EL GORGUEL, UN PROYECTO INVIABLE

Hace unos días, el ministerio que lidera Teresa Ribera ha dado carpetazo al macro proyecto de puerto de El Gorguel, por dos razones principales, la afectación al espacio natural adyacente, incluido en la Red Natura 2000, y por la existencia de una alternativa a esa zona, que ocupa menos superficie, como es la ampliación de la dársena de Escombreras. Las reacciones del Partido Popular de la Región de Murcia, a través del propio presidente López Miras y de otras autoridades como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no se han hecho esperar, calificando esa decisión de “injusta, injustificable y arbitraria”, alegando las sempiternas promesas de riqueza y creación de puestos de trabajo, argumentos a los que nos tienen acostumbrados desde la época del “boom” inmobiliario y los proyectos afortunadamente paralizados de Marina de Cope o el Parque Paramount. La Fremm llega incluso a poner una cifra, la de más de 40.000 empleos, con la que “se igualarían las cifras de paro con Madrid o el País Vasco”, en un ejercicio de política ficción que pocos creen. Por su parte, las organizaciones empresariales de la región han condenado el, según ellos, “ninguneo” que el MITECO somete a la Región de Murcia, en un episodio más de victimismo con el que basan sus políticas el Partido Popular y sus socios de Vox, a cuenta de los trasvases o de la financiación autonómica, por citar algunos “agravios” que blanden los populares para hacer oposición al gobierno central. 

El puerto de contenedores de el Gorguel, que lleva casi 20 años en los cajones de los diversos consejeros del PP, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ecologistas, profesores universitarios y vecindario, así como de la oposición, debido principalmente a los fuertes impactos que supondría su construcción: pérdida de biodiversidad y afección a la fauna y flora, tanto terrestre como marina, impactos paisajísticos y sobre el patrimonio geológico y minero, contaminación de las aguas y afección a la dinámica sedimentaria de las playas cercanas, entre otros, obviando que esa zona de la costa de Cartagena goza de múltiples figuras de protección, ser Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Geológico (LIG). 

Desde los sucesivos gobiernos regionales se ha tratado de minimizar esos impactos; todos recordamos las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2012, Adrián Ángel Viudes, cuando calificó el entorno del El Gorguel de “auténtica porquería”,  insistiendo en la inexistencia del camachuelo trompetero en la zona, especie que provocó, precisamente, la declaración de la sierra de la Fausilla como ZEPA, adyacente al Gorguel, que para él era una invención de los ecologistas, y del que dijo que “ni está ni se le espera”, llegándole en una ocasión a calificar públicamente como “un gorrión africano que es una puta mierda”.

Para el gobierno regional, como se ha demostrado desde hace décadas, el medio ambiente es un aspecto a sacrificar para conseguir sus fines, como se ve en el alto grado de degradación del Mar Menor, o su apoyo a múltiples proyectos urbanísticos desde comienzos de siglo, felizmente parados por la sociedad civil. Bajo la promesa de puestos de trabajo y riqueza, el Partido Popular es capaz de destrozar espacios naturales de incalculable valor, privando a la mayoría de la sociedad del derecho a tener acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, un derecho humano universal aprobado en una resolución de la ONU el pasado año 2022, además de ser uno de los artículos de la Constitución que, en su artículo 45, consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Articulo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/gorguel-proyecto-inviable_132_11399967.html

UN MOMENTO HISTÓRICO

Este año se celebran cuatro citas electorales, dos de las cuales nos afectan directamente a la Región de Murcia, en mayo con las elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año con las generales. Son los primeros comicios desde que el Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en noviembre de 2011. En estos casi cuatro años hemos asistido al retroceso en todos los parámetros sociales y políticos: la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de forma alarmante, el ritmo de los desahucios de viviendas no ha bajado de 120 al día (cinco cada hora), la pobreza alcanza casi al 30% de la población, los jóvenes se ven obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales en nuestro país, la reforma laboral ha precarizado los empleos hasta el punto de que son habituales los contratos de menos de una semana, los índices de paro han aumentado en términos absolutos y los recortes en aspectos como la sanidad y la educación han degradado estos dos servicios básicos hasta llegar a matar a personas, como se está viendo en el caso de los enfermos de hepatitis C a los que se les niega los medicamentos para sobrellevar su enfermedad.

Desde el punto de vista económico, a pesar del triunfalismo del Gobierno, la deuda del Estado es prácticamente el 100% del PIB, mientras que el déficit público es de los más altos del continente. Otros aspectos aprobados por el PP han hecho retroceder en varias décadas los derechos civiles y sociales, como la ´Ley Mordaza´, el aumento del IVA aplicado a espectáculos (cine, conciertos y teatro), a material escolar y a entradas a museos, la introducción de las tasas judiciales o la reciente reforma del Código Penal, apoyada por el PSOE, que introduce la cadena perpetua con el eufemismo de «prisión permanente revisable».

En los aspectos ambientales, las decisiones tomadas tanto por el Gobierno central como el regional, han supuesto la subordinación del medio ambiente a su uso económico, como lo ponen de manifiesto normas nacionales como la Ley de Costas, que pretende compatibilizar los usos con la protección del litoral, aunque ésta última se ve relegada a un segundo plano; la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a las empresas de suscribir un seguro verde para hacer frente a los posible daños ambientales que pudieran causar, o la reciente Ley de Montes, que permite urbanizar en áreas afectadas por un incendio forestal, abriendo la puerta a la especulación.

En la Región de Murcia, después de veinte años de gobierno ´popular´, se ha visto una y otra vez cómo, en nombre de una supuesta recuperación económica y de la creación de empleo, se han apoyan proyectos depredadores del medio ambiente, unos ya ejecutados, como el aeropuerto de Corvera (aunque aún no esté en funcionamiento ni parece que vaya a estarlo), y otros en proyecto, como el macropuerto de El Gorguel, la urbanización de Marina de Cope o el parque Paramount.

En contrapartida, la corrupción campa a sus anchas, no salpicando sino inundando a los dos principales partidos que han gobernado nuestro país los últimos 35 años, demostrando una conexión clara entre los poderes políticos y económicos, con las famosas ´puertas giratorias´ hacia los Consejos de Administración de las empresas energéticas y de comunicación y más que fundadas sospechas de financiación ilegal de partidos políticos.

Este diagnóstico, que nos atrevemos a calificar de realista, es seguramente compartido por todos los colectivos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales del Partido Popular. Las diferentes mareas multicolores, las plataformas anti-desahucios, los jóvenes, los movimientos vecinales, los grupos ecologistas, son un clamor en su reclamación de la recuperación de los derechos sociales, políticos y ambientales sustraídos a la sociedad española, ordenados por los poderes económicos europeos y españoles, y ejecutados por los Gobiernos central y regional. Es obvio que desde la sociedad se pide la unión de partidos políticos, movimientos sociales y personas independientes para construir una alternativa creíble al bipartidismo.

En nuestra región hay varios espacios de confluencia en marcha, algunos con varios años de recorrido, como Alternativa por Santomera, y otros en formación, como Cambiemos Murcia, Cambiemos Molina de Segura, éstos de ámbito municipal, o Ganemos la Región de Murcia. El otro partido en liza, Podemos, se presenta como un espacio de confluencia en sí mismo, pretendiendo agrupar a todas las personas que están en contra del bipartidismo. Pero su limitación estriba en que, al ser un partido político, no representa a todas las sensibilidades. Dividir el voto, dividir las marcas, es crear una confusión innecesaria y contraproducente como estrategia electoral. Una identidad, un proyecto, una estrategia común para todos los murcianos es una estrategia para llevar el cambio a la Región de Murcia.

Estamos viviendo un momento histórico, en que los dos ´grandes´ partidos están recibiendo el menor apoyo de la sociedad española desde el comienzo de la democracia. Por eso desde Equo Región de Murcia hemos apostado desde el comienzo por la confluencia de fuerzas sociales y políticas para llegar a las instituciones con la mayoría suficiente para gobernar, siempre desde el respeto a todas las sensibilidades y con el compromiso de conseguir una región más justa, próspera y sostenible.

Artículo aparecido hoy en La Opinión de Murcia:

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2015/02/28/momento-historico/629004.html

EL MEDIO AMBIENTE, REHÉN DEL GOBIERNO REGIONAL

Las dos medidas que el Gobierno regional quiere poner en práctica en este período pre-electoral, la Proposición de Ley de Prevención y Protección Ambiental y la reforma de la Ley del Suelo de 2005, son una vez más el intento del Partido Popular de la Región de Murcia de sacrificar la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad en aras de una supuesta recuperación económica y, por tanto, de anteponer los intereses particulares al interés general.

En el primer caso, se trata de reducir los plazos para la obtención de la licencia de actividad, de las autorizaciones ambientales y de los informes de los ayuntamientos, con la excusa de “reducir la burocratización” y “reactivar la economía y generar empleo”. Concretamente, será suficiente con que el interesado comunique que dispone de la documentación necesaria para el inicio de la actividad para empezar a funcionar, siendo controlada dicha actividad sólo a posteriori por las autoridades competentes, y no previamente, como hasta ahora. Esto puede suponer que, en la práctica, actividades perjudiciales para el medio ambiente, como roturaciones o vertidos, puedan ser llevadas a cabo sin trabas, hasta que, en un control posterior, sean advertidas por la administración, una vez perpetrado el hecho.

En el caso de la reforma de la Ley del Suelo, y de nuevo alegando la situación de crisis para “eliminar barreras y trabas a la actividad económica”, se pretende consolidar el llamado “teletransporte”, una práctica consistente en que los promotores ceden terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permita aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Y todo ello pese a una sentencia del TSJ de Murcia de 2011, que considera ilegal esta práctica y en contra del criterio del Consejo Jurídico y del Colegio Oficial de Biólogos.

La aprobación de ambas leyes por parte de la CARM se hace, además, a escasos tres meses de la elecciones autonómicas, por via de urgencia, para evitar la participación de la sociedad civil en su tramitación, cosa que ha sido protestada por toda la oposición política. Tanto una medida como otra siguen a pie juntillas la doctrina del PP con respecto al medio ambiente, como cuando al aprobar la Ley de Costas en 2013 el ahora comisario europeo Miguel Ángel Arias Cañete afirmaba que “va a ser compatible la protección del litoral con la sostenibilidad económica”. Todos sabemos lo que esto significa: que cuando se pone en la balanza ambos aspectos, la protección ambiental y el desarrollo económico, se sacrifica lo primero para primar lo segundo.

Esta posible aprobación de las dos normas se suma a las actuaciones que el PP viene decidiendo en esta y otras legislaturas, como el fracking en el Noroeste de la Región, la construcción del macropuerto de El Gorguel o el apoyo a la construcción del complejo turístico de Marina de Cope, todas ellas con el territorio y el medio ambiente como rehenes de una política que solamente pretende favorecer a unos pocos, en nombre, eso sí, de todos nosotros.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/02/medio-ambiente-rehen-del-gobierno-regional

EL DESPROPÓSITO DE EL GORGUEL

La insistencia del Gobierno regional, esta vez por voz del consejero de Fomento, Francisco Bernabé, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, en reavivar el proyecto del macropuerto de contenedores de El Gorguel, al asegurar que esta obra podría ser calificada de “proyecto prioritario y de interés general” por el gobierno central la próxima primavera, nos vuelve a reafirmar que al PP murciano le tiene sin cuidado el estado de protección con que cuenta el lugar donde se quiere ubicar este puerto, y que seguirá adelante a pesar de las voces autorizadas que se oponen a su construcción.

Recordemos que la Sierra de La Fausilla, espacio donde se pretende construir esta infraestructura, está reconocida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la UE, incluida en la Red Natura 2000. En la sierra se contabilizan decenas de especies protegidas, entre las que destacan aves como el águila real, el águila-azor perdicera, el búho real, el halcón peregrino o los raros camachuelo trompetero y gaviota de Audouin, además de mamíferos, reptiles, anfibios y una flora rica y variada, propia de esta zona semiárida mediterránea. Los fondos marinos adyacentes gozan de un grado de conservación óptimo y son zonas de paso de especies de cetáceos (delfines, calderones e incluso cachalotes) y reptiles como la tortuga boba.

Numerosos estudios, como los realizados por la UMU, la fundación Sierra Minera, Greenpeace, y el propio Ministerio de Medio Ambiente, advierten de los importantes impactos negativos que supondrá la construcción de esta obra faraónica. Pero de nuevo se utiliza el argumento de la creación de puestos de trabajo para justificar esta obra. Es una razón esgrimida a menudo para contrarrestar la oposición a los proyectos que suponen destrucción de espacios naturales, pero no puede ser el pretexto perenne para realizar infraestructuras de dudoso rendimiento económico y probados perjuicios para el medio ambiente, ya que unos espacios naturales bien conservados y gestionados correctamente son el verdadero legado que les dejaremos a las generaciones futuras.

Es significativo que el propio consejero ha cambiado su postura, pasando de ser opositor al proyecto cuando era alcalde de La Unión, a ser un firme defensor del mismo, ahora que ha ascendido en el escalafón político, sobre todo cuando su sucesor en el cargo de primer edil, Carlos Javier Martínez Ruiz, ha declarado que seguirá defendiendo el traslado de ubicación del puerto. El cambio de parecer del consejero demuestra la poca sinceridad con la que nuestros gobernantes suelen actuar, traicionando sus compromisos a las primeras de cambio.

Grupos ecologistas, asociaciones vecinales, profesores universitarios y otros colectivos, con el apoyo de algunos partidos políticos y sindicatos, reunidos en la Plataforma Salvemos El Gorguel, llevan varios años luchando para que este auténtico despropósito no se haga realidad. Pero lo más importante es que la sociedad en su conjunto sea consciente de la importancia de conservar y mimar nuestro patrimonio natural, y que otro modo de crear riqueza es posible, de un modo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Publicado hoy por La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/01/desproposito-gorguel