Esta mañana nos enteramos de que España sopesa aliarse con Argentina para reclamar Gibraltar y las Malvinas al Reino Unido en la ONU, en un acto patriótico más propio de épocas pasadas. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Invadir el peñón, tal y como hizo Argentina en las Malvinas en 1982, en plena dictadura militar? Debe ser una obsesión del ministro Margallo, cuya primera intervención en los foros internacionales fue un patriotero "¡Gibraltar español!" al ministro de Asuntos Exteriores británico.
Tras la colocación de los bloques de hormigón en la bahía como arrecifes artificiales, por parte de las autoridades del peñón, el gobierno español reaccionó cobrando un peaje de 50 euros a cada turista que entre o salga de Gibraltar. Esta medida es una versión atenuada, pero que suena a represalia, aunque el gobierno lo niegue, del cierre de la verja decretado en 1969 por la dictadura franquista, que supuso la pérdida de miles de puestos de trabajo y la despoblación de La Línea ante la falta de perspectivas, abocada su población a emigrar a Cataluña y al extranjero.
Los propios pescadores, según The Guardian, son los que más sentido común están demostrando, al rechazar las presiones efectuadas por el gobierno español hacia el peñón, que puede afectar a sus empleos, y al apelar al diálogo entre las autoridades españolas, británicas y gibraltareñas. Parece que el mayor afectado por la colocación de esos bloques sería el ministro de Agricultura, Arias Cañete, que posee un número de acciones nada despreciable de una compañía de bunkering (repostaje de buques en el mar), Petrolífera Ducar, que antes presidía, con sede en Ceuta, responsable de vertidos al mar. Ducar compraba a gasolineras flotantes de las aguas que Gibraltar considera suyas y luego lo revendía en Ceuta con un buen margen a los buques que atraviesan el estrecho. Esa práctica se ha visto dificultada, si no bloqueada, por las acciones gibraltareñas.
El episodio de Gibraltar está demostrando, a mi parecer, dos cosas: por un lado, que al gobierno español le viene muy bien desviar la atención durante unas semanas de los problemas de su partido, principalmente el caso Bárcenas, que tantos quebraderos de cabeza les está generando, resucitando de vez en cuando los bajos instintos patrioteros. Por otro lado, se pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos de arreglar los problemas de los habitantes de la zona, obligados a practicar el contrabando de tabaco como un complemento a sus ingresos, por las altas tasas de paro, sin proponer un plan eficaz de desarrollo económico para la comarca.
A todo esto hay que añadir los deseos de los propios gibraltareños, que en 2002, mediante referéndum, mostraron su clara intención, con el 98% de votos negativos, de no compartir la soberanía del peñón con España, lo que dejará seguramente sin efecto las intenciones del gobierno de apelar a los foros internacionales para reclamar por enésima vez la soberanía de Gibraltar. Otra cuestión es el estátus de Gibraltar como paraíso fiscal, responsable, en gran medida, de la situación financiera mundial. Pero eso, al gobierno español, no parece que le preocupe demasiado, pues mantendrá al peñón como paraíso fiscal. Eso le reporta a las empresas españolas un volumen de exportaciones de más de 2.200 millones de euros, cantidad nada despreciable, teniendo en cuenta que la población del peñón es de unos 30.000 habitantes.
Lo más probable es que este episodio sea algo pasajero en el verano de 2013, hasta que este gobierno o el siguiente decida resucitarlo cuando le convenga, para darse golpes de pecho y presumir de que defienden los intereses españoles.
El episodio de Gibraltar está demostrando, a mi parecer, dos cosas: por un lado, que al gobierno español le viene muy bien desviar la atención durante unas semanas de los problemas de su partido, principalmente el caso Bárcenas, que tantos quebraderos de cabeza les está generando, resucitando de vez en cuando los bajos instintos patrioteros. Por otro lado, se pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos de arreglar los problemas de los habitantes de la zona, obligados a practicar el contrabando de tabaco como un complemento a sus ingresos, por las altas tasas de paro, sin proponer un plan eficaz de desarrollo económico para la comarca.
A todo esto hay que añadir los deseos de los propios gibraltareños, que en 2002, mediante referéndum, mostraron su clara intención, con el 98% de votos negativos, de no compartir la soberanía del peñón con España, lo que dejará seguramente sin efecto las intenciones del gobierno de apelar a los foros internacionales para reclamar por enésima vez la soberanía de Gibraltar. Otra cuestión es el estátus de Gibraltar como paraíso fiscal, responsable, en gran medida, de la situación financiera mundial. Pero eso, al gobierno español, no parece que le preocupe demasiado, pues mantendrá al peñón como paraíso fiscal. Eso le reporta a las empresas españolas un volumen de exportaciones de más de 2.200 millones de euros, cantidad nada despreciable, teniendo en cuenta que la población del peñón es de unos 30.000 habitantes.
Lo más probable es que este episodio sea algo pasajero en el verano de 2013, hasta que este gobierno o el siguiente decida resucitarlo cuando le convenga, para darse golpes de pecho y presumir de que defienden los intereses españoles.
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