LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.

“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”

Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.

Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.

Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.

La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.

Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.

Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/03/renta-basica-por-dignidad-y-equidad

LA RENTA BÁSICA A DEBATE

Las últimas cifras sobre pobreza en España son desoladoras. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más, especialmente desde que comenzó la crisis, esa crisis que los poderosos se empeñan en decir que ha sido superada. Pero eso tal vez es cierto para el 10% de la población española, aquella que en la última década ha acumulado la mitad de la riqueza de nuestro país, es decir, medio billón de euros, y que son el sector de población que realmente defiende este gobierno, a pesar de que varios millones de españoles les siguen votando, creyendo ingenuamente que Rajoy y sus secuaces defienden sus intereses.

Según el último informe de Save The Children, Desheredados, Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, en nuestro país, entre 2008 y 2015 la pérdida media de renta debida a la crisis fue de un 21% entre las personas más pobres, mientras que la pérdida entre las más ricas fue sólo de un 2,1%. El sector más afectado es la infancia, ya que prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven actualmente en España por debajo del umbral de la pobreza y el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000 en el periodo 2008-2015.

“La renta básica universal sería el modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciría nuevos modos de relación con el trabajo”

Mientras el Gobierno se basa únicamente en las cifras macroeconómicas a la hora de analizar la supuesta recuperación, y la UE, en boca del responsable de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, estima que “las cosas van bien encaminadas” refiriéndose a la situación de España, la letra pequeña de esta crisis, que parece que es ignorada por el partido en el gobierno, nos revela que las consecuencias repercuten en una amplia mayoría de la población, sobre todo en la parte más vulnerable, la infancia. La causa principal es la alta tasa de empleos precarios y temporales de los progenitores, además de la tasa de paro, aún demasiado alta: 800.000 menores viven en hogares donde ningún miembro de la familia trabaja y, entre las personas que tienen trabajo, la cuarta parte de ellos tienen trabajo temporal, por lo que no tienen asegurado el futuro.

Desde la ecología política se plantea una solución para evitar la pobreza extrema: la Renta Básica Universal (RBU), un sistema por el que toda persona, independientemente de su edad, condición social o nivel de renta, recibiría una asignación lo suficientemente elevada como para asegurar su supervivencia, según los estándares de cada país. La RBU sustituiría a una serie de subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral de cada persona, pero para alcanzar el nivel medio de la población sería necesario que, de forma complementaria, estas personas tuvieran un empleo, aunque tendrían la libertad de poder rechazar aquellos trabajos que atenten contra sus derechos, pues su sustento no dependería de ello. Además, la RBU daría visibilidad a los trabajos no remunerados, casi siempre hechos por las mujeres de forma injusta, como son los cuidados y la crianza (aunque tiene que venir asociado a una redefinición de los roles en la familia). Numerosos estudios avalan la viabilidad de la aplicación de esta renta, como los realizados por el profesor de Economía de la UB, Daniel Raventós, o por la Red de Renta Básica, cuyos trabajos dan argumentos muy sólidos para hacer posible esta medida, que ya se está poniendo a prueba en países como Finlandia.

Las críticas a la RBU vienen tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Desde las filas conservadoras se suele argumentar que “no hay dinero para esto”, “provocará que la gente no quiera trabajar”, “alentará la ociosidad”, etc. A estos argumentos se les puede contrarrestar con otros, como que percibir una renta básica disminuiría la presión de aceptar un empleo cualesquiera que fueran las condiciones laborales ofrecidas. En segundo lugar, una renta básica estimularía con toda probabilidad el autoempleo, pues disminuiría de forma considerable los riesgos de emprender un proyecto nuevo. Además, traería consigo una presión al alza de los sueldos de quienes desempeñan trabajos incómodos y poco gratificantes.

Desde la izquierda también se critica la RBU, con argumentos como que, mediante ésta, se entrega dinero a los beneficiarios para que compren los productos y servicios siguiendo la lógica del mercado, prefiriendo que sea entregada en especie, pero, en mi opinión, este juicio minusvalora la capacidad de las personas de consumir de forma responsable. Se prefiere hablar desde la izquierda de empleo remunerado garantizado, pretendiendo que todos los trabajos se hagan a cambio de dinero, monetizando toda actividad, aunque sea voluntaria y en favor de la comunidad. También se argumenta que subiría la inflación, y que los costes de la gestión de la RBU serían mucho mayores que los actuales referidos a la Renta Mínima, razonamientos ampliamente rebatidos por los defensores de la RBU que pueden ser fácilmente consultados en la red.

La Renta Básica Universal es una medida que está siendo debatida en la actualidad, y cuyos beneficios, en mi opinión, excederían sus desventajas, siendo un modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciendo nuevos modos de relación con el trabajo, para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/02/renta-basica-a-debate

UN ACUERDO PARA CAMBIAR ESPAÑA

Parece que por fin se materializa la tan ansiada confluencia entre las fuerzas políticas de izquierda, con el pacto entre Podemos, IU, Equo y las demás opciones que se quieran sumar a esta alternativa, ahora sí ilusionante, al bipartidismo y a su muleta, Ciudadanos. En los 50 puntos que son la base del acuerdo, hecho público, entre Podemos e IU, hay que felicitarse de que en primer lugar aparezca la consecución de un Plan Nacional de Transición Energética, con el objetivo de conseguir “la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París”, así como el de disminuir las emisiones de CO2, a través de sendos planes de Ahorro Energético y de Energías Renovables. Así mismo, como punto 8 del acuerdo, se prevé la implementación de un nuevo modelo productivo, que incluye “un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos”. El rechazo al TTIP y al CETA es otro punto a favor de este programa de 50 puntos. Es de destacar también el capítulo dedicado a la “Democracia Ambiental”, con medidas de Lucha contra el Cambio Climático, garantía del acceso al Agua como derecho humano, así como su mantenimiento en manos públicas, un Plan de Rescate Ecológico.

"Aún se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta"

Sin embargo, en mi opinión, se echa en falta un mayor grado de compromiso en algunos aspectos, para que sean más acordes con los postulados de la Ecología Política, único modo de revertir la situación y conseguir un verdadero cambio:

– Nada se dice del abandono del carbón de forma explícita, y el plazo del 2050 en España para “descarbonizar” la economía es un horizonte demasiado lejano (35 años), sin fijar metas a más corto plazo, como puede ser una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990, lo que obligaría a ponerse manos a la obra desde ya, teniendo en cuenta que en 2015 hemos aumentado nuestras emisiones en un 5% con respecto a 2014. Este objetivo no es descabellado, ya que actualmente cerca del 50% de la energía producida en nuestro país es ya de origen renovable.

– La reforma tributaria pasa por alto la aplicación de una fiscalidad ambiental adecuada. Los impuestos ambientales suponen en España sólo un 4,5% de la recaudación fiscal total mientras la media de la UE-27 es del 6%. Al contrario, en España se subvenciona el impuesto al carbón, el mayor contaminante, en vez de gravar su consumo. Sería preciso introducir este tipo de gravamen para conseguir el objetivo de descarbonizar nuestra economía en el plazo deseado.

– La Renta Complementaria que preconiza este acuerdo se queda corta si queremos luchar contra la pobreza. Está demostrado que los sistemas de rentas mínimas que intentan paliar las situaciones más angustiosas de necesidad son complejos, heterogéneos y escasamente eficaces. La implantación de una Renta Básica Universal (RBU) seria una medida eficaz contra la pobreza, de sencilla aplicación y gestión, compatible con otros ingresos y sería un derecho universal por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana.

– El modelo de transporte no se aborda en esta declaración de intenciones, en el que se debería revisar la actual política relacionada con el AVE y los aeropuertos, muchos de ellos inactivos.

– Aunque se menciona una Política Agraria Común, basada en la agroecología, no se especifica el cambio de modelo, actualmente basado en la agricultura intensiva basada en el petróleo, hacia una agricultura y ganadería extensiva, local, ecológica y sostenible.

– En relación al bienestar animal, creo que se debe ser más valiente, y nombrar a la tauromaquia como actividad cuya subvención pública debe tender a la extinción. Una reciente encuesta revela que el 84% de los jóvenes de 16 a 24 años se avergüenza de vivir en un país en el que la matanza de toros como espectáculo sigue existiendo. Un programa realmente progresista debe tener esto en cuenta.

Siendo consciente de que este es un acuerdo de mínimos, todavía se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta. Ambas circunstancias son interdependientes e imprescindibles para que el tan ansiado cambio sea real y no sólo una aproximación.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/05/acuerdo-para-cambiar-espana

¿POR QUÉ VOTAR A EQUO?

El próximo 25 de mayo, más de 400 millones de europeos vamos a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, 751 eurodiputad@s que legislarán para la UE durante los próximos 5 años. De ellos, 54 corresponden a España, el 7,2% del total de eurodiputad@s en esta Europa de los 28. Como saben, en el Parlamento Europeo se reparten diversos partidos del espectro político, dominado actualmente por populares y socialdemócratas, quienes, junto con los liberales (tercera fuerza política) son los principales responsables, por acción u omisión, de la actual situación de crisis en el continente.

Actualmente el cuarto grupo en importancia por el número de parlamentari@s en el Parlamento Europeo lo constituyen Los Verdes Europeos/Alianza Libre Europea (Greens/EFA en sus siglas en inglés), que cuentan con 58 eurodiputad@s provenientes de 12 países, entre ellos España, con un solo eurodiputado de ICV. Durante los últimos 10 años (pues el Partido Verde Europeo -PVE- fue creado en 2004 por la fusión de 32 partidos verdes diseminados por Europa), el Grupo Verde ha hecho aportaciones importantes para la UE. Como muestra, en la última legislatura 2009-2014 se ha conseguido que la política pesquera sea más sostenible; se ha contribuido a que el BCE esté controlado por el Parlamento europeo; se ha facilitado el camino para flexibilizar las aportaciones de los países miembros a la UE en función del alcance de la crisis; su mayor contribución ha sido la negociación de la Directiva sobre Eficiencia Energética; han luchado para que se dedique el 85% de los fondos de investigación sobre energía en las EE.RR., etc., tal y como se puede leer en este documento. 

La última incorporación al PVE ha sido EQUO, hace justo un año, unión aprobada en Madrid durante la celebración del 18º Consejo del Partido Verde Europeo. Pero EQUO no es un recién llegado, pues su creación en junio de 2011 responde a la fusión de 35 partidos verdes de ámbito autonómico e incluso local (el 95% del total de partidos verdes españoles) que estábamos diseminados por el territorio nacional, pequeños partidos que, sin embargo, han estado ahí para defender la sostenibilidad y la democracia radical desde comienzos de los años 80.

Para estas elecciones europeas, EQUO se presenta en la coalición Primavera Europea, junto con otras 7 fuerzas políticas (Compromís, Chunta Aragonesista -CHA-, Partido Castellano, Por Un Mundo Más Justo -PUM+J-, Democracia Participativa, Caballas y Socialistas Independientes de Extremadura -SIEX-), además de estar apoyada por formaciones como Socialistas por Tenerife (SxTf), Demos + y Electores de Alhaurín (EdA).

En el espectro político español de izquierdas existen partidos que tienen muchos objetivos en común con EQUO, ya sean partidos tradicionales que arrastran mecanismos anquilosados en su forma de funcionamiento interno, ya sean formaciones de corte más personalista que han surgido desde hace unos pocos meses. Estos objetivos son, entre otros, la lucha contra el austericidio, la rebelión contra las políticas impuestas por la troika, la auditoría de la deuda, la exigencia de una mayor transparencia en las instituciones europeas y de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la desaparición de los paraísos fiscales, el afianzamiento de los derechos sociales y políticos, etc. Sin embargo, todas esas opciones políticas obvian en sus propuestas un aspecto crucial: la inclusión de forma transversal del componente ecológico. Aunque es cierto que en sus respectivos programas electorales se pueden leer propuestas de corte ambientalista, éstas suelen aparecer de forma inconexa y aislada del resto de puntos programáticos.

En el siglo XXI, si hay un fenómeno que no puede ser ignorado y cuyas consecuencias se hacen cada vez más patentes, como lo demuestra un estudio encargado por el gobierno de EE.UU., ése es el cambio climático. Los países ricos, entre los que nos encontramos los países europeos, que sólo suponen el 20%, aproximadamente, de la población mundial, somos responsables del 80% de las emisiones de CO2 y de la generación de residuos, contribuyendo más que nadie al calentamiento global y al cambio climático, fenómenos ambos que no conocen fronteras, y cuyos efectos sufren mayoritariamente los países del sur y, dentro de los países europeos, las capas más vulnerables de la sociedad.

Frente a la izquierda tradicional (aunque esté revestida de un halo de post-modernidad mediáticamente promocionada por ciertos grupos de comunicación), que tiene al productivismo y al crecimiento como dogmas, cuando son las verdaderas fuentes de las desigualdades sociales, y que ignora el cambio climático como hecho tangible y científicamente verificado, EQUO, en su programa electoral, sí que tiene en cuenta estos fenómenos y, por tanto, integra en todas sus propuestas los aspectos ecológicos, pues es el único modo de combatir la crisis, que no es sólo económica y social, sino también política y ecológica. Así, el programa de reformas económicas está basado en el Green New Deal, ese Nuevo Acuerdo Verde encaminado a crear hasta 20 millones de puestos de trabajo en Europa, en sectores como las energías renovables, la rehabilitación energética de las viviendas, la gestión sostenible de los residuos, la movilidad sostenible o la agricultura ecológica, entre otros, además de promover una fiscalidad verde, unos incentivos fiscales para proyectos sostenibles y un nuevo instrumento de medida de la riqueza diferente al PIB, índice que falsifica la realidad, como ya puse de manifiesto hace algunos años en esta entrada. 

Como partidos que creen que debemos ser responsables para con las generaciones futuras, a las que tenemos que dejar un planeta en las mejores condiciones posibles, el Partido Verde Europeo y EQUO proponen una transición ecológica de la economía, para conseguir una Europa independiente desde el punto de vista energético, respetuosa con terceros países del sur, útil socialmente y sostenible desde el punto de vista ambiental. En una época en la que hemos alcanzado el pico del petróleo, la promoción de las energías renovables para conseguir el 100% de la producción energética renovable de Europa en unos años, el abandono de la energía nuclear y de la minería del carbón, el rechazo al fracking, son políticas perfectamente viables para ser independientes energéticamente hablando. La importación de combustibles fósiles nos cuestan a los europeos cientos de miles de millones de euros al año (45.000 millones solamente en España).

Además, la propuesta de radicalidad democrática que incluye en su programa no son meras palabras, ya que EQUO es pionera en la elección de sus candidat@s a estas elecciones por primarias abiertas, en las que salió elegido Florent Marcellesi, y el PVE es el único partido de ámbito europeo que ha elegido a sus dos candidatos a presidir la Comisión Europea (Ska Keller y José Bové) por primarias igualmente abiertas a toda la ciudadanía europea mayor de 16 años. Se puede decir que, en materia de democracia participativa, lo que se dice en EQUO se hace.

Gobierno abierto, políticas de migración que primen los derechos humanos, inicio de un proceso constituyente europeo desde abajo, refuerzo del papel del Parlamento Europeo frente a las troika, control de los lobbies, igualdad entre hombres y mujeres, derechos de las minorías, derechos de los animales, derechos digitales, soberanía alimentaria, economía del Bien Común, renta básica, reparto del trabajo, apoyo a políticas públicas a la educación y la sanidad, laicidad... son muchas las propuestas que desde el trabajo de miles de personas en red y la experiencia en los movimientos sociales han sido aportadas a este programa electoral.

Por todo ello, creo que votar a EQUO es la mejor opción para que esta Europa de los mercados y de las grandes multinacionales se transforme en la Europa de las personas y en la Europa sostenible, multicultural, pacifista, democrática y solidaria.

¡VOTA EQUO EL 25 DE MAYO!

CRECIMIENTO O AUSTERIDAD, ¿LAS ÚNICAS ALTERNATIVAS?

Hace unos días, en la reunión del G20 celebrada en Moscú, y a la que acudieron l@s ministr@s españoles de Economía y de Empleo, se llegó a una conclusión: este foro ha apostado por el crecimiento económico frente a la austeridad, como si las economías mundiales solamente tuvieran esas dos alternativas como únicas soluciones a la crisis. Pero, como veremos, tanto una como otra son las dos caras de la misma moneda, la del capitalismo especulativo, creador de diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres y de la degradación ecológica del planeta.

El camino de la austeridad, recomendada por la troika, que los países europeos (sobre todo los que, como España, sufren la crisis con una mayor virulencia) han adoptado, ha tenido unos resultados nefastos. Las consecuencias de esta opción son el empobrecimiento de la población, la merma de los derechos fundamentales (sanidad y educación, principalmente), el desempleo y el aumento de la desigualdad. Tras comprobar los efectos perjudiciales de estas políticas, que Rajoy no dudó en poner en práctica en su primer año de gobierno, los mismos que recomendaban su aplicación han cambiado de parecer. Así ha sido con el FMI quien, en boca de su directora, Christine Lagarde, instó a la zona euro, EE.UU. y Japón a "mantener el impulso económico". La UE va por el mismo camino, apostando por el crecimiento como modo de salir de la crisis.

La izquierda tradicional, ya sea la social-demócrata o la marxista, también apuesta por el crecimiento como única receta para crear empleo, sin aportar ideas nuevas y repitiendo los mismos esquemas que ya se han aplicado desde hace 50 años, es decir, incrementar la productividad para que haya más bienes en el mercado, incentivar el consumo y aumentar el PIB. Ya en una entrada anterior me hacía la pregunta de "¿para qué crecer?", y las respuestas no son muy positivas, tanto por el carácter perverso del propio índice de medida de la riqueza de un país, el PIB, como por las consecuencias perjudiciales de este sistema crecentista. Está demostrado que el crecimiento económico es la fuente principal de las injusticias sociales del planeta, de la destrucción de los hábitats y de la aceleración del cambio climático, como lo indican numerosos estudios. Desde el punto de vista ecológico, si en tiempos de recesión, la economía del crecimiento nos conduce al colapso social (tasas de paro y de pobreza socialmente inasumibles), en tiempos de bonanza nos lleva directamente al colapso ecológico (crisis energética, climática, alimentaria y pérdida de biodiversidad), como nos dice Florent Marcellesi en su último libro. Otros autores, como Robert y Edward Skidelsky, en su libro "¿Cuánto es suficiente?" nos hablan incluso de que el crecimiento está motivado por la insaciabilidad del ser humano, que nunca tiene bastante para satisfacer sus deseos, que van mucho más allá de sus necesidades. Proponen una renovación ética, más políticas sociales y la reducción de la presión por consumir o la publicidad que altera la libre elección del ciudadano.

Desde la ecología política se proponen otras vías alternativas, diferentes a las que nos repiten una y otra vez desde los medios de comunicación mayoritarios. Básicamente, estas alternativas pasan por tener en cuenta la finitud del planeta, la limitación de los recursos naturales no renovables y las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y, por tanto, para la supervivencia de la especie humana a medio y largo plazo, a la hora de desarrollar un sistema económico sostenible. Esa alternativa propone también un cambio de mentalidad en las personas y en los gobiernos, sobre todo en el mundo desarrollado, aceptando repartir el trabajo, instaurando una renta básica universal, rebajando el nivel de consumo, sobre todo de productos accesorios y adoptando una política fiscal justa que asegure la redistribución de la riqueza y unos ingresos suficientes para ir solucionando los problemas sociales y ambientales creados por este sistema.

Todo ello desde la implicación de la sociedad en general, que deberá ser facilitada por mecanismos de participación en la toma de decisiones, verdadero exponente de una democracia madura, y generando las condiciones para la existencia de una justicia Norte-Sur, donde se paguen las deudas ecológicas y sociales adquiridas con terceros países por varios cientos de años de expolio de sus recursos naturales.

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN, UNA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO

Según muchos economistas (Jose Luis Sampedro, Santiago Niño, Serge Latouche, Viçens Navarro, Juan Torres, etc.), el capitalismo está llegando a un estado terminal, llevado a él porque los objetivos del sistema capitalista, la búsqueda incesante del beneficio monetario y el crecimiento como dogma, han venido acompañados de la concentración y el abuso de poder, la destrucción ecológica, la competencia como arma y el deterioro de la democracia, en la que las decisiones de los gobiernos se toman en los despachos del FMI, de las grandes multinacionales o de los bancos. La sustitución de la economía real por la economía financiera, basada en la creación de burbujas especulativas, como la de las empresas "punto com" de principios del siglo XXI o la burbuja inmobiliaria de 2003-2009, ha traído consigo el agotamiento del modelo productivo capitalista tal y como lo conocemos actualmente.

No dejamos de leer comentarios y opiniones, en diversos foros en internet y en medios de comunicación, de multitud de personas (anónimas y no tanto) y formaciones políticas que, de una forma más o menos virulenta, abogan por el fin del capitalismo, pero sin definir qué sistema alternativo podría sustituirlo. Unos porque su reivindicación acaba ahí, sin ofrecer nada a cambio, y otros porque, tal vez teniendo claro cuál sería esa alternativa, no se atreven a difundirla públicamente, bien por ser modelos ya fracasado en el pasado, o bien porque podrían implicar restricciones en las libertades, con el rechazo que ello conllevaría.

Sin embargo, hay una corriente económica alternativa que surgió en el año 2010 de la mano del austriaco Christian Felber (1972), miembro fundador del movimiento ATTAC y profesor de economía. Se trata de la Economía del Bien Común que, según sus propias palabras, "es un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad". Este sistema parte de la premisa de que la economía, las empresas y cualquier actividad humana debe tener como único fin la búsqueda del bien común, concepto que ha sido ampliamente debatido desde la antigüedad, desde Aristóteles (Política) y Cicerón (De legibus) pasando por Leibniz y Rousseau (El contrato social) hasta llegar a nuestros días con economistas como John Rawls (1921-2002) o la recientemente fallecida Elinor Ostrom (1933-2012), merecedora del premio Nobel de Economía 2009 por "su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos". 

La competencia, la búsqueda de beneficio a cualquier precio (incluidos los despidos masivos de trabajadores), la adquisición hostil de empresas competidoras, el crecimiento desmesurado, son los dogmas que imperan en las empresas para triunfar, dogmas que son enseñados en las facultades de economía y que han demostrado ser valores perjudiciales para la sociedad en su conjunto, pues su aplicación ha supuesto diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, la degradación ecológica del planeta, la discriminación de la mujer, el deterioro de las condiciones laborales, etc., lejos de las bondades que previó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776). 

Felber propone, al contrario, que los valores que deben regir en las empresas deben ser la cooperación, la confianza, la solidaridad, la dignidad, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática. Sin abandonar la economía de mercado, de entre los objetivos de las empresas se incluye el alcanzar el superávit, pero éste debe utilizarse para fines diferentes de lo que se espera según los cánones del capitalismo, como son destinarlas a inversiones propias, en ayudar a empresas asociadas y en el reparto entre los trabajadores, y nunca para pagar dividendos entre los propietarios que no trabajen en la empresa, ni en la adquisición de empresas competidoras, ni en acciones perjudiciales para el medio ambiente, ni en inversiones financieras, ni en aportaciones a partidos políticos, estando el crecimiento ilimitado fuera de sus objetivos. Los salarios se limitarían tanto por encima como por abajo, no superando el salario más elevado en ningún caso un número determinado de veces el más bajo, y siempre tras una decisión democrática de los trabajadores de la empresa. Habría una reducción gradual en el número de horas trabajadas semanalmente (reparto del trabajo).

¿Cómo se puede conseguir esto, y quiénes son los que valorarían el éxito de las empresas, basándose en estos valores y no en los tradicionales balances financieros de ganancias y pérdidas? Felber propone que las empresas se acogerían a un balance del bien común, un sistema de medida de la aportación de las empresas al bien común, en el que se medirían de forma objetiva valores como la dignidad y la solidaridad (condiciones de trabajo, gestión ética), la sostenibilidad (grado de impacto ambiental de productos y servicios, comportamiento ecológico de los trabajadores), la justicia social (concepción social de los productos y servicios, reparto justo de la renta) y participación democrática (democracia interna y transparencia). Las empresas recibirían una puntuación, según la cual podrían disfrutar de ventajas a medida que subieran en su calificación (reducción del IVA, ayudas directas, créditos bancarios en mejores condiciones, etc.). Unos consultores (l@s propi@s empresari@s que se acogen a esta modalidad, de forma voluntaria) elaborarían los balances, mientras un@s auditores/as extern@s comprobarían la validez de éstos, siendo l@s consumidores/as, en última instancia, en base a la puntuación obtenida, l@s que decidirían qué empresas aportan más al bien común y cuáles menos.

¿Quién puede participar? Según este modelo, participan tanto particulares, como empresas e incluso municipios, que pueden realizar también un balance del bien común. En España, el municipio de Muro d'Alcoi anunció que iba a aplicar este balance a su ayuntamiento. 

El modelo económico del bien común es una propuesta valiente que engloba tanto los aspectos ambientales de la economía (economía verde) como los aspectos sociales. Puede ser una alternativa al capitalismo actual, con la condición de que todos los agentes económicos implicados (empresas, trabajadores, bancos éticos y/o públicos, consumidores, instituciones públicas) participen de forma activa y busquen como objetivo que toda la sociedad y el medio ambiente salgan beneficiados, no sólo unos pocos, como parece que es el modelo imperante en la actualidad.

En este vídeo, el propio Christian Felber nos cuenta los fundamentos de la Economía del Bien Común:

http://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM

¿CRECIMIENTO? ¿PARA QUÉ?

Los gobiernos occidentales insisten en el mantra de que hay que "recuperar la senda del crecimiento". Para ellos, inmersos en el sistema capitalista, si no hay crecimiento no hay desarrollo ni creación de empleo. Este sistema, tal y como está estructurado, exige una huida hacia adelante, con la obligatoriedad de un crecimiento ilimitado (es decir, del aumento del intercambio de bienes y servicios, expresado en el aumento del PIB), sin el cual llegaríamos al colapso de la economía. Sin embargo, el PIB es un índice perverso, porque no expresa de forma adecuada el bienestar de la sociedad ni tiene en cuenta los límites finitos de nuestro planeta. Por ejemplo, el mayor consumo de gasolina o la compra de coches hace aumentar el PIB, aunque ello signifique atascos y más contaminación. También un mayor índice de delincuencia hace aumentar el PIB, porque los gobiernos deben gastar más en seguridad. El PIB no tiene en cuenta la desigual distribución de la riqueza o la degradación del medio ambiente. Es decir, que el bienestar de una sociedad puede ir en retroceso a pesar del aumento del PIB. Por ello, otros índices de desarrollo se han implementado, como el IDH (Indice de Desarrollo Humano) o el IFP (Indice de Felicidad Planetaria), que se ajustan más a la realidad (ver entrada anterior). 

El crecimiento per se produce una serie de efectos perjudiciales sobre los ecosistemas que los economistas clásicos suelen obviar. El crecimiento aumenta la huella ecológica, es decir, la superficie necesaria para subvenir a las necesidades  y para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida  específico, de forma indefinida. Además, produce el aumento de las emisiones de CO2, acelerando el cambio climático. Así, España acaba de agotar el presupuesto ecológico correspondiente a 2012 y a partir de hoy ya inicia su deuda ecológica, emitiendo más CO2 del que puede absorber y superando su biocapacidad (ver enlace). A nivel mundial, el crecimiento global de las economías desarrolladas provoca un aumento de las desigualdades -con el incremento en los índices de mortalidad, delincuencia, problemas psicológicos...- (ver enlace) y el agotamiento de los recursos naturales, que hipotecan nuestro futuro. En un planeta finito, son mayores los inconvenientes provocados por el crecimiento que las ventajas que nos puede aportar, como se ha visto en los últimos decenios.

A partir de la década de los '70, cuando se vieron los primeros síntomas de que el sistema económico imperante en Occidente nos llevaba a un callejón sin salida, toda una serie de economistas empezaron a cuestionar el dogma del crecimiento. En 1972, el Club de Roma publicó la obra conjunta Los límites del crecimiento, en el que ya se advertía que, «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles». Ese mismo año, Herman Daly (1938) propone la teoría de la economía del estado estacionario, en el que, alcanzado un estado óptimo de la economía, no es necesario un crecimiento anual. Sin embargo, Nicholas Georgescu-Roetgen (1906-1994) cuestionó este extremo, considerando que, debido a las leyes de la termodinámica, no se podía mantener este estado, y que "durante el uso de materiales, siempre hay una parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los métodos más futuristas de reciclado". También anticipó el cambio climático e introdujo factores inmateriales, como la alegría, en los flujos económicos. Sus teorías dieron lugar  al concepto de decrecimiento, debida a Serge Latouche (1940). A partir de 2002, el decrecimiento, corriente de pensamiento económico, político y social que aboga por la disminución gradual y controlada de la producción (por lo menos en los países más industrializados), para no sobrepasar los límites del planeta, tiene cada vez más adeptos. En 2008, Christian Kerschner cree que ambos puntos de vista (estado estacionario y decrecimiento) pueden ser compatibles.

Estas alternativas a la economía ortodoxa, desde la óptica de la llamada economía ecológica, que ningún gobierno actual tiene en cuenta, son, sin embargo, las únicas que pueden asegurar un futuro próspero a la humanidad. Pero aquí la prosperidad no significa opulencia ni acopio de bienes materiales, alentado por campañas institucionales de incitación al consumo (o más bien al consumismo), como bien explica Tim Jackson (1957) en su libro Prosperidad sin crecimiento. En palabras de Jackson: "La prosperidad tiene que ver con nuestra capacidad de florecimiento (físico, psicológico y social) (...) que depende fundamentalmente de nuestra capacidad para participar significativamente en la vida de la sociedad". En este ensayo se dice que, según diferentes estudios (Worldwatch Institute, PNUD), no hay un aumento real en la esperanza de vida, en la mortalidad infantil o en los niveles educativos a partir de unos ingresos netos per capita de 15.000 dólares anuales (unos 11.500 euros). 

En los países más desarrollados es urgente realizar esa transición hacia una economía baja en carbono, que frene y revierta el cambio climático, tal y como demanda la Comisión de Medio Ambiente de la UE, para conseguir la reducción de las emisiones de CO2 en un 40% en 2030 y un 80% en 2050 (ver enlace), una economía capaz de crear de empleo, al tiempo que cambia la posición de las personas en el sistema productivo, pasando de ser meros peones del proceso ideado por las cúpulas para alcanzar determinadas metas macroeconómicas, que han demostrado ser perjudiciales para nuestro planeta, a ser verdaderos protagonistas en la toma de decisiones y en la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible y socialmente justa. Para ello es necesario acometer una serie de reformas a nivel internacional, como son, entre otros:

- Reforma fiscal verde, de modo que "el que más contamina, más paga".
- Inversión en una economía verde, con el desarrollo de sectores como las energías renovables, la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos, el reciclaje y la gestión de residuos, la agricultura ecológica, la ganadería no intensiva, etc.
- Reparto del trabajo para que más personas puedan trabajar y para disponer de más tiempo para otras actividades social y personalmente más útiles (ver entrada anterior). 
- Disminución de las diferencias de renta entre los diferentes sectores de la sociedad, con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas.
- Introducción de una Renta Básica Universal (ver entrada anterior). 
- Desmantelamiento de la cultura consumista, fuente de ansiedad y que impulsa a las personas a la búsqueda incesante de la "novedad" vacía de contenido, además de ser una actividad depredadora de los recursos naturales.
- Aumento de la resiliencia, término que se refiere a la capacidad de una sociedad de recuperarse ante situaciones de crisis. Esto se puede conseguir incrementando la participación de las personas en la vida comunitaria y aumentando la cohesión social, reduciendo la movilidad geográfica de los trabajadores, es decir, todo lo contrario de lo que pretende el actual gobierno español con su reforma laboral.

Hay que rechazar la dictadura del PIB como medida de una economía, como la actual, que es perjudicial para el planeta, al tiempo que los gobiernos deben iniciar la transición hacia una economía baja en carbono. Nuestros descendientes lo agradecerán.

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL, UN DERECHO

Las condiciones económicas han ido empeorando en los últimos años, aumentando de forma vertiginosa las bolsas de pobreza en nuestro país. En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno de cada cinco hogares está en "situación de riesgo" (ver enlace). 

