¿LA MEJOR TIERRA DEL MUNDO?

El gobierno regional es muy dado a usar eslóganes que le reportan beneficios electorales. Ya pasó en 2001 con el famoso “Agua para todos”, inscrito en una pancarta que los murcianos y murcianas tuvimos que ver durante varios años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, en la época de la burbuja inmobiliaria, con las obras faraónicas proyectadas como el parque Paramount o el resort Marina de Cope, que habrían necesitado de ingentes aportes de agua para su mantenimiento. Afortunadamente, esos proyectos no se realizaron, gracias sobre todo a la oposición de la sociedad murciana y a la acción de la justicia que paralizó algunas de esas obras.  

25 años después, otro lema se repite sin cesar, “la mejor tierra del mundo”. Parece que los próceres murcianos no han viajado mucho, pues muchos son los motivos que contradicen ese eslogan. Basta con hacer un repaso a algunos datos recientes para comprobarlo. Veamos.

La Región registra un 20,6% de abandono educativo temprano, muy por encima de la media nacional, que se cifra en un 12,8 %, y casi el doble que las comunidades con mejores resultados. Este abandono escolar está relacionado con la precariedad laboral o la baja financiación de la educación pública con respecto a la educación privada-concertada. Así, aunque se aumentó la inversión en educación en un 9% en 2025, este dato esconde que el 77 % de esa inversión va destinada al sector privado-concertado, muy por encima de la media española (57%). La masificación de las aulas, el presupuesto raquítico de los centros públicos para atender a la diversidad del alumnado inciden de manera muy importante en la tasa de abandono escolar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada recientemente, el 32,5% de la población de la Región de Murcia estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025, un dato superior al 2024 (32,4%), sólo por debajo de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). Casi la mitad de la población de la región no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,5% no puede irse de vacaciones una semana. Estos datos demoledores ponen de relieve las dificultades que afronta un amplio sector de la sociedad murciana. Aunque se acaba de aprobar la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028, está por ver su eficacia si no se actúa sobre la raíz del problema, como es reducir la desigualdad y distribuir la riqueza de un modo más efectivo.

El alza del precio de la vivienda, el mayor problema con que se enfrenta la sociedad actual, golpea de lleno a nuestra región. Así, según el portal Fotocasa, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha subido casi un 30% en el último año, encabezando el ranking nacional de subidas, con un precio medio de 1.924 euros por metro cuadrado, 439 euros más que en 2024. El alquiler tampoco es asequible, habiendo experimentado una subida interanual del 9% a marzo de 2026, situándose en una media de aproximadamente 9,43€ a 10€ por metro cuadrado. En un reciente informe de Cáritas se indica que el 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentran en riesgo de pobreza.

El medio ambiente también es una asignatura pendiente en nuestra región. Aunque el Mar Menor experimenta una ligera mejoría, con menores aportes de nutrientes a la laguna costera, sigue siendo un ecosistema frágil, con problemas que no se resuelven vinculados a la agricultura intensiva y con la espada de Damocles de la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor por la dependencia del PP regional a las imposiciones de Vox para aprobar los presupuestos. 

Otro problema que sufrimos es la contaminación atmosférica vinculada a la alta dependencia del coche. Murcia es la ciudad española que más usa el coche (el 72% de su población lo usa habitualmente) dando como resultado que en más de la mitad de los días de 2025 se han registrado niveles desfavorables de la calidad del aire. A pesar de la propaganda que realiza a diario el alcalde Ballesta con su tranvíbús, este medio no soluciona en absoluto el problema de la movilidad, ya que sólo une el centro con el hospital de La Arrixaca en el Palmar.

Otro aspecto ambiental que nos sitúa a la cola es la proliferación de plantas de biogás en poblaciones como Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo o San Javier, que son la excusa perfecta para mantener la ganadería intensiva de porcino, con la contaminación por purines, los malos olores y la intensificación del tráfico de vehículos pesados asociados a la implantación de estas plantas sobredimensionadas. La última noticia aparecida en los medios de comunicación es la presunta ocultación por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Informe de la UPCT sobre metales pesados (arsénico, cadmio, plomo y zinc), en el Campo de Cartagena. Este hecho ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciarlo ante la justicia. 

La situación social, económica y ambiental de la Región de Murcia, de la que sólo he desgranado unos pocos datos, contradice el triunfalismo del gobierno regional y su lema institucional “La mejor tierra del mundo”, que puede servir como campaña de marketing para incautos, pero que no refleja la realidad de un territorio que atraviesa por múltiples problemas que no tienen visos de tener una solución a corto plazo. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mejor-tierra-mundo_132_13035639.html

UNA REGIÓN CONTAMINADA

Una vez más, y como viene ocurriendo cada cierto tiempo, la ciudad de Murcia atraviesa episodios continuados de alta contaminación atmosférica, situación que afecta directamente a la salud de la población, especialmente a la infancia y a las personas mayores. La capital de la región es una de las ciudades españolas con mayor contaminación, debido sobre todo a los humos expelidos por los tubos de escape de los vehículos privados y a las quemas agrícolas que siguen realizándose sin control. Pero esto no es exclusivo de Murcia; la Región de Murcia es la comunidad autónoma más contaminada, superando en más de un 30% la media nacional, según los últimos datos del INE. También Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura, registran una calidad del aire negativa en más del 90% de año, según los datos de la propia Consejería de Medio Ambiente, con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono que afectan a las vías respiratorias, agudizando las enfermedades pulmonares y reduciendo la esperanza de vida. 

Las autoridades municipales culpan de esta contaminación principalmente a la “intrusión de una masa de polvo sahariano”, ese cajón de sastre que se suele utilizar para desviar la atención de las verdaderas causas, como es el tráfico desmesurado, sobre todo en las horas punta, las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde, momentos en los que se superan los 200 microgramos por metro cúbico de contaminantes en suspensión. La reversión de los planes de movilidad llevada a cabo por el actual consistorio capitalino, sumado a las deficiencias en materia de transporte público en la ciudad de Murcia, nos da como resultado la reincidencia en los episodios de contaminación extrema que supone la suspensión de actividades deportivas en los centros educativos, la recomendación de usar mascarilla y de no realizar actividades al aire libre.

El ayuntamiento de Murcia se jacta de tener el protocolo de calidad del aire "más avanzado de España”. Podemos estar de acuerdo en que se realizan mediciones de contaminantes atmosféricos, pero este protocolo se limita a advertir a la población de estos episodios acompañados de diversas recomendaciones, algunos posts en redes sociales y poco más. Sin embargo, no existe un plan real de prevención ni se incide en las causas reales de la contaminación. Los coches campan a sus anchas, y tenemos el peor sistema de transporte público del país, algo extensible al resto de la región. Al año se realizan en la Región de Murcia mil millones de desplazamientos, cuatro millones al día. Pues bien, el 95% de estos mil millones de desplazamientos se realizan mediante el transporte privado. Solo un 5% de estos trayectos se llevan a cabo mediante transporte público.

Los expertos tienen muy claro cuáles deben ser las vías para disminuir la contaminación atmosférica. Según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es de obligado cumplimiento la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, en nuestra región, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Estas ZBE deberían de haber sido implantadas a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, ninguna de estas ciudades ha hecho los deberes a día de hoy, por lo que, recientemente, el Defensor del Pueblo ha exigido que se habiliten esas zonas. Pero los ayuntamientos del Partido Popular de la Región de Murcia se escudan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se anularon las áreas delimitadas por el equipo de Almeida por lo que, en el caso de implantarse esas ZBE, no se incluirá la restricción al tráfico para los vehículos más contaminantes, ni discriminará el acceso según el distintivo ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha advertido que esto podría suponer la pérdida de fondos europeos. 

La sociedad civil debe reaccionar ante la inacción de los ayuntamientos en materia de contaminación atmosférica y la falta de medidas efectivas para potenciar el transporte público, a pesar de las demandas aplastantes de la población. Sólo así se protegerá la salud colectiva ante estas agresiones ambientales.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/region-contaminada_132_11887754.html

EL ESCENARIO POST-COVID-19, UNA VENTANA DE OPORTUNIDADES

Foto: EFE

En estas semanas de confinamiento salen a la luz numerosos artículos y estudios, como el realizado por la organización ambiental WWF, que relacionan la destrucción de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad y el avance del cambio climático con la proliferación de patógenos en general y del coronavirus en particular. Por ejemplo, se ha comprobado que la eliminación de hábitats, la deforestación, la agricultura y la ganadería intensivas, el tráfico de animales vivos y el consumo de animales exóticos, ya sea como alimento, como medicina o como amuletos favorece la zoonosis, es decir, la transmisión de virus de una especie a otra, incluida la especie humana. Ya se ha citado que la contaminación atmosférica, especialmente debida a partículas en suspensión acelera la transmisión del coronavirus.

Es un hecho que el estado de alarma planetario ha reducido sensiblemente tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la contaminación, hasta niveles nunca vistos en los últimos años. Así, China ha disminuido en un 25% sus emisiones con la situación de epidemia. En Europa, las emisiones contaminantes también se han reducido, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas industriales. Sin embargo, ¿es consciente el mundo de que es necesario mantener esta tendencia para cuando esta crisis sanitaria se supere? ¿O será sólo un espejismo y a esta situación irá seguida de un efecto rebote que multiplicará las emisiones para volver a lo que había o, peor aún, a superarlo?

Durante décadas los científicos han alertado de los efectos nocivos de una actividad económica desaforada sobre el planeta, siendo totalmente ignorados porque sus advertencias iban en contra del crecimiento económico y de la consecución de beneficios a corto plazo, aunque nos están llegando señales inequívocas de la degradación ambiental generalizada desde hace años. Ha hecho falta una pandemia para que seamos testigos de la recuperación, aunque sea parcial, de los ecosistemas, al dejar que la naturaleza funcione sin alteraciones humanas, aunque sea a pequeña escala, ya que décadas de acción antrópica sobre el medio no pueden ser eliminadas de un plumazo.

La cuestión es si esta crisis sanitaria hará replantearse a los gobiernos nuestro modo de producir, nuestra manera de consumir y de movernos o, al contrario, una vez que pase la pandemia, olvidaremos sus consecuencias y seguiremos cambiando de coche cada dos años, de móvil cada seis meses, usaremos el vehículo privado para movernos a la vuelta de la esquina, los gobiernos seguirán sin invertir en transporte público, sin favorecer la movilidad sostenible en las ciudades, o fomentando industrias contaminantes, por poner algunos ejemplos.

¿Se producirá la tan ansiada transición ecológica de la economía? ¿O se seguirá invirtiendo en sectores que generan una gran huella ecológica, depredadores del territorio y que tantas consecuencias negativas provocan, incluido el establecimiento de las condiciones favorables para que las epidemias se transmitan con mayor facilidad? Ni siquiera las sucesivas Cumbres del Clima han hecho mella en la voluntad de los gobiernos, manteniéndose las emisiones y la actividad económica.

Pero parece que algo está cambiando. Ministros de Medio Ambiente de 10 países de la UE, incluida España, 79 eurodiputados de 17 países miembros, 37 directores generales de otras tantas empresas europeas, asociaciones empresariales, sindicatos y diversas ONGs se han adherido al manifiesto “Green Recovery” (Recuperación Verde), redactado y propuesto por Pascal Canfin, del grupo parlamentario de Los Verdes y presidente del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, por el que se plantean inversiones masivas para afrontar un escenario post-Covid19, de modo que se aborde una transición de la economía según el prisma verde, es decir, que sea neutra para el clima, que incluya la protección de la biodiversidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios para mejorar el modo de vida de todos los ciudadanos del mundo, así como de contribuir a la construcción de sociedades más resistentes, tal y como reza el manifiesto. De esa manera, se combinan dos luchas que deben ir íntimamente ligadas, la lucha contra pandemia futuras y contra el cambio climático.

 El escenario post-Covid19 debe ser una ventana de oportunidad para cambiar nuestra visión y conseguir un mundo más saludable, más sostenible y más justo.

Articulo publicado hoy en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/escenario-post-COVID-19-ventana-oportunidades_6_1018808154.html

ALGUNAS REFLEXIONES DURANTE LA CRISIS SANITARIA

Foto EFE

Ya llevamos dos semanas de confinamiento, en las que solamente nos relacionamos con los demás a través de redes sociales y videollamadas, por aquello de vernos las caras, y en las escasas ocasiones en las que salimos a la calle a hacer las compras imprescindibles, salvo las personas que tienen perro, que pueden salir tres veces al día (afortunados ellos). En estos días estamos siendo testigos tanto de lo mejor como de lo peor de la especie humana. 

Entre lo mejor está, por supuesto, la profesionalidad del colectivo sanitario quienes, a riesgo de su propia vida, luchan día a día contra esta epidemia, además de las fuerzas de seguridad del estado que velan por el estricto cumplimiento de las normas establecidas por la situación de alarma, el colectivo docente que trabaja diariamente para que los millones de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos no pierdan el curso y los millones de trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo para que el país conserve algo de actividad y no se paralice del todo.

Desgraciadamente, esta crisis sanitaria también ha puesto en evidencia los aspectos negativos del ser humano que, si bien es cierto que están presentes en condiciones normales, con esta situación se ha amplificado y se han multiplicado por varios enteros. En primer lugar vemos la estupidez de algunos gobiernos, especialmente los de Gran Bretaña y EE.UU., que pensaron que esto no iba con ellos, que se librarían de la pandemia, pero la realidad les ha alcanzado, y el gigante norteamericano es ya el país con el mayor número de contagiados, unos 140.000, la mitad de los cuales se encuentran en la ciudad de Nueva York. 

A nivel europeo, se está demostrando que la UE no está a la altura, una vez más. Cuando la crisis de 2008, Alemania ya se negó a emitir bonos europeos para afrontarla de un modo conjunto, dejando que España, Grecia y Portugal se hundieran. Ahora se repite la historia, y Alemania, Holanda y Austria, que consideran los "coronabonos" poco "morales" y sólo piensan en posibles préstamos con condiciones de rescate, no están dispuestos a que Europa salga del problema como un todo. Esto da pocas esperanzas de crear una verdadera Unión Europea, sino que seguimos siendo un continente de países insolidarios entre sí. Europa es un monstruo hiperinflado de burocracia e instituciones anquilosadas que, a la hora de la verdad, no da respuesta a los problemas reales (inmigración, pandemia, medio ambiente).

A nivel local, aunque es cierto que en España también nos ha pillado por sorpresa, esta epidemia ha hecho resurgir las carencias de un sistema de salud que, a pesar de contar con excelentes profesionales, ha sido sistemáticamente recortado en los últimos años, especialmente desde la crisis del 2008, con la disminución del número de médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares y material sanitario que ahora necesitamos, pero que en épocas normales nos hacia repetir el mantra de tener “la mejor sanidad del mundo”. Entre la clase política, esta circunstancia ha evidenciado la inutilidad de algunas voces, sobre todo entre la oposición, más preocupados en sacar rédito político a la situación que en aportar soluciones, más ocupados en seguir una pose, escondidos tras las banderas y el patriotismo de salón, en lugar de poner a disposición del gobierno el capital humano, que seguro que tienen, para colaborar en la búsqueda de medidas efectivas.

Otro aspecto que nos debe hacer reflexionar es la relación entre los lugares en los cuales se ha desarrollado de forma exponencial la pandemia y los niveles de contaminación. Un estudio de la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental (SIMA), en colaboración con las Universidades de Bari y Bolonia, relaciona los casos de contagio por el Covid-19 y la concentración de partículas finas PM10 (partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen) dispersas en la atmósfera en las provincias italianas. Pues bien, se ha observado en las ciudades más contaminadas, como Brescia, una “aceleración anormal” de la expansión de la epidemia. Si esto se extrapola a los países más afectados, Europa Occidental, EE.UU., China, Japón, Australia, Indonesia, con la anomalía de Irán, como más afectados, seguidos por los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, Canadá y Sudáfrica), países con economías emergentes, además de Argentina, no es difícil establecer esta relación directa.

El sistema económico en el que nos movemos, en el que se han creado dependencias entre los países del llamado “primer mundo” y países, sobre todo, del este asiático, en un momento como el actual, ha mostrado su imperfección. Además de la contaminación y el incremento de las emisiones de GEI, la deslocalización de la producción, motivada por la búsqueda de beneficios a corto plazo, y el comercio de larga distancia hacen que, en situaciones de crisis, se corte la distribución, paralizándose la producción de bienes a nivel planetario.

Todos estos aspectos nos debe hacer reflexionar sobre nuestro sistema, en el que se hace necesario un replanteamiento global, revisando desde los mecanismos de solidaridad y las relaciones internacionales hasta los modos de producción. Ahora vemos que está en juego nuestra propia supervivencia.

Articulo aparecido en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/reflexiones-crisis-sanitaria_6_1011458857.html

MUNICIPIOS POR EL CLIMA

Fuente: EFE

Recién dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral de las generales, y a pocas semanas de iniciarse la campaña para las autonómicas y municipales, es el momento de recordar que el mejor cortafuegos contra el cambio climático se construye desde los municipios, desde lo más cercano, donde la ciudadanía puede aportar su grano de arena para revertir este fenómeno que parece imparable.

En ese sentido, desde las instituciones internacionales y los organismos estatales hay intentos de consensuar medidas que puedan ser aplicadas desde los ayuntamientos. Así, la Alianza por el Clima, un organismo creado en 1990 con sede en Frankfurt, reúne a más de 1.700 poblaciones y regiones de 26 países europeos (una red a la que sólo una ciudad española, Barcelona, se sumó en 2010) con una tarea común: la de intercambiar experiencias y apoyar iniciativas encaminadas a reducir las causas del cambio climático desde una perspectiva municipal, con el objetivo de aprobar resoluciones municipales en las cuales se comprometen a reducir el 10% de las emisiones de CO2 cada 5 años, lo que equivale a la mitad de las emisiones hasta el 2030.

En octubre de 2018 se aprobó la llamada Declaración de Barcelona, por la que los municipios asociados a la red se comprometen a aplicar las medidas aprobadas en la COP21 de Paris 2015, para evitar que la temperatura global supere los 1,5ºC con respecto a 1990.

A nivel estatal, la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) creada en 2005, reúne a más de 300 corporaciones locales, número que supone el 60% de la población española. Desde este red se organiza una serie de actividades de formación, conferencias, cursos, convocatorias de premios e impulso de iniciativas, a menudo desconocidas para el gran público.

Sus objetivos son aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales, colaborar en proyectos conjuntos con los municipios, actuar como foro de intercambio de experiencias y desarrollar acciones de información y sensibilización.

Pero a pesar de los buenos propósitos, no parece que estas redes estén consiguiendo el efecto deseado. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, y no hay señales claras de que los ayuntamientos asociados apliquen medidas efectivas para que se mitiguen los efectos del cambio climático. Por ello, hace unas pocas semanas, el partido verde andaluz, EQUO-Verdes, presentó un documento en el que se recogen las 12 medidas que deberían implementarse para reducir las consecuencias y eliminar las causas del cambio climático desde el ámbito municipal.

Estas medidas pasan por parar la instalación de macrogranjas, fomentar el transporte público multimodal, un acceso fácil a la vivienda, y un aire más limpio. Se propone dar prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al transporte público, y multiplicar los espacios verdes en nuestros pueblos y ciudades. El plan contempla igualmente medidas para impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de energía; promover un modelo 100% público del suministro de agua; fomentar nueva cultura de consumo responsable y ético y la economía circular; y recuperar la gestión directa de los servicios municipales básicos. Además, se propone  la puesta en marcha de caminos escolares (a pie o en bici), la dotación de huertos solares y agrícolas, el diseño bioclimático de los edificios, y la implantación de comedores escolares con productos ecológicos y de proximidad.

Estas medidas pueden y deberían ser aplicadas de inmediato y, en este periodo electoral, deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía a la hora de elegir las opciones políticas a las que votar, para conseguir que nuestros pueblos y ciudades sean entornos más habitables y saludables, además de que se puede conseguir con ellas el principal objetivo, alejarnos del punto de no retorno de un aumento de la temperatura media capaz de cambiar el clima de un modo incompatible con la supervivencia del ser humano en nuestro planeta.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Municipios-clima_6_888971095.html

PALABRAS VANAS, RUIDO DE CAMPANAS

Fuente: CARM

Los grandes problemas que sufre la Región de Murcia, el paro, la pobreza, el estado del Mar Menor, el asunto del agua, el AVE y el soterramiento a su paso por Murcia, la contaminación atmosférica, entre otros, no encuentran con el PP la solución que merecemos, sino todo lo contrario. El partido que gobierna la región y el ayuntamiento de Murcia desde hace más de 20 años sólo ha actuado a golpe de declaraciones grandilocuentes y promesas largas veces incumplidas, si no directamente a base de mentiras que no se creen ni ellos.

“Las declaraciones falsarias y promesas de los gobiernos del PP llegan al paroxismo cuando se trata del medio ambiente”

Basta con repasar las hemerotecas para comprobar cómo los sucesivos presidentes regionales y sus consejeros, así como los alcaldes, han abusado de los anuncios estrella que no han llevado a ninguna parte. Así, en relación al desempleo en nuestra región, mientras el portavoz Víctor Martínez se jactaba en agosto pasado de ser la región donde “más baja el paro y más empleos se generan”, lo cierto es que, tanto en septiembre como en octubre, el desempleo aumentó en más de 3.000 personas, situándose en el 18,11% la tasa de paro en la Región de Murcia, casi dos puntos por encima de la tasa nacional. La pobreza se ha enquistado en un 28% de la población, limitándose el gobierno de López Miras a presentar a bombo y platillo, hace ya un mes, con la presencia del vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la llamada “ruta social”, sin medidas concretas sobre la mesa.

La serie de declaraciones falsarias y promesas lanzadas al aire por parte de los gobiernos del PP llega al paroxismo cuando se trata del medio ambiente. El Mar Menor sigue esperando la aplicación de medidas de urgencia anunciadas ya en 2016, a través de la anterior consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, como la colocación de “filtros verdes”, así como la aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, que debería haberse aprobado en 2012. En cuanto al problema de escasez hídrica, mientras López Miras asegura a los regantes que vendrá “el agua que nos merecemos”, nada se hace para cambiar el modelo agrícola imperante, ni para reducir las miles de hectáreas de regadío ilegal, al tiempo que se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la construcción de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del campo de Cartagena, para la extracción de agua, situación que podría agravar el estado ya agónico de la laguna. A todo esto, se ha sabido que en Murcia se paga hasta 6,6 veces más cara el agua que en otras regiones.

“El objetivo del PP murciano es que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para presentarlo como un logro propio en las elecciones del año siguiente”

¿Y qué decir del soterramiento de las vías del AVE que no se sepa ya? Tanto el alcalde Ballesta como el presidente regional acumulan una gran cantidad de declaraciones sobre este tema, la inmensa mayoría de las cuales han sido dichas para salir del paso, siendo conscientes, creo yo, de que no se van a cumplir, habiendo colmado la paciencia de los vecinos y vecinas de las barriadas del sur de Murcia. De decir en mayo que estaría “siempre al lado de los vecinos y en la defensa de sus intereses”, Ballesta ha pasado a afirmar a comienzos de esta mes que “buscaría a otros interlocutores”, acusando además a la Plataforma Pro-Soterramiento de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en fechas recientes. El objetivo del PP murciano es, claramente, que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para poder presentarlo como un logro propio de cara a las elecciones del año siguiente, aunque eso suponga ponerse en contra a cientos de miles de vecinos.

Por último, los picos de contaminación atmosférica que ha sufrido la ciudad de Murcia, agravados por la sequía y el cambio climático, son también el resultado de años de inacción por parte del consistorio. Se ha sabido que Murcia registra más del doble del valor límite diario de contaminación por ozono, con las consecuencias nefastas para el sistema respiratorio. Sin una política decidida en materia de movilidad sostenible, sin una apuesta clara por el fomento de la bicicleta, más allá del sistema de alquiler público, sin carriles bici suficientes que atraviesen el casco urbano y conecten con las pedanías, sin la mejora del transporte público urbano, y sólo con tímidas iniciativas en favor del vehículo eléctrico, como la promesa de la colocación de unos pocos puntos de recarga y la implantación del sistema Muving de alquiler de motos eléctricas, aún estamos lejos de conseguir revertir la situación.

Por el uso y el abuso, por parte de nuestros gobernantes, de anuncios, al final, se quedan en nada, se les podría decir aquello de “palabras vanas, ruido de campanas”.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2017/11/palabras-vanas-ruido-campanas

UNA CUMBRE ESPERANZADORA

Desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de cambio climático. El pasado lunes dio comienzo la COP23, la Cumbre del Clima, que este año se celebra en la ciudad alemana de Bonn hasta el próximo 17 de noviembre, dos años después de la Cumbre de París, en la que la mayoría de países del mundo (salvo EEUU, que se desvinculó del acuerdo en junio pasado, y Siria, por razones obvias) se comprometieron a acometer acciones para luchar contra el cambio climático y evitar que la temperatura media de la Tierra supere en 1,5ºC los niveles de la era pre-industrial.

En esta ocasión, los participantes en la Cumbre de Bonn tienen como objetivo tratar aspectos técnicos, buscando la manera de implementar las medidas aprobadas en Paris en 2015, tarea nada fácil viendo cómo los valores de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la temperatura media del planeta no hacen más que aumentar. Así, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, señala que entre enero y septiembre de 2017 la temperatura media global fue 1,1ºC superior a la media de los niveles pre-industriales, mientras que la concentración atmosférica de CO2 alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando de nuevo la barrera de los 400, que se rebasó por primera vez en 2015, el año del Acuerdo de París. El año que está a punto de acabar seguramente será el segundo más cálido de la historia, sólo por detrás de 2016. Como podemos comprobar, avanzamos de forma inexorable hacia un punto de no retorno climático.

“Nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por más de 1.000 millones de euros anuales a actividades basadas en la quema de combustibles fósiles y la producción de electricidad en las centrales térmicas de carbón ha crecido un 39%”

España está lejos de cumplir los acuerdos firmados (empieza a ser habitual que las distintas administraciones españolas firmen acuerdos que son papel mojado, y si no que se lo pregunten al alcalde de Murcia en relación al soterramiento de las vías). A pesar de que para 2020, y como miembro de la UE, España debe abandonar las ayudas dañinas para el medio ambiente, lo cierto es que nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por valor de más de 1.000 millones de euros anuales a actividades que están basadas en la quema de combustibles fósiles (transporte, agricultura o generación de electricidad), mientras que, en lo que va de año, la producción de electricidad en las centrales térmicas que emplean carbón ha crecido un 39%.

El gobierno español sólo actúa espoleado por las veleidades independentistas de parte de los catalanes, pero no mueve un solo dedo para afrontar el mayor desafío al que nos enfrentamos, que ríete tú del “desafío soberanista”, es decir, evitar que alcancemos el fatídico aumento de la temperatura de la Tierra, con las consecuencias funestas que ello conlleva, y la actual sequía no es sino la punta del iceberg. Amén de los costes económicos que supone la restauración de la situación tras catástrofes como inundaciones, incendios o la destrucción de cosechas por falta de agua, el cambio climático afecta a la productividad laboral, sobre todo en las zonas rurales, además de causar problemas sanitarios (desnutrición, enfermedades infecciosas) en los países más pobres. Ahora, en nuestro país, empezamos a sufrir las primeras restricciones al acceso al agua potable, con un límite de 200 litros por persona y día en algunas zonas como en la mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, se ha comprobado que el sector de población más afectado por el cambio climático es el de las mujeres, ya que el 76% de los llamados refugiados climáticos, es decir, aquellos que deben abandonar sus lugares de residencia por causa de sequías, por la subida del mar, las olas de calor y la alteración de las estaciones, son mujeres, según se desprende de la Conferencia “Justicia climática: la perspectiva de género en la transición energética”, organizada por el Grupo Verde del Parlamento Europeo el pasado 19 de octubre. La categoría de “refugiado climático” alcanza ya a 65 millones de personas en todo el mundo, según la ONU.

La reunión que comenzó el lunes en Bonn y que reúne a 25.000 personas de todo el mundo para tratar, una vez más, el reto del cambio climático, puede suponer una de dos posibilidades: un puñado de buenas palabras sin consecuencias efectivas, o la confirmación de que los países desarrollados, responsables del 85% de la emisión de GEI, empiezan a tomarse en serio este problema. Esperemos que esta segunda opción sea la correcta.

Artículo publicado el pasado 7 de noviembre en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2017/11/una-cumbre-esperanzadora

UN ACUERDO CONTRA EL MERCURIO

El pasado día 16 de este mes entró en vigor el Convenio de Minamata, que toma su nombre de la ciudad japonesa donde se aprobó este acuerdo en enero de 2013. La elección del lugar no es casual: en 1956 sufrió una epidemia que provocó problemas neurológicos graves, malformaciones congénitas y la muerte de miles de personas. Hasta tres años después no se averiguó que fue debida a la contaminación masiva en su bahía por el vertido durante años de catalizadores a base de mercurio procedentes de una fábrica química, acumulándose en los peces y pasando a los seres humanos tras el consumo de pescado, base de su alimentación. El objetivo del Convenio de Minamata es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”, tal y como reza en el documento promovido por el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Este metal tóxico afecta al sistema nervioso central y no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada”

Para ello, este acuerdo, de obligado cumplimiento, insta a los 128 países firmantes a aplicar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, clausurar aquellas que ya existen en un plazo de 15 años, regular la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y reducir el uso y emisiones del mercurio, así como aplicar medidas de control sobre una serie de productos con mercurio añadido cuya producción, importación y exportación estarán prohibidas para 2020 (como baterías, lámparas, termómetros, jabones y cosméticos, entre otros). También incluye disposiciones para promover la identificación y protección de poblaciones en situación de riesgo, aumentando la asistencia médica y la mejor formación de los profesionales de la salud en la identificación y el tratamiento de los efectos relacionados con el mercurio.

La fecha de la aplicación del Convenio de Minamata está relacionada con el hecho de que en mayo pasado se alcanzó la cifra de 50 países que han ratificado este acuerdo. Aunque la UE en su conjunto lo ratificó en el pasado mes de abril, España aún no lo ha hecho de forma individual, como sí lo han hecho siete países miembros de la UE (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia), demostrando así su escaso compromiso con la erradicación de la contaminación por este metal tóxico, que afecta al sistema nervioso central, con la particularidad de que no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada.

Se da la circunstancia de que España suma el 50% de los casos de pescado contaminado por mercurio en la UE, al superarse el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros, que es de 0,5 miligramos por kilogramo. Además, la población española tiene 10 veces más de mercurio en sangre que la de países como Alemania, Estados Unidos o Canadá. Aproximadamente, la mitad de las emisiones antropogénicas de mercurio provienen de la quema de carbón y la producción de metales y de cemento, de acuerdo con el PNUMA, por lo que la reducción de estas actividades es prioritaria. Una zona muy sensible a la contaminación por mercurio es el Ártico, en cuya tundra se acumula este metal, que es liberado con el deshielo, afectando a la fauna y a la comunidad autóctona, cuya base alimenticia es el pescado, un fenómeno que podría verse amplificado por el cambio climático.

Muchas de las ONGs comprometidas con la eliminación de contaminantes persistentes, como es el mercurio, denuncian no obstante que este tratado es bastante laxo en algunos aspectos, como la excesiva permisividad con las centrales de carbón en cuanto a sus emisiones de mercurio. También califican de problemática la financiación de las medidas a tomar, sobre todo en los países del sur. Por ello, la comunidad internacional debe facilitar la aplicación de las medidas aprobadas, al tiempo que España, a través de su aprobación en el Congreso de los Diputados, debe ratificar cuanto antes este convenio, demostrando así su firme compromiso con este problema global.

Artículo publicado el pasado 18 de agosto en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2017/08/un-acuerdo-contra-mercurio

ECOCIDIO, UN CRIMEN AÚN NO RECONOCIDO

La deriva que está tomando el planeta desde hace décadas debe obligar a los organismos internacionales a incluir un nuevo delito que, hasta ahora, ha quedado impune. Me refiero al llamado ecocidio, término que se refiere a la “destrucción extensa del ecosistema o de un territorio en concreto como consecuencia de la acción directa o indirecta de los seres humanos o de la industria”.

La primera vez que se usó este término fue en la década de los sesenta, como consecuencia de los efectos sobre las personas y el medio ambiente provocados por el llamado Agente Naranja, un herbicida defoliante lanzado sobre la selva de Vietnam por el ejército estadounidense para evitar que las tropas norvietnamitas encontraran refugio. Esta sustancia, desarrollada principalmente por Monsanto, contenía en altas concentraciones una dioxina, el TCDD, que no sólo afectaba al ecosistema, sino que produjo malformaciones en fetos, cáncer, afecciones cutáneas y otras enfermedades, tanto a varias generaciones de vietnamitas como a soldados norteamericanos expuestos a esta sustancia.

“Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud”

Esta semana se han presentado en La Haya las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, tras seis meses de trabajo, como consecuencia de las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y ecocidio por la comercialización de productos tóxicos causantes de la muerte de miles de personas, como el PCB, el glifosato o el propio Agente Naranja. Durante varios días, el pasado mes de octubre de 2016, testificaron ante este tribunal víctimas de los pesticidas provenientes de todo el mundo, veterinarios, toxicólogos, expertos científicos y jurídicos, contando los efectos perjudiciales de la exposición a estas sustancias tóxicas. La compañía estadounidense especializada en biotecnología agrícola Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud. Entre las actividades señaladas por el dedo acusador, el alto tribunal cita la comercialización agresiva de semillas genéticamente modificadas, que fuerzan a los agricultores a adoptar modos de cultivo que no respetan los modos tradicionales, así como los daños al medio ambiente y a la población vietnamita producidos por el Agente Naranja durante la guerra del Vietnam (1955-1975).

Relacionado con lo anterior, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y en el marco de la Semana Sin Pesticidas que se celebró el pasado mes de marzo, se han reunido con representantes de este organismo víctimas de pesticidas y otros agentes químicos, relatando los efectos sobre su salud que ha tenido la exposición durante largo tiempo a herbicidas y pesticidas, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también como consecuencia de fumigaciones en zonas verdes, parques y jardines. Se da la circunstancia de que España es el país europeo con el nivel más alto de consumo de pesticidas. Según la UE, en 2013 (últimos datos disponibles), en España se consume el 19,5% de los pesticidas totales, seguidos por Francia (18,7%), Italia (13,8%) y Alemania (12,3%).

Desgraciadamente, el ecocidio no está contemplado como uno de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma de 1998, sobre los que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción, crimen que se añadiría a los de genocidio y crímenes de lesa humanidad (esclavitud, asesinato, desplazamientos forzosos, violencia sexual, etc.). Es por ello que, desde este organismo jurídico, se insta a que se incluya este delito, declarando en las conclusiones del juicio a Monsanto que “ha llegado el momento de incluir la creación de un nuevo concepto jurídico de ecocidio, persiguiendo a los autores de crímenes que tienen como objetivo o como consecuencia la destrucción del medio ambiente”.

La declaración de ecocidio como uno de los crímenes internacionales permitiría que no sólo las personas individuales, sino también las empresas, puedan ser perseguidas por actividades que atentan contra la salud, el medio ambiente y el derecho a una alimentación sana.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/04/ecocidio-un-crimen-aun-no-reconocido

CIUDAD SALUDABLE VS. CIUDAD CONTAMINADA

Estas últimas semanas hemos asistido a la confrontación de dos visiones de la ciudad, una de ellas que tiene a las personas como centro de atención, al cuidado de la salud pública como prioridad y a la humanización de las calles como objetivo. La otra visión, más conservadora, desdeña la salud de la ciudadanía, adora al coche como tótem icónico que perpetúa la posesión de este tipo de vehículo como muestra de status y tiende a la deshumanización de la ciudad.

Me refiero, por un lado, a las medidas establecidas por el Ayuntamiento de Madrid durante las festividades navideñas para minimizar el efecto de la contaminación atmosférica. Como saben, estas medidas incluían la restricción del tráfico rodado en la llamada “almendra central”, es decir, el área incluida en el interior de la M30, para el 50% de los vehículos en determinados días, dependiendo de la matrícula, además de la prohibición de aparcar en ciertas zonas y la limitación de velocidad a 70 km/h en la M30. Frente a la asunción de medidas valientes para reducir la contaminación por parte del consistorio madrileño, el sector conservador prefiere mantener los niveles elevados de NO2 y partículas en la atmósfera, tildando de un modo irresponsable nada menos que de “ideológicas” las decisiones tomadas, cuando es conocido que la contaminación atmosférica mata anualmente a 7.000 personas en España, según la OMS. Los madrileños, sin embargo, han podido comprobar cómo la boina de contaminación ha disminuido en estos días tras la puesta en marcha de estas medidas.

“Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles”

Los altos niveles de contaminación atmosférica no son exclusivos de Madrid, sino que otras ciudades españolas, entre ellas Murcia, presentan altas tasas de NO2, ozono y partículas sólidas, provenientes de la combustión de los motores de automóviles, principalmente. En nuestra región, a pesar de que varios informes, como los realizados por Ecologistas en Acción y por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, alertan del alto grado de ozono en la atmósfera detectada en 2016 (por encima incluso que los niveles de 2014 y 2015) hemos podido ver cómo el alcalde de la capital ha negado este extremo, asegurando que Murcia «nunca en la historia ha tenido episodios de contaminación que hayan requerido de ningún tipo de medidas extraordinarias». El alcalde Ballesta prefiere cerrar los ojos al problema antes que implementar medidas para paliar los efectos de la contaminación.

Hay otro dato que pone de relieve que hay un determinado sector de la sociedad española que no quiere que tengamos una ciudad más amable y humana. En este caso, el lobby del automóvil, representado por el RACE, propone que, para disminuir la siniestralidad en las carreteras españolas, se haga extensivo el carné por puntos a los ciclistas y se les obligue a la posesión de un seguro y de una matrícula. Esta propuesta es totalmente irracional. Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el RACE intenta una vez más quitarse de en medio a las bicicletas, esos artilugios que entorpecen el tráfico e impiden que los coches circulen a sus anchas por las calles, dificultando el uso de este medio de transporte ecológico mediante la burocratización y un coste económico para sacar la bici a la calle.

Como se puede comprobar, la consecución de una ciudad para las personas, a través de la pacificación del tráfico, por medio de la generalización del uso del transporte público y la bicicleta y la disminución de la densidad de automóviles es una batalla difícil, por la cerrazón de una parte de la sociedad española, convencida de que la ciudad sigue siendo territorio de los coches, aunque eso suponga altos niveles de contaminación y aumento de la siniestralidad. Un último argumento tal vez pueda persuadirles de que la disminución del uso de los coches y la peatonalización del centro de las ciudades es positivo: en todas las localidades donde se ha generalizado la peatonalización de las calles, el comercio de cercanía ha visto aumentadas sus ventas.

Devolvamos las calles a los peatones y ciclistas, y veremos mejorada la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos.

Artículo aparecido en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/01/ciudad-saludable-vs-ciudad-contaminada

SALVEMOS EL MAR MENOR

Cuando vemos alguna fotografía antigua de La Manga del Mar Menor desde el aire, con ese aspecto virgen, con la sucesión de dunas y playas kilométricas y su flora asociada, sólo modificado por actividades humanas sostenibles como la extracción de sal o las técnicas de pesca artesanal de origen árabe como las encañizadas o el uso de las embarcaciones de vela latina, coronada con la silueta imponente, vislumbrada al fondo, del faro de Cabo de Palos, y la comparamos con otra imagen del mismo lugar realizada hace unos pocos años, convertida ya en una selva de hormigón y asfalto, no podemos más que lamentar lo que este espacio singular que es la laguna litoral del Mar Menor pudo ser y no fue. El desarrollo urbanístico desorganizado, buscando más la rentabilidad económica a corto plazo que el cuidado de los valores ambientales, ha ido matando la gallina de los huevos de oro. La falta de planificación ha sido la norma, dejando en manos privadas una tarea que debió ser realizada y supervisada por los poderes públicos, aunque éstos, y en gran medida los ayuntamientos, han sido los principales responsables del crecimiento desmesurado de la ocupación urbanística del litoral marmenorense.

Pero no sólo la urbanización salvaje iniciada a principios de los años ’60 y desarrollada a lo largo de más de 50 años, destinada al turismo, en La Manga, pero también en los municipios que circundan la laguna, han maltratado al Mar Menor. También la aplicación de técnicas agrícolas intensivas, con el uso masivo de pesticidas y fertilizantes sintéticos en el Campo de Cartagena, cuyos vertidos contaminan el agua al alcanzar la laguna a través de la rambla del Albujón, así como la modificación de la dinámica natural y el ecosistema del Mar Menor por los sucesivos dragados y la construcción de espigones, puertos y canales artificiales de comunicación con el mar Mediterráneo, la han ido condenando paulatina pero inexorablemente a su práctica destrucción. Desde hace décadas, la comunidad científica, así como los grupos ecologistas, han ido alertando de este deterioro, pero la desidia por parte de las instituciones regionales y el hacer oídos sordos a sus sabias recomendaciones han ido agravando la situación del Mar Menor, hasta llegar a su estado actual, diagnosticado por los máximos especialistas como de “enfermo en estado crítico”.

Pero algunos hechos recientes permiten albergar ciertas esperanzas. La aprobación del borrador de documento “Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para el Sistema Socio-ecológico del Mar Menor (SSEMM)”, en el que se realiza un diagnóstico de las características de este territorio, se plantea un modelo de gestión del ámbito público de actuación y se enumeran los principales problemas observados, proponiéndose medidas para la gestión integrada del Mar Menor, es un primer paso para abordar de forma definitiva la solución a la problemática de la laguna. También la creación, a iniciativa de Podemos en la Asamblea Regional (con el apoyo del resto de la oposición y el rechazo, cómo no, del PP), de una Oficina Técnica del Mar Menor, cuyo cometido es el de canalizar e impulsar las actuaciones de integración y conservación de la laguna, es otro de los signos que nos indican que se está yendo por buen camino. Esperemos que, como decía la ponente de la moción, la diputada de Podemos María Giménez, esta iniciativa "no se quede sólo en colocar un cartel en una puerta”.

Pero tal vez lo más significativo sea la movilización de la sociedad civil a través de la Plataforma “Pacto por el Mar Menor”, formada por personas individuales procedentes de diversos ámbitos quienes, movidas por la indignación y el compromiso, pretenden influir en las diversas administraciones (regional y locales) para revertir la situación de extremo deterioro de la laguna litoral más singular del arco mediterráneo. El pasado domingo 21, con el lema “Salvemos el Mar Menor”, un millar de personas nos manifestamos a lo largo de la rambla del Albujón, cauce de entrada de contaminantes a la laguna procedentes de la agricultura intensiva, para exigir un Mar Menor cuyos aspectos ecológicos, culturales y económicos sean valorados en su justa medida por las instituciones. La plataforma reivindica la aprobación del Plan de Gestión de Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia, la puesta en acción de medidas para corregir la situación de los humedales, de la rambla del Albujón, y de las redes de saneamiento, al tiempo que pide que se aborde un nuevo enfoque en la agricultura y el turismo que se desarrolla en las inmediaciones de la laguna, para que la sostenibilidad sea la norma, como un medio eficaz de asegurar su futuro. Este ecosistema singular lo merece.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/02/salvemos-mar-menor