DECRECIMIENTO

En las últimas horas de la COP28 de Dubai, en la que no parece que los cerca de 200 países que acuden a esta cumbre vayan a presentar un documento que comprometa a la comunidad internacional a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, asistiremos previsiblemente a un nuevo fracaso.

Si en la COP21 de Paris de 2015 se firmó el Acuerdo por el que para el año 2030 se alcanzarían las cero emisiones, al tiempo que se limitaría el aumento de la temperatura media del planeta para no sobrepasar los 2ºC por encima de la temperatura de la era pre-industrial, a sólo 6 años de esa fecha se han rebajado sensiblemente los objetivos marcados entonces. Ahora se mira al horizonte del año 2050 para conseguir la neutralidad en las emisiones, con la etapa intermedia de 2030 con la reducción en un 43% de esas emisiones.

Sin embargo, los datos contradicen una y otra vez lo que las sucesivas cumbres del clima marcan como meta. Así, el año 2023 será el año más cálido desde que se tienen registros, y se prevé que en 2024 superemos la fatídica cifra de 1,5ºC por encima de la temperatura de era pre-industrial, lo que podría suponer el punto de no retorno del cambio climático. Además, este año marcará un récord en las emisiones de gases, alcanzándose las 40.900 millones de toneladas, según datos del nuevo informe anual publicado por Global Carbon Project, en el marco de la COP28. Esto demuestra la gran hipocresía de los principales países industrializados que, cumbre tras cumbre, prometen mucho y hacen poco para solucionar este gran problema.

Pero desde las instituciones españolas, a través de las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, se está empezando a escuchar la palabra mágica que se han negado a pronunciar durante décadas y que sólo unos cuantos visionarios se atrevían a hacerlo: Decrecimiento. Preguntada en la COP28 sobre este asunto, la ministra de Transición Ecológica aseveró que “para que crezca el bienestar no es necesario medir el crecimiento sobre la base de un mayor consumo de materias primas”. Es decir, que medir la riqueza de un país basándonos en el aumento del PIB no es garantía de bienestar, ni social ni ambiental.

El concepto de decrecimiento fue popularizado a principios de este siglo por el economista francés Serge Latouche (1940) quien, en una serie de obras, desde Faut-il refuser le développement? (1986) (¿Hay que rechazar el desarrollo?) hasta libros más específicos como La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante? (2009) o Pequeño tratado de decrecimiento sereno (2009) nos plantea las claves para cambiar el paradigma imperante en la economía occidental, el de que solamente con el crecimiento económico ilimitado se pueden mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Latouche se basó en otros economistas anteriores, como el rumano Nicholas Georgescu-Roegen, o en pensadores como el austriaco Ivan Illich, además del Informe del Club de Roma Los límites del crecimiento (1972), que ya cuestionaban este aspecto.

En el concepto de decrecimiento se incluyen medidas que ya están sobre la mesa en los programas políticos, como la reducción del tiempo del trabajo, la apuesta por las energías renovables, la movilidad sostenible, el cambio en el modelo productivo, la relocalización de la economía, es decir, que la producción vuelva a los países de origen y no a terceros países donde los costes laborales para las empresas son menores, pero que implican costes ambientales por el transporte y, a menudo, abusos en las condiciones de trabajo. También la producción llamada de 'kilómetro cero', o sea, que minimiza la distancia entre productores y consumidores, fomentando la agricultura ecológica, es otra medida que se podría calificar como decrecentista y que cada vez más los gobiernos, sobre todo los de signo progresista, incluyen en sus programas.

¿Qué implicaría en la Región de Murcia la aplicación de los principios decrecentistas? En primer lugar, la transformación del modelo agrícola y ganadero desde el actual, demandante de productos fitosanitarios contaminantes y de cantidades ingentes de agua, y productor de residuos con consecuencias indeseadas como la destrucción del Mar Menor, hacia un modelo sostenible y ecológico. En segundo lugar, la descarbonización de la industria, con energías verdes como fuente. También la aplicación de un Plan de Movilidad Regional que reduzca la necesidad de usar el transporte privado con una red eficiente de transporte público para disminuir la contaminación o la transformación del modelo turístico hacia uno que sea responsable y sostenible son otros ejemplos de implementación de este tipo de medidas.

Lo que hace unos años era una palabra tabú, por el error de interpretación interesada de determinados sectores sociales, se está convirtiendo en la única forma de abordar el futuro inmediato, con la espada de Damocles de la emergencia climática en el horizonte. Que la clase política en el poder la empiece a usar sin tapujos es una buena noticia.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/decrecimiento_132_10759764.html

UN PACTO CONTRA LA MAYORÍA

Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.

Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.

El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.

En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.

En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.

Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.

Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.

El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.

En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.

Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html

SR. LÓPEZ MIRAS, DEDÍQUESE A GOBERNAR

López Miras ha decidido dedicarse a la política nacional, tal y como hace su referente, Isabel Díaz Ayuso, dejando el gobierno de la Región de Murcia en un segundo plano, a pesar de los graves problemas que padecemos, tal vez para intentar hacernos olvidar su pacto de Gobierno con la ultraderecha, con dos consejeros, el de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, y de Interior y Emergencias, este último con rango de vicepresidente, en la persona de José Ángel Antelo, como peaje para que Vox apoye la investidura fallida de Feijóo. No se pierde una, el hombre, acudiendo a todas las citas convocadas por su jefe de filas, con el único objetivo de acosar al gobierno de funciones, ya sea a cuenta de la amnistía o la inmigración.

En relación a este último tema, es palmaria la hipocresía y doble vara de medir del Partido Popular, dependiendo del lugar de origen de la inmigración; así, se les abre las puertas de par en par, sin escatimar en medios y recursos, si huyen de países en conflicto del este de Europa, algo que es necesario y plausible, pero si provienen de países del sur, de África, se les pone todo tipo de trabas, llegando a negar la acogida de 100 inmigrantes en Cartagena, desplazados desde Canarias para aliviar la presión poblacional en las islas, todo ello alentado por las declaraciones racistas de Vox, como las realizadas por Antelo, asociando inmigración con yihadismo y delincuencia, palabras que han sido duramente criticadas por cuatro asociaciones de la Región, que no descartan llevarlas ante la Fiscalía, por constituir un posible delito de odio.

Otros graves problemas que sufre la Región de Murcia, mientras el presidente se dedica a alarmar continuamente con la ruptura de España en cuanto le ponen un micrófono delante, están relacionados con el déficit en las cuentas reflejadas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Región de Murcia de 2020 del Tribunal de Cuentas, en el que se revela que el SMS acabó 2020 con un déficit de 2.000 millones de euros, además de lo que se ha calificado como “pozo sin fondo”, las pérdidas de la desaladora de Escombreras, que alcanzan 20 millones de euros.

La contaminación atmosférica es otra de las lacras que padecemos, sobre todo en la ciudad de Murcia, situación que ha alcanzado la categoría de “crónica”, con repetidos episodios de altos niveles de partículas PM10, ozono y óxido de nitrógeno, cuya inhalación puede provocar problemas como ictus e infartos de miocardio. Este problema se extiende a otros municipios de la Región, como Cartagena o Alcantarilla. Ante eso, el ahora alcalde de Murcia se dedicó a denostar el Plan de Movilidad de la anterior corporación, hasta que, una vez en el poder, no ha tenido más remedio que continuar con él.

A todo esto se suman los ya habituales problemas estructurales: estamos a la cola en en cuanto a tasas de pobreza y exclusión social según el informe de la Plataforma de Infancia, con más del 30% de pobreza, cifra que se dispara entre los adolescentes de 13 a 18 años, con una tasa del 34,9%; somos la cuarta Comunidad Autónoma en brecha salarial entre mujeres y hombres, con un 20,6%, cuando la media nacional se sitúa en el 18,7%; las asociaciones que se ocupan de la salud mental denuncian las largas listas de espera para acceder a los recursos por parte de los pacientes; la Región de Murcia sigue teniendo la segunda ratio de denuncias por violencia de género más alta del país, con 25,7 denuncias por cada 10.000 mujeres; Murcia es la comunidad con peores datos en educación pública, según el informe 'Socieducación 2023’, con más del 17% de tasa de abandono escolar. Y acabamos de saber que, según el INE, el 86,7% de los municipios de la Región se situaron en 2021 entre el 25% de las poblaciones españolas con menor renta (por debajo de 10.987 euros), registrando el 13,3% restante una renta media-baja. Y así podríamos seguir con los principales indicadores (paro, brecha digital, pensiones, número de consultorios médicos, número de viviendas sociales, etc.) que nos sitúan a la cola del país.

¿Y a qué se dedica mientras tanto el presidente López Miras? Pues a viajar adonde le indique Feijóo, ya sea a una manifestación en Madrid contra la consecución de un Gobierno progresista, o a Barcelona contra la amnistía, o bien a protestar contra el gobierno por la falta de “colaboración” en el reparto de inmigrantes, o a amenazar con recurrir ante el TC la amnistía “al minuto siguiente” de que sea aprobada, todos ellos problemas que no repercuten en la calidad de vida de los murcianos y murcianas, solo a servir a los intereses de su partido, cuando para la mayoría social de la región cuestiones como la amnistía no son de vital importancia. La sociedad murciana no se merece tener un presidente que obvie los graves problemas de la Región de Murcia, dedicándose a trabajar solamente por y para evitar la consecución de un Gobierno progresista. Que por nadie pase.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/lopez-miras-dediquese-gobernar_132_10647118.html