domingo, 18 de septiembre de 2016

LOS TRASVASES, UNA MEDIDA OBSOLETA


Este viernes se reúne el presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez, con la ministra Tejerina, acompañado del presidente de la CROEM, Jose María Albarracín, que también lo es de la Mesa del Agua, representantes del Sindicato Central de Regantes y la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, para tratar el asunto del agua en la Región de Murcia. Y lo hace en un momento en que vuelve a salir a la palestra el eterno tema de la falta de agua en nuestra región, tras meses de sequía.
Tal vez es el momento de recordar algunos extremos relacionados con este tema. Es frecuente el posicionamiento en los medios comunicación regionales de personas que defienden los trasvases como única solución a la escasez de agua, con los argumentos falaces de que “hay que traer agua de donde sobra a donde falta” y que “el Ebro tira al mar millones de metros cúbicos de agua cada año”. Esa concepción de los trasvases se basa en considerar a los ríos como meros canales de riego, obviando que son ecosistemas complejos, en cuya evolución se incluyen las crecidas, fenómenos naturales que favorecen la fertilización de las riberas y las vegas adyacentes al cauce, además de que, tal y como explica Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, es el mecanismo que tiene el río para limpiar periódicamente su propio cauce, cauce que sirve para transportar agua, sedimentos y seres vivos, y con su propia morfología, diseñada por sí mismo, y con la ayuda de la vegetación de ribera, es capaz de auto-regular sus excesos, sus crecidas. Las crecidas distribuyen y clasifican los sedimentos y ordenan la vegetación, y también lo limpian de especies invasoras y de poblaciones excesivas de determinadas especies, como las algas que han proliferado en los últimos años en tantos cauces. Cuantas más crecidas disfruten, mejor estarán nuestros ríos.
“La función primigenia de un río es desaguar el agua que cae en su cuenca, como un sistema de drenaje natural”
En cuanto al agua que desemboca en los mares, y no quese tira, la función primigenia de un río es desaguar el agua que cae en su cuenca, como un sistema de drenaje natural. Asimismo, ese agua dulce que llega al mar cargada de sedimentos desempeña un papel importante en el mantenimiento de otros ecosistemas que, además de su importancia ecológica, tienen un aprovechamiento económico. Así, el delta del Ebro es lugar donde conviven el cultivo de arroz, el marisco y la pesca, del que dependen 60.000 personas. Esos sedimentos son los que nutren de arena a las playas, que también son aprovechadas por el turismo. Como se ve, todo está interconectado.
Los trasvases procedentes de otros ríos, como el Tajo, deben ser el último recurso para abastecer de agua la cuenca del Segura. Numerosas asociaciones conservacionistas, así como la Fundación Nueva Cultura del Agua, consideran que los trasvases son económicamente gravosos, ambientalmente insostenibles, ya que favorecen el traspaso de especies invasoras de una cuenca a otra, además de poner en peligro el mantenimiento óptimo desde el punto de vista ecológico de las cuencas “donantes” y necesitar de multitud de embalses para su funcionamiento, desvirtuando la dinámica natural de los ríos. Los trasvases producen un efecto perverso, como es estimular aquellas actividades económicas que demandan una gran cantidad de agua, como ha pasado en la Región de Murcia, con la multiplicación de regadíos (muy por encima de lo planificado inicialmente) y las infraestructuras turísticas, con los efectos colaterales indeseables que sufrimos, como la degradación del Mar Menor.
Por último, hay otro factor, no menos importante, que hace que los trasvases sean inviables a medio plazo. Me refiero al cambio climático, causa de los periodos cada vez más prolongados de sequía, y razón suficiente para cambiar la visión cortoplacista de demanda de agua a toda costa procedente de otras cuencas, que también sufren los efectos de este fenómeno, por la búsqueda de otras soluciones, que pasan por el cese de las nuevas roturaciones y de la sobreexplotación de los acuíferos, el desarrollo de estrategias de modernización de redes urbanas, con la reutilización de los retornos urbanos, aplicación de medidas de gestión de la demanda, potenciación de la desalación movida por energías renovables y la apertura de un programa de reconversión del regadío, retirando las hectáreas menos rentables, siendo sustituidas progresivamente por explotaciones agroecológicas, de mayor valor añadido y generadoras de menores impactos.
Todo ello para empezar a considerar a los ríos no como recursos a nuestra disposición, sino como ecosistemas que nos prestan servicios ambientales y que debemos preservar.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

martes, 6 de septiembre de 2016

ALGO NUESTRO SE QUEMA


Hemos comenzado este mes de septiembre con un nuevo récord de temperaturas, tal y como está ocurriendo desde hace meses, confirmándose una vez más lo que muchos científicos advierten desde hace años, que el cambio climático prosigue su avance de forma implacable, sin que los gobiernos en sus diferentes niveles (municipal, autonómico y nacional) hagan nada para siquiera intentar revertir.
Uno de los efectos colaterales de este aumento de temperaturas debido al cambio climático es la proliferación de incendios forestales que, verano tras verano, arrasan miles de hectáreas, a veces en las mismas zonas quemadas anteriormente, dañando no solamente montes y espacios naturales, sino, cada vez más a menudo, núcleos urbanos habitados. En lo que llevamos de año 2016, y según datos del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se han producido 13 grandes incendios, es decir, aquellos en los que se han quemado más de 500 hectáreas, llevándose por delante casi 40.000 has. de superficie forestal. Según esos mismos datos, desde 2006 se han quemado una media de 80.000 has. de superficie forestal al año, con dos años especialmente aciagos, 2006, con 140.000 has. quemadas, y 2012, con 180.000 has.
“Que se apliquen rigurosamente las penas a quienes incendian de forma premeditada miles de hectáreas de monte”
Es significativo que el 96% de esos incendios son debidos a la mano del ser humano, el 55% de los cuales se originan de forma intencionada, y el 23% por negligencias (quema de rastrojos de forma incontrolada, colillas…). Muchas organizaciones ecologistas denuncian que la inmensa mayoría de los fondos destinados a los incendios se dedican a la extinción, y no a la prevención. Es significativo que la gran mayoría de grandes incendios se producen en bosques artificiales, principalmente pinares de repoblación y matorral sujetos a manejo agrícola y ganadero, mientras que se ven menos afectadas aquellas masas forestales mejor conservadas, con bosques maduros de especies autóctonas (encinas, robles, alcornoques…).
Como temían las organizaciones ecologistas y la oposición, la reforma de la Ley de Montes perpetrada por el PP en enero de 2015 no ha hecho más que agravar la situación. El artículo 50 de la polémica ley permite recalificar terrenos quemados cuando “existan razones de interés público”, abriéndose la puerta a cambios de uso del suelo tras la quema de superficie forestal. La reforma, en 2015, del Código Penal en relación a las penas por provocar incendios de forma intencionada sigue siendo bastante laxa, con penas de prisión de tres a seis años. Según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente, en los últimos 10 años se han producido más de 160.000 incendios. Sin embargo, sólo 325 personas han sido condenadas. De éstas, solo 8 ingresaron en prisión, sin que, además, se cumplan las penas íntegras. El resto evitaron la prisión porque recibieron penas menores a dos años.
Es necesario que se apliquen de forma rigurosa las penas a aquellas personas que, de forma casi impune, incendian de forma premeditada miles de hectáreas de monte, constituyendo una de las facetas más letales de delito ambiental, por lo que no pueden ser tratados de forma condescendiente por parte de las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, la legislación relativa a la recalificación de terrenos quemados debe ser mucho más restrictiva, para impedir definitivamente los cambio de uso con fines especulativos. Por último, no hay mejor prevención de los incendios que el mantenimiento de la forma más natural posible de nuestros montes, con repoblaciones con especies autóctonas, evitando los monocultivos e involucrando a las poblaciones locales en la conservación de los bosques.
Los incendios forestales son, en España, uno de los problemas ambientales más graves. La falta de voluntad real de las distintas administraciones para solucionar este problema nos puede costar muy caro, sobre todo con el agravante de las consecuencias del cambio climático, que puede suponer que la superficie forestal española se vea drásticamente reducida en los próximos años. Como rezaba un conocido eslógan de los ’70, “cuando el monte se quema, algo tuyo se quema”. El problema es que, para algunos, el monte es algo ajeno, o solamente lo ven como una fuente de ingresos, pero no como un patrimonio que hay que cuidar y proteger para las generaciones futuras.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 23 de agosto de 2016

TURISMO SOSTENIBLE, ¿UNA UTOPÍA?


Este verano, además de los incendios que se suceden todos los días, calcinando por causas humanas decenas de miles de hectáreas en España y Portugal, y los Juegos Olímpicos de Río, que han llegado a su fin, es noticia la situación de colapso de los lugares turísticos en nuestro país. En Barcelona, los vecinos y vecinas del centro histórico claman contra la invasión de turistas, sobre todo en verano; el 13% de sus residentes valora negativa o muy negativamente que la ciudad sea un destino turístico de referencia internacional. El Barrio Gótico, por ejemplo, ha perdido un 17,6% de población y sus alquileres han subido un 6%, verificándose la expulsión de la población original para ser sustituida por población foránea temporal, al tiempo que la especulación inmobiliaria relacionada con el turismo de masas se extiende por la ciudad condal. Ello ha obligado al ayuntamiento de Barcelona a controlar la proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, que rompen la convivencia entre turistas y vecinos por la sobreabundancia de los primeros.
Otro tanto ocurre con las islas Baleares. Un archipiélago que cuenta con una población estable de poco más de un millón de habitantes recibe cada año unos 14 millones de turistas, colapsando tanto las infraestructuras como los espacios naturales. Ibiza y Formentera son el máximo ejemplo de sobresaturación. Ibiza recibió 2,7 millones de turistas en 2014, veinte veces su población, y Formentera, con 11.500 habitantes, acoge a 1,2 millones de viajeros al año. La situación llega al paroxismo cuando se verifica que los profesionales que van a las islas a trabajar no tienen literalmente espacio físico para vivir, a menos que alquilen algún piso a precios desorbitados o compartan habitación, como si de turistas se tratara.
Estos no son más que dos ejemplos del grado de saturación al que se ha llegado en cuanto a ocupación del espacio, sobre todo en nuestras costas. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad “Cambios en la ocupación del suelo en la costa” revela que casi la mitad de las construcciones que invaden la franja litoral han sido edificadas en los últimos 25 años, intensificado con el boom inmobiliario del presente siglo. Provincias como Málaga o Valencia tienen unos índices de transformación del uso de suelo en espacios artificiales que superan el 60% en el caso de Valencia hasta un preocupante y límite 81% en el caso de Málaga. Pero esto es extensible a cualquier provincia costera. En Murcia, la situación del Mar Menor es el ejemplo de uso excesivo de los ecosistemas, agravado en este caso por la agricultura intensiva.
Con la situación que viven países como Grecia, Turquia o el norte de África, muchos turistas cambian su destino a España, para satisfacción del sector hotelero y de los gobiernos autonómicos, que celebran el continuo aumento de visitantes, pero para desgracia de los espacios naturales costeros, que sufren una presión sin precedentes: pérdida de biodiversidad, alteración de hábitats (sobre todo dunas, humedales y fondos marinos), contaminación, modificación del paisaje, etc. Además, el consumo excesivo de agua y la generación de residuos son otros de los problemas que produce el turismo de masas, que afecta directa e indirectamente a los ecosistemas.
Seguramente este año se alcanzará nuevamente el récord de visitantes en España. El año pasado se alcanzaron los 68,1 millones de turistas, representando el sector turístico el 12% del PIB. Pero no todo vale para mover la economía. La calidad de vida de las poblaciones locales, el buen estado de conservación de los ecosistemas, el cuidado de las ciudades, la preservación de los espacios naturales para las generaciones futuras, son valores que hay que tener en cuenta, y no sólo el factor monetario, a menudo asociado a empleos precarios y temporales y abusos laborales. La implementación de medidas encaminadas a conseguir un turismo realmente sostenible, es decir, aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de la comunidad, y cuyos beneficios (no solamente económicos) se reparten de forma equitativa entre el turista y la comunidad, deben ser una prioridad en las políticas públicas asociadas al sector, si no queremos matar la gallina de los huevos de oro.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: