son aumentar el parque público de viviendas, sobre todo destinado al alquiler, y el fomento de la rehabilitación, así como el blindaje permanente del parque público de vivienda para evitar su venta. Sin embargo, no incide en el principal problema de la vivienda, los precios abusivos tanto de venta como de alquiler. La medida de este plan que consiste en ayudas al alquiler de 300 € al mes para jóvenes y de 600 € al mes para alquileres en general no es sino un parche, ya que solo alcanzará a un número limitado de personas, además de que su cumplimiento depende de las CC.AA. que serán las responsables de su aplicación. 

Ya se ha visto que la reciente Ley de Vivienda, que incluye el límite de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, la redefinición de los grandes tenedores, pasando a esa categoría los propietarios de más de cinco viviendas y la declaración de zonas tensionadas cuando el precio del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos medios de las familias, no ha funcionado sobre todo por la negativa de las CC.AA. a aplicar dicha ley, incluido el gobierno regional de López Miras.

Precisamente el gobierno regional se jacta de su propio plan de vivienda, consistente principalmente en avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda. Por lo visto, López Miras no conoce la realidad de la juventud murciana. La precariedad en el empleo en la juventud es un obstáculo para siquiera pensar en comprar un piso, por lo que dudo de que esta medida alcance a mucha gente.

Aún queda mucho por hacer para que se cumpla el articulo 47 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, sobre todo, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, regular el uso del suelo conforme al interés general para evitar la especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. Habrá que calibrar y corregir el desequilibrio que existe entre la obtención de beneficios desorbitados frente a la consecución de un derecho fundamental sancionado por la Carta de Derechos Humanos desde 1948. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vueltas-problema-vivienda_132_13162354.html

DE MENTIRAS Y BULOS

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía  a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la polícia en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde le derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando por que “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno. 

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catalogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión de una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población del pueblo contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia. 

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad. 

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque  sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

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¿LA MEJOR TIERRA DEL MUNDO?

El gobierno regional es muy dado a usar eslóganes que le reportan beneficios electorales. Ya pasó en 2001 con el famoso “Agua para todos”, inscrito en una pancarta que los murcianos y murcianas tuvimos que ver durante varios años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, en la época de la burbuja inmobiliaria, con las obras faraónicas proyectadas como el parque Paramount o el resort Marina de Cope, que habrían necesitado de ingentes aportes de agua para su mantenimiento. Afortunadamente, esos proyectos no se realizaron, gracias sobre todo a la oposición de la sociedad murciana y a la acción de la justicia que paralizó algunas de esas obras.  

25 años después, otro lema se repite sin cesar, “la mejor tierra del mundo”. Parece que los próceres murcianos no han viajado mucho, pues muchos son los motivos que contradicen ese eslogan. Basta con hacer un repaso a algunos datos recientes para comprobarlo. Veamos.

La Región registra un 20,6% de abandono educativo temprano, muy por encima de la media nacional, que se cifra en un 12,8 %, y casi el doble que las comunidades con mejores resultados. Este abandono escolar está relacionado con la precariedad laboral o la baja financiación de la educación pública con respecto a la educación privada-concertada. Así, aunque se aumentó la inversión en educación en un 9% en 2025, este dato esconde que el 77 % de esa inversión va destinada al sector privado-concertado, muy por encima de la media española (57%). La masificación de las aulas, el presupuesto raquítico de los centros públicos para atender a la diversidad del alumnado inciden de manera muy importante en la tasa de abandono escolar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada recientemente, el 32,5% de la población de la Región de Murcia estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025, un dato superior al 2024 (32,4%), sólo por debajo de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). Casi la mitad de la población de la región no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,5% no puede irse de vacaciones una semana. Estos datos demoledores ponen de relieve las dificultades que afronta un amplio sector de la sociedad murciana. Aunque se acaba de aprobar la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028, está por ver su eficacia si no se actúa sobre la raíz del problema, como es reducir la desigualdad y distribuir la riqueza de un modo más efectivo.

El alza del precio de la vivienda, el mayor problema con que se enfrenta la sociedad actual, golpea de lleno a nuestra región. Así, según el portal Fotocasa, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha subido casi un 30% en el último año, encabezando el ranking nacional de subidas, con un precio medio de 1.924 euros por metro cuadrado, 439 euros más que en 2024. El alquiler tampoco es asequible, habiendo experimentado una subida interanual del 9% a marzo de 2026, situándose en una media de aproximadamente 9,43€ a 10€ por metro cuadrado. En un reciente informe de Cáritas se indica que el 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentran en riesgo de pobreza.

El medio ambiente también es una asignatura pendiente en nuestra región. Aunque el Mar Menor experimenta una ligera mejoría, con menores aportes de nutrientes a la laguna costera, sigue siendo un ecosistema frágil, con problemas que no se resuelven vinculados a la agricultura intensiva y con la espada de Damocles de la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor por la dependencia del PP regional a las imposiciones de Vox para aprobar los presupuestos. 

Otro problema que sufrimos es la contaminación atmosférica vinculada a la alta dependencia del coche. Murcia es la ciudad española que más usa el coche (el 72% de su población lo usa habitualmente) dando como resultado que en más de la mitad de los días de 2025 se han registrado niveles desfavorables de la calidad del aire. A pesar de la propaganda que realiza a diario el alcalde Ballesta con su tranvíbús, este medio no soluciona en absoluto el problema de la movilidad, ya que sólo une el centro con el hospital de La Arrixaca en el Palmar.

Otro aspecto ambiental que nos sitúa a la cola es la proliferación de plantas de biogás en poblaciones como Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo o San Javier, que son la excusa perfecta para mantener la ganadería intensiva de porcino, con la contaminación por purines, los malos olores y la intensificación del tráfico de vehículos pesados asociados a la implantación de estas plantas sobredimensionadas. La última noticia aparecida en los medios de comunicación es la presunta ocultación por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Informe de la UPCT sobre metales pesados (arsénico, cadmio, plomo y zinc), en el Campo de Cartagena. Este hecho ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciarlo ante la justicia. 

La situación social, económica y ambiental de la Región de Murcia, de la que sólo he desgranado unos pocos datos, contradice el triunfalismo del gobierno regional y su lema institucional “La mejor tierra del mundo”, que puede servir como campaña de marketing para incautos, pero que no refleja la realidad de un territorio que atraviesa por múltiples problemas que no tienen visos de tener una solución a corto plazo. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

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ES EL CAMBIO CLIMÁTICO, ESTÚPIDO

En 2004 se entrenó una película del género “catastrofista”, “El día de mañana”, dirigida por Roland Emmerich, cuyo argumento giraba en torno a que la fusión de los polos afectaba a la corriente del Atlántico Norte, provocando tormentas, inundaciones y olas de frío extremo en latitudes templadas. Sin llegar a ese grado, estamos viviendo en el oeste de Europa y en España en particular la llegada de una sucesión de borrascas que traen lluvias persistentes, nevadas copiosas y tormentas marítimas, el llamado “tren de borrascas”. También afecta al norte de América, causando ya 20 muertes en EE.UU. debido a la ola de frío.

Según los meteorólogos, dos son las razones que provocan estas anomalías: el desplazamiento hacia el sur de la “corriente de chorro”, normalmente situada en las proximidades del Polo Norte, que actúa como una verdadera “autopista” para las borrascas, y el debilitamiento del vórtice polar, una masa de aire muy frío y baja presión que gira alrededor de los polos, confinada en la estratosfera, actuando como un escudo que mantiene el aire gélido en el Ártico o la Antártida, impidiendo así, en condiciones normales, que el aire polar descienda hacia latitudes más meridionales. Algunos modelos prevén para este mes olas de frío aún más acusadas, si el vórtice polar llegara a colapsar.

El debilitamiento o la deformación del vórtice polar que se observa permite que las masas de aire frío desciendan hacia el sur; si se suma que ese aire está cargado de humedad proveniente del Océano Atlántico, tenemos como resultado este “tren de borrascas” que no tiene visos de terminar. Según la mayoría de la comunidad científica, esa deformación del vórtice polar es debida al derretimiento de hielo marino en partes del Océano Ártico, causado por el aumento de las temperaturas del agua. El Ártico se calienta a un ritmo cuatro veces superior al promedio mundial, provocando una serie de consecuencias, como la fusión del permafrost, la capa de suelo congelado que, al fundirse, libera toneladas de CO2, retroalimentando el calentamiento global. Según la ONU, las temperaturas invernales del Ártico se elevarán de 3°C a 5°C para 2050 y de 5°C a 9 °C para 2080, acentuando y agravando la situación.

Los negacionistas del cambio climático, empezando por la ultraderecha, a la que le sigue de cerca el PP, ansioso por no despegarse de su rival ultra en las encuestas, suelen usar un argumento “cuñado” cuando afirman que “si hay nevadas y olas de frío, ¿dónde está el calentamiento global?” Ignoran, de forma premeditada o no, que el cambio climático implica modificaciones en el patrón climático planetario que afecta de distintas maneras, a menudo de forma catastrófica, desde inundaciones, hasta incendios, pasando por olas de frío cuando no toca y sequías prolongadas. 

La Región de Murcia es una de las primeras candidatas a sufrir los estragos del cambio climático. Aunque nuestra posición alejada de la costa atlántica hace que el impacto de las borrascas sea más moderado, no nos libramos de las lluvias, los fuertes vientos y los temporales marítimos. Nuestra región es más sensible a otras manifestaciones de la emergencia climática, como son la desertificación, las olas de calor extremas en verano o las inundaciones torrenciales. El socio de López Miras en la Asamblea Regional, Jose Ángel Antelo, ya dejó caer algunas perlas en relación al cambio climático, calificándolo de “milonga”, o afirmando el portavoz de Vox, Rubén Martínez, que "el impacto de la acción del hombre sobre el cambio climático es nulo”, demostrando una ignorancia supina y negando las evidencias que miles de científicos de todo el mundo acumulan repetidamente.

Parafraseando el eslogan de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, “It’s the economy, stupid”, podríamos dirigir a los negacionistas esta frase sobre la influencia de la emergencia climática en las desgracias que viven miles de familias desde hace meses, desde la tragedia de la DANA a las inundaciones que asolan el sur de España: “Es el cambio climático, estúpido”.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/cambio-climatico-estupido_132_12967166.html

EL TREN COMO VERTEBRADOR DEL TERRITORIO

En 1992 se inauguró la primera linea de alta velocidad en España entre Madrid y Sevilla con motivo de la Exposición Universal de la ciudad hispalense que, junto a los JJ.OO. de Barcelona, mostraron al mundo hasta qué punto nuestro país había llegado a la modernidad, tras 40 años de dictadura, siete años de transición política a la democracia y 10 años de gobierno socialista con Felipe González. 

Hasta entonces, sólo Japón, con los famosos trenes bala, desde 1964, y Francia, con las lineas del TGV en funcionamiento desde 1981, disfrutaban de líneas de alta velocidad que permitían alcanzar velocidades superiores a los 250 km/h. A partir de 1992, tal fue la apuesta de los distintos gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, por esta red de ferrocarriles que, a día de hoy, ostentamos el segundo lugar del mundo en longitud de vías de alta velocidad, con cerca de 4.000 kms., sólo por detrás de China, que posee 38.000 kilómetros (y la previsión de construir 15.000 km más). En Europa, Francia cuenta con una red de 2.800 kms, y Alemania, 1.700, dos países que, sin embargo, cuentan con mayores poblaciones que nuestro país.

