Nada menos que una treintena de empresas tienen actualmente intereses exploratorios en España. Exploraciones para buscar petróleo en alta mar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, criticadas por la UNESCO por su fuerte "impacto medioambiental y social" y contra las que EQUO ha presentado alegaciones; el mismo tipo de investigaciones están presentes en Andalucía, en el mar de Alborán, denunciadas por Greenpeace y EQUO Almería; peticiones de investigaciones para realizar fractura hidráulica en muchas comunidades autónomas, aunque Cantabria se declaró libre de fracking y el Parlamento Andaluz insta a su gobierno a que haga otro tanto.
En la web del propio ministerio de Industria puede consultarse un mapa y un listado de prospecciones de hidrocarburos que se están llevando a cabo actualmente en España. En él puede verse que la mayoría de esas actividades tienen lugar en Castilla-León, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, estando en menor medida presentes en Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Esta auténtica fiebre que recorre nuestro país es, usando el conocido refrán español, "pan para hoy y hambre para mañana", pues los riesgos de estas prácticas son conocidos, como bien saben los habitantes de la costa de Castellón, con los cientos de seismos que están sufriendo a causa del proyecto Castor, esa plataforma en alta mar diseñada para inyectar gas en una falla, y que está siendo investigada por la fiscalía de Castellón.
A pesar de que las autoridades nos quieren vender la moto de que estas prácticas generan empleo, lo cierto es que la creación de puestos de trabajo asociados al impulso de las energías renovables es de muchísima mayor envergadura. Según la OIT, se podrían haber generado 125.265 empleos hasta 2020, un 81,5 % más que en la actualidad, si este sector pasara a generar un mínimo del 20 % de la producción primaria de energía. En el primer semestre de este año, las pérdidas acumuladas en el sector eólico ascienden a 255 millones de euros.
A esas pérdidas de empleo en el sector de las renovables se suman los efectos perjudiciales de estas prospecciones petrolíferas: terremotos (asociados a la inyección de gas y al fracking), contaminación marina y de acuíferos, uso intensivo de agua, uso del territorio, que afecta a la flora y la fauna, incendios... demasiados riesgos para una fuente de energía condenada a la extinción. Todos los estudios nos alertan que hemos llegado al llamado peak oil, es decir, al punto en que hemos agotado la mitad del petróleo existente y a partir del cual éste será más caro, de peor calidad y de más difícil extracción. Por mucho que digan que estos yacimientos pueden albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo y petróleo igual al 20% del consumo de 20 años, los efectos colaterales mencionados más la emisión de gases de efecto invernadero aconsejarían dejar de lado estas prácticas y desarrollar la tecnología de las energías renovables (de la que España es una potencia mundial, por cierto) si no queremos acentuar el cambio climático, la verdadera espada de Damocles de este siglo.
Desgraciadamente, la presión de los lobbys de la energía es demasiado fuerte, y este gobierno, que sigue sus indicaciones, no tiene realmente intención de defender los intereses generales, sino de favorecer a las empresas que más adelante premiarán a sus fieles representantes con algún jugoso puesto en sus consejos de administración, las famosas "puertas giratorias", como estamos comprobando últimamente.
A esas pérdidas de empleo en el sector de las renovables se suman los efectos perjudiciales de estas prospecciones petrolíferas: terremotos (asociados a la inyección de gas y al fracking), contaminación marina y de acuíferos, uso intensivo de agua, uso del territorio, que afecta a la flora y la fauna, incendios... demasiados riesgos para una fuente de energía condenada a la extinción. Todos los estudios nos alertan que hemos llegado al llamado peak oil, es decir, al punto en que hemos agotado la mitad del petróleo existente y a partir del cual éste será más caro, de peor calidad y de más difícil extracción. Por mucho que digan que estos yacimientos pueden albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo y petróleo igual al 20% del consumo de 20 años, los efectos colaterales mencionados más la emisión de gases de efecto invernadero aconsejarían dejar de lado estas prácticas y desarrollar la tecnología de las energías renovables (de la que España es una potencia mundial, por cierto) si no queremos acentuar el cambio climático, la verdadera espada de Damocles de este siglo.
Desgraciadamente, la presión de los lobbys de la energía es demasiado fuerte, y este gobierno, que sigue sus indicaciones, no tiene realmente intención de defender los intereses generales, sino de favorecer a las empresas que más adelante premiarán a sus fieles representantes con algún jugoso puesto en sus consejos de administración, las famosas "puertas giratorias", como estamos comprobando últimamente.
Pero cada vez hay más contestación popular a estas prácticas, y sólo mediante la acción ciudadana será posible frenar esta huida hacia adelante del sector energético convencional. Es necesario movilizarse para evitar el desastre al que nos lleva la política energética del gobierno de Rajoy, capaz, por cierto, de poner en peligro su propia integridad física al apoyar patéticamente a la energía nuclear en su reciente viaje al Japón. Pero esa es otra historia.
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