La aprobación de las enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor por iniciativa de la oposición en pleno, a pesar de que es una buena noticia para la conservación de la laguna, tiene enfrente a las asociaciones agrarias de la Región de Murcia, como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) o la asociación Pro-Agua del Campo de Cartagena, además del Partido Popular, al calificar de “ocurrencia” y de “medidas innecesarias”, de un modo irresponsable, a mi modo de ver, la implementación de tales medidas, que sólo pretenden salvar al Mar Menor de 30 años de inoperancia y desidia.
“Compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede valer de eslogan, pero, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el PP se pone a aplicar medidas, como su Ley de Costas o los dragados y aperturas entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias”
Estas organizaciones políticas y agrarias denotan, con esta actitud, que, en el fondo, les importa bastante poco que la laguna costera más emblemática del Mediterráneo occidental se muera, al pretender continuar con la actividad agrícola tal y como se ha venido haciendo en los últimos 30 años, sin cambiar un ápice en su modo de producción, actividad que ha traído consigo dos consecuencias directas: causar un perjuicio al sector turístico y cargarse este ecosistema singular; la obtención de beneficios inmediatos, ya sea por la exportación de productos agrícolas cultivados de forma intensiva, ya sea por un puñado de votos, es lo que les guía.
La guinda a este rechazo enfermizo a las únicas medidas que pueden salvar al paciente moribundo la ha puesto recientemente el secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Partido Popular, Jesús Cano. Además de acusar a la oposición de “hacer daño por hacer daño” con estas medidas, afirma Cano sin sonrojarse en un reciente artículo que el PP “son los primeros defensores de la preservación de la laguna salada”. Los hechos demuestran todo lo contrario. A pesar de las declaraciones rimbombantes de los representantes del Ejecutivo desde que saltaron las alarmas en el verano de 2016, cuando Martínez-Cachá era la consejera de Medio Ambiente, y en este último año y medio, a través del presidente López Miras o el actual consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca Jódar, el Mar Menor sigue en la UCI, como se ha visto recientemente en un video en el que se ve la superficie de la laguna salpicada de manchas de espuma blanca.
Sin embargo, las disposiciones incluidas en el paquete de medidas, que son objeto de la polémica, no pueden ser más lógicas y guiadas por el sentido común. Entre ellas se habla de la obligación de destinar el 5% de cada parcela a implantar sistemas que reduzcan la contaminación, la colocación de barreras vegetales que impidan la llegada de nutrientes a la laguna o la modificación de las zonas de protección, todas ellas avaladas por la comunidad científica, a través del documento de diagnóstico de situación redactado por el Comité Científico, o las intervenciones públicas de los científicos en la Comisión del Mar Menor de la Asamblea Regional. Rechazar tales medidas es dar un portazo a la posibilidad de que la laguna se regenere y aun así, aplicándolas, se tardarán muchos años antes de que se vuelva a la situación óptima de conservación.
El argumento que esgrime Jesús Cano para rechazar las medidas propuestas, tachando de “radicales y antisistema” a una parte de la oposición, es de una gran simpleza, y demuestra que, cuando le faltan argumentos más sólidos, sólo le queda echar mano de lugares comunes. La pretensión del PP de compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede que valga como eslogan, pero todos sabemos que, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el Partido Popular se pone a aplicar medidas, como se puede comprobar con su Ley de Costas o con los dragados y aperturas de comunicaciones entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias.
A falta de ser aprobada la Ley Integral del Mar Menor, por la que, previsiblemente, se gestionarán y regularán todas las actividades que afectan a la laguna, pesca, turismo y, por supuesto, la agricultura, esta Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, con las enmiendas introducidas por la oposición, contribuirán sin duda a mejorar su situación, aunque aún son insuficientes para revertirla.
El próximo 1 de febrero, la Asamblea Regional aprobará seguramente este paquete de medidas que pretenden salvar el Mar Menor, si la oposición en pleno mantiene su compromiso para ello, con el trasfondo de las protestas de un sector de los agricultores que no tienen intención de cambiar su modelo de negocio. El sector agrícola, sin embargo, tiene ahora la oportunidad de dar un giro radical a su manera de producir, con un enfoque basado en la agroecología, buscando más la excelencia de los productos que la búsqueda de beneficios inmediatos, al tiempo que dignifique las condiciones de trabajo de la mano de obra. Todos nosotros, así como el medio ambiente, saldremos ganando.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:
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