JUSTICIA ECOLÓGICA Y DECRECIMIENTO: UNA LECTURA DEL "MANUAL CRÍTICO DE CULTURA AMBIENTAL" DE PEDRO COSTA

Vivimos unos tiempos convulsos, primero por la situación de pandemia de la que no acabamos de salir, a pesar de las altas tasas de vacunación, y por el avance implacable del calentamiento global, verificado con los récords de temperaturas, las sucesivas olas de calor y olas de frío que recorren el planeta, inundaciones, incendios y demás catástrofes que cuestan vidas humanas y enormes pérdidas económicas. No hay día en que los medios de comunicación, y no solo los especialistas, sino también los generalistas, no nos hablen de cambio climático, degradación de ecosistemas o crisis ecológica. Pero, a menudo, carecemos de la información suficiente y veraz, más allá de artículos y reportajes sensacionalistas que sólo lo tratan de forma superficial, para entender el alcance de éstos y otros fenómenos.

Para cubrir esta necesidad, Pedro Costa Morata (Águilas, 1947), veterano ecologista, profesor universitario, periodista y ganador del Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, acaba de publicar su 'Manual Crítico de Cultura Ambiental' (Editorial Trotta), una obra con vocación pedagógica en la que se abordan los principales problemas ambientales de nuestro tiempo, además de realizar un repaso a las principales propuestas a lo largo de la historia para hacerles frente.

Costa Morata no se deja en el tintero (o más bien en el teclado) casi ningún aspecto. Así, el primer tercio del libro está dedicado a las bases de la vida en nuestro planeta, a pormenorizar qué factores biológicos y físico-químicos han permitido que se desarrolle la vida tal y como la conocemos, además de poner el acento en las acciones humanas que ponen en peligro nuestra supervivencia (contaminación en todas sus formas, superpoblación, extractivismo, acumulación de residuos, etc.).

Nuestra paulatina separación de la Naturaleza a partir de la Revolución Industrial y sus efectos en el medio han provocado la reacción de una parte de la sociedad, acentuada a partir de los años 50 del siglo pasado. El autor desgrana y describe las diferentes formas en las que se ha intentado (y se intenta) contrarrestar las fuerza neoliberales que esquilman los recursos, destruyen los ecosistemas y modifican los modos de vida ancestrales de otras culturas, todo ello en nombre del beneficio inmediato. Estas formas van desde movimientos sociales como el ecologismo, pasando por disciplinas innovadoras como la Economía Ecológica y el Derecho Ambiental, hasta llegar a teorías revolucionarias como es el Decrecimiento.

El tratamiento de estos dos últimos conceptos, el Derecho Ambiental y el Decrecimiento, son de agradecer en este manual, por poco frecuente en obras de este tipo, por su innovador enfoque de nuestra relación con la Naturaleza, el primero con la introducción de la llamada “justicia ecológica”, que entronca directamente con un tema de candente actualidad en nuestra Región como es la ILP para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, y el segundo por constituir un intento de romper con el dogma del crecimiento económico expresado con el PIB, universalmente aceptado en nuestra sociedad pero de dudosa fiabilidad por su ineficacia a la hora de expresar los “efectos colaterales” de la actividad económica.

El último capitulo de la obra trata de los dos problemas posiblemente más graves por los que atravesamos, el cambio climático y la pandemia, la crisis climática y la crisis sanitaria, su origen, desarrollo y posibles soluciones, animándonos a la acción y a la responsabilidad.

En resumen, un libro imprescindible para conocer los principales problemas ambientales de la actualidad, complementado con una amplia bibliografía, la mayoría en español, que nos permite profundizar en aquellos temas que más nos intriguen e interesen.

Reseña aparecida el 14 de diciembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/leer-el-presente/justicia-ecologica-decrecimiento-lectura-manual-critico-cultura-ambiental-pedro-costa_132_8576794.html?fbclid=IwAR1lWqkWgEZLraezDAU5p4AedW5xTdUfsu1LeWbc0ySvdIwyl1lhXj-QJ3k

ECOCIDIO, UN CRIMEN AÚN NO RECONOCIDO

La deriva que está tomando el planeta desde hace décadas debe obligar a los organismos internacionales a incluir un nuevo delito que, hasta ahora, ha quedado impune. Me refiero al llamado ecocidio, término que se refiere a la “destrucción extensa del ecosistema o de un territorio en concreto como consecuencia de la acción directa o indirecta de los seres humanos o de la industria”.

La primera vez que se usó este término fue en la década de los sesenta, como consecuencia de los efectos sobre las personas y el medio ambiente provocados por el llamado Agente Naranja, un herbicida defoliante lanzado sobre la selva de Vietnam por el ejército estadounidense para evitar que las tropas norvietnamitas encontraran refugio. Esta sustancia, desarrollada principalmente por Monsanto, contenía en altas concentraciones una dioxina, el TCDD, que no sólo afectaba al ecosistema, sino que produjo malformaciones en fetos, cáncer, afecciones cutáneas y otras enfermedades, tanto a varias generaciones de vietnamitas como a soldados norteamericanos expuestos a esta sustancia.

“Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud”

Esta semana se han presentado en La Haya las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, tras seis meses de trabajo, como consecuencia de las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y ecocidio por la comercialización de productos tóxicos causantes de la muerte de miles de personas, como el PCB, el glifosato o el propio Agente Naranja. Durante varios días, el pasado mes de octubre de 2016, testificaron ante este tribunal víctimas de los pesticidas provenientes de todo el mundo, veterinarios, toxicólogos, expertos científicos y jurídicos, contando los efectos perjudiciales de la exposición a estas sustancias tóxicas. La compañía estadounidense especializada en biotecnología agrícola Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud. Entre las actividades señaladas por el dedo acusador, el alto tribunal cita la comercialización agresiva de semillas genéticamente modificadas, que fuerzan a los agricultores a adoptar modos de cultivo que no respetan los modos tradicionales, así como los daños al medio ambiente y a la población vietnamita producidos por el Agente Naranja durante la guerra del Vietnam (1955-1975).

Relacionado con lo anterior, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y en el marco de la Semana Sin Pesticidas que se celebró el pasado mes de marzo, se han reunido con representantes de este organismo víctimas de pesticidas y otros agentes químicos, relatando los efectos sobre su salud que ha tenido la exposición durante largo tiempo a herbicidas y pesticidas, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también como consecuencia de fumigaciones en zonas verdes, parques y jardines. Se da la circunstancia de que España es el país europeo con el nivel más alto de consumo de pesticidas. Según la UE, en 2013 (últimos datos disponibles), en España se consume el 19,5% de los pesticidas totales, seguidos por Francia (18,7%), Italia (13,8%) y Alemania (12,3%).

Desgraciadamente, el ecocidio no está contemplado como uno de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma de 1998, sobre los que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción, crimen que se añadiría a los de genocidio y crímenes de lesa humanidad (esclavitud, asesinato, desplazamientos forzosos, violencia sexual, etc.). Es por ello que, desde este organismo jurídico, se insta a que se incluya este delito, declarando en las conclusiones del juicio a Monsanto que “ha llegado el momento de incluir la creación de un nuevo concepto jurídico de ecocidio, persiguiendo a los autores de crímenes que tienen como objetivo o como consecuencia la destrucción del medio ambiente”.

La declaración de ecocidio como uno de los crímenes internacionales permitiría que no sólo las personas individuales, sino también las empresas, puedan ser perseguidas por actividades que atentan contra la salud, el medio ambiente y el derecho a una alimentación sana.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/04/ecocidio-un-crimen-aun-no-reconocido

UN MOMENTO HISTÓRICO

Este año se celebran cuatro citas electorales, dos de las cuales nos afectan directamente a la Región de Murcia, en mayo con las elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año con las generales. Son los primeros comicios desde que el Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en noviembre de 2011. En estos casi cuatro años hemos asistido al retroceso en todos los parámetros sociales y políticos: la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de forma alarmante, el ritmo de los desahucios de viviendas no ha bajado de 120 al día (cinco cada hora), la pobreza alcanza casi al 30% de la población, los jóvenes se ven obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales en nuestro país, la reforma laboral ha precarizado los empleos hasta el punto de que son habituales los contratos de menos de una semana, los índices de paro han aumentado en términos absolutos y los recortes en aspectos como la sanidad y la educación han degradado estos dos servicios básicos hasta llegar a matar a personas, como se está viendo en el caso de los enfermos de hepatitis C a los que se les niega los medicamentos para sobrellevar su enfermedad.

Desde el punto de vista económico, a pesar del triunfalismo del Gobierno, la deuda del Estado es prácticamente el 100% del PIB, mientras que el déficit público es de los más altos del continente. Otros aspectos aprobados por el PP han hecho retroceder en varias décadas los derechos civiles y sociales, como la ´Ley Mordaza´, el aumento del IVA aplicado a espectáculos (cine, conciertos y teatro), a material escolar y a entradas a museos, la introducción de las tasas judiciales o la reciente reforma del Código Penal, apoyada por el PSOE, que introduce la cadena perpetua con el eufemismo de «prisión permanente revisable».

En los aspectos ambientales, las decisiones tomadas tanto por el Gobierno central como el regional, han supuesto la subordinación del medio ambiente a su uso económico, como lo ponen de manifiesto normas nacionales como la Ley de Costas, que pretende compatibilizar los usos con la protección del litoral, aunque ésta última se ve relegada a un segundo plano; la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a las empresas de suscribir un seguro verde para hacer frente a los posible daños ambientales que pudieran causar, o la reciente Ley de Montes, que permite urbanizar en áreas afectadas por un incendio forestal, abriendo la puerta a la especulación.

En la Región de Murcia, después de veinte años de gobierno ´popular´, se ha visto una y otra vez cómo, en nombre de una supuesta recuperación económica y de la creación de empleo, se han apoyan proyectos depredadores del medio ambiente, unos ya ejecutados, como el aeropuerto de Corvera (aunque aún no esté en funcionamiento ni parece que vaya a estarlo), y otros en proyecto, como el macropuerto de El Gorguel, la urbanización de Marina de Cope o el parque Paramount.

En contrapartida, la corrupción campa a sus anchas, no salpicando sino inundando a los dos principales partidos que han gobernado nuestro país los últimos 35 años, demostrando una conexión clara entre los poderes políticos y económicos, con las famosas ´puertas giratorias´ hacia los Consejos de Administración de las empresas energéticas y de comunicación y más que fundadas sospechas de financiación ilegal de partidos políticos.

Este diagnóstico, que nos atrevemos a calificar de realista, es seguramente compartido por todos los colectivos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales del Partido Popular. Las diferentes mareas multicolores, las plataformas anti-desahucios, los jóvenes, los movimientos vecinales, los grupos ecologistas, son un clamor en su reclamación de la recuperación de los derechos sociales, políticos y ambientales sustraídos a la sociedad española, ordenados por los poderes económicos europeos y españoles, y ejecutados por los Gobiernos central y regional. Es obvio que desde la sociedad se pide la unión de partidos políticos, movimientos sociales y personas independientes para construir una alternativa creíble al bipartidismo.

En nuestra región hay varios espacios de confluencia en marcha, algunos con varios años de recorrido, como Alternativa por Santomera, y otros en formación, como Cambiemos Murcia, Cambiemos Molina de Segura, éstos de ámbito municipal, o Ganemos la Región de Murcia. El otro partido en liza, Podemos, se presenta como un espacio de confluencia en sí mismo, pretendiendo agrupar a todas las personas que están en contra del bipartidismo. Pero su limitación estriba en que, al ser un partido político, no representa a todas las sensibilidades. Dividir el voto, dividir las marcas, es crear una confusión innecesaria y contraproducente como estrategia electoral. Una identidad, un proyecto, una estrategia común para todos los murcianos es una estrategia para llevar el cambio a la Región de Murcia.

Estamos viviendo un momento histórico, en que los dos ´grandes´ partidos están recibiendo el menor apoyo de la sociedad española desde el comienzo de la democracia. Por eso desde Equo Región de Murcia hemos apostado desde el comienzo por la confluencia de fuerzas sociales y políticas para llegar a las instituciones con la mayoría suficiente para gobernar, siempre desde el respeto a todas las sensibilidades y con el compromiso de conseguir una región más justa, próspera y sostenible.

Artículo aparecido hoy en La Opinión de Murcia:

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2015/02/28/momento-historico/629004.html

EN FRANCO RETROCESO

Las últimas decisiones del gobierno del PP nos están demostrando que van a "morir matando". Todas las encuestas nos dicen que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y parece que Rajoy y sus secuaces, al grito de "Santiago y cierra España", se han empeñado en tomar una serie de decisiones que nos retrotraen a los años más oscuros del tardofranquismo. 

Por un lado. tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley "Mordaza", que restringe de facto derechos como el de reunión y manifestación, siempre que los motivos que se esgrimen para realizarlas sean contrarios a su ideario, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros. Es una ley también llamada "antiGreenpeace", al hacer referencia a la acción realizada por 16 activistas y un fotoperiodista que se descolgaron en la central nuclear de Cofrentes en 2011, y por la que la fiscalía pedía tres años de cárcel para cada uno de ellos y 360.000 euros de multa para la organización ecologista (como se sabe, al final, el sentido común de los jueces hizo que resultaran absueltos). Filmar a la policía también se merece la máxima sanción, aunque esas filmaciones, en una época como la actual en que los móviles son los nuevos testigos de la actualidad, sirvan para demostrar que, a menudo, la versión policial dista mucho de la realidad. Ese es un derecho reclamado por los colectivos de periodistas y avalado por alguna sentencia.

Por otro, el control sobre la televisión pública y sus periodistas está llegando a límites que no se recordaban desde la época de Suárez como director general del ente. Los profesionales han denunciado "el régimen de provocación y miedo" instaurado por el PP, con el despido fulminante de personas no afines, la elaboración de listas negras y clasificaciones ideológicas de los trabajadores de los Servicios Informativos. 

El desarrollo de la LOMCE, con fines claramente ideológicos, al dar relevancia a la materia de Religión en las aulas, en detrimento de otras que desarrollan la creatividad y favorecen la adquisición de conocimientos en otras áreas, como son la educación musical y la educación plástica, tal y como han demostrado numerosos estudios científicos y han asegurado figuras destacadas, como Fernando Palacios, Eduard Punset o Plácido Domingo. La Filosofía también está relegada a una presencia meramente testimonial con esta reforma educativa. En vez de formar a individuos críticos y con la capacidad reflexiva bien desarrollada, se prefiere crear personas que sirvan de mano de obra acrítica, con unas nociones básicas de "educación financiera", donde se manejen términos como "competitividad", "empleabilidad" o "espíritu emprendedor", dogmas del catecismo neoliberal con que quieren imbuir al alumnado. En cuanto a la promoción (aún más) de la religión católica en las aulas, va en contra de las características de una sociedad moderna, justo ahora que, tras la matanza de 12 periodistas del semanario satírico "Charlie Hebdo" y otras cinco personas más, el presidente francés Hollande ha declarado que "las religiones no tienen cabida en la escuela", reafirmando al laicismo como el medio más eficaz de luchar contra los fundamentalismos.

Pero la gota que colma el vaso es la reciente reforma del Código Penal, sólo avalada por la bancada popular en el Congreso, con el voto en contra de prácticamente toda la oposición en bloque. Entre otras cosas, introduce la "prisión revisable permanente", un eufemismo para referirse a la cadena perpetua. Pues bien, a pesar de que más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas se han declarado en contra de esta norma, afirmando que esta reforma "pisotea la dignidad humana", y que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional se han manifestado también en contra de la reforma, tachándola de "cruel e inhumana", el PP prosigue en su empeño de imponer a la sociedad su ideología.

El gobierno de Rajoy tiene metida entre ceja y ceja continuar con su particular cruzada contra el pueblo español, viendo enemigos a su alrededor, ya sean profesores rebeldes, personas desahuciadas, defensores de los derechos humanos y ambientales, denunciantes de los casos de corrupción en la que están inmersos o simples asociaciones de vecinos. El PP quiere arrastrar en su caída, vaticinada por las encuestas, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, al sistema judicial, al sistema educativo, en los últimos estertores de su paso por el poder. Pero, afortunadamente, y como siempre ha ocurrido, se sabrá salir de este trance y seremos capaces de devolver a la sociedad los derechos arrebatados.

UN BALANCE DE 2013

Hoy es el día de hacer balance del año 2013 que estamos a punto de dejar atrás. En este caso, el balance es diametralmente contrario a lo que el presidente del Gobierno nos ha vendido, en una operación de marketing perfectamente preparada por sus asesores. Este segundo año de la legislatura nos ha hundido aún más en las consecuencias de la crisis, con cientos de miles de parados más que en 2012, cientos de familias que siguen siendo desahuciadas semanalmente, con el éxodo de miles de jóvenes que intentan buscarse la vida, con la bajada real de los salarios y de las pensiones y el aumento escandaloso de la brecha entre ricos y pobres, aumentando en un 13% el número de millonarios en España, superando los 400.000, mientras que tres millones de españoles viven en situación de pobreza severa, es decir, con menos de 307 euros al mes.

La presión del lobby de la energía en España, representado por la patronal UNESA, ha provocado que el coste de la energía eléctrica se haya incrementado en un 8% en 2013. Si nos remontamos a 2002, el aumento de la factura eléctrica para el consumidor en estos 11 años ha sido del 104%, nada menos. España tiene el tercer precio más caro de la UE, sólo superado por Chipre e Irlanda. Este año ha sido también el año en que en España se ha abierto la veda para la explotación del subsuelo a la búsqueda de gas, a través del método del fracking, lo que ha provocado que en muchas regiones se formaran plataformas en contra de este procedimiento causante de un impacto brutal sobre el medio ambiente.

Desde el punto de vista de los servicios públicos, continúa el ataque a la Sanidad y la Educación, con el intento de privatización de los servicios sanitarios (eufemísticamente denominada externalización), afortunadamente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la aprobación de la LOMCE, que entra hoy en vigor. Este año, casi 600.000 estudiantes han perdido su beca para comprar libros, y 64.000 escolares deben estudiar en barracones. La introducción de la nueva ley del aborto, curiosamente llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, incluyendo en su denominación toda una declaración de intenciones de corte nacional-católica, y en la que se excluye, precisamente, a la mujer embarazada de prácticamente cualquier poder de decisión, nos retrotrae a los años ochenta. A pesar de haber sido criticada por los demás países, como Francia, en boca de su ministra de los Derechos de la Mujer, el gobierno de Rajoy insiste en seguir siendo la "reserva espiritual de Occidente".

