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miércoles, 5 de enero de 2022

¿NUCLEARES? NO, GRACIAS

El año 2022 que acabamos de inaugurar se inicia con una noticia que sería más bien propia del día 28 de diciembre: La Comisión Europea reconoce la energía nuclear como verde al menos hasta 2045, y el gas hasta 2030, como un medio para descarbonizar la producción energética y cumplir el objetivo de reducir a cero las emisiones en 2050, fijado en el Pacto Verde de la UE. El alto precio de la energía que está sufriendo Europa este otoño es una de las razones que han empujado a la Comisión Europea a tomar esta polémica decisión. 

Esta propuesta ha entusiasmado a los defensores de la energía nuclear. Uno de los principales defensores de tan disparatada postura es el francés Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, nada extraño, teniendo en cuenta que Francia cuenta con 58 centrales nucleares, el segundo país del mundo en número de ellas, sólo por detrás de EE.UU., que proveen el 75% de la energía total del país galo. 

Tampoco es casualidad que Francia apoye esta decisión, justo después de que la compañía eléctrica EDF, propietaria de muchas de estas centrales, que está participada en un 84% por el estado francés, se desplomara un 15% en la Bolsa de París, al tener que cerrarse preventivamente uno de sus reactores al detectarse una fisura en unas tuberías, y que el presidente Macron anunciara en noviembre pasado la construcción de nuevos reactores. 

La ventaja que se le atribuye a la energía nuclear de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ve parcialmente desmentida por la realidad, ya que su uso no garantiza una menor tasa de emisiones. A pesar de que Francia basa su generación de electricidad en la energía nuclear, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera supera a países como España, que sólo cuenta con 7 reactores. Así, en 2020, Francia emitió 280.000 toneladas de CO2 frente a las 215.000 toneladas de España, a pesar de que le energía nuclear sólo representa el 20% del total en nuestro país, por debajo, eso sí, de Alemania (636.000 T.), Reino Unido (314.000 T.) o Italia (300.000 T.). 

El cambio de rumbo de la Comisión Europea en relación a la consideración de la energía nuclear como “energía verde” parece olvidar, por un lado, los riesgo intrínsecos a esta fuente de energía, con los desastres de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011 en el recuerdo, además de la necesaria gestión de los residuos nucleares, peligrosas sustancias que mantienen su letal radiactividad durante milenios. Por otro lado, parece una broma de mal gusto calificar de “verde” una fuente de energía que fue, precisamente, el detonante del movimiento ecologista en Europa, con el lema “Nucleares, no gracias” que coreaban los pioneros ecologistas alemanes en los 70, y que fue el germen de los partidos políticos verdes en Alemania, Francia o España, en los años 80. También hay que recordar que el movimiento ecologista en la Región de Murcia tuvo su origen en el rechazo a la construcción de una central nuclear en Cabo Cope a comienzos de los años 70. 

Si lo que se pretende es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, luchar contra el cambio climático, se debería incidir en otros aspectos, como señalan muchos expertos: la protección de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza; la transformación de la movilidad hacia un modelo que potencie el transporte colectivo frente al privado, especialmente el tren; el diseño urbanístico que reduzca la necesidad de desplazamientos; el cese de la deforestación y el aumento de la restauración ambiental, con la reforestación como acción principal; la potenciación de la energía solar y eólica, con el autoconsumo como prioridad frente a las grandes centrales que depredan el territorio; la modificación del sistema de subasta de la energía, de tal modo que no se pague el total a precio de la fuente de energía más cara, el gas, entre otras medidas. 

La calificación de “energía verde” para la energía nuclear y el gas va en contra del sentido común, solo beneficia a las grandes empresas propietarias de las centrales, y es el modo de que nada cambie en nuestro estilo de vida, posponiendo el problema unos 20 años para que sea la siguiente generación la que aborde el problema en serio.

Articulo publicado el 3 de enero de 2022 en eldiario.es:

domingo, 15 de agosto de 2021

¿ALARMISMO? NO, REALIDAD

4 de septiembre de 1979. Programa en directo de la televisión francesa, en el que intervienen, entre otros, Haroun Tazieff, reputado vulcanólogo, y Jacques-Yves Cousteau, la estrella mediática que desveló al gran público los fondos marinos a través de sus documentales y series de televisión. En un momento del programa, Tazieff anticipa que, debido a la acción humana, el nivel del mar subiría por el calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Súbitamente, Cousteau interrumpe para exclamar que eso era un camelo, una tomadura de pelo, ya que sólo con la existencia de masas forestales y los océanos bastaría para contrarrestar ese supuesto calentamiento global, a lo que el presentador apostilla que era un mensaje alarmista que podría llevar al pánico a la audiencia. ¿Cuál de los dos mensajes caló en la audiencia? ¿El alarmista o el tranquilizador? A la vista de nuestra trayectoria en relación al calentamiento global, está claro que fue el de la figura más famosa, que minimizó la acertada previsión del vulcanólogo. 

Casi 42 años después, miles de trabajos científicos han ido apuntalando esa previsión. El último de ellos, el 6º informe de 'El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático' (IPCC), publicado el pasado 9 de agosto, afirma que la subida del nivel del mar anticipado por Tazieff es un proceso irreversible, y que esta subida del nivel engulliría a finales de siglo zonas costeras por todo el globo, incluida la Manga del Mar Menor, afirmación que le valió a una ONG ambientalista una denuncia por parte de una inmobiliaria en 2009 de la que fue absuelta.

El informe del IPCC afirma, además, que se intensificarán tanto las precipitaciones como las sequías extremas, dependiendo de la latitud. Los eventos de subidas del nivel del mar que antes ocurrían cada 100 años pueden ocurrir cada año. Se intensificará la fusión del permafrost, la acidificación de los océanos y la pérdida de hielos árticos y antárticos, afectando al modo de vida de las poblaciones que dependen del territorio para subsistir y a las especies asociadas a esos ecosistemas. El informe incluye, por primera vez, un atlas interactivo donde se pueden comprobar los efectos de la emergencia climática por regiones del planeta. En todas ellas se verifica el aumento lento pero implacable de la temperatura. Ya se da por sentado que el aumento de 1,5 grados centígrados que el Acuerdo de París de 2015 quería evitar es algo irremediable, llegándose a prever un aumento de la temperatura media planetaria de 4,4 grados centígrados a finales de siglo si no varía la tendencia, cosa que parece que estamos abocados a experimentar, a pesar de las repetidas llamadas a la responsabilidad de los gobiernos para revertir la situación. 

Los incendios devastadores de California, Turquía, Grecia; la pérdida masiva de hielo y glaciares en las latitudes altas, las temperaturas extremas que estamos sufriendo (se alcanzó el pasado 11 de agosto en Sicilia el récord absoluto de temperaturas en Europa, con 48,8 grados centígrados, debido a un anticiclón bautizado con el ilustrativo nombre de Lucifer); las DANA que provocan inundaciones asociadas a muertes y pérdidas materiales, cada vez más al norte, ya no son fenómenos exclusivos de la zona mediterránea, como han comprobado en Alemania, Bélgica y Países Bajos. Todas estas llamadas de atención de la naturaleza no hacen sino confirmar lo que, desde hace décadas, nos vienen advirtiendo los expertos.

¿Significa esto que debemos resignarnos a sufrir los efectos de la emergencia climática? No, pero la manera de revertir estos efectos supone tomar unas medidas drásticas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hasta alcanzar las emisiones cero en 2050. Eso significa cambiar radicalmente el modo de producción, nuestra manera de movernos, modificar nuestros hábitos de consumo, incluso nuestra manera de divertirnos. Los gobiernos deben tomar decisiones rápidas y valientes, a menudo en contra de los lobbies económicos, en nombre del interés general. ¿Estamos dispuestos a ello como sociedad? ¿Es alarmismo? No, es la realidad.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/alarmismo-no-realidad_132_8218050.html?fbclid=IwAR2v2QydiWVutDz3zQUoc9tfXqF-9WAkatFJxAmtoHSmwYY4DCctPHhx-Tk

lunes, 15 de abril de 2019

MUNICIPIOS POR EL CLIMA

Fuente: EFE
Recién dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral de las generales, y a pocas semanas de iniciarse la campaña para las autonómicas y municipales, es el momento de recordar que el mejor cortafuegos contra el cambio climático se construye desde los municipios, desde lo más cercano, donde la ciudadanía puede aportar su grano de arena para revertir este fenómeno que parece imparable.

En ese sentido, desde las instituciones internacionales y los organismos estatales hay intentos de consensuar medidas que puedan ser aplicadas desde los ayuntamientos. Así, la Alianza por el Clima, un organismo creado en 1990 con sede en Frankfurt, reúne a más de 1.700 poblaciones y regiones de 26 países europeos (una red a la que sólo una ciudad española, Barcelona, se sumó en 2010) con una tarea común: la de intercambiar experiencias y apoyar iniciativas encaminadas a reducir las causas del cambio climático desde una perspectiva municipal, con el objetivo de aprobar resoluciones municipales en las cuales se comprometen a reducir el 10% de las emisiones de CO2 cada 5 años, lo que equivale a la mitad de las emisiones hasta el 2030.
En octubre de 2018 se aprobó la llamada Declaración de Barcelona, por la que los municipios asociados a la red se comprometen a aplicar las medidas aprobadas en la COP21 de Paris 2015, para evitar que la temperatura global supere los 1,5ºC con respecto a 1990.
A nivel estatal, la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) creada en 2005, reúne a más de 300 corporaciones locales, número que supone el 60% de la población española. Desde este red se organiza una serie de actividades de formación, conferencias, cursos, convocatorias de premios e impulso de iniciativas, a menudo desconocidas para el gran público.
Sus objetivos son aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales, colaborar en proyectos conjuntos con los municipios, actuar como foro de intercambio de experiencias y desarrollar acciones de información y sensibilización.
Pero a pesar de los buenos propósitos, no parece que estas redes estén consiguiendo el efecto deseado. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, y no hay señales claras de que los ayuntamientos asociados apliquen medidas efectivas para que se mitiguen los efectos del cambio climático. Por ello, hace unas pocas semanas, el partido verde andaluz, EQUO-Verdes, presentó un documento en el que se recogen las 12 medidas que deberían implementarse para reducir las consecuencias y eliminar las causas del cambio climático desde el ámbito municipal.
Estas medidas pasan por parar la instalación de macrogranjas, fomentar el transporte público multimodal, un acceso fácil a la vivienda, y un aire más limpio. Se propone dar prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al transporte público, y multiplicar los espacios verdes en nuestros pueblos y ciudades. El plan contempla igualmente medidas para impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de energía; promover un modelo 100% público del suministro de agua; fomentar nueva cultura de consumo responsable y ético y la economía circular; y recuperar la gestión directa de los servicios municipales básicos. Además, se propone  la puesta en marcha de caminos escolares (a pie o en bici), la dotación de huertos solares y agrícolas, el diseño bioclimático de los edificios, y la implantación de comedores escolares con productos ecológicos y de proximidad.
Estas medidas pueden y deberían ser aplicadas de inmediato y, en este periodo electoral, deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía a la hora de elegir las opciones políticas a las que votar, para conseguir que nuestros pueblos y ciudades sean entornos más habitables y saludables, además de que se puede conseguir con ellas el principal objetivo, alejarnos del punto de no retorno de un aumento de la temperatura media capaz de cambiar el clima de un modo incompatible con la supervivencia del ser humano en nuestro planeta.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:


lunes, 25 de febrero de 2019

OBJETIVOS INCUMPLIDOS

Fuente: EFE
Europa está cada vez más alejada de los objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energías renovables y eficiencia energética. De hecho, el informe Brecha de Emisiones 2018 presentado el pasado mes de noviembre por el PNUMA indica que las emisiones volvieron a aumentar tras tres años de estabilidad. En 2011, la UE se marcó como objetivo el llamado Plan 20-20-20, es decir, que para 2020 se debería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional), además de ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20% del total del "pool" energético.

Sin embargo, los datos no invitan al optimismo. En 2017, las emisiones en el conjunto de la UE no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron en un 1,8 % respecto a 2016, según Eurostat. En el cómputo planetario, 2018 supuso un récord, ya que aumentaron en un 2,7 %, debido sobre todo a los países más industrializados, EE.UU., China y la India. Nada sorprendente, habida cuenta de las declaraciones del ínclito Donald Trump, en las que niega a existencia del cambio climático, o las del presidente de Brasil, Bolsonaro, tildando de “conspiración marxista” este fenómeno.
Una vez que los objetivos 20-20-20 no se cumplen, la UE pasó a marcarse unos nuevos objetivos con el Marco sobre Clima y Energía para 2030, en el que se pretende reducir las emisiones de GEI en un 40% en 2030, en comparación con 1990, alcanzar el 27% del consumo de energía renovable, y aumentar la eficiencia energética en un 27%. Las principales organizaciones ecologistas calificaron de “insuficientes y muy bajos” esos objetivos. En noviembre de 2018 la UE, a través de su comisario de Energía, el español Miguel Angel Arias Cañete, anunció la intención de reducir a cero las emisiones de GEI para 2050. Por muy encomiables que sean estos propósitos parecería que se están marcando objetivos cada vez más ambiciosos a medida que los datos indican lo contrario, en un ejercicio más de buenos deseos que de aplicación de medidas efectivas y, sobre todo, que vayan acompañadas de sanciones si los países miembros de la UE incumplen lo acordado.
¿Y cuál es la situación en España? En 2017, según los últimos datos disponibles, España fue el cuarto país de la UE donde más crecieron las emisiones de GEI, con un 7,4 %, sólo por detrás de Malta (+12,8 %), Estonia (+ 11,3 %) y Bulgaria (+8,3 %). El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Transición Ecológica, hizo un intento de aportar soluciones a esta situación, proponiendo en septiembre de 2018 un impuesto sobre el diésel, en aplicación de la llamada "fiscalidad verde", herramienta útil para paliar la situación, pero ante las fuertes protestas del sector automovilístico, se rebajaron las intenciones, calificándose la medida como un simple "globo sonda". También la deseada Ley sobre Cambio Climático se ha quedado en nada tras la convocatoria de elecciones generales, pues, a pesar de haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de febrero, no podrá ser tramitada en el Congreso, por lo que todo estará en función de la composición del nuevo gobierno surgido de las urnas el próximo de 28 de abril.
En España, actualmente, la fiscalidad verde, aplicada sobre todo a los motores de combustión, supone solamente el 5,32 % del total de la recaudación vía impositiva, con un montante de 21.382 millones de euros en 2017, cuando en el conjunto de la UE se llega al 6,1 %, queriéndose alcanzar el 10 %. Nuestro país está, por tanto, por debajo de la media de la UE. Pero no parece que se esté por la labor de aumentar esta cifra, y sobre todo por parte de la derecha española, que basa su reclamo electoral en una bajada generalizada de impuestos, usando un argumento populista, a la par que irresponsable que, además de vaciar las arcas del Estado, nos alejará aún más del objetivo de reducir nuestras emisiones.
Afortunadamente, dos son las señales que nos indican el camino. Por un lado, la reciente aprobación por parte de la UE de una nueva regulación que atañe directamente a los fabricantes de camiones, que tendrán que reducir las emisiones de CO2 de sus productos en un 15% de aquí a 2025 y un 30% en 2030. Y por otro, la movilización de la juventud europea (y parece que también española) para exigir a los políticos que actúen de manera efectiva contra el cambio climático. Esperemos que sea el inicio de un cambio de rumbo, más allá de las buenas palabras y los objetivos que nunca se cumplen.
Artículo aparecido hoy en eldiario.es:

lunes, 31 de diciembre de 2018

LA ESPAÑA DEL NO-DO

El acuerdo del PP y C’s, con el beneplácito de Vox en Andalucía, y las declaraciones ultrareaccionarias de Pablo Casado y Albert Rivera, compitiendo pon el espacio electoral de Santiago Abascal y sus huestes nos retrotraen a esa época infausta donde los derechos brillaban por su ausencia, las mujeres eran un cero a la izquierda y protestar era sinónimo de pisar la cárcel. Nos transportan directamente a la España del NO-DO y en blanco y negro.
La derecha extrema española (la única que hay, en mi opinión, ante la ausencia de una derecha moderada y moderna en nuestro país), representada por esos tres partidos, se ha confabulado para sacar a la luz los peores instintos de ese sector de la sociedad maltratada por la crisis, sustituyendo la propuesta de soluciones que mejoren la vida de la gente por soflamas que apelan a símbolos vacíos de contenido para muchos, como “patria”, “bandera”, “unidad”, “enemigos de España”, como si, con esos conceptos, las familias vulnerables pudieran llegar a final de mes, evitar ser desahuciadas o impedir que se les corte la luz.
Los que tienen nostalgia de la España del NO-DO no quieren que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español, de los más bajos de Europa, supere los 750 €, ni que las pensiones se actualicen con el IPC. Tampoco aceptan que se tomen medidas para evitar la nueva burbuja inmobiliaria, sobre todo en los precios de los alquileres, haciendo imposible la emancipación de los jóvenes y facilitando las ejecuciones hipotecarias. La España en blanco y negro no hará nada para aumentar el parque de viviendas sociales, de los más bajos de Europa, sino que, al contrario, y como ya se ha comprobado en el ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella, prefieren venderlas a los fondos buitre haciendo que las arcas públicas pierdan ingresos. 
La España del NO-DO quiere que los ingresos del Estado sean cada vez menores, vendiéndonos una bajada de impuestos que, en realidad, sólo favorece a las clases pudientes y a las grandes empresas, dejando las arcas públicas temblando y poniendo en peligro el pago de las pensiones públicas y los salarios de los empleados públicos. Prefieren que la gente se abra planes de pensiones privados, favoreciendo una vez más a los bancos y dejando que éstos especulen con esos fondos, a menudo invirtiendo en negocios turbios como la venta de armas. 
Pese al envejecimiento de la población, la España del NO-DO quiere impedir la entrada de inmigrantes que puedan equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, llevando a nuestro país al colapso por falta de mano de obra. España será en breve el país más envejecido del mundo y, según la OCDE, se estima que el sistema necesitará más de cinco millones de extranjeros hasta 2050. Seguir difundiendo falsedades sobre la inmigración es el modo que tienen PP, C’s y Vox de ganar adeptos, aunque ello suponga una grave desventaja en el futuro.
Tampoco quieren que se deje de favorecer a las empresas energéticas. Frente a la supresión del conocido como impuesto al sol y la vía libre al autoconsumo, la España en blanco y negro es partidaria de que los precios de la energía suban cada vez más (es la factura de la luz más cara de Europa), aumentando el número de familias que atraviesan una situación de pobreza energética (un problema que afecta a 4,6 millones de personas en nuestro país) mientras que las grandes empresas aumentan sus beneficios. 
La derecha ultramontana no moverá un dedo para disminuir nuestras emisiones de CO2, siendo el país de la UE que, junto con Portugal, más ha aumentado las emisiones con respecto a 1990, el año de referencia del Protocolo de Kyoto, un 12,9%, muy lejos del objetivo de reducir las emisiones en un 35% para 2030. No implementará medidas para reducir la contaminación atmosférica de nuestras ciudades, siendo ésta la causante casi 100.000 muertes prematuras por afecciones pulmonares en los últimos 10 años en nuestro país.
El año 2019 que se nos avecina podría ser la vuelta a la España en blanco y negro y la del NO-DO, o podría ser la oportunidad de aplicar políticas que favorezcan a la mayoría. En nuestras manos está.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:

domingo, 2 de diciembre de 2018

LA BOMBA DE RELOJERÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Al movimiento ecologista se le suele aplicar el sambenito de agorero, alarmista, y que sólo pretende asustar a la población con sus predicciones negativas de desgracias sin fin. Pero los continuos estudios que van saliendo a la luz no invitan al optimismo.
El último de esos estudios acaba de ser publicado el pasado lunes 19 de noviembre por la revista Nature Climate Change. Según él, la mitad de la población mundial (es decir, más de 4.000 millones de personas) se verá amenazada por catástrofes masivas y simultáneas de aquí al año 2100, principalmente a través de incendios, hambrunas y sequías.
A esta conclusión se ha llegado tras el análisis de 3.300 estudios publicados sobre cambio climático desde 1980. Una de las consecuencias de estos análisis es que, según estos estudios, realizados por un grupo de más de 20 expertos, la economía, la salud, el agua y la alimentación se verán afectadas de 467 maneras diferentes. Las zonas más afectadas serán África, Asia, Sudamérica, Centroamérica y las zonas costeras en general.
¿De qué modo afecta a la humanidad este fenómeno? Incendios, inundaciones, sequías y olas de calor causan la muerte directa de cientos de miles de personas. De modo indirecto, el aumento de las epidemias de enfermedades tropicales (paludismo, malaria, dengue, cólera…) debido al aumento de la temperatura media del planeta y a las grandes precipitaciones también producen una mayor mortalidad. A este respecto son significativos los casos de dengue que se han verificado en la Región de Murcia, en los que las personas afectadas han enfermado del virus sin haber viajado a zonas de transmisión, así como la presencia de mosquitos tigre en 31 de los 45 municipios de la región, insectos propios de otras latitudes y transmisores de enfermedades tropicales. Los riesgos climáticos afectan también a la salud mental. Depresiones y casos de estrés post-traumático son moneda corriente en las personas afectadas por estas catástrofes naturales.
Las actividades económicas también se ven perjudicadas por los avatares climáticos, la agricultura y la ganadería de forma directa, la pesca de forma indirecta por la acidificación de los océanos. Estas pérdidas en la producción conllevan un aumento de los precios de los alimentos, con el consiguiente perjuicio para las familias, acrecentando las hambrunas y el fenómeno asociado, las migraciones, que constituye actualmente una de las mayores preocupaciones a nivel global. Las migraciones por razones climáticas son, de lejos, las más numerosas, con un promedio de 25,4 millones de personas desplazadas por desastres naturales cada año, una cifra que representa más del doble del número de personas desplazadas debido a conflictos y violencia.
Será necesario realizar una adaptación sin precedentes para atenuar los efectos del cambio climático, aunque no sea posible evitarlos, como estamos comprobando. Las continuas inundaciones que sufrimos en nuestro país en lo que va de otoño o el salvaje incendio de California son dos pruebas más de la virulencia de este fenómeno. Se da la paradoja de que los países llamados del “primer mundo”, en el que España está incluida, serán los que mejor se adapten a los cambios necesarios, pero serán los países en desarrollo los que, además de no ser los principales causantes del cambio climático, sufrirán sus efectos devastadores.
Tal vez cuando los gobiernos se den cuenta de que el cambio climático afecta a corto plazo a la economía, se pondrán manos a la obra para aplicar medidas. La falta de agua afecta a la agricultura, las inundaciones arrasan con todas las construcciones instaladas en zonas inundables, con cuantiosas pérdidas humanas y económicas, al igual que con los incendios; la casi segura subida del nivel del mar afectará al turismo de sol y playa, la escasez de nieve tendrá efectos directos en el turismo invernal de las estaciones de esquí, etc. A esto hay que sumar las consecuencias a medio plazo enumeradas más arriba.
¿Cuál es el único modo de revertir la situación? Solo cumpliendo lo acordado en la COP21 en Paris, es decir, mantener el aumento de temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, y, si es posible, en 1,5, habrá alguna esperanza de que no nos encaminemos hacia una vía sin retorno. Si no, la bomba de relojería que es el cambio climático amenaza con explotar en cualquier momento.
Artículo aparecido hoy en el diario.es:

martes, 12 de diciembre de 2017

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Dos estudios relativos al cambio climático aparecidos recientemente nos hacen reafirmarnos en la urgencia de abordar seriamente este problema. Uno de ellos, publicado en la revista Nature esta misma semana por dos investigadores de la Universidad de Stanford, plantea que los modelos utilizados hasta ahora por los gobiernos están subestimando el calentamiento global del futuro. Así, su modelo predice que, antes del final del siglo, la temperatura media del planeta subirá en 4ºC con una probabilidad del 93%, frente a las previsiones más optimistas que cifraban en el 62% esa probabilidad. Si el Acuerdo de París considera urgente limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2030, y en la COP22 celebrada en Bonn el pasado mes de noviembre los países se comprometieron a aplicar medidas para conseguirlo, este estudio puede echar por tierra las previsiones, dejando cortas las medidas que se están planificando. Las consecuencias de este augurio son conocidas: deshielo y reducción de las capas polares; aumento del nivel de los océanos, afectando a las localidades ribereñas y acidificación de las aguas, poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos; cambios extremos en el clima, como inundaciones, huracanes y sequías. En definitiva, la propia supervivencia del ser humano está en cuestión si estas previsiones se cumplieran.
“En los próximos 50 años, entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región o a otro país si el ser humano no frena el cambio climático, según ACNUR”
El otro estudio, o más bien la advertencia, proviene del vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana y experto en economía relativa al medio ambiente, Alejandro Guevara, quien en México D.F. alertó la pasada semana del hecho de que “las variaciones extremas en las lluvias del África Sahariana provocadas por el cambio climático incrementan hasta un 50% la probabilidad de que haya una guerra”, con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de las migraciones y las peticiones de asilo. Son los llamados “refugiados climáticos”, surgidos por la influencia directa de este fenómeno, categoría de refugiados ya contemplada por la ONU. Según cálculos de ACNUR, en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático.
Pero no todo son malas noticias. El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Alianza Solar Internacional (ISA en sus siglas en inglés), un grupo de 121 países ricos en recursos solares, casi todos países en desarrollo, además de Francia, cuyo objetivo es facilitar y acelerar el despliegue a gran escala de la energía solar en esos países, hasta un total de 1.000 gigavatios (1 billón de vatios), con la aportación de 1.000 millones de dólares de aquí a 2030. Esta iniciativa, surgida del Acuerdo de París en 2015, pretende generalizar el uso de la energía solar en los países participantes en la Alianza, consiguiendo su autonomía energética. Es curioso que España no participe en esto, aunque no es extraño, vista la cruzada emprendida por el gobierno de Rajoy a partir de 2012 contra este tipo de fuente renovable de energía, todo para defender los intereses de la todopoderosa patronal de la energía Unesa.
Otra iniciativa interesante proviene también de Francia. El ministro de la Transición Ecológica y Solidaria del gobierno galo, Nicolas Hulot, se reunió casi al mismo tiempo que entraba en vigor la Alianza antes citada con una veintena de representantes de países del llamado grupo de “amigos del Pacto Mundial para el Medio Ambiente” para sentar las bases de dicho pacto. Este proyecto fue presentado en septiembre pasado por el presidente Macron en la sede de la ONU junto al expresidente de la Cumbre de París, Laurent Fabius, y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, con el objetivo de “contribuir a frenar el calentamiento global y el deterioro del planeta”. Consta de una treintena de artículos en los que se recogen, entre otros, los principios de precaución y de reparación por el que quien contamina paga.
Por último, otro evento relacionado con la preservación del planeta tendrá lugar este martes 12 de diciembre en París, la One Planet Summit, una jornada de trabajo en la que se estudiarán acciones concretas, desde los ámbitos públicos y privados, para revertir el cambio climático, sobre todo desde el punto de vista de su financiación. Ante la cal de los posibles efectos dañinos del cambio climático, que ya estamos padeciendo, surgen iniciativas que son la arena en clave positiva para intentar paliar esos efectos y actuar sobre las causas últimas. Esperemos que esto cale en la sociedad y sea el comienzo de un cambio de actitud de los gobiernos.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

lunes, 10 de julio de 2017

UNA CUMBRE SIN SORPRESAS

El pasado sábado terminó la XII Cumbre del G20 en la ciudad de Hamburgo, acontecimiento del que hemos tenido más información, por parte de los medios generalistas, de los actos violentos de unos pocos que de los acuerdos alcanzados, como suele ser normal en este tipo de reuniones, en un intento de criminalizar las protestas, mayoritariamente pacíficas, como la ya famosa performance de los zombis que deambulan por las calles de Hamburgo.
Las conclusiones más notables de dicha cumbre no invitan al optimismo, cerrándose con un acuerdo minimalista. En el comunicado final, se enfatizan aspectos que nos alejan de un futuro sostenible y pacífico, como el control de las fronteras frente a la migración, obviando las razones que llevan a millones de personas a huir de sus países de origen para escapar de los conflictos armados, a menudo consecuencia directa de las acciones de los países occidentales durante décadas en esas regiones del planeta.
“Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso”
En relación a lo anterior, se ha hablado de terrorismo, implementándose medidas de coordinación entre los países para luchar contra este fenómeno, pero sin ir a las causas últimas que originaron el terrorismo yihadista, las cuales, según los expertos, están relacionadas, entre otras razones, con las nefastas políticas internacionales llevadas a cabo por Occidente desde los años de la “guerra fría”, la invasión soviética de Afganistán, la guerra de Irak, el papel de Irán y Turquía, o el apoyo a la dictadura saudí (miembro, por cierto, del G20). Además, parecen olvidar que la mayoría de los países que sufren las acciones terroristas son los países de origen de los refugiados.
En el transcurso de la cumbre no se han concretado medidas para luchar contra los paraísos fiscales; Oxfam acaba de denunciar que sólo un país, Trinidad y Tobago, aparece en los documentos finales de la cumbre como “paraíso fiscal”, tildando de broma de mal gusto la ausencia de los 15 países calificados como tales en su informe “Guerras fiscales”. La intención de mantener un “mercado abierto” trasluce el dominio de las grandes multinacionales, al afirmarse, desde la cumbre, que “las inversiones internacionales son motores importantes para el crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo”. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso.
Buena prueba de ello la tenemos en la negativa de EEUU (y de Turquía) a confirmar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, como ya había anunciado Trump el pasado 1 de junio, por “colocar en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses”, según palabras del propio presidente del segundo país que más gases de efecto invernadero emite del mundo, con un 15% del total, sólo por detrás de China, que emite el 30%. La buena noticia la encontramos en la clara intención de los demás 19 países del G20 de seguir trabajando en la aplicación del Acuerdo de Paris.
En resumen, creo que esta cumbre no supone ninguna sorpresa, y que el modelo económico imperante, basado en el crecimiento económico como dogma, que tantas desigualdades crea entre el Norte y el Sur, seguirá en las agendas tanto de los países más industrializados del mundo, que forman parte del grupo del G8, como de los llamados países emergentes (Brasil, México, India, China, Sudáfrica, etc.), además de la UE. Deberemos esperar, mientras seguimos exigiendo que es urgente cambiar el paradigma, para asegurarnos un futuro ambientalmente sostenible, y socialmente justo.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 21 de junio de 2017

LA DECISIÓN DE TRUMP, UNA MALA NOTICIA PARA EL PLANETA

Dentro de unos pocos días se va a celebrar, un año más, el Día Mundial del Medio Ambiente, marcado por el anuncio del presidente Trump de la retirada de EEUU del Acuerdo de Paris, acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 por parte de 195 países para mitigar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, sólo dos países, Siria y Nicaragua, se habían negado a firmar el acuerdo. A este reducido club se suma ahora el gigante norteamericano, situación que hace temer que otros países le secunden, echando por tierra las pretensiones de reducir la temperatura media de la Tierra, evitando que se sobrepase la fatídica cifra del aumento en 2º C de esa temperatura en relación a la era pre-industrial, lo que, para los expertos, supondría el punto de no retorno en el calentamiento global del planeta.
Esta mala noticia, a sólo unos pocos días de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hace pensar lo peor en la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno, aceptado por la inmensa mayoría de la comunidad científica agrupada en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo dependiente de la ONU, está ya trastocando el clima, con el aumento registrado de inundaciones, sequías o incendios forestales, cuya mitigación ya cuesta miles de millones de euros cada año.
“Seguir con el paradigma del crecimiento económico supondrá acelerar el cambio climático, con olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura y en el turismo de costa, y la progresiva disminución de los recursos hídricos”
EEUU es el segundo país del mundo en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sólo por detrás de China. Pero con esta decisión del presidente Trump, volverá a ser el primero, acercándonos un poco más al muro del colapso en todo el planeta. Ya en 2012, el magnate calificaba en su cuenta de Twitter, su red social favorita para transmitir sus decisiones e ideas, el concepto de calentamiento global como una invención de China para perjudicar a las empresas norteamericanas (sic), una idea bastante peregrina alejada de la realidad. Paradójicamente, las grandes empresas norteamericanas como Google, Apple o la petrolera Exxon Mobil, entre otras, critican esa decisión, porque puede alejar a EEUU de la carrera por la tecnología relacionada con las energías renovables.
Desde que se está celebrando el Día Mundial de Medio Ambiente, a partir del 5 de junio de 1972, hemos pasado de emitir 15.000 megatoneladas de CO2 a las actuales 30.000 megatoneladas. La población mundial ha pasado en este periodo de tiempo de unos 3.850 millones a más de 7.500 millones de habitantes en la actualidad, casi el doble, aumentando exponencialmente la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas. Según el informe Living Blue Planet realizado por WWF, entre 1970 y 2012 se ha verificado un descenso en un 49% en las poblaciones marinas de interés pesquero, poniendo en peligro la seguridad alimentaria, y siendo el Mediterráneo el mar más afectado, ya que se capturan cada año alrededor de 1,5 millones de toneladas de peces, el 95% de los stocks están sobreexplotados y el 89% agotados. En 2008 alcanzamos el pico del petróleo, es decir, el momento en el que se llegó a la extracción de la mitad del crudo encerrado en el subsuelo, a partir del cual es más caro y difícil extraerlo, y en los próximos años alcanzaremos ese pico en otros combustibles (gas natural, carbón) y minerales (hierro, aluminio o cobre). Estos cambios nos indican que la situación está lejos de estar solucionada, y la decisión de Trump nos aleja aún más de esa solución.
Hasta ahora, la lucha contra el cambio climático es sólo un apartado en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos, dentro del epígrafe de Medio Ambiente. Pero esto tiene que ir cambiando. Desde la ecología política se entiende toda la actividad económica y social desde una visión global, con el fin último de evitar el colapso del sistema, debido al calentamiento global por la emisión cada vez mayor de GEI y su consecuencia directa, el cambio climático. El crecimiento económico, base del sistema capitalista, sigue siendo el dogma de la mayoría de los países, ya estén gobernados por ultraliberales o socialdemócratas. Pero los expertos nos advierten de que seguir con ese paradigma supondrá acelerar el fenómeno del cambio climático, con consecuencias ya estudiadas: olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura, en el turismo de costa, además de la progresiva disminución de los recursos hídricos.
La decisión tomada por Donald Trump es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. A cambio, debe hacer reflexionar a los gobiernos europeos y al español sobre la acuciante necesidad de contrarrestar esa irresponsable posición, liderando la aplicación de medidas para disminuir las emisiones de GEI en el continente y salir del dogma del crecimiento o, como dice Serge Latouche, salir del imaginario dominante.

Artículo publicado el pasado 2 de junio en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/06/decision-trump-una-mala-noticia-para-planeta

EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS IMPONE SUS CONDICIONES

Recién entrados en el verano, algunos datos nos confirman que el cambio climático está aquí para quedarse. Las sucesivas olas de calor que asolan nuestro país, el comienzo de la temporada de incendios, inaugurada con el terrible incendio que ha sufrido Portugal, la falta de agua en el sureste para la agricultura, son signos que nos indican que, año tras año, las consecuencias del fenómeno ambiental de dimensión global por antonomasia son cada vez más graves, pero nuestros gobernantes aún no se han dado por enterados.
Según los expertos, las crecientes olas de calor que sufrimos son debidas a la cada vez menor diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Polo Norte, por lo que son atraídos hacia Europa masas de aire del norte de África, aire seco y muy cálido. Nuestra región es la zona más sensible a estas olas de calor, asociadas a periodos prolongados de sequía y ausencia de precipitaciones. Está comprobado que el Ártico está cada vez más caliente. Sin ir más lejos, se ha recopilado la evolución de las temperaturas en el Ártico entre 1958 y 2016. En diciembre de 2016 se observó una anomalía en el Polo Norte, por el que esta región está 20ºC más caliente de lo que debería en esa época del año. La subida de las temperaturas por encima del punto de congelación hace que el hielo ártico se derrita, que se acelere la emisión del metano encerrado durante milenios en el permafrost, capa permanentemente helada, hasta ahora, gas que tiene un efecto invernadero 23 veces más elevado que el CO2, por lo que entramos en una espiral de aumento de emisiones, agravamiento del calentamiento global y mayor frecuencia de olas de calor.
“El modelo agrícola intensivo en nuestra región es demandante de cantidades ingentes de agua, y dependiente de un trasvase de una cuenca, la del Tajo, cada vez con mayor escasez de caudal”
En cuanto a la escasez de agua, asistimos día tras día a la falta de imaginación del sector agrícola, volviendo a a reclamar agua de donde sea y como sea, apoyados por el partido que gobierna en la Región de Murcia desde hace 22 años, que prometió, en un ejercicio de populismo irresponsable, que los agricultores murcianos tendrán agua “para siempre”, llegando a definirse nuestro flamante presidente como “trasvasista”, e ignorando, no sé si de forma premeditada, que la escasez de agua será algo con lo que tendremos que convivir a partir de ahora. El modelo agrícola intensivo que se practica en nuestra región, con productos que van destinados principalmente a la exportación, es demandante de cantidades ingentes de agua, y dependiente de un trasvase de agua de una cuenca, la del Tajo, que está cada vez en condiciones de mayor escasez de caudal. Los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía), origen del trasvase Tajo-Segura, se sitúan en el 15% de su capacidad total y por debajo del umbral mínimo no trasvasable. Seguir reclamando agua de donde no hay es de una gran irresponsabilidad.
¿Y qué soluciones se barajan ante los problemas que sufrimos? Según los expertos, la prevención de los incendios forestales a medio y largo plazo pasa por la reactivación del mundo rural, mejor modo de garantizar la correcta conservación de los bosques, con la ganadería extensiva como método natural de limpieza de montes, con una política silvícola que apueste por especies arbóreas autóctonas, huyendo de las especies de crecimiento rápido, elegidas para su aprovechamiento económico, pero de gran capacidad combustible. En cuanto al problema del agua, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, se impone un cambio de modelo productivo agrícola y turístico, con la gestión de la demanda como medio para adecuar las actividades económicas a la disponibilidad de agua, y no al revés, como se ha ido haciendo hasta ahora, al tiempo que se declare una moratoria para todos los proyectos planteados de consolidación y ampliación de regadíos, de acuerdo a lo establecido por la Directiva Marco del Agua.
De nuestra adaptación a las nuevas condiciones que nos impone el cambio climático dependerá nuestro desarrollo futuro, que tiene que ir unido indefectiblemente a la toma en consideración de los límites ambientales que nos pone la Naturaleza. Ir en contra de esas condiciones es condenarnos a que la situación se agrave en un futuro próximo, siendo cada vez más difícil la solución.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 4 de abril de 2017

LA FALTA DE AGUA, SÍNTOMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los últimos datos parece que confirman lo que ya se sabe. Los embalses españoles se encontraban al final del mes de marzo al 59,1% de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península, cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. Estos datos son debidos, sin duda, entre otras cosas, al cambio climático, a pesar de la negación del origen antrópico de la aceleración de este fenómeno por parte de algunos sectores, cuyos efectos se van a traducir en la conversión de nuestro país en general y de nuestra región en particular en una zona azotada por las sequías con cada vez mayor frecuencia.
Una de las zonas afectadas es la cabecera del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía que, actualmente, sólo almacenan menos del 18% de su capacidad total. A pesar de ello, desde las instituciones de la Región de Murcia, con el “investigado” Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, secundado por el Sindicato Central de Regantes, celebraron el pasado 31 de marzo los 38 años de existencia del trasvase Tajo-Segura, reclamando la continuidad de esta obra faraónica que, en la época de su construcción, en los años setenta del siglo pasado, tal vez tenía su razón de ser, sobre todo porque se desconocía los efectos del cambio climático y las consecuencias de los grandes trasvases, pero que, en pleno siglo XXI, está demostrando estar condenada, en mi opinión, y en la de los principales grupos ecologistas, a una creciente inoperancia.
"Cuando, desde la Región de Murcia, se afirma alegremente que en el resto de España no falta agua, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos"
Cuando, desde la Región de Murcia, se reclama “solidaridad” con las regiones secas, se olvida que las regiones “cedentes” de agua están sufriendo también los efectos del cambio climático. Cuando se apela a los regadíos como fuente de crecimiento económico y riqueza, se olvida que este crecimiento ha dado como resultado efectos colaterales indeseables, como la degradación tal vez irreversible del Mar Menor, así como el impulso de un tipo de agricultura intensiva basada en pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo que, además de afectar a la salud, agrava las emisiones de CO2. Cuando se afirma alegremente que “en el resto de España no falta agua”, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos. Cuando se continúa reclamando desde el recién creado Círculo por el Agua, que agrupa a los regantes de Murcia, Alicante y Almería, más agua para estas provincias, se obvia que la falta de este elemento marcará el devenir del presente siglo, hablándose incluso de una futura “guerra del agua”.


Lo que está claro es que la tendencia de los últimos años nos hace pensar que el problema de la falta de agua no sólo está lejos de solucionarse, sino que aún puede agravarse. El aumento, año tras año, de la temperatura media del planeta afecta al funcionamiento general del clima, produciéndose un menor régimen pluviométrico en determinadas regiones, como la nuestra; por otro lado, la alternancia de periodos de sequía con inundaciones puede provocar la contaminación del agua, según un reciente estudio publicado en la Universidad de Kansas.
Desde la Ecología Política venimos reclamando desde hace años que se articulen medidas para luchar contra el cambio climático, pero no parece que los gobiernos sigan este consejo. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva situación de escasez de agua, menos traumática será la transición ecológica de la economía, es decir, el paso de una economía basada en los combustibles fósiles, generadora de emisiones de CO2 y agravante del cambio climático, a una economía basada en las energías renovables, el consumo responsable y el empleo verde, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 11 de marzo de 2017

DIRECTOS AL MURO DEL COLAPSO

Dos noticias recientes nos hacen ser pesimistas con respecto a la consideración que del cambio climático tienen los poderes económicos y políticos mundiales. El pasado jueves 9 de marzo, el máximo responsable de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, el recientemente nombrado Scott Pruitt, puso en duda el hecho de que el ser humano fuera “un contribuidor principal al calentamiento global”. También ha calificado el Acuerdo de París COP21 como de “mal acuerdo”, abriendo la posibilidad de que EEUU se retirara de dicho acuerdo. Pruitt, antes de ser colocado a la cabeza de este organismo, y como fiscal general en Oklahoma, demandó 14 veces a la Agencia, representando al lobby de la energía para bloquear iniciativas del anterior presidente Obama, como la que forzaba a las centrales eléctricas de carbón a reducir sus emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI). Posiblemente ese fue el detonante para que Donald Trump, otro escéptico del cambio climático, lo colocara, cual caballo de Troya, en ese puesto.
"España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones"
La otra noticia, lanzada a los cuatro vientos por los medios de comunicación “oficiales” del Gobierno español, se refiere al mayor descubrimiento de petróleo desde hace décadas, en Alaska, por parte de Repsol junto a su socio estadounidense, hablándose de hasta 1.200 millones de barriles de crudo almacenado en suelo norteamericano, cantidad que podría reportar hasta 60.000 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad, que parece desorbitada, sólo alcanzaría, al nivel de consumo actual, a abastecer a un país como España durante sólo 3 años.
La negación del cambio climático, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la comunidad científica, por parte de la administración Trump, puede abrir la puerta a una etapa de aceleración de este fenómeno, que ya estamos sufriendo, como la reciente ola de frío polar en nuestro país en el mes de enero, seguido de una ola de calor este mes de marzo, y los continuos récords de temperatura que, año tras año, alcanzamos.
En España, a pesar de las declaraciones de los representantes del Gobierno, como la ministra Tejerina, que recientemente anunció la intención del ejecutivo de elaborar una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y el Agua, estamos aún lejos de alcanzar el objetivo del Protocolo de Kioto, es decir, el de reducir las emisiones totales de los seis GEI en al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990, año tomado como referencia. Al contrario, los datos del Observatorio de la Sostenibilidad indican que España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones.
Y la prueba de que en España no vamos aún bien encaminados a reducir nuestras emisiones es que aún no se ha descartado del todo, por parte del partido en el gobierno, el método de extracción de gas de esquisto conocido como “fracking”, ya que, a juicio del ínclito Rafael Hernando, los problemas de la fractura hidráulica “están solucionados hoy en día gracias a la tecnología”. Esto ha obligado al grupo de Unidos Podemos a presentar una Proposición de Ley para prohibir la extracción de hidrocarburos por este método contaminante y causante de impactos diversos sobre el medio ambiente, del que la Región de Murcia no está libre, por los estudios que se iniciaron hace algunos años en la comarca del Noroeste. La negativa de derogar el llamado “impuesto al sol”, que impide el autoconsumo de energías renovables de una forma autónoma y desligada del lobby energético español, es otra de las razones por las que se dude de las intenciones del Gobierno de revertir los efectos del cambio climático en nuestro país.
Vivimos un periodo de incertidumbre. Abordar de forma decidida e inmediata el problema del cambio climático es una garantía de futuro que no podemos posponer más. Cada año que pasa vamos apretando cada vez más el acelerador hacia el muro del colapso. Y no sólo hay que levantar el pie del pedal, sino apretar el freno.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito: