A lo largo de 2021 se superó con creces el mínimo exigible de 500.000 firmas para que la propuesta de ley sea debatida en el Congreso, llegándose a las 640.000. Está previsto que en las próximas semanas se inicien las ponencias que den forma a esta ley, después de que en el mes de abril pasado el Congreso tomara en consideración esta ILP, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, aunque no hay que olvidar que el PP dio un giro copernicano a su postura, ya que inicialmente estuvo en contra de la ILP y de que se concediese una prórroga al grupo promotor para conseguir las firmas necesarias, cambiando de parecer tras las encuestas del CEMOP que evidenciaban que la situación del Mar Menor era la segunda preocupación de la sociedad murciana y que la postura negacionista del gobierno regional le restaba votos.
El otro gran paso es la aprobación por parte del Congreso de la próxima apertura de la Oficina Técnica del Mar Menor, a propuesta del grupo Más País-Verdes Equo. Este organismo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tendrá entre sus fines “la coordinación e integración de las distintas actuaciones de las administraciones públicas con responsabilidades técnicas, administrativas y de gestión sobre el Mar Menor” y estará dirigido por Inmaculada Ramírez Santigosa, funcionaria de la CARM que fue “acosada”, según los sindicatos, cuando era subdirectora general de Medio Ambiente, y posteriormente cesada de su cargo. Con esta oficina se espera dar respuesta a la emergencia ecológica por la que atraviesa la albufera, con la participación de la sociedad civil, además de los técnicos, los municipios ribereños y los especialistas en la materia.
Pero estas dos buenas noticias para el Mar Menor pueden verse empañadas por la sempiterna actitud de las derechas de la Región de Murcia. A la inacción del gobierno regional, echando balones fuera, al tiempo que exige que sea el gobierno central quien solucione lo que el PP no ha sido capaz de remediar en 26 años, y negándose a emprender acciones en origen, es decir, no haciendo nada para impedir el vertido de nitratos, fosfatos y pesticidas provenientes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena, causante del 85% de la contaminación del Mar Menor, a pesar de que forma parte de sus atribuciones todo relativo a la agricultura, ganadería y medio ambiente, se suma la delirante iniciativa de Vox de llevar a los tribunales la ILP, tachándola de “ataque a la Constitución y a la libertad”, de “totalitaria” y de “experimento comunista”, amenazando con “abolir las leyes liberticidas” y “cerrar los chiringuitos” si tuvieran la oportunidad de gobernar.
Por acción u omisión, las derechas regionales son, además de las causantes del estado actual de la laguna, los principales obstáculos para que, en un futuro más o menos cercano, podamos recuperar el Mar Menor, si no tal y como lo conocieron nuestros abuelos, al menos en un estado similar. La historia se encargará de juzgar los acontecimientos que, desde hace décadas, han provocado el estado actual del Mar Menor, a pesar de que la mayoría de la sociedad murciana demanda una solución, como se puso de manifiesto tras los tres colapsos de la laguna, en 2016, 2019 y 2021.
La futura ley que dotará de personalidad jurídica al Mar Menor y la apertura de la Oficina Técnica son la esperanza para que, por fin, nos encaminemos hacia la solución definitiva a la degradación de la laguna, con la colaboración entre la comunidad científica, las diferentes administraciones y la sociedad civil. Esperemos que así sea.
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