Hablando de economía, la deuda pública se aproxima peligrosamente al 100% del PIB, es decir, al billón de euros, creciendo continuamente, a pesar de los recortes.  A ello ha contribuido la aportación de 41.000 millones de euros a la banca. Los ingresos han bajado, debido principalmente al descenso de la actividad económica y a la renuncia del ejecutivo a luchar contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, además de no incidir la presión fiscal en los que más tienen, sino en la población en general, sobre todo con al aumento del IVA, que no ha producido el efecto esperado. Aunque el crecimiento económico del país ha experimentado un leve incremento, los que creemos que la vía crecentista no es el camino para la recuperación, porque significa ahondar en las diferencias socio-económicas y en la degradación del medio ambiente, instamos a que se adopten otros indicadores de prosperidad. Como ejemplo, hay que decir que según el IDH (Índice de Desarrollo Humano), España sigue situado en el puesto 23 sobre un total de 144 países (cuando según el PIB estamos en el puesto 16). 

En relación al Índice de Felicidad, elaborado por la New Economics Foundation (NEF), encontramos varios datos esclarecedores: el índice de España es de 44,1, descendiendo al puesto 62 de un total de 151 países. Este índice resulta de la combinación de varios factores, como son el bienestar experimentado (con un índice de 6,2 sobre 10, en el puesto 42), la esperanza de vida (81,4 años) y la huella ecológica (aquí salimos malparados, ya que necesitamos 4,74 hectáreas por habitante, siendo 1,8 has. el máximo para que nuestra presencia en el planeta sea sostenible). Debido a esto, nuestra posición en el ranking de impacto de nuestro país en el planeta desciende a un vergonzante 123º puesto.

Desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la Ley de Costas sitúa a España en una situación anterior a 1988, con la reducción de la zona de servidumbre a 20 metros frente a los 100 metros que contemplaba la anterior ley, y supone la vía abierta para seguir "enladrillando" el litoral. Además, hemos asistido a la impunidad de los causantes de la catástrofe del Prestige, la penalización del autoconsumo energético, un nuevo fracaso de la Cumbre del Clima celebrado en Varsovia, y la citada multiplicación de los proyectos de fracking en nuestro país, apoyados por el gobierno. Las emisiones totales de CO2 también han aumentado un 8,23% respecto a 2012 situándose en los 5.471.717 toneladas de CO2, debido principalmente al aumento del uso del carbón, por la disminución de la energía proveniente de las fuentes renovables, víctima de los ataques  por parte del gobierno a esas fuentes de energía.

Una de las obsesiones del gobierno Rajoy ha sido en este año evitar a toda costa las protestas callejeras, criminalizando las manifestaciones, postura que ha tenido su cénit con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que impone multas desproporcionadas a quienes se manifiesten en las inmediaciones del Congreso o se reúnan sin comunicarlo previamente a las autoridades, supuestos que recuerdan aquella frase de "la calle es mía". La actuación de la policía en estas manifestaciones ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones como Amnistía Internacional. 

En el apartado de las infraestructuras, ha sido el año en el que se confirma la ineptitud de los gobernantes, pues la mayoría de las apuestas en aeropuertos y autopistas hechas por las empresas privadas, pero avaladas por el gobierno central y los diversos gobiernos autonómicos se han aseverado como auténticos fracasos. Véanse si no los aeropuertos de Ciudad Real, que no recibe oferta alguna por parte de empresas privadas tras haber costado más de 1.000 millones de euros, o el de Corvera (Murcia), para el que el gobierno de Valcárcel ha tenido que solicitar un crédito de 200 millones de euros para hacer frente al aval concedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, prosigue la inversión de miles de millones de euros en el AVE, medio de transporte de poca demanda social por el elevado precio de sus billetes, además de alto impacto ambiental y poca rentabilidad. 

En cuanto a una de las lacras de nuestro país, la corrupción, comprobamos que es una cuestión pendiente en España, y que prácticamente ningún partido se libra de caer en sus redes. Desde las grandes tramas corruptas, que incluyen financiación ilegal de partidos políticos, como la trama Gürtel, pasando por la condonación de deudas a los partidos políticos por parte de los bancos, hasta las corruptelas en pequeños municipios, casi todos los partidos tienen asuntos de los que avergonzarse. La situación de quiebra técnica de los principales partidos pone de manifiesto que algo falla en el sistema de financiación y en los mecanismos de control.

La cultura ha sido otra de las damnificadas de las medidas del gobierno de Rajoy. El aumento del IVA ha sido la puntilla para la casi inexistente industria cultural española, y en 2013 hemos asistido al hecho de que ha disminuido el número de asistentes a los cines y teatros, disminuyó asimismo la venta de libros y la asistencia a conciertos y museos. Todo ello mientras el ministro Wert reclamaba en 2012 que "los músicos deben cobrar menos por sus actuaciones". De aquellos barros estos lodos. 

Si hablamos de lo puramente político, creo que hay que destacar los procedimientos poco democráticos de partidos como PP y PSOE, que acuden a la designación "a dedo" de los "sucesores" a los cargos institucionales que deberían ser elegidos por cauces democráticos, es decir, por toda la ciudadanía. Me refiero a la designación de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al aún incierto sucesor de Valcárcel como presidente de la Región de Murcia. En ambos casos pesa más la cercanía al poder que la opinión que pueda tener la sociedad sobre la idoneidad de las personas para ocupar tales cargos. En ambos casos se trata de personas de las cuales no se conoce empleo diferente al de cargos relacionados con sus respectivos partidos. En la otra cara de la moneda, destacaría la pionera iniciativa de EQUO de organizar unas elecciones primarias para elegir los cabezas de lista, tanto hombres como mujeres, en las que pueden participar tanto afiliados como simpatizantes y, como novedad en nuestro país, cualquier persona mayor de 16 años, aunque no tenga relación con el partido.

Este ha sido, para mi, el balance del año que estamos a punto de abandonar. Como se ve, este gobierno no sale bien parado. Esperemos que el 2014 suponga, por un lado, que esa "mayoría silenciosa", a la que Rajoy tan aficionado es a nombrar, despierte, y que la ciudadanía reaccione a ese ataque que, semanalmente desde hace dos años, estamos sufriendo. 

A pesar de todo, ¡FELIZ AÑO 2014!

LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer. 

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".

LIBEREN A LOS ACTIVISTAS DE GREENPEACE

Hoy hemos sabido que a los activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico por los guardias fronterizos rusos les han sido retirados los cargos de piratería, rebajando la acusación a delitos de vandalismo. Desde hace un mes, los 30 miembros de la organización ecologista se encuentran encarcelados en el puerto septentrional de Múrmansk, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre. Ese cambio de acusación no evita que puedan ser condenados a 7 años de cárcel, por el hecho de intentar encaramarse a la plataforma Prirazlómnaya, propiedad del gigante energético ruso Gazprom. Una pena totalmente desproporcionada a la acción efectuada por los activistas, ese tipo de acción a las que estamos habituados a ver en televisión desde hace décadas y que tan famosos han hecho a Greenpeace.

Rusia pretende "matar al mensajero", descargar el peso de su injusta ley sobre las personas que lo único que han pretendido, como es habitual en ellas, es denunciar los abusos sobre el medio ambiente, en este caso, llamar la atención sobre la intención del gobierno ruso de explotar los yacimientos de petróleo en el Ártico. Y esa es la cuestión de fondo. Aprovechando los efectos del cambio climático, como es la fusión de la capa de hielo que cubre el mar en esa región, Rusia (y otros países como Canadá, EE.UU. y Noruega) pretende hacerse con parte del pastel energético, unas reservas de crudo estimadas en 114.000 millones de barriles de petróleo no descubiertos y 56 billones de metros cúbicos de gas natural, manteniendo así su posición privilegiada de segundo mayor exportador de combustibles fósiles del mundo.

Pero esas actividades extractivas suponen una amenaza al ya frágil ecosistema ártico, aquejado de alteraciones que afectarán al resto del planeta. El Ártico se calienta a una velocidad tres veces mayor a la del resto del mundo, lo que implica que los ecosistemas de la región encontrarán, con toda probabilidad, puntos de no retorno. Por la aceleración de la pérdida de hielo que se ha registrado, se producirán cambios abruptos en muchos de sus ecosistemas (extinción de especies, liberación de metano del permafrost, acentuando el calentamiento global, liberación de agua dulce, modificando las corrientes marinas, aumento del nivel del mar...). 

La extracción de petróleo tendrá, además, consecuencias negativas, como la contaminación por vertidos de crudo, posibilidad que se multiplica debido a las extremas condiciones en las que se trabaja, con temperaturas bajísimas y seis meses de oscuridad al año. La limpieza de la zona en caso de accidente se vería dificultada por esas condiciones, por lo que las consecuencias serían aún más devastadoras.

La actitud de Rusia con respecto a los activistas detenidos es intolerable. El atropello a los derechos de la ciudadanía en Rusia es un hecho al que empezamos a estar habituados, como la condena a dos años de cárcel a las integrantes del grupo punk Pussy Riot por realizar una performance en una iglesia, el asesinato de periodistas críticos con el régimen o la detención de opositores a Putin. Algunos países de la comunidad internacional se han volcado en denunciar este hecho y han iniciado acciones legales, como Holanda, que ha presentado un procedimiento de arbitraje sobre la base establecida por la Convención sobre los Derechos del Mar de la ONU, para conseguir la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos.

Las intenciones de Rusia de continuar con las prospecciones de petróleo en el Ártico es una irresponsabilidad, pues, como se ha visto, las consecuencias de un posible accidente afectarían a todo el planeta, y no sólo a una zona restringida. El Ártico debe ser declarado santuario global y patrimonio de la humanidad, prohibiéndose cualquier actividad en esa región. Nuestro futuro depende de ello.

Firma aquí para SALVAR EL ÁRTICO:

http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/salva-artico/ 

Firma en esta página para exigir la liberación de los activistas de Greenpeace:

http://www.greenpeace.org/espana/es/

POR EL DERECHO AL ACCESO AL AGUA

Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, instaurado en 1992 durante la Conferencia Internacional de la ONU de Río de Janeiro. Un gesto tan cotidiano para nosotr@s como es abrir un grifo para que automáticamente surja el agua potable supone una utopía para unas 900 millones de personas en todo el mundo, de los cuales un 40% vive en el África subsahariana. Se estima que hacen falta de 2 a 4 litros de agua por persona y día para atender las necesidades hídricas de la población. Sin embargo hay datos estremecedores sobre la desigualdad de acceso a este bien preciado: con lo que gasta un español medio en una sola ducha se podría abastecer a tres familias etíopes. 

¿Qué ha cambiado en el mundo con respecto al agua en estos 21 años? En primer lugar, en el planeta somos 1.500 millones de seres humanos más que en 1992. Ya en 1991, Alexander King (1909-2007), co-fundador del Club de Roma y Bertrand Schneider, en su obra conjunta La Primera Revolución Global, un informe del Club de Roma, nos advertían de los problemas que acarrearía la dificultad de acceso al agua, relacionándola con el crecimiento económico, el crecimiento de las ciudades, especialmente en las zonas áridas y con el aumento de la contaminación de los acuíferos. En 2010, un informe del Foro Económico Mundial afirmó que se preveía el aumento de la demanda de agua en los años venideros; los análisis indican que el mundo sigue enfrentando a un déficit de 40% entre la demanda pronosticada para 2030 y el suministro disponible según las proyecciones para ese año.  Este problema se ve acentuado por los conflictos armados, como lo certifica el Comité Internacional de Cruz Roja en un informe reciente. En África  se suma el hecho de que las multinacionales de los países ricos están adquiriendo tierras para su propio provecho, muchas de las cuales están en lugares donde abunda el agua, como las situadas en las cuencas de los ríos Nilo y Níger, dificultando el acceso al agua a los lugareños. En Sudamérica, son sobre todo las compañías multinacionales mineras las que hacen uso del agua de forma perniciosa, contaminando acuíferos en Argentina, Chile, Colombia o Perú.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las NN.UU. reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a garantizar que las personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho. El texto –propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 Estados miembros de la ONU– recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad. Otros datos escalofriantes nos recuerdan que más del 80% del agua usada en el planeta por el ser humano no recibe un tratamiento de depuración posterior, y que el 60% de los acuíferos transfronterizos no son gestionados de forma conjunta entre los diferentes países que comparten ese bien común.

Pero no solamente es en los países en vías de desarrollo donde la gestión del agua se ve alterada para el beneficio de unos pocos. Sin ir más lejos, la privatización de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua potable en España, que alcanza ya el 50% (concedida en un 90% de los casos a dos empresas -AGBAR y FCC-) es una huida hacia adelante de los ayuntamientos para obtener dinero de forma rápida sin pararse a pensar en las consecuencias que trae consigo esa privatización. Esas consecuencias son, principalmente de tipo social (despido de trabajadores, deterioro de la calidad del suministro, incremento de la factura) y de tipo ambiental (menor ahorro en el consumo por menor número de campañas de concienciación, construcción de embalses). Pero lo más flagrante es la conculcación del derecho humano que supone el acceso al agua por parte de cualquier ciudadano por el hecho de serlo. La situación de crisis por la que atravesamos ha llevado a muchas familias a no poder hacer frente al pago de la factura del agua, por lo que han sufrido cortes de suministro, con las consecuencias para la salubridad y el consumo que ello conlleva. Es una situación totalmente intolerable. 

El acceso al agua es un derecho humano que la corriente neoliberal imperante está empeñada en restringir. Incluso el director de la multinacional Nestlé ha propuesto que la gestión del agua sea totalmente privada, negando el acceso público a este bien, y tachando la postura de defender el acceso público al agua de "extremista". Para ellos, el agua es un valor mercantil más, susceptible de sufrir los vaivenes de los mercados, como ya lo son los alimentos. El ansia especulativa de obtener beneficios a corto plazo por parte de los sectores ultraliberales lleva a atentar directamente contra los derechos de la población, como en este caso, contra el derecho de acceder al agua potable reconocido por la ONU. 

Contra esto, FIRMA POR EL RESPETO DE ESTE DERECHO a través de la web:

http://www.right2water.eu/es/node/5

JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE EN MURCIA

Las personas que nos declaramos ecologistas hemos recibido estos últimos días con alegría tres noticias relacionadas con el medio ambiente en la Región de Murcia. La primera hace referencia a la sentencia 91/2011, que en su día falló el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en adelante es firme, al ser rechazado el recurso que el gobierno regional elevó al Tribunal Supremo. Dicha sentencia declara ilegal el procedimiento llamado de "teletransporte" de edificabilidad, por el cual el gobierno regional ha consentido durante años que los promotores cedieran terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permitiera aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Esta práctica ha facilitado la puesta en marcha de proyectos urbanísticos como los de Marina de Cope (Águilas), Novo Carthago y Lo Poyo (Cartagena) y, en el municipio de Murcia, el Plan Parcial de La Fuensanta.

Las otras dos sentencias que estos días se han emitido y que tienen que ver con el medio ambiente en la Región de Murcia provienen del Tribunal Constitucional (TC). El día 13 de diciembre pasado, el TC declaró "inconstitucional y nula" la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2001, porque su indefinición "crea inseguridad jurídica sobre todos sus destinatarios", por la equiparación que hace entre Espacios Naturales y Lugares de Importancia Comunitaria, tras fallar a favor del recurso promovido por el Grupo Socialista del Congreso. En la práctica, esto supone que los límites del Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre deben volver a los correspondientes al año 2001, que había sido desprotegido en más de 1.600 hectáreas, de las cuales 700 son LIC, bloqueando además el proyecto de Marina de Cope, auspiciado por el gobierno regional desde su inicio. En este video se explica muy bien el proceso seguido por este espacio natural.

El mismo día 13 de diciembre (aunque lo supimos ayer mismo) el propio Tribunal Constitucional desestimó el recurso que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) había presentado en septiembre de 2005 con respecto a la ley que modificó el Plan Hidrológico Nacional en la parte referida al control de los caudales del Ebro en su desembocadura. De esta forma el trasvase del Ebro, auténtico atentado al ciclo natural del agua y al régimen del río Ebro, será más difícil de llevar a cabo. Queda aún pendiente la resolución del TC sobre el recurso presentado por la CARM por la totalidad de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del gobierno de Zapatero. Todo indica que el gobierno de Valcárcel recibirá otro varapalo a su política.

Con estas sentencias se pone de relieve que la estrategia política del gobierno regional de Murcia en los últimos 10 años ha sido un auténtico fracaso, cuando no un cúmulo de ilegalidades. Hemos visto cómo en diferentes discursos del estado de la región, el presidente Valcárcel ha querido vender humo, basando su acción política en proyectos urbanísticos y faraónicos que iban acompañados de promesas de empleo y de riqueza, a falta de un plan real de desarrollo de la región. 

Desde la manipulación victimista de la supuesta falta de agua, representada por el famoso lema "Agua para todos", que aún cuelga en un cartel ya desvencijado en la fachada del ayuntamiento, hasta los sucesivos anuncios de puesta en marcha de los citados proyectos, además de otros como el aeropuerto de Corvera, sin perspectivas de funcionamiento, el macropuerto de El Gorguel, ampliamente contestado por los colectivos ecologistas y partidos políticos como EQUO a través de la Plataforma Salvemos El Gorguel, la deficitaria autopista de peaje Cartagena-Vera, o el parque temático Paramount, la política del gobierno regional ha tenido como pilares la construcción de infraestructuras de dudosa utilidad y rentabilidad, y de manifiesta insostenibilidad ambiental. 

¿Creen ustedes que los representantes del PP murciano han hecho algún ejercicio de autocrítica o que han presentado algún tipo de excusa por estas actuaciones que ahora se revelan como ilegales? Nada más lejos; por el contrario, se han dedicado a echar balones fuera, insistiendo en la bondad del proyecto de Marina de Cope y responsabilizando al gobierno anterior del fallo del TC en materia de trasvases.

A falta de estas vacías promesas de prosperidad, muchas de ellas basadas en actuaciones ilegales, como se ha visto, lo único que le queda a Valcárcel es la terrible realidad de las cifras: casi un 29% de paro, un 36% de ciudadanos de la región que viven bajo el umbral de la pobreza, miles de viviendas desalojadas por desahucio. Esperemos que estos hechos hagan despertar a l@s murcian@s del sueño al que han sido sumidos por el gobierno regional durante cerca de 20 años, que ha hecho creer a los habitantes de esta región que sus propuestas de futuro traerían prosperidad, cuando la realidad ha sido totalmente distinta, con el medio ambiente como rehén y principal objeto de las actuaciones que, afortunadamente, la justicia se ha encargado de enmendar.