viernes, 20 de marzo de 2015

EL AGUA, UN MOTIVO PARA LA CELEBRACIÓN


El domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, coincidiendo con las elecciones andaluzas. Esta conmemoración instaurada por la ONU, que se viene celebrando desde 1993, tiene como lema “Agua y Desarrollo Sostenible”, y quiere fomentar, entre otras cosas, el crecimiento económico como solución a todos los problemas. Ya desde la Cumbre de Río de 1992 se resaltó el oxímoron (es decir, la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto) que suponen los dos términos, pues el desarrollo económico suele estar reñido con la sostenibilidad ambiental. Está claro que en los países en vías de desarrollo, donde el acceso al agua es un privilegio y donde a duras penas se sobrevive con unos pocos dólares diarios, la mejora de las condiciones de vida es algo deseable y esta puede venir de la mano de un cierto crecimiento económico.
Sin embargo, en los países desarrollados, entre los que se incluye España, en los que la pobreza es un drama que está aumentando cada vez más, que se pone de manifiesto, entre otros, con los cortes de agua en los hogares que no pueden hacer frente a los pagos, apelar al crecimiento económico como motor del bienestar se ha demostrado como algo falaz y, en cierto modo, tramposo.
El gobierno saca pecho declarando que somos el país que más crece de la zona euro, llegando a una previsión de crecimiento del PIB para 2015 a una tasa del 2%. Pero ese aumento de riqueza sólo se ha verificado en el aumento de los beneficios de las empresas del IBEX-35 que, en conjunto, ganaron más de 32.000 millones de euros en 2014, un 42% más que el año anterior, mientras que la precariedad laboral campa a sus anchas, todo ello aras de la sacrosanta competitividad empresarial. En el reverso oscuro de ese crecimiento, encontramos, además, la degradación de los espacios naturales, las amenazas ambientales provocadas por la búsqueda desesperada de combustibles fósiles y el agravamiento del cambio climático debido al aumento de los gases de efecto invernadero.
En relación al agua, además de los cortes de suministro, que atentan contra los más elementales derechos humanos, nos encontramos con la privatización del servicio municipal en muchas ciudades, sustrayendo a la ciudadanía el control de este servicio, y dejando a las empresas privadas que hagan y deshagan a su antojo, primando la búsqueda de beneficios particulares al interés general.
En el Día Mundial del Agua, asistiremos seguramente a una serie de discursos hipócritas y buenas palabras, pero dudo que desde los poderes públicos que nos gobiernan actualmente se den los pasos adecuados para solucionar los problemas de la ciudadanía en relación al acceso justo a este bien básico. Sólo con la remunicipalización del servicio de aguas se garantiza el acceso al agua para el conjunto de la ciudadanía. Sólo con el abandono del dogma del crecimiento se asegura una relación entre ser humano y naturaleza que no suponga la destrucción sistemática de ésta última. Sólo con el reconocimiento de los servicios que nos prestan los ecosistemas, especialmente los ligados al agua, iniciaremos el camino hacia el buen vivir.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 11 de marzo de 2015

LA LECCIÓN NO APRENDIDA DE FUKUSHIMA


El 11 de marzo se cumplen cuatro años de la catástrofe nuclear de Fukushima, en la que la central sufrió daños muy severos como consecuencia del terremoto y posterior tsunami que asoló el noreste de Japón ese día. A consecuencia de ese desastre, se emitió a la atmósfera una cantidad indeterminada de gases radiactivos que recorrieron el planeta, siendo detectados hasta en España, además de vertidos radiactivos al mar, la muerte directa de decenas de personas y la evacuación de cientos de miles de habitantes a 30 kilómetros a la redonda de la central, declarándose como “zona muerta” ese área.
Es una ocasión para recordar los peligros de la energía nuclear, de los que en España no somos ajenos, sobre todo por nuestra situación en una zona de alta actividad sísmica, como se ha demostrado recientemente con el terremoto de Ossa de Montiel, de una intensidad de 5,2, o el de Lorca, de 5,1 de magnitud, ocurrido justo dos meses después del terremoto de Japón. De las seis centrales nucleares en activo actualmente en nuestro país, la más antigua de ellas, Garoña, puesta en funcionamiento en 1971, es gemela de la que sufrió el accidente en Fukushima. Aunque cesó su actividad en 2012, el gobierno de Rajoy pretende reabrir la central de Garoña para prolongar su vida útil hasta los 60 años (es decir, hasta 2031), a pesar de las dudas en seguridad que esta central suscita, y de que está ampliamente amortizada. Afortunadamente, las oposición en pleno (salvo CiU y UPyD) se comprometió en diciembre de 2014 a no reabrir Garoña en el caso de que el PP dejara el poder.
Se calcula que las nucleares españolas han cobrado en concepto de amortización de la inversión más de 22.000 millones de euros, a partir de la moratoria nuclear de 1984, una gran parte de esa cantidad asumida por los consumidores a través del recibo de la luz. La apuesta por parte del gobierno popular por las energías “sucias” se pone una y otra vez de manifiesto por su intención de alargar la vida útil de las centrales nucleares, por permitir las prospecciones petrolíferas en Canarias (sin resultados) y la extracción de gas subterráneo por el método del fracking, y por aprobar los recortes a las renovables, acusándolas de todos los males (especialmente del llamado “déficit de tarifa”).
La última escenificación de este apoyo a las fuentes de energía contaminantes se vio la pasada semana con la firma de unos acuerdos entre España, Francia y Portugal, por los que se establecerán conexiones energéticas (principalmente por medio de gasoductos) entre los tres países para que la Península Ibérica deje de ser “una isla energética” y para “abaratar el precio de la energía a los ciudadanos”. Por cierto, que España contribuirá con 1.500 millones de euros a esa interconexión.
Cuatro años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, no parece que nuestros gobernantes tengan la más mínima intención de iniciar la transición hacia fuentes de energía 100 % renovables, cosa perfectamente posible en España, según varios estudios, para el horizonte de 2050. Al contrario, se persevera en los errores, poniendo en peligro a los habitantes de nuestro país y con costes económicos y ambientales demasiado elevados. ¿Estamos dispuestos a asumirlos?
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 28 de febrero de 2015

UN MOMENTO HISTÓRICO


Este año se celebran cuatro citas electorales, dos de las cuales nos afectan directamente a la Región de Murcia, en mayo con las elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año con las generales. Son los primeros comicios desde que el Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en noviembre de 2011. En estos casi cuatro años hemos asistido al retroceso en todos los parámetros sociales y políticos: la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de forma alarmante, el ritmo de los desahucios de viviendas no ha bajado de 120 al día (cinco cada hora), la pobreza alcanza casi al 30% de la población, los jóvenes se ven obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales en nuestro país, la reforma laboral ha precarizado los empleos hasta el punto de que son habituales los contratos de menos de una semana, los índices de paro han aumentado en términos absolutos y los recortes en aspectos como la sanidad y la educación han degradado estos dos servicios básicos hasta llegar a matar a personas, como se está viendo en el caso de los enfermos de hepatitis C a los que se les niega los medicamentos para sobrellevar su enfermedad.
Desde el punto de vista económico, a pesar del triunfalismo del Gobierno, la deuda del Estado es prácticamente el 100% del PIB, mientras que el déficit público es de los más altos del continente. Otros aspectos aprobados por el PP han hecho retroceder en varias décadas los derechos civiles y sociales, como la ´Ley Mordaza´, el aumento del IVA aplicado a espectáculos (cine, conciertos y teatro), a material escolar y a entradas a museos, la introducción de las tasas judiciales o la reciente reforma del Código Penal, apoyada por el PSOE, que introduce la cadena perpetua con el eufemismo de «prisión permanente revisable».
En los aspectos ambientales, las decisiones tomadas tanto por el Gobierno central como el regional, han supuesto la subordinación del medio ambiente a su uso económico, como lo ponen de manifiesto normas nacionales como la Ley de Costas, que pretende compatibilizar los usos con la protección del litoral, aunque ésta última se ve relegada a un segundo plano; la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a las empresas de suscribir un seguro verde para hacer frente a los posible daños ambientales que pudieran causar, o la reciente Ley de Montes, que permite urbanizar en áreas afectadas por un incendio forestal, abriendo la puerta a la especulación.
En la Región de Murcia, después de veinte años de gobierno ´popular´, se ha visto una y otra vez cómo, en nombre de una supuesta recuperación económica y de la creación de empleo, se han apoyan proyectos depredadores del medio ambiente, unos ya ejecutados, como el aeropuerto de Corvera (aunque aún no esté en funcionamiento ni parece que vaya a estarlo), y otros en proyecto, como el macropuerto de El Gorguel, la urbanización de Marina de Cope o el parque Paramount.
En contrapartida, la corrupción campa a sus anchas, no salpicando sino inundando a los dos principales partidos que han gobernado nuestro país los últimos 35 años, demostrando una conexión clara entre los poderes políticos y económicos, con las famosas ´puertas giratorias´ hacia los Consejos de Administración de las empresas energéticas y de comunicación y más que fundadas sospechas de financiación ilegal de partidos políticos.
Este diagnóstico, que nos atrevemos a calificar de realista, es seguramente compartido por todos los colectivos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales del Partido Popular. Las diferentes mareas multicolores, las plataformas anti-desahucios, los jóvenes, los movimientos vecinales, los grupos ecologistas, son un clamor en su reclamación de la recuperación de los derechos sociales, políticos y ambientales sustraídos a la sociedad española, ordenados por los poderes económicos europeos y españoles, y ejecutados por los Gobiernos central y regional. Es obvio que desde la sociedad se pide la unión de partidos políticos, movimientos sociales y personas independientes para construir una alternativa creíble al bipartidismo.
En nuestra región hay varios espacios de confluencia en marcha, algunos con varios años de recorrido, como Alternativa por Santomera, y otros en formación, como Cambiemos Murcia, Cambiemos Molina de Segura, éstos de ámbito municipal, o Ganemos la Región de Murcia. El otro partido en liza, Podemos, se presenta como un espacio de confluencia en sí mismo, pretendiendo agrupar a todas las personas que están en contra del bipartidismo. Pero su limitación estriba en que, al ser un partido político, no representa a todas las sensibilidades. Dividir el voto, dividir las marcas, es crear una confusión innecesaria y contraproducente como estrategia electoral. Una identidad, un proyecto, una estrategia común para todos los murcianos es una estrategia para llevar el cambio a la Región de Murcia.
Estamos viviendo un momento histórico, en que los dos ´grandes´ partidos están recibiendo el menor apoyo de la sociedad española desde el comienzo de la democracia. Por eso desde Equo Región de Murcia hemos apostado desde el comienzo por la confluencia de fuerzas sociales y políticas para llegar a las instituciones con la mayoría suficiente para gobernar, siempre desde el respeto a todas las sensibilidades y con el compromiso de conseguir una región más justa, próspera y sostenible.

Artículo aparecido hoy en La Opinión de Murcia: