Cada vez el abismo que separa a los llamados "políticos" de la ciudadanía es mayor. Hace ya un año y medio, me entretuve en repasar la trayectoria de algunos representantes políticos, comprobando que algunos no han vivido de otra "profesión" desde que salieron de la adolescencia, prácticamente. El último ejemplo lo tenemos en tierras murcianas, donde el nuevo Consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, de 37 años de edad, no ha desempeñado otro trabajo que el de ser nombrado a dedo por el aparato de su partido para diferentes puestos (secretario general de NN.GG. del PP en Murcia, director general de Juventud y director del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia -1999-2003-; alcalde de Puerto Lumbreras -2003-2013-, consejero desde julio de 2013). Es cierto que se me puede decir que el alcalde es elegido, no nombrado, pero no se me puede negar que los candidatos son designados a dedo por los aparatos de ciertos partidos, que se reparten los puestos para no salir de la esfera pública.
Otro ejemplo reciente lo tenemos en la flamante Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien empezó en 1997 como secretaria de organización de las Juventudes Socialistas de Andalucía a los 23 años, siguiendo como concejala (1999-2004), diputada en el Congreso (2004-2008), diputada en el Parlamento andaluz (desde 2008), senadora (2011-2012), Consejera de Presidencia (2012) y ahora Presidenta de la Junta, tras su nombramiento de forma "digital" por parte de sus compañeros de partido, sin que mediara elección alguna, salvo un paripé de elecciones primarias diseñadas ad hoc. Como se ve, la partitocracia en todo su esplendor sigue campando a sus anchas en los partidos tradicionales.
Me rechina cada vez que oigo a un representante público decir aquello de "nosotros los políticos debemos ser sensibles a lo que dicen los ciudadanos", sobre todo cuando salen a la palestra casos de corrupción o cuando su partido ha bajado en las encuestas, confirmando que se trata de una casta cerrada, un club privado cuyo acceso está restringido a l@s que hacen méritos en los diferentes partidos políticos, y vedado a la ciudadanía en general, cuya función se limitaría a depositar un voto cada cuatro años en la urna. Ya lo denunciaba Daniel Montero en su libro La casta, en el que recoge los privilegios de la clase política en España. Los últimos privilegios (o más bien abusos) de este colectivo se han sabido a raíz de la expedición de 180 personas a Buenos Aires montada para recibir la noticia de la denegación de la designación de Madrid como sede de los JJ.OO. de 2020, y el uso de vuelos privados por parte de muchos políticos para regresar a España con el rabo entre las piernas.
En Francia también hay un camino para acceder a los puestos de responsabilidad, aunque algo diferente y no menos elitista: Se trata de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la que salen 100 graduados anualmente formados para el alto funcionariado. Una gran mayoría de los antiguos alumnos de la ÉNA controlan la vida política y económica en Francia. El sociólogo Pierre Bourdieu ha estudiado este fenómeno. Además, no menos de siete primeros ministros (Chirac, Fabius, Rocard, Balladur, Juppé, Jospin y Villepin) y dos Presidentes de la Quinta República (Giscard D'Estaing y Chirac) son antiguos alumnos de la prestigiosa escuela.
Frente a esta visión de la política que se limita a que un grupo de "elegidos", ya sea por su preparación teórica, aunque a menudo alejada de la realidad, ya sea por una meritocracia consistente en "arrimarse" al árbol que mejor sombra le dé y en nombrar a "delfines" como si de una monarquía se tratara, se opone lo que creo que debe ser la práctica de la política, entendida como una actividad encaminada a resolver los problemas de una sociedad. En este caso, la política no es algo privativo de unos pocos, sino que debe ser algo asequible a todos los ciudadanos.
Sin embargo, asistimos al hecho de que la participación en asuntos públicos (es decir, aquellos que nos atañen a tod@s) es bastante escasa en las sociedades occidentales. Sumado a esto, comprobamos que no hay cauces suficientes para la participación o estos son farragosos y requieren de un esfuerzo por parte del ciudadan@. Para remediar esto, hay una serie de iniciativas que se encuadran en lo que conoce como Democracia Líquida o Democracia Directa, un sistema basado en que la ciudadanía tiene la posibilidad de votar de forma instantánea las decisiones que se vayan a tomar en los parlamentos, ayuntamientos, etc. por medio de las nuevas tecnologías de la información, normalmente. Partidos como EQUO ya están llevando a la práctica este medio de decisión colectiva, teniendo nosotr@s la posibilidad de trasladar al diputado Joan Baldoví, de Compromìs-EQUO, nuestra opinión, en este caso, sobre la Ley de Transparencia que se va a votar el próximo jueves.
Es preciso que, como ciudadanos, participemos más en los asuntos públicos, que no nos son ajenos. No debemos seguir dejando en exclusiva en las manos de los representantes políticos la toma de decisiones. La democracia directa es una de las herramientas de futuro, con la que podremos influir de forma inmediata sobre los temas que nos interesan y podremos ir diluyendo esas diferencias entre elegid@s y electores, convirtiéndonos tod@s nosotr@s en sujetos activos de la política, y no meros individuos pasivos sin posibilidad de fiscalizar e incluso revocar a nuestros representantes.
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