LA LEY EUROPEA DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA ES MUY NECESARIA

En la Región de Murcia, Vox lo ha vuelto a hacer. Ha presionado al Partido Popular para desdecirse sobre una ley europea de obligado cumplimiento. Si el pasado 21 de junio la consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, declaraba que “el PP no está en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza”, pasadas unas horas se contradecía a sí misma, en una difícil pirueta, afirmando que “están totalmente en contra” de dicha ley porque “castiga al sector agrícola”, coincidiendo con el vicepresidente José Ángel Antelo. Vox en la Región de Murcia, a través de su presidente, Antelo, ha calificado la ley europea como “ley de aniquilación del campo”, en un ejercicio, una vez más, de demagogia y desconocimiento de lo que significa esta ley.

Si uno se informa mínimamente sobre esta ley, aprobada el pasado 17 de junio, se puede comprobar que sus objetivos son muy positivos para la conservación de hábitats y la lucha contra el cambio climático, Así, la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada en el seno de la Unión Europea (UE) por la mayoría de países miembros, pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Actualmente, el 80% de los ecosistemas europeos se encuentran en mal estado. Sus objetivos son aumentar la biodiversidad, polinizar los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria, así como prevenir y reducir el impacto de catástrofes naturales como las inundaciones, entre otros. La ley también describe objetivos como el aumento de la biodiversidad forestal, la preservación y expansión de espacios verdes urbanos, el fomento de la agricultura sostenible y la restauración de hábitats marinos, así como la conectividad de ríos. Se prevé la plantación de más de tres mil millones de árboles en la UE y se tendrán que convertir al menos 25.000 km de ríos en cauces libres, lo que desmonta el falaz argumento de la ultraderecha española de que se quiere “destruir embalses”; también se restaurarán humedales que filtrarán el agua contaminada por los fertilizantes y los purines.

En una región como la nuestra, zona de sacrificio por ser la primera región europea donde se perciben los efectos catastróficos de la emergencia climática, con el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, el descenso en el régimen de lluvias, con efectos en la agricultura y el turismo, rechazar esta ley cuyo único objetivo es restablecer los ecosistemas degradados y velar por que no se deteriore de manera considerable los que aún están bien conservados, es ponerse una venda y huir hacia adelante. La ultraderecha española se ha erigido como defensores a capa y espada de la agricultura y la ganadería, pero en realidad están ayudando a su destrucción, ya que continuar con un modelo agrícola y ganadero que da la espalda a la naturaleza es caminar hacia su retroceso.

La contaminación de los suelos por purines y la contaminación de las aguas por los vertidos agricolas, que degradan el Mar Menor y polucionan los acuíferos, el agotamiento de los suelos por los cultivos intensivos, la amenaza a espacios naturales, sobre todo los incluidos en la Red Natura 2000, como El Gorguel, son ejemplos de la necesidad urgente de aplicar esta ley europea en la Región de Murcia. La defensa de los causantes de estas amenazas llevada a cabo por PP y Vox son la razón por la que estos dos partidos rechazan dicha ley, prefiriendo ser los portavoces de la élite económica regional frente al interés de la mayoría social de la Región de Murcia.

Una vez más, la derecha y la ultraderecha van en contra de la ciencia. Más de 6.000 científicos firmaron una carta de apoyo en mayo de 2023, y la iniciativa legislativa cuenta con la firma de más de un millón de ciudadanos europeos y el apoyo de las principales organizaciones ecologistas. El rechazo de PP y Vox a esta ley europea va en la linea de su cruzada contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, dos pesos pesados de la política de la UE para conseguir la ansiada transición ecológica de la economía y la lucha contra el cambio climático.

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es una gran noticia, a pesar de los negacionistas climáticos, que mejorará los ecosistemas, garantiza el futuro de la agricultura y la vida de la mayoría de la ciudadanía europea y española.

Artículo publicado hoy en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ley-europea-restauracion-naturaleza-necesaria_132_11474318.html

EL CAMBIO CLIMÁTICO, CUESTIÓN CLAVE EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

En 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), a instancias de la Cumbre de París COP21, publicó un informe, redactado por un centenar de expertos (un 60% hombres, por cierto), en el que se advertía de las consecuencias fatales para la supervivencia de la especie humana del aumento de la temperatura media del planeta en 1,5ºC por encima de la temperatura de la era pre-industrial. El pasado 8 de mayo, el diario británico The Guardian publicó una encuesta entre más de 800 científicos especialistas en cambio climático con una simple pregunta: “¿Cuántos grados se recalentará el clima de aquí al año 2100?”. El 80% de las personas encuestadas afirmaron que se sobrepasarían los 2,5ºC con respecto al siglo XIX, y casi todas ellas citan la falta de voluntad política de los estados como principal causa de ese aumento.

Si el pasado mes de abril fue el más caluroso desde que se tienen registros, y en este mes de mayo sobrepasamos con creces la media de temperatura para esta época del año, los modelos climáticos prevén para este verano nuevos récords de temperatura. Así, el último informe Copernicus, el programa que monitoriza el clima de la UE, habla de que el verano de 2024 será más cálido de lo normal con un 70% de probabilidad. La AEMET, por su parte, pronostica que este verano podría situarse con un 50%-70% de probabilidad entre el 20% de los verano más calurosos en España.

Mientras tanto, la ultraderecha sigue negando este fenómeno, a pesar de la avalancha de evidencias climáticas que vemos a diario, como las recientes inundaciones en Brasil e Indonesia, que han causado cientos de muertos y desaparecidos, además de decenas de miles de desplazados. En España, ese negacionismo climático llega incluso de parte de dos reliquias de la canción, el dúo Dinámico, que se atreven a afirmar en una entrevista que el cambio climático es "el timo más universal jamás perpetrado en favor de negocios eólicos y solares para hundir los del petróleo” (sic), demostrando que la ignorancia es muy atrevida, palabras que han merecido aluviones de críticas en las redes sociales.

Teniendo en cuenta la certeza de las evidencias científicas relativas al cambio climático, éstas deben tener su reflejo en las decisiones políticas que toman los diferentes gobiernos, a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y local. Para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, la cuestión climática es uno de los temas que pueden decidir los resultados. Recientemente, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) realizó una encuesta en 11 países europeos sobre qué temas les preocupa más. El 19% de las personas encuestadas, más de 73 millones, declararon que el cambio climático es su mayor preocupación, siendo Dinamarca (29%) y Francia (27%) los países más inquietados por este tema. Por edades, es mayor la preocupación entre la juventud, que la eligieron por encima de otras cuestiones como la inmigración o la guerra de Ucrania. 

En la Región de Murcia la lucha contra el cambio climático debe traducirse en una ley del Mar Menor que impida su degradación, así como un cambio de actitud hacia el trasvase Tajo-Segura, dejando de verlo no como una fuente inagotable de recursos hídricos, sino como una infraestructura que, de seguir la tendencia actual, dejará de ser operativa en unas pocas décadas. A nivel local, las corporaciones municipales deben seguir trabajando para, por una lado, disminuir el tráfico privado, y por otro, aumentar la superficie arbolada, estrategias que han demostrado su eficacia para reducir tanto la temperatura de las ciudades como la contaminación. Sólo así nos adaptaremos a la situación de emergencia climática que toda la comunidad científica advierte desde hace años y que ya sufrimos.

La ciudadanía europea tendremos en breve la oportunidad de influir en las políticas que regirán nuestro continente en los próximos años, y que tendrán su reflejo en las leyes que aprobarán los estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Elegir las opciones políticas que luchen de forma decidida contra la emergencia climática es una garantía de supervivencia de las generaciones futuras.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/cambio-climatico-cuestion-clave-decisiones-politicas_132_11366737.html

UNAS MEDIDAS NECESARIAS

Las medidas para paliar la crisis energética que ha aprobado el gobierno ha desencadenado toda una serie de respuestas hiperbólicas y bulos por parte de la derecha, y no digamos de la ultraderecha, que directamente niega la existencia del cambio climático. Desde protestas porque, según ellos, si se apagan los escaparates aumentará la inseguridad ciudadana, especialmente para las mujeres, o que si se cierran las puertas de los comercios si se tiene conectado el aire acondicionado o la calefacción en invierno disminuirán las ventas, hasta plantes como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien, a los pocos minutos de que el gobierno anunciara estas medidas, ya sacó un tuit en el que rechazaba aplicarlas porque provocaría “oscuridad, pobreza y tristeza”, llegando su consejero de Educación y portavoz del gobierno madrileño, Enrique Ossorio (el mismo que no ve pobres en la calle) a llamar a la desobediencia alentando a los comercios a apagar sus escaparates sólo durante 10 segundos, con lo que, según, él, no se incumpliría la ley. 

El paroxismo a estas protestas se alcanza cuando tanto el gobierno de Madrid como sus imitadores, los gobiernos de López Miras, Mañueco y Moreno Bonilla han anunciado recursos al TC para frenar la aplicación de estas medidas o, al menos, que sus servicios jurídicos buscarían opciones para evitar aplicarlo. Feijóo, como buen gallego, no aclara si el PP nacional recurrirá o no, en el más puro estilo Rajoy.

Además de ser falsas, como la mayoría de los desastres anunciados por la derecha cuando este gobierno aprueba medidas, ya sea la reforma laboral, ya sean las medidas anti-Covid o los ERTE, estas decisiones van en la linea de lo que se hace en toda Europa, espoleadas por la guerra de Ucrania y la más que probable recesión de este otoño por el corte en el suministro de gas por parte de Rusia a los países europeos, Alemania a la cabeza, advertida por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Van der Layen, perteneciente al Partido Popular Europeo, por cierto. La oposición, como siempre, obvia que esta decisión no es algo que el gobierno haya tomado de forma aislada, sino que se siguen las consignas de Europa para hacer frente a esta emergencia energética.

Si en España hay quien se queja de estas medidas, en el resto de Europa irán mucho más allá. Así, en Alemania se va a cortar el agua caliente en oficinas, colegios y gimnasios a partir de mediados de septiembre, se cerrarán las piscinas climatizadas y se reducirá el alumbrado público al 70% de su potencia a partir de las 11 de la noche, se apagará el alumbrado de los monumentos, además de limitarse la temperatura de la calefacción a 17ºC en invierno. En Francia, además de anunciar la potenciación de las energías renovables el pasado 27 de julio, mediante la aprobación de leyes que acelerarán la puesta en marcha de plantas solares y de plantas eólicas “offshore”, se ha aprobado el apagado de la publicidad luminosa entre la 01.00 h y las 06.00 h, el cierre de las puertas de los comercios climatizados bajo multas de 750 €, y se baraja la reducción de la velocidad máxima a 110 km/h en autopistas y a 80 km/h en carreteras convencionales este otoño. Irlanda, Italia, Países Bajos, Grecia, etc., todos los países de la UE han aprobado este tipo de medidas.

La situación de posible recesión a partir de este otoño por el corte en el suministro de gas ruso puede constituir un ensayo general ante la situación de escasez de recursos naturales que, según nos dicen los científicos, nos espera de aquí a unas pocas décadas. El pico del petróleo (momento en que se alcanzó el máximo de producción de petróleo convencional) ocurrió en 2005. El pico del gas se alcanzará en algún momento entre 2020 y 2030. A partir de ahora, y sin tener en cuenta la guerra de Ucrania, ya se prevé un descenso en la disponibilidad de esas materias primas, además de otras como metales raros (litio, níquel, grafito, manganeso y cobalto, entre otros) necesarios para las tecnologías más avanzadas, que nos deben hacer cambiar de hábitos a la ciudadanía y de políticas energéticas, de movilidad y de producción a la mayoría de los países, empezando por los países occidentales. 

Ya va siendo hora de que determinados partidos políticos dejen de usar estos temas de extrema gravedad para hacer una oposición sin un ápice de sentido de estado, a base de ocurrencias, y empiecen a pensar en una situación que nos afectará a toda la ciudadanía de un modo directo en unos pocos meses y que, seguramente, les tocará gestionar en un futuro cercano.

Artículo aparecido en el diario.es:

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EUROPA SE QUEMA

El incendio de Monfragüe. Paco Castañares

Asistimos angustiados a las noticias de los incendios que asolan nuestro país. Al mayor incendio forestal acaecido en España en décadas, que afectó a la sierra de la Culebra, en Zamora, con más de 30.000 has. quemadas, cuyas consecuencias aún se están sufriendo, y que ha provocado la creación de la asociación 'La Culebra no se calla', que reivindica la asunción de responsabilidades políticas al mayor desastre ambiental de la zona, se suceden incendios en media España. Solo en nuestro país se han detectado ya más de una cuarentena de fuegos en las últimas 24 horas, que afectan a varias Comunidades Autónomas, siendo los que afectan a Las Hurdes y Málaga los más preocupantes, con el Parque Nacional de Monfragüe en peligro.

Según los satélites del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea 'Copernicus', los incendios forestales en España ya han arrasado cuatro veces más de la superficie media que se había quemado a comienzos de julio entre 2006 y 2021. Pero los medios de comunicación españoles solo se centran en lo que ocurre en nuestro país. En el resto de Europa la situación no es mejor. Se estima que la superficie quemada este verano en el continente se multiplica por tres respecto a la media de los últimos 15 años. Desde Portugal hasta Turquía, miles de incendios están convirtiendo las masas forestales europeas en cenizas. Hasta el 2 de julio de este año, se habían quemado 250.000 has. en Europa, cuando la media de superficie quemada en el continente en el periodo 2006-2021 es de 350.000, infiriendo a partir de esos datos que se superará con creces esa cifra al final de año. Los datos nos dicen también que la media de incendios anuales en Europa es de unos 1.000, pero solo hasta julio ya se habían superado los 1.500 incendios.

Todos los medios de comunicación hablan de la ola de calor como la causa de estos incendios, pero pocos citan, o lo hacen de pasada, al cambio climático como causante último de esta ola de incendios. Un estudio internacional publicado en 'Scientific Reports' y liderado por el profesor Jofre Carnicer, de la Universidad de Barcelona, revela “un cambio histórico sin precedentes” en el régimen de incendios del continente europeo. En este estudio se especifica que el cambio más intenso se produce en el área del Mediterráneo, una zona se calienta un 20% más rápido que la media mundial, aunque otras zonas de Europa son sensibles al aumento de la frecuencia y virulencia de los incendios. Según las proyecciones de este estudio, si la temperatura sube 2 ºC, habría 20 días más de riesgo de incendio extremo para 2100. En cambio, con un calentamiento de 4 ºC serían 40 días de riesgo por incendios forestales extremos.

Pero este investigador nos da las pistas para evitar el aumento de la intensidad y frecuencia de los incendios. Por un lado y, tal y como repite hasta la saciedad la comunidad científica, reducir las emisiones de CO2 de manera drástica y transformativa en las próximas dos décadas (2030-2040) para conseguir un menor riesgo de incendios en el futuro en Europa. Por otro lado, se trata de implementar mecanismos para soportar y amoldarse a cambios ya irreversibles producidos por el cambio climático, que pasan por aplicar “estrategias adaptadas localmente de gestión forestal y de conservación de los mosaicos agroforestales, relacionadas con usos sostenibles de la madera y nuevas cadenas de valor (materiales de construcción ecológicos), promoción de ganadería extensiva, y promoción de iniciativas en este tipo de actividades multiagente a nivel local y regional”.

Una vez más, tenemos dos caminos a elegir. El primero, y más destructivo, es no hacer nada, continuar con nuestro modelo productivo y estilo de vida, y lamentarnos año tras año por las pérdidas económicas debidas a los incendios. El segundo camino implica la transformación de la economía hacia un modelo sostenible, es decir, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta, un modelo resiliente, que sea capaz de sobreponerse sin muchas dificultades a las alteraciones, y un modelo justo, que no cargue sobre los hombros del sector de la sociedad más vulnerable los errores del sistema. ¿Cuál elegiremos? Se admiten apuestas. 

Articulo publicado hoy en eldiario.es:

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POR UN FONDO DE RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

El pasado 21 de julio se aprobó por parte de la UE el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Next Generation EU”, un ambicioso plan de ayudas a los países miembros para hacer frente a la crisis económica surgida por la situación de pandemia, cifrado en la mareante cifra de 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, de los cuales 140.000 millones irán destinados a nuestro país, unos 60.000 millones en forma de transferencias directas de aquí a 2023, y el resto mediante préstamos. Seríamos el segundo país de la UE, tras Italia, en recibir la mayor cuantía, debido a la mayor incidencia de la pandemia. Hay un dato importante, que el 70% de esos fondos (98.000 millones) deberán ser usados antes del final de 2022.

El Gobierno será el encargado de repartir esos fondos, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. En teoría, esos fondos irán dirigidos a lograr una transición ecológica de la economía que contrarreste los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, además de conseguir la llamada transición digital, para mejorar la digitalización tanto de la población en general, disminuyendo la brecha digital entre los diferentes sectores de la sociedad, como de las empresas. También se pretende reducir la brecha de género, mejorando el acceso al mercado laboral de las mujeres e igualando los salarios entre hombres y mujeres. Este plan se concreta en 10 políticas palanca que abarcan áreas como el mundo rural, industria, ciencia, educación, cultura, movilidad, energía, turismo, sanidad, deporte, empleo, cuidados y fiscalidad.

En teoría, la cosa pinta bien, siempre y cuando los fines se ajusten a los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto al destino de esos fondos. Y he aquí que se empiezan a vislumbrar algunas cosas que nos indican que lo mismo no van a ir destinados a quienes deberían, y que son los de siempre los que se van a ver beneficiados. Así, se va sabiendo que, del total adjudicado a España, sólo 7.000 millones de euros irán destinados a las pymes, y que el grueso de esos fondos serán para las grandes empresas que cotizan en el Ibex-35, que ya han presentado centenares de proyectos por valor de más de 100.000 millones de euros. Solo entre Endesa, Iberdrola y Naturgy han presentado más de 360 proyectos para captar más de 53.000 millones de euros de los fondos europeos. Iberia, de la mano de Aena y Airbus, está formando un consorcio para absorber otros 11.000 millones. Las grandes constructoras cotizadas españolas han presentado cerca de 2.200 proyectos por valor de más de 100.000 millones.

También se ha sabido que la Comunidad de Madrid pretende absorber el 15% del total de los fondos, más de 22.000 millones de euros, para financiar proyectos sostenibles, sí, pero también para dedicarlos a proyectos como la Ciudad de la Justicia, ese viejo proyecto ruinoso de Esperanza Aguirre, con más de 400 millones, o la ampliación del aeropuerto de Barajas, mientras que la España vaciada reclama que el departamento de Reto Demográfico del Ministerio que dirige Teresa Ribera no sea sólo un eslogan, y que canalice esos fondos para evitar la despoblación de las zonas rurales.

El modelo productivo español está basado en el sector servicios, que aporta casi el el 68% del PIB nacional, frente al 20% procedente de la industria y un escaso 2% de la agricultura y la ganadería. Cuando gran parte de la economía depende del monocultivo del turismo y la hostelería (con la construcción como aliada), nos encontramos con una escasa resiliencia, es decir, con una baja capacidad de recuperación ante situaciones de crisis como la que atravesamos, tal y como estamos comprobando, al carecer de una diversificación económica. Ante esto, lo que se impone es un cambio de rumbo, un aumento en la inversión en otros sectores, sobre todo los relacionados con la I+D+i, las tecnologías ligadas al sector verde (reciclaje, bioconstrucción, energías renovables, movilidad sostenible, silvicultura, etc.), la economía del cuidado, las ciudades inteligentes, la alimentación y nutrición de calidad, antes que reincidir en los sectores de bajo valor añadido y altamente dependiente de los avatares de la globalización.

España tiene la oportunidad de encauzar la recuperación económica del país con un objetivo, realizar una verdadera transición ecológica de la economía o, por el contrario, podría repetir los errores del pasado, manteniendo un sistema a menudo insostenible desde el punto de vista ambiental y que solo beneficia a las grandes empresas. No la desaprovechemos.

Articulo aparecido hoy en eldiario.es:

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LA CUESTIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

(Imagen de archivo 2016) Manifestantes contra el TTIP y el TiSA en Berlín. Foto: cc Cornelia Reetz vía Flickr

Dos tratados de libre comercio entre la UE y terceros países van a ser ratificados, presumiblemente, a medio plazo, por los diferentes parlamentos nacionales del club de los 28. Así, el Tratado entre la UE y los cuatro países que forman parte de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio, tiene un plazo de dos años para ser ratificado. El otro tratado de Libre Comercio, el CETA, que atañe a la UE y Canadá, no entrará plenamente en vigor hasta que la totalidad de los países miembros de la UE lo ratifiquen, aunque ya se aplica de forma provisional. Estos dos tratados se suman a los ya existentes con otros países como Japón (vigente desde 2018), Corea del Sur (aprobado en 2011) o Vietnam, recién aprobado. El otro acuerdo que queda en el aire, el TTIP, con EE.UU., se estanca debido a la política proteccionista de Trump.

Desde los diferentes gobiernos nacionales y desde la propia UE se nos venden las bondades de dichos acuerdos comerciales, con la rebaja de hasta el 99% en los aranceles a la exportación de productos europeos, la mejora de la competitividad de las empresas y los beneficios para los consumidores, además de que se garantiza la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea. Sin embargo, numerosas son las voces que critican estos tratados de libre comercio, por sus repercusiones ambientales, sociales, sanitarios y hasta en la calidad de la democracia, sobre todo desde las organizaciones antiglobalización, como ATTAC, grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, así como desde diversos grupos políticos del Parlamento Europeo, como los European Greens (los verdes europeos) o la Izquierda Unitaria.

¿Cuáles son las razones del rechazo a este tipo de tratados? En primer lugar, desde el punto de vista ambiental, el hecho de que centenares de miles de toneladas de carne invadan anualmente la UE procedentes de Canadá y América del Sur supone el aumento de las emisiones de CO2 por el transporte en barco y avión, una cantidad enorme que se suma a la que ya se produce en la UE, situación que preocupa a los productores europeos, ya que los estándares de calidad en la producción son más flexibles en esos países que en Europa. Así, en Canadá y los países del Mercosur se permite la alimentación del ganado bovino y aviar con antibióticos, hormonas y harinas animales prohibidos en la UE, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los consumidores del viejo continente.

En el mundo se consumen anualmente más de 300 millones de toneladas de carne, cinco veces más que hace 60 años, y la producción de carne supone el 15% de las emisiones totales de CO2. Los españoles comemos seis veces más carne de la máxima recomendada, ocho veces más en el caso de la carne procesada, según un informe de la ONG Justicia Alimentaria-Veterinarios sin Fronteras. Europa necesita reducir el consumo de carne, no aumentarla con la llegada a los mercados de estas ingentes cantidades de productos animales, para conseguir la reducción de las emisiones a la atmósfera.

Algunos hechos concretos que permiten poner en duda la eficacia de estos acuerdos. El CETA, desde su aplicación, ha supuesto que se aumente en un 63% la exportación de petróleo canadiense a la UE, casi todo procedente de prácticas dudosas como el fracking, comprometiendo la tan ansiada transición ecológica de la economía en la UE. Por su parte, el gobierno brasileño de Bolsonaro, que niega el cambio climático y rechaza el Acuerdo de Paris de 2015, puede provocar que se dispare la deforestación de la Amazonía, merced al acuerdo con Mercosur, para hacer frente al aumento de las exportaciones brasileñas de carne y soja, lo que no sólo afectaría a la biodiversidad, sino que se agravaría la emergencia climática y se pondría en peligro (aún más), el modo de vida de los pueblos indígenas.

Más allá de los aspectos ambientales y sociales, la calidad democrática está en entredicho con la aplicación de estos tratados, ya que si un Estado miembro de la UE aprueba una ley que va en contra de los intereses de una empresa en particular acogida al tratado de libre comercio, ésta puede denunciar a ese estado ante un tribunal de arbitraje privado, aunque suponga un perjuicio al medio ambiente o a la seguridad alimentaria. Este aspecto fue avalado el pasado mes de abril por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Debemos poner en duda los supuestos beneficios de los tratados de libre comercio como el de Mercosur o el CETA ya que, aunque puedan suponer ventajas competitivas para las grandes empresas, no está claro que favorezcan a los intereses de la ciudadanía europea. Frente al libre trasiego de productos entre los continentes, consumo de productos locales. Frente al fomento de una economía lineal, emisora de gases que aceleran el calentamiento global, depredadora del territorio y que vulnera los derechos humanos, una economía circular, de cercanía y que tenga en cuenta los límites del planeta.

Artículo publicado en el diario.es:

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ESPAÑA DEBE SUBIRSE A LA OLA VERDE

Nuestro país es una anomalía en Europa. En Alemania, Francia o Bélgica, Los Verdes (Die Grünen, Europe Ecologie-Les Verts y Ecolo, respectivamente) obtienen resultados espectaculares en las elecciones europeas, y siguen demostrando ser el mejor cortafuegos a la extrema derecha frente a los partidos de corte más clásico (socialdemócratas, conservadores y la izquierda tradicional). Así, los verdes alemanes se sitúan justo detrás del partido de Merkel, muy por delante de los socialdemócratas; en Francia, EE-LV va en tercer lugar tras la ultraderecha y el macronismo, dándose la circunstancia de que la cuarta parte de la juventud francesa de entre 18 y 35 años ha elegido a la opción verde; en Bélgica obtienen un 21% de los votos, mientras que en otros países europeos los distintos partidos verdes sacan buenos resultados, un 15% en Irlanda y un 12% en el Reino Unido. El conjunto de la familia verde europea ha conseguido el 9,19% de los votos al Parlamento Europeo, con 69 diputados, 17 más que en 2014, situándose como la cuarta fuerza de la eurocámara. Se habla de la "Ola Verde" que recorre Europa, azuzada por las manifestaciones de la juventud europea que, desde hace meses, y liderada por la activista sueca Greta Thurnberg, reclama acciones directas contra el cambio climático.

Sin embargo, en nuestro país la opción verde no acaba de cuajar, a pesar de que los primeros partidos verdes en España vieron la luz en la década de los 80, y de la existencia de EQUO desde 2011, referente del Partido Verde Europeo en España, junto a ICV. Las razones hay que buscarlas, en mi opinión, en primer lugar, en la escasa conciencia ecologista de la sociedad española, tal vez porque España alberga el mayor número de especies de vertebrados y de plantas vasculares de todos los países europeos, registrando la mayor biodiversidad del continente, y aún creemos que la naturaleza no está en tan mal estado como nos lo pintan. Otra razón es la existencia de una cultura política heredada de la Transición, en la que se confrontan dos bloques antagonistas, izquierda y derecha, que tal vez sea insuficiente para responder a los retos y la complejidad que nos plantea el siglo XXI, principalmente como resultado del cambio climático. La prueba es que en el resto de Europa, esos bloques tradicionales o clásicos están en franco retroceso. La izquierda francesa atraviesa una crisis sin precedentes, habiendo obtenido solamente el 6% de los votos, mientras que los "republicanos" derechistas se quedan con poco más del 8%. En Alemania, el SPD se queda en el 15% mientras que Die Linke (los antiguos comunistas) apenas superan el 5%.

Los partidos verdes españoles se han caracterizado desde su fundación por aliarse con otros partidos del espectro de la izquierda, ya sea el PSOE, ya sea IU o, más recientemente, con Podemos, conscientes de su poca implantación social y esa escasa concienciación ecologista de la sociedad. En todo este tiempo se han perdido años preciosos, en mi opinión, para conseguir el apoyo social al que todo partido debe aspirar para tener éxito, apostando por el contrario por la estrategia de conseguir una mínima representación institucional que pueda colar las ideas ecologistas, aunque sea en un entorno político a menudo contrario a esas ideas. Pero no valen proyectos personalistas, con "lideres" mesiánicos que dicen representar a todo un movimiento, pero que, en realidad, se representan a sí mismos y lo único que pretenden es perpetuarse en esto de la política, a toda costa, aunque signifique el fin del partido. Al contrario, es necesaria la existencia de un partido verde fuerte e independiente que represente los postulados de la ecología política, que cuente con una base social suficiente como para caminar libre de ataduras.

En 2010, el aún eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi, en su ensayo "Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde" definía a esta ideología como   antiproductivista, proponiendo "una visión global de la sociedad, de su futuro, de las relaciones entre seres humanos, de las relaciones entre éstos y su entorno natural y de las actividades productivas humanas", más allá del mero ambientalismo al que algunos quieren limitarla. La ecología política tiene todo un conjunto de propuestas que son diferentes a los demás partidos al uso, ya que, al contrario de otras opciones políticas, tiene en cuenta los límites biofísicos del planeta, y esa premisa afecta a todos los ámbitos, desde el modelo productivo, la economía y los servicios públicos, hasta las relaciones interpersonales y la distribución del tiempo del trabajo, entre otros. España debe subirse a la "ola verde" que recorre Europa, y debe hacerlo no sólo por medio de las manifestaciones de los jóvenes en las calles, sino que se tiene que traducir en un activismo político que siente las bases de un partido verde fuerte y autónomo que dé respuesta a los retos del siglo XXI.

Articulo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Espana-debe-subirse-ola-verde_6_906119381.html

OBJETIVOS INCUMPLIDOS

Fuente: EFE

Europa está cada vez más alejada de los objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energías renovables y eficiencia energética. De hecho, el informe Brecha de Emisiones 2018 presentado el pasado mes de noviembre por el PNUMA indica que las emisiones volvieron a aumentar tras tres años de estabilidad. En 2011, la UE se marcó como objetivo el llamado Plan 20-20-20, es decir, que para 2020 se debería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional), además de ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20% del total del "pool" energético.

Sin embargo, los datos no invitan al optimismo. En 2017, las emisiones en el conjunto de la UE no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron en un 1,8 % respecto a 2016, según Eurostat. En el cómputo planetario, 2018 supuso un récord, ya que aumentaron en un 2,7 %, debido sobre todo a los países más industrializados, EE.UU., China y la India. Nada sorprendente, habida cuenta de las declaraciones del ínclito Donald Trump, en las que niega a existencia del cambio climático, o las del presidente de Brasil, Bolsonaro, tildando de “conspiración marxista” este fenómeno.

Una vez que los objetivos 20-20-20 no se cumplen, la UE pasó a marcarse unos nuevos objetivos con el Marco sobre Clima y Energía para 2030, en el que se pretende reducir las emisiones de GEI en un 40% en 2030, en comparación con 1990, alcanzar el 27% del consumo de energía renovable, y aumentar la eficiencia energética en un 27%. Las principales organizaciones ecologistas calificaron de “insuficientes y muy bajos” esos objetivos. En noviembre de 2018 la UE, a través de su comisario de Energía, el español Miguel Angel Arias Cañete, anunció la intención de reducir a cero las emisiones de GEI para 2050. Por muy encomiables que sean estos propósitos parecería que se están marcando objetivos cada vez más ambiciosos a medida que los datos indican lo contrario, en un ejercicio más de buenos deseos que de aplicación de medidas efectivas y, sobre todo, que vayan acompañadas de sanciones si los países miembros de la UE incumplen lo acordado.

¿Y cuál es la situación en España? En 2017, según los últimos datos disponibles, España fue el cuarto país de la UE donde más crecieron las emisiones de GEI, con un 7,4 %, sólo por detrás de Malta (+12,8 %), Estonia (+ 11,3 %) y Bulgaria (+8,3 %). El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Transición Ecológica, hizo un intento de aportar soluciones a esta situación, proponiendo en septiembre de 2018 un impuesto sobre el diésel, en aplicación de la llamada "fiscalidad verde", herramienta útil para paliar la situación, pero ante las fuertes protestas del sector automovilístico, se rebajaron las intenciones, calificándose la medida como un simple "globo sonda". También la deseada Ley sobre Cambio Climático se ha quedado en nada tras la convocatoria de elecciones generales, pues, a pesar de haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de febrero, no podrá ser tramitada en el Congreso, por lo que todo estará en función de la composición del nuevo gobierno surgido de las urnas el próximo de 28 de abril.

En España, actualmente, la fiscalidad verde, aplicada sobre todo a los motores de combustión, supone solamente el 5,32 % del total de la recaudación vía impositiva, con un montante de 21.382 millones de euros en 2017, cuando en el conjunto de la UE se llega al 6,1 %, queriéndose alcanzar el 10 %. Nuestro país está, por tanto, por debajo de la media de la UE. Pero no parece que se esté por la labor de aumentar esta cifra, y sobre todo por parte de la derecha española, que basa su reclamo electoral en una bajada generalizada de impuestos, usando un argumento populista, a la par que irresponsable que, además de vaciar las arcas del Estado, nos alejará aún más del objetivo de reducir nuestras emisiones.

Afortunadamente, dos son las señales que nos indican el camino. Por un lado, la reciente aprobación por parte de la UE de una nueva regulación que atañe directamente a los fabricantes de camiones, que tendrán que reducir las emisiones de CO2 de sus productos en un 15% de aquí a 2025 y un 30% en 2030. Y por otro, la movilización de la juventud europea (y parece que también española) para exigir a los políticos que actúen de manera efectiva contra el cambio climático. Esperemos que sea el inicio de un cambio de rumbo, más allá de las buenas palabras y los objetivos que nunca se cumplen.

Artículo aparecido hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Objetivos-incumplidos_6_871822813.html

HUELGA POR EL CLIMA

Fuente: EFE

Mientras en España seguimos mirando nuestro ombligo, hablando sobre Venezuela, Cataluña, la última salida del tiesto del líder de la oposición o la desunión de la izquierda, en el resto de Europa la sociedad se moviliza por el reto más importante del siglo XXI, el cambio climático. La comparecencia de la joven activista sueca de 16 años Greta Thunberg en el transcurso de la Cumbre por el Clima de Katowice (Polonia) el pasado mes de diciembre, junto a su determinación a la hora de plantarse todos los viernes del año desde el pasado mes de agosto frente al Parlamento sueco para llamar la atención sobre el cambio climático han provocado que miles de jóvenes de toda Europa hayan iniciado una serie de manifestaciones en Bélgica primero, seguida de otras convocatorias en Francia, Suiza, Alemania, Holanda y Reino Unido.

Las manifestaciones multitudinarias en Bruselas, llegando a más de 70.000 jóvenes el pasado día 27 de enero, coordinadas por tres mujeres de entre 17 y 19 años, repitiéndose casi a diario en Bélgica, se han extendido no sólo a Europa, sino a todo el mundo, de París a Sidney, pasando por Bangkok, movilizando a cientos de miles de personas para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, en España no se ha extendido este movimiento juvenil, y es necesario preguntarse el porqué.

2018 ha sido el cuarto año más cálido desde 1880, según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sólo por detrás de 2016, 2017 y 2015, y los datos prevén que, debido al fenómeno de El Niño, los efectos del cambio climático se acentúen, pudiendo ser el presente año 2019 el más caliente de la serie histórica, según un estudio reciente publicado en la revista Geophysical Research Letters.

En las agendas de las principales organizaciones sindicales y en los medios de comunicación españoles no se habla prácticamente nada de este movimiento capitaneado por la juventud europea. Pareciera que no nos incumbe, que lo del cambio climático sigue siendo una quimera para muchos, un tema secundario que aparece en las secciones de ciencia de la prensa escrita y digital, sin apenas repercusión en nuestras vidas.

Pero la juventud europea nos está dando una lección. Para el próximo 15 de marzo hay prevista una huelga mundial por el clima, organizada por jóvenes cansados de que los adultos sólo hablemos pero no actuemos para cambiar la situación. El manifiesto que acompaña a la convocatoria de huelga advierte que “los dirigentes del mundo deber demostrar su compromiso por una transición ecológica equitativa entre ricos y pobres”, y dan de plazo hasta el 15 de marzo para que “se presente un plan a la altura de las exigencias del IPCC” (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), invitando “a todos y todas a abandonar las aulas para ir a su encuentro y comprobar si los adultos han hecho los deberes”.

Los organizadores del evento exhortan a la juventud a “tomar a los adultos de la mano y decirles de ir con vosotros, decirles que os necesitamos para tener simplemente la oportunidad de sobrevivír al futuro”.

Como decía la joven activista sueca, los políticos “les han ignorado en el pasado y les volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente”.

Ojalá que ese empuje de la juventud europea impregne a la española.

Artículo aparecido el 9/2/2019 en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Huelga-clima_6_866223377.html

REFUGIADOS CLIMÁTICOS

Acaban de llegar los 629 refugiados al puerto de Valencia, en un gesto que debe ser una llamada de atención para solucionar la situación de las personas que intentan cruzar diariamente el Mediterráneo, a pesar de los ladridos de un sector (aún demasiado grande) de población española y europea que saca su peor parte, la insolidaria, la egoísta, la xenófoba y racista. La tragedia de las miles de personas que intentan desesperadamente llegar a Europa, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijas e hijos, son el síntoma de que el rumbo que el planeta está tomando nos lleva a unas décadas complicadas.

“En las últimas tres décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones y los cambios en el medio ambiente han provocado desplazamientos superiores a aquellos causados por los conflictos bélicos”

Puede que los conflictos que asolan muchos países africanos sean uno de los factores que llevan a su población a huir, pero hay otro aspecto que motiva la emigración: el cambio climático. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo asociado a la ONU, “los migrantes por motivos ambientales son personas que debido a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en sus condiciones de vida, se ven obligados a —o deciden— abandonar sus viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo”. En las últimas tres décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones y los cambios en el medio ambiente han provocado desplazamientos superiores a aquellos causados por los conflictos bélicos. El alto crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo contribuye también al empeoramiento de sus condiciones de vida.

Desgraciadamente, siguen saliendo a la luz más datos que nos indican que estamos lejos de ese cambio de rumbo. Hace unos días se ha conocido el último estudio referido al cambio climático y sus consecuencias en la Antártida, realizado por un consorcio internacional de 84 científicos, estudio que ha sido publicado en la revista Nature. Este informe afirma quela Antártida perdió tres billones de toneladas de hielo desde 1992 hasta 2017, cantidad suficiente como para elevar el nivel del mar en casi ocho milímetros. Un 40% de este desprendimiento ocurrió en los últimos cinco años, es decir, el ritmo de pérdida de la capa de hielo del continente se triplicó en ese periodo. Anualmente se están vertiendo más de 200.000 millones de toneladas de hielo en el océano, lo que está provocando el incremento de los niveles del mar en medio milímetro cada año.

Este estudio nos confirma, una vez más, la realidad del cambio climático, que afecta mucho más a los países en vías de desarrollo, a pesar de que somos nosotros los principales culpables, debido sobre todo a nuestro nivel de consumo de materiales, 10 veces más que los países más pobres y dos veces más que el promedio mundial. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosechas, hambrunas e incluso, en un futuro no muy lejano, desaparición de poblaciones costeras debido al aumento del nivel del mar, son razones lo suficientemente poderosas como para obligar a millones de personas a salir de sus lugares de origen a su pesar, dejando familias, amigos y su entorno, para embarcarse en un viaje de varios años hacia un continente, el nuestro, donde no son bien recibidos y donde se les presenta un futuro incierto, sí, pero sin riesgo para sus vidas, lo que es suficiente motivo para intentar este peligroso viaje, aunque muchas de esas personas se dejen la vida en el intento.

Por mucho que, desde Occidente, se apoye a estos países con proyectos de ayuda al desarrollo, si no se comienza desde ahora mismo a cambiar el modelo económico en el llamado “primer mundo”, será muy difícil, si no imposible, hacer que en África y Oriente Próximo se revierta el caos y los conflictos, debidos en parte al clima y también a nuestra dependencia de las materias primas que se extraen allí (combustibles fósiles, metales, etc.). Una reducción de nuestro consumo y la transición ecológica de la economía deben ser el primer paso para conseguir un futuro más pacífico, al tiempo que es una esperanza para los países más allá del Mediterráneo.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/06/refugiados-climaticos

MAYO DEL 68, 15M, DOS ANHELOS AÚN POR ALCANZAR

El 22 de marzo de 1968, un centenar de estudiantes de la Universidad de Nanterre, una localidad situada a una docena de kilómetros al noroeste de Paris, pertenecientes casi todos ellos a grupos anarquistas e izquierdistas, entre ellos un tal Daniel Cohn-Bendit, ocuparon el edificio administrativo de la Universidad, como protesta ante la falta de perspectivas y la denuncia de una sociedad tradicional, consumista y jerárquica. Esa acción a priori banal encendió la mecha de un hecho que marcaría la historia reciente de Francia y daría la vuelta a los conceptos hasta entonces asumidos, con el rechazo al orden establecido, el cuestionamiento de la autoridad y la sed de libertad.

“El 15-M fue un movimiento de indignación, pacífico y sin episodios de violencia, y, como el mayo francés, a este movimiento le ha seguido el periodo de mayor conservadurismo de la historia reciente en nuestro país, que aún sufrimos”

Tras un mes de asambleas y huelgas en la Universidad de Nanterre, el movimiento estudiantil se traslada a Paris y a la Sorbona, donde, entre otras cosas, se reivindica la reestructuración del sistema educativo. El viernes 3 de mayo, la serie de movilizaciones y ocupaciones hacen que el rector de La Sorbona decida cerrar la Universidad y enviar a la policía para desalojar a los estudiantes rebeldes. Lo que en principio creían iba a ser una operación sencilla se le complica a la policía de Paris, al utilizar ésta la violencia de forma indiscriminada y no contar con la respuesta masiva de los estudiantes, que comienzan a “buscar la playa bajo los adoquines”, como reza uno de los lemas más famosos de este movimiento, y utilizar éstos como armas defensivas ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Gendarmería. El viernes 10 de mayo se levantan las primeras barricadas, y se desencadena la batalla campal, con cientos de heridos en ambos bandos y multitud de detenidos entre el colectivo estudiantil. El 14 de mayo, las huelgas se trasladan a las fábricas, paralizando el país, con 20 millones de huelguistas que reclaman aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

La expulsión del líder estudiantil Cohn-Bendit a Alemania por parte del ministro del Interior refuerza la lucha callejera, pero se activa la reacción de los sectores conservadores de la sociedad francesa, con una masiva manifestación de apoyo al presidente De Gaulle el 30 de mayo en los Campos Elíseos y la aceptación por parte del colectivo obrero de un aumento salarial (los acuerdo de Grenelle). Durante el mes de junio, el movimiento de protesta va agonizando poco a poco, y el 14 de junio se produce el desalojo del Teatro del Odeón, sede ocupada por los estudiantes en ese mes de mayo. Quince días después, las elecciones legislativas dan a De Gaulle y a la derecha la victoria por amplia mayoría, acabando así con ese movimiento que marcó a toda una generación.

Hasta aquí el relato de los hechos. A pesar de la corta duración de este movimiento, el mayo 68 supuso un giro copernicano en aspectos como la sexualidad, la ecología, el pacifismo, la libertad de expresión o el feminismo, abriendo la mente a los jóvenes de entonces, que fueron los adultos de las décadas siguientes. Sin embargo, el mundo que ese movimiento preconizaba no ha llegado aún. Todos los analistas coinciden en afirmar que, a pesar de sus buenas intenciones, la sociedad que salió de ese trance fue más individualista, adicta al hiperconsumismo y, en última instancia, es una generación conformista que se ha adaptado al neoliberalismo que, a partir de los años 80, impera en Europa, llegando al extremo del auge de la extrema derecha en el continente europeo.

Es inevitable trazar un paralelismo con nuestro mayo particular, el del año 2011. El 15-M fue también un movimiento de indignación, éste pacífico y sin episodios de violencia, y, como el mayo francés, a este movimiento le ha seguido el periodo de mayor conservadurismo de la historia reciente en nuestro país, que aún sufrimos, con la aprobación de leyes represoras (la ley Mordaza), un sistema educativo que disminuye la igualdad de oportunidades y reduce la inversión en educación pública (la LOMCE), una sanidad pública con falta de recursos, mientras se potencia al sector privado, el arrinconamiento de las cuestiones ambientales por parte del gobierno, la inacción en cuestiones como la violencia de género, la pobreza o los desahucios y una sociedad más empobrecida mientras los ricos son cada vez más ricos.

50 años después de los acontecimientos del mayo 68, y siete años después del 15-M, tenemos aún pendiente hacer realidad los anhelos que surgieron de estos movimientos, a través de los lemas como “la imaginación al poder”, “seamos realistas, pidamos lo imposible”, “lo llaman democracia y no lo es”, o “error del sistema, reinicie, por favor”.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/05/mayo-del-68-15m-dos-anhelos-aun-por-alcanzar

CUESTIONEMOS LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE CATALUÑA

Empecemos aclarando un extremo. Cataluña no está aún en condiciones de declarar la independencia, visto que hay una fractura clara en este aspecto en la sociedad catalana, con las dos mitades enfrentadas por este tema, y la manera con la que los que desean la independencia han actuado no ha sido la más correcta. Pero parece que todo vale para desacreditar a la sociedad catalana desde los sectores más reaccionarios, desde criminalizar a los representantes de la mitad independentista del electorado, hasta utilizar la economía como argumento para desestabilizar la situación, aunque sea de modo falaz, en mi opinión. Me explico.

“Donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles: toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos”

Las razones económicas que se suelen esgrimir desde el Gobierno, y que repiten los tertulianos televisivos a sueldo del poder establecido, para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el encarcelamiento de la cúpula de los independentistas catalanes, en una interpretación extrema del Código Penal por parte del juez Llarena, pasan por decir que “hay fuga de empresas”, que el PIB ha descendido, que hay riesgo para el empleo, que se verifica un frenazo en el consumo y otras previsiones catastrofistas. Incluso, en un uso torticero de la realidad, el Gobierno rebaja sus previsiones de crecimiento económico, para crear una sensación de inestabilidad y meter el miedo en el cuerpo a la sociedad catalana.

Pero, desde el punto de vista de la ecología política, esos argumentos son difícilmente defendibles. El crecimiento económico, expresado a través del aumento del PIB, es un pobre reflejo de la realidad, ya que sólo mide los intercambios monetarios, el valor de mercado de los bienes y servicios de un país o región, sin tener en cuenta las implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, a menudo de forma negativa, como la degradación de las condiciones laborales necesarias para el mantenimiento de ese crecimiento, o las consecuencias indeseables para el medio ambiente. Además, está ampliamente demostrado que las ventajas de este crecimiento económico sólo alcanzan a un sector minoritario de la sociedad, normalmente a la élite económica, mientras que la mayoría sólo recoge las migajas, y sólo tras intensas campañas de presión social en la calle.

La economía ecológica, enfoque que propone modelos de producción que incluya en su desarrollo aspectos sociales y ambientales, alerta de que la acumulación de bienes materiales a través del consumo no puede ser la vía de “progreso”. Es sabido que el aumento desaforado del consumo produce un agravamiento del deterioro del ambiente planetario, como ya se denunció en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Así, cuando desde las instituciones españolas, a través de los medios públicos, nos advierten de que “la venta de coches se resiente” y que “se enfría el mercado inmobiliario” en Cataluña, se utilizan dos indicadores cuya bonanza tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, ya que el aumento del número de coches supone mayores niveles de contaminación atmosférica, y el aumento de las transacciones de viviendas fomenta la burbuja inmobiliaria, y ya son por todos conocidas las consecuencias nefastas para la economía que supuso este fenómeno, ya que fue el origen de la crisis en la que aún estamos inmersos.

Pero donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles. Toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos. La represión violenta de las manifestaciones en Barcelona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el encarcelamiento “preventivo” en bloque de los independentistas y la emisión de la euroorden de detención de Puigdemont hecha efectiva, han motivado la intervención de eurodiputados de todas las ideologías, desde conservadores hasta liberales, miembros de la Izquierda Unitaria o Los Verdes, protestando por lo que consideran acciones propias de estados autoritarios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre esta situación. Convendría mirar más allá de los árboles que nos pone delante el Gobierno desde ciertos medios de comunicación y que nos impiden ver el bosque en su conjunto y empezar a cuestionar la versión oficial. Nuestra imagen exterior y hasta los pilares de la propia democracia española están en juego.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/03/cuestionemos-version-oficial-sobre-cataluna