El Gobierno de la Región de Murcia está promoviendo dos medidas que suponen un golpe al concepto de sostenibiidad como criterio principal para la toma decisiones políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Por un lado, el viernes pasado, en el transcurso del Foro 'La Verdad'- Banco Sabadell, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció la tramitación de una Ley de Simplificación Administrativa para agilizar las evaluaciones y autorizaciones ambientales, con el objetivo, según él, de “apoyar a las empresas a ganar nuevos mercados, que allanen el camino para que puedan crecer y competir a escala global (…) desbloqueando aquellos expedientes que frenan la creación de puestos de trabajo y de riqueza”, usando el típico lenguaje que tan querido es por el neoliberalismo. Esta ley se ha redactado con el único apoyo de la patronal empresarial, verdaderos beneficiarios de unas medidas que facilitarían el desarrollo de proyectos empresariales que afectan al medio ambiente.
“La Ley de Simplificación Administrativa es el medio que tiene el Gobierno regional de allanar el camino para que las empresas que necesiten del preceptivo estudio de impacto ambiental estén libres de trabas legales y puedan actuar, en la práctica, sin impedimentos”
Para un cierto sector empresarial de nuestra región, el medio ambiente no es más que un obstáculo para sus fines, que no es otro que la obtención del máximo beneficio a costa del interés general. Se vio en el pasado, con los fallidos proyectos urbanísticos de Marina de Cope o el ahora investigado proyecto “Novo Carthago” (en el que están pendientes de procesamiento los exconsejeros Cerdá, Marqués y Bascuñana), y se comprueba con el proyectado macropuerto de El Gorguel: si se les dejara cancha libre, los espacios naturales serían pasto de cualquier proyecto faraónico que se les ocurriera, sin importar las consecuencias ambientales. La Ley de Simplificación Administrativa no es más que el medio que tiene el Gobierno regional de allanar el camino para que miles de empresas que pretenden realizar su actividad empresarial y necesiten del preceptivo estudio de impacto ambiental estén libres de trabas legales y puedan actuar, en la práctica, sin impedimentos.
La otra noticia que supone un jarro de agua fría a la sostenibilidad es la inminente firma del Pacto por el Agua entre PP, PSOE y Cs, acuerdo que incluye los calificados por López Miras como los “imprescindibles” trasvases, además de la desalación. Del PP y de Ciudadanos nos esperábamos esa postura, ya que para ellos eso del cambio climático y la escasez del agua es una falacia creada por sus enemigos para atacar al Gobierno. Pero que el PSOE se preste a esta maniobra viene a decirnos que todo vale para ganar votos, aunque sea contradiciendo a la presidenta de su propio partido, la exministra Narbona quien, en una reciente entrevista, abogaba de forma acertada por un cambio de actitud para dejar atrás “la política de la oferta” por una “mejor demanda de los recursos”, denunciando que la política del PP en materia de agua está basada en infraestructuras y trasvases, apelando a las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la gestión de los recursos hídricos, al tiempo que propone realizar una auditoría en España “para conocer cuánta agua se utiliza, quién la paga y por cuánto”. Sabido es que la política trasvasista es un error, ya que actúa sobre un recurso, el agua, que, en un contexto de cambio climático como el que sufrimos, será cada vez más escaso.
Esa premura por aprobar estas dos medidas por parte del Gobierno de López Miras, una de ellas con la connivencia de los socialistas murcianos, está relacionada con el calendario de la presente legislatura. El posible triunfo de la moción de censura presentada en el Congreso por parte del PSOE como consecuencia de la reciente sentencia de la Gürtel podría trastocar los planes del PP en su política hidrológica, y la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el año que viene les obliga a mover ficha para dejar atadas estas decisiones que podrían condicionar a un posible futuro gobierno de signo contrario al actual.
De nuevo el medio ambiente es rehén de las decisiones políticas del PP, y bien harían algunas formaciones políticas en pensar menos en términos de obtención de réditos electorales y más en el interés general, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad científica.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:
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