A la sombra de la burbuja inmobiliaria, a partir de 2002 comenzó, con los gobiernos de Aznar y Zapatero, la fiebre inversora en alta velocidad, multiplicándose el presupuesto destinado a la red de AVE, desde los poco más de 2.000 millones ese año, hasta alcanzar los 10.000 millones de euros en 2008, con un total de 65.000 millones. La crisis económica causada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hundió la inversión a partir de ese momento, dejando varios proyectos aún inacabados a día de hoy, como son el Corredor Mediterráneo, entre Almería y Barcelona, la linea al País Vasco o el AVE a Extremadura. 

Este crecimiento espectacular de la alta velocidad en España en poco más de 30 años se ha realizado a costa de sacrificar multitud de lineas convencionales, con la desaparición de 500 kms de este tipo de vías y el cierre de más de 400 estaciones, dejando a centenares de pueblos, sobre todo en la España interior, incomunicados por ferrocarril. Algunos de estos casos los hemos vivido en la Región de Murcia, incluso desde antes de la aparición de las lineas de AVE. Así, la linea Murcia-Granada, activa desde finales del siglo XIX, dejó de estar operativa parcialmente en 1985. Los más antiguos del lugar recordarán la linea Murcia-Mula-Caravaca, puesta en funcionamiento en 1933 y cerrada en 1971, cuya estación alberga hoy Aguas de Murcia y cuyo trazado se ha convertido en la Vía Verde del Noroeste, tan utilizado por los amantes de la bicicleta y el senderismo.

Es significativo que, a pesar de la multimillonaria inversión en alta velocidad, de los 665 millones de pasajeros que usaron el ferrocarril en 2023, sólo el 6% utilizó el AVE, el 8% la media distancia y  la inmensa mayoría, el 86%, hizo uso del servicio de cercanías, sobre todo en Madrid y Barcelona.  También hay que destacar que el transporte de mercancías por tren en España es testimonial, siendo el transporte por carretera el que se usa mayoritariamente, con los problemas de circulación y contaminación atmosférica que ello conlleva.

Todo ello hace que, aunque tenemos la segunda red más extensa de alta velocidad del mundo y la primera de Europa, el uso de este medio de transporte sea mucho más bajo que en los países de nuestro entorno. Así, según al OCDE, el país europeo que más rentabilizó el tren en 2023 fue Austria, con 1.585 kms por pasajero, seguido por Francia, con 1.465 kms. por pasajero. En España cada pasajero recorrió 720 kms. en un año. En cuanto al transporte de mercancías, si en Alemania se transportaron 3,8 toneladas por kilómetro de red en 2023, en España apenas se alcanzaron las 0,6 toneladas por kilómetro, todas en la red convencional. Los altos precios medios de los viajes en AVE, sumado a su variabilidad, son dos de los factores que hacen que el uso de este medio sea mucho más escaso de lo que se esperaría en relación a la longitud de la red.

Una red de alta velocidad sobredimensionada, con grandes dificultades para hacer un mantenimiento óptimo, como se ha comprobado tristemente en el reciente accidente de Adamuz y las diversas incidencias que surgen de forma más o menos regular, el abandono de la red convencíonal, todo ello aderezado por la carrera de las diferentes Comunidades Autónomas en conseguir la alta velocidad por intereses electoralistas han llevado a una situación en la que se prima la rentabilidad a la consecución de un servicio público que alcance a más personas, con precios competitivos para los consumidores. Aún estamos lejos de los países de nuestro entorno en la generalización del transporte ferroviario, el más ecológico y sostenible frente al transporte privado por carretera. Debe ser el objetivo optimizar las inversiones para que este medio de transporte sea el más usado por la ciudadanía, con garantías de seguridad y fiabilidad, y que se consiga la vertebración de todo el territorio de una manera eficaz, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/tren-vertebrador-territorio_132_12941204.html

EL USO DE LA FUERZA CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL

El bombardeo de Caracas por parte del ejército de EE.UU. y la subsiguiente captura de Maduro y su familia suponen un grave atentado contra el derecho internacional. Según la ONU, la invasión de otro país es una violación grave de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza (Artículo 2(4)), con raras excepciones como la legítima defensa ante un ataque armado (Artículo 51) o una autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII). Trump y su gobierno han incumplido este mandato de la ONU, abriendo el camino a que cualquier otro país se tome la justicia por su mano y justificando, de paso, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el genocidio del pueblo palestino por parte de Netanyahu. Si cualquier país poseedor de armas nucleares se arroga la potestad de invadir un país o aniquilar a todo un pueblo en nombre de la “seguridad nacional”, ¿con qué autoridad moral se puede impedir que, por ejemplo, China invada Taiwan o que Corea del Norte ataque a su vecino del sur?

Como era de esperar, las primeras reacciones del Partido Popular ante esta acción ofensiva de EE.UU. en Venezuela han ido en la dirección de justificarla, celebrando el bombardeo y, por tanto, la matanza indiscriminada de venezolanos y venezolanas en nombre de la “libertad”. López Miras se alinea con su partido, manifestando que este ataque supone “una oportunidad de libertad para el pueblo venezolano”. Valiente modo de restablecer la libertad, bombardeando a sus habitantes e imponiendo por la fuerza un régimen que debería surgir de la voluntad del propio pueblo venezolano, y no de los delirios megalomaníacos de un presidente de un país supuestamente democrático como es el norteamericano.

La aspirante a presidenta de Venezuela y reciente Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, dice “estar lista para tomar el poder”, en una declaración más propia de un intento de golpe de estado que de tener intención de obedecer a la voluntad del pueblo venezolano. En la historia del último siglo de EE.UU. no son pocas las ocasiones en que el país más poderoso del planeta ha intervenido en algunos países que no comulgaban con la política yanqui, siendo el más conocido Chile en 1973, derrocando al legítimo presidente Allende, aunque ya había intervenido en otros países de América Latina como República Dominicana en 1965, y lo seguiría haciendo en  la isla de Granada en 1983, o en Panamá en 1989, eso sin mencionar a la guerra de Irak, basada en la falacia de la existencia de “armas de destrucción masiva”, argumento que fue apoyado por el presidente Aznar en 2003. 

A nadie se le escapa que, tal y como ocurrió en la guerra de Irak, el uso de argumentos como la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo no son sino excusas para esconder el verdadero origen de esta operación: el control del petróleo que el país caribeño extrae y exporta principalmente a China, en un volumen equivalente al 80% de su producción. Aquí se juega el dominio económico y geoestratégico de las próximas décadas, con el gigante asiático que domina el mercado de las tierras raras, materia prima imprescindible para el desarrollo de las tecnologías punteras en comunicación en el área digital. 

Y, mientras tanto, Europa mantiene una postura tibia, sin condenar explícitamente el ataque, merced a la disparidad de opiniones en el seno del Parlamento Europeo, desde la izquierda y el partido verde que condenan la acción militar y abogan por la defensa de los derechos humanos, hasta la derecha y la extrema derecha, que aplauden la detención de Maduro y justifican el uso de la fuerza para revertir un régimen que no les es afín. Todo ello sin que sea óbice desear un régimen democrático para Venezuela, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos y a la organización de elecciones limpias supervisadas por observadores internacionales.

Esperemos que esta manera de entender la política internacional, con el uso de la fuerza como modo de actuación, no se generalice, pues abre la puerta a posibles conflictos que, hasta ahora, estaban contenidos por el respeto a la Carta de la ONU y a un orden mundial que está en riesgo de orientarse hacia un panorama muy peligroso en este primer cuarto del siglo XXI.

Artículo publcado hoy en eldiario.es:

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