¿EN QUÉ MUNDO VIVE MONTORO?

El ministro Montoro vive en una realidad paralela. Donde él ve prosperidad, "la luz al final del túnel" y salida de la crisis, los últimos estudios certifican que para un amplísimo sector de la población, esa salida está a años luz de distancia. Un informe del Consejo General de Trabajo Social asegura que el número de familias de "clase media" que han acudido a los servicios sociales se ha duplicado en el último año, habiendo subido en un 30% las personas sin recursos económicos, y en un 13,5% los jóvenes titulados en Secundaria y universitarios que acuden a estos servicios. Ese optimismo del ministro le habrá venido, seguramente, a consecuencia de la lluvia de dinero que, según Botín, está inundando nuestro país y que sólo perciben las empresas del IBEX, que han aumentado sus beneficios en un 9% en el primer semestre del año con respecto al año pasado y por ser los alumnos aventajados para el FMI. 

Hoy, en diversas ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Almería, Valencia, Salamanca, Granada, Girona, Córdoba, Boiro -A Coruña-, Jaén y Cádiz), se van a realizar concentraciones en protesta por la situación de pobreza energética en la que se encuentran una cada vez mayor proporción de la ciudadanía española, acción promovida por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha estimado en un 10% el número de hogares españoles afectados por este problema, lo que supone que 2 millones de familias son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano). Desde EQUO se anima a participar en esas acciones de denuncia.

Este problema es debido a varias causas, como son bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Sus consecuencias en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc. 

El precio de la electricidad ha aumentado en cuatro ocasiones en lo que llevamos de año, acumulándose ya una subida media de la factura eléctrica del 3,5%. El gobierno español apela al mercado libre para permitir esta subida, cuando la realidad es que el oligopolio de las compañías eléctricas va en contra de la competencia, máxime cuando este mismo gobierno pone trabas de forma continua al desarrollo de las energías renovables, modificando las reglas de juego de forma deliberada e interesada. Sin embargo, diversos estudios revelan que en el período 2005-2011, las energías verdes abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibidas.

La percepción del fin de la crisis que tiene el gobierno choca de bruces con la realidad: el aumento de la pobreza, entre ellas la energética, que tendrá sus consecuencias este invierno, y el ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres. Las medidas que ha puesto en marcha Rajoy y compañía sólo han beneficiado a las grandes empresas, pero no se han traducido en un mayor bienestar de la población, sino todo lo contrario. Por mucho que repitan como un mantra este mensaje optimista, no podrá ocultarse por mucho tiempo la mentira en la que están sumidos y con la que tratan de engañar a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo?

CHANTAJE ENERGÉTICO

Observe esta foto. Se trata de los presidentes de las 10 compañías eléctricas más importantes de Europa, reunidos en Bruselas en el día de hoy. Entre ellas se encuentran los gigantes españoles Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Es la personalización del lobby energético que dicta las medidas a tomar por parte de los gobiernos europeos en materia de energía. Además de comprobar que no hay ninguna mujer entre ellos, vemos que este reducido grupo de hombres tiene el poder de condicionar las políticas energéticas del continente, llegando a coaccionar a los gobiernos si no se cumplen sus exigencias. En esta ocasión, y ante el descenso de sus beneficios provocado por la crisis y la disminución de la actividad económica, se han reunido para solicitar una rectificación en las políticas energéticas de la UE, concretamente la supresión de las ayudas a las energías renovables. 

Sus intereses van por delante de los intereses de los europeos. El objetivo 20/20/20 de la Unión Europea, es decir, conseguir que en 2020: a) el 20% de la energía obtenida sea de fuentes renovables, b) que se reduzca en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y c) ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética no parece que esté en la agenda de estas macro-empresas, sino más bien lo que pretenden es aumentar sus beneficios en ese mismo 20%. Además, realizan sus peticiones desde el chantaje, apelando al miedo y amenazando con posibles apagones en el continente, ahora que se aproxima el invierno, tal y como ocurrió en 2006, aunque una de las compañías implicadas, la alemana E.ON, admitió que ella misma pudo ser la causante del apagón que afectó a varios países europeos. 

Ya resulta intolerable que el gobierno español hiriera de muerte al sector de las energías renovables, a través del decreto de enero de 2012, suspendiendo "temporalmente" las primas a este sector, con la excusa de reducir el déficit de tarifa, ese invento que se sacó de la manga el gobierno Aznar, y que continuaron tanto Zapatero como Rajoy, cuando prometió a las compañías eléctricas un precio determinado por la energía producida, que no es el coste real, sino un precio bastante mayor, y que el ministro Soria se ha comprometido a pagar, a través de nuestra factura eléctrica, aunque esas compañías obtienen pingües beneficios de por sí. La segunda puñalada trapera ha venido por otro decreto, este de este mismo verano, por el que se penaliza con multas de hasta 60 millones de euros si un particular produce su propia energía eléctrica fotovoltaica sin pagar el llamado "peaje de respaldo", es decir, sin pasar por caja de las eléctricas, aunque no hayan producido esa electricidad. Ambas decisiones están siendo valoradas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por el incumplimiento sistemático por parte de España de las Directivas Europeas en materia de eficiencia energética. 

En España es sabido el retiro dorado que les espera a los políticos en las compañías eléctricas, esas mismas que son las grandes beneficiadas por las decisiones de los ministerios del ramo, con las famosas "puertas giratorias". En Alemania, la decisión del gobierno de Merkel en 2011 de realizar el "apagón" nuclear en 2022 a raíz del accidente de Fukushima (decisión que un año más tarde puso en duda el ministro germano de Medio Ambiente), puede haber llevado a las compañías alemanas E.ON y RWE a forzar este pulso con la UE. Las demás compañías, procedentes de Holanda, Italia, Suecia, República Checa y Francia ven amenazadas sus cifras de negocio por lo que también se suman a esta ofensiva.

La UE no debe permitir que los intereses de unas pocas empresas, por muy poderosas que sean, estén por encima del interés general, que pasa por conseguir la independencia energética y alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 planteados en el protocolo de Kyoto, y que Europa se comprometió a cumplir. Y eso solamente podrá conseguirse si se impulsan desde la UE las energías renovables. Por el bien de Europa y el planeta entero.

SE VENDE PAÍS A LAS COMPAÑÍAS PETROLÍFERAS

El gobierno español ha abierto la veda a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. Tras ponerle palos en las ruedas a las energías renovables con el decreto de enero 2012, dando como resultado un aumento de las emisiones de CO2 por un mayor uso del carbón, el ministerio que encabeza Juan Manuel Soria y sus antecesores en el cargo, éstos del PSOE, han favorecido, por contra, que aumenten las prospecciones de petróleo y gas en España en un 80% en los últimos cinco años.

Nada menos que una treintena de empresas tienen actualmente intereses exploratorios en España. Exploraciones para buscar petróleo en alta mar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, criticadas por la UNESCO por su fuerte "impacto medioambiental y social" y contra las que EQUO ha presentado alegaciones; el mismo tipo de investigaciones están presentes en Andalucía, en el mar de Alborán, denunciadas por Greenpeace y EQUO Almería; peticiones de investigaciones para realizar fractura hidráulica en muchas comunidades autónomas, aunque Cantabria se declaró libre de fracking y el Parlamento Andaluz insta a su gobierno a que haga otro tanto.

En la web del propio ministerio de Industria puede consultarse un mapa y un listado de prospecciones de hidrocarburos que se están llevando a cabo actualmente en España. En él puede verse que la mayoría de esas actividades tienen lugar en Castilla-León, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, estando en menor medida presentes en Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Esta auténtica fiebre que recorre nuestro país es, usando el conocido refrán español, "pan para hoy y hambre para mañana", pues los riesgos de estas prácticas son conocidos, como bien saben los habitantes de la costa de Castellón, con los cientos de seismos que están sufriendo a causa del proyecto Castor, esa plataforma en alta mar diseñada para inyectar gas en una falla, y que está siendo investigada por la fiscalía de Castellón. 

A pesar de que las autoridades nos quieren vender la moto de que estas prácticas generan empleo, lo cierto es que la creación de puestos de trabajo asociados al impulso de las energías renovables es de muchísima mayor envergadura. Según la OIT, se podrían haber generado 125.265 empleos hasta 2020, un 81,5 % más que en la actualidad, si este sector pasara a generar un mínimo del 20 % de la producción primaria de energía. En el primer semestre de este año, las pérdidas acumuladas en el sector eólico ascienden a 255 millones de euros. 

A esas pérdidas de empleo en el sector de las renovables se suman los efectos perjudiciales de estas prospecciones petrolíferas: terremotos (asociados a la inyección de gas y al fracking), contaminación marina y de acuíferos, uso intensivo de agua, uso del territorio, que afecta a la flora y la fauna, incendios... demasiados riesgos para una fuente de energía condenada a la extinción. Todos los estudios nos alertan que hemos llegado al llamado peak oil, es decir, al punto en que hemos agotado la mitad del petróleo existente y a partir del cual éste será más caro, de peor calidad y de más difícil extracción. Por mucho que digan que estos yacimientos pueden albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo y petróleo igual al 20% del consumo de 20 años, los efectos colaterales mencionados más la emisión de gases de efecto invernadero aconsejarían dejar de lado estas prácticas y desarrollar la tecnología de las energías renovables (de la que España es una potencia mundial, por cierto) si no queremos acentuar el cambio climático, la verdadera espada de Damocles de este siglo. 

Desgraciadamente, la presión de los lobbys de la energía es demasiado fuerte, y este gobierno, que sigue sus indicaciones, no tiene realmente intención de defender los intereses generales, sino de favorecer a las empresas que más adelante premiarán a sus fieles representantes con algún jugoso puesto en sus consejos de administración, las famosas "puertas giratorias", como estamos comprobando últimamente.

Pero cada vez hay más contestación popular a estas prácticas, y sólo mediante la acción ciudadana será posible frenar esta huida hacia adelante del sector energético convencional. Es necesario movilizarse para evitar el desastre al que nos lleva la política energética del gobierno de Rajoy, capaz, por cierto, de poner en peligro su propia integridad física al apoyar patéticamente a la energía nuclear en su reciente viaje al Japón. Pero esa es otra historia.