Esta situación hace que, además del drama humano que supone, las arcas públicas dediquen ingentes cantidades de dinero a subvenciones (prestaciones por desempleo, fondos para el fomento del empleo, pensiones no contributivas...) que ascienden a más de 60.000 millones de euros anuales, con el inconveniente de que estas ayudas son temporales, sujetas a ciertas condiciones, incompatibles con un empleo remunerado y generador de conflictos psicológicos. Frente a esta política de "parches", cada vez son más numerosas las voces que reclaman la implantación de la Renta Básica Universal (RBU), un ingreso mínimo, según Ramón Soriano (catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla), incondicionado para los ciudadanos y residentes de pleno derecho, compatible con otros derechos, que tienen la finalidad de garantizar su derecho a la subsistencia y su libertad real, satisfaciendo sus necesidades más elementales.

Incondicionado, porque no sería necesario cumplir ningún requisito previo, como la búsqueda de empleo; compatible con otros derechos, porque el sujeto podría recibir otras ayudas, en función de sus características personales y podría recibir un salario por un empleo sin dejar de percibir esta renta; garante de su subsistencia, porque permitiría a la persona tener sus necesidades básicas cubiertas; garante de su libertad real, porque solamente con esas necesidades cubiertas, la persona puede atender a otros aspectos de la vida (pública y privada), como la formación personal, la elección de un trabajo acorde a sus motivaciones e intereses o la participación en actividades de índole política. Además, esta renta sería una manera de dignificar a las personas, ya que la cuantía establecida como renta ascendería a una cantidad fija, independientemente de su situación económica de partida (universal), igualándose en derechos con toda la población. Es decir, sería una renta que se percibiría por el mero hecho de ser ciudadano/a, como un derecho más, incuestionable y no sujeto a los vaivenes políticos del gobierno de turno. 

Los argumentos contrarios a la RBU van desde la insosteniblidad de las cuentas públicas, en el caso de implantarse, a que fomentaría la vagancia y que el trabajo ya no sería la medida de todas las cosas en esta sociedad. El primer argumento se puede rebatir diciendo que esos fondos serían suficientes por dos razones: la primera es que la RBU sustituiría a muchas de las subvenciones individuales actuales (subsidio del paro, pensiones no contributivas...) e irían complementadas con aumento de ingresos provenientes, según varios autores, de diversos impuestos (Tasa Tobin, tasas al uso de la energía) y del afloramiento de la economía sumergida. Resulta curioso cómo los gobiernos apelan a la inviabilidad de estas políticas en época de crisis, pero sacan dinero de debajo de las piedras cuando se trata de socorrer a los bancos, ascendiendo hasta los 115.000 millones las ayudas públicas a la banca desde que se creó el FROB (ver enlace).

En cuanto a que la RBU fomentaría la vagancia, hay que decir que, si bien habría un pequeño porcentaje de personas (no muy diferente al actual) que no buscaría activamente empleo, la inmensa mayoría, para complementar ingresos (pues la RBU, no lo olvidemos, solamente subviene a las necesidades básicas), por ambición personal y por los beneficios personales que ello conlleva, ocuparía empleos remunerados, pero con una ventaja: ya no sería urgente aceptar cualquier empleo para asegurar la subsistencia, por muy precario, desprotegido o peligroso que éste fuera. También se fomentaría el reparto del trabajo, llegando a cotas muy cercanas al pleno empleo. La implantación de la RBU daría importancia a otros tipos de trabajo, el no remunerado y voluntario, que tantos beneficios aporta a la sociedad (trabajo comunitario, trabajo asociativo, trabajo doméstico...).

En España, la propuesta política de una Renta Básica Universal no es nueva. Diferentes iniciativas parlamentarias y propuestas electorales ya abogan por esta forma de ver la política social, pero han contado con el bloqueo de las fuerzas mayoritarias. EQUO, en su programa electoral para 2011, ya proponía una renta de 500 euros mensuales (ver enlace). EQUO Andalucía también tiene esa propuesta de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo (ver enlace). La Renta Básica Universal será la solución en un futuro más o menos cercano, en un mundo en el que el empleo, tal y como lo conocíamos hasta ahora, está abocado a cambiar para siempre, y una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía se hace necesaria, incorporando esta renta como un derecho pleno adquirido por las personas, como lo fue el sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de reunión o la educación, por decir unos cuantos.

Más información:

Soriano, R. 2012. Por una Renta Básica Universal. Un mínimo para todos. Edit. Almuzara. 

Iglesias, J. 1998. El derecho a la renta básica. Los libros de la catarata.

http://florentmarcellesi.wordpress.com/2010/06/01/crisis-ecologia-y-renta-basica/

http://ramiropinto.es/a2/articulos/renta-basica/