LA ESTRATEGIA DEL BULO

Desde hace meses estamos asistiendo a la puesta en práctica de una estrategia que al actual gobierno le está reportando réditos. Se trata de lanzar una serie de mensajes difamantes y a menudo falsos, pero que son dados como ciertos por una mayoría de personas desinformadas, para luego, y supuestamente para remediar esa situación, lanzar unas medidas cuyo resultado es el adelgazamiento del estado del bienestar y del peso de lo público.

Ya lo puso en práctica Esperanza Aguirre hace casi un año cuando desprestigió a los docentes madrileños aduciendo que "la mayoría de los madrileños trabaja más de 20 horas", al aumentar su jornada lectiva semanal a ese número de horas, ignorando (deliberadamente o no) que el trabajo en la enseñanza es mucho más que impartir clase directa en las aulas. Tras crear un ambiente desfavorable a los profesores y profesoras, haciendo que la mayoría de la población despotricara sobre esa "casta privilegiada", Aguirre no tuvo ningún problema en aplicar ese aumento de la carga lectiva, con la excepción de la protesta del propio estamento docente en la ya famosa "marea verde", que se ha extendido por todo el territorio nacional como el símbolo de la defensa de la educación pública. Unos meses después, el ministerio encabezado por Wert aplica esa misma medida a nivel nacional, aderezada con el aumento de la ratio en las aulas, que ha provocado el despido de miles de funcionari@s interin@s.

Otro tanto ha ocurrido con los sindicatos. El desprestigio de este pilar de cualquier estado de derecho entre personas adscritas tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político, y fomentado por el partido en el gobierno, ha creado el clima adecuado para reducir el número de personas que atienden a los trabajadores (los comúnmente llamados "liberados"), además de aprovechar para introducir una reforma laboral que reduce a la mínima expresión la negociación colectiva, haciendo que esa negociación se realice prácticamente de forma directa entre empleador/a y emplead@. De esta manera, se ve debilitada en gran medida la capacidad de l@s trabajadores/as para conseguir condiciones dignas en su empleo e incluso para conservar el puesto de trabajo. Además, esta campaña de desprestigio ha provocado la desunión entre los distintos sindicatos, en un momento en que se hace necesario más que nunca un movimiento unitario frente a los recortes del gobierno.

Los funcionarios (palabra con la que despectivamente se hace referencia a los empleados públicos) son otro colectivo que, en una época de crisis como la que atravesamos, son denostados públicamente, apelando a sus supuestos "privilegios" en comparación con el resto de trabajadores (con o sin empleo). La CEOE es la encargada de atacar directamente a la linea de flotación de los servicios públicos, acusándoles de "tener trabajo para toda la vida", y aspirando a que el sector privado sustituya, con su precariedad, sus bajos salarios y sus continuas amenazas de despido, al sector público. Estas afirmaciones abonan el terreno para que los continuos recortes en los servicios públicos (sobre todo en educación y sanidad) no encuentren resistencia entre la población en general.

El último episodio en la "estrategia del bulo" es la información que circula por las redes sociales en cuanto al número de políticos que hay en nuestro país, según un estudio elaborado por los propios asesores de la Presidencia del Gobierno. Este estudio afirma que "tenemos 300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y Francia", sin distinguir si ese número se refiere a representantes en las instituciones salidos de las urnas o a personas nombradas a dedo en los diferentes organismos públicos de dudosa función creados a lo largo de los años. Aprovechando la mala imagen que tiene la clase política entre la población de uno y otro signo, este estudio, que no se sabe cómo ha sido realizado, es repetido hasta por l@s manifestantes del 15M. Casualmente (o no tanto), la difusión masiva de este mensaje coincide con el anuncio de la intención del gobierno de reducir en un 30% el número de concejales, dificultando aún más el acceso a las instituciones por parte de los partidos minoritarios,  afianzando así el modelo bipartidista que tanto daño está haciendo a la democracia. Ya se alzan voces en contra de esta medida, como la de EQUO, que recuerda que "el 84,12% del total de concejales lo son de municipios menores de 5.000 habitantes y éstos no perciben salario o cobran cantidades muy reducidas. Mientras que el 11,17% de cargos electos pertenecen a municipios de entre 5.000 y 20.000 en los que solo cobra uno o dos concejales". 

El uso reiterado de esta estrategia, por parte del gobierno y sus adláteres, de difundir mensajes malintencionados pero fácilmente aceptados por la mayoría, con la ayuda de los medios de "incomunicación",  es un modo de aplicar medidas sin que encuentren una oposición muy decidida, al margen de los colectivos afectados, a los que cuesta mucho romper con la imagen ya implantada en el imaginario colectivo. Es hora de que estemos vigilantes y de que sepamos distinguir el polvo de la paja, y no dejarnos llevar por cualquier noticia que se nos comunica, agudizando nuestro sentido crítico y nuestra capacidad de contrastar esos mensajes. La democracia lo agradecerá.

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN, UNA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO

Según muchos economistas (Jose Luis Sampedro, Santiago Niño, Serge Latouche, Viçens Navarro, Juan Torres, etc.), el capitalismo está llegando a un estado terminal, llevado a él porque los objetivos del sistema capitalista, la búsqueda incesante del beneficio monetario y el crecimiento como dogma, han venido acompañados de la concentración y el abuso de poder, la destrucción ecológica, la competencia como arma y el deterioro de la democracia, en la que las decisiones de los gobiernos se toman en los despachos del FMI, de las grandes multinacionales o de los bancos. La sustitución de la economía real por la economía financiera, basada en la creación de burbujas especulativas, como la de las empresas "punto com" de principios del siglo XXI o la burbuja inmobiliaria de 2003-2009, ha traído consigo el agotamiento del modelo productivo capitalista tal y como lo conocemos actualmente.

No dejamos de leer comentarios y opiniones, en diversos foros en internet y en medios de comunicación, de multitud de personas (anónimas y no tanto) y formaciones políticas que, de una forma más o menos virulenta, abogan por el fin del capitalismo, pero sin definir qué sistema alternativo podría sustituirlo. Unos porque su reivindicación acaba ahí, sin ofrecer nada a cambio, y otros porque, tal vez teniendo claro cuál sería esa alternativa, no se atreven a difundirla públicamente, bien por ser modelos ya fracasado en el pasado, o bien porque podrían implicar restricciones en las libertades, con el rechazo que ello conllevaría.

Sin embargo, hay una corriente económica alternativa que surgió en el año 2010 de la mano del austriaco Christian Felber (1972), miembro fundador del movimiento ATTAC y profesor de economía. Se trata de la Economía del Bien Común que, según sus propias palabras, "es un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad". Este sistema parte de la premisa de que la economía, las empresas y cualquier actividad humana debe tener como único fin la búsqueda del bien común, concepto que ha sido ampliamente debatido desde la antigüedad, desde Aristóteles (Política) y Cicerón (De legibus) pasando por Leibniz y Rousseau (El contrato social) hasta llegar a nuestros días con economistas como John Rawls (1921-2002) o la recientemente fallecida Elinor Ostrom (1933-2012), merecedora del premio Nobel de Economía 2009 por "su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos". 

La competencia, la búsqueda de beneficio a cualquier precio (incluidos los despidos masivos de trabajadores), la adquisición hostil de empresas competidoras, el crecimiento desmesurado, son los dogmas que imperan en las empresas para triunfar, dogmas que son enseñados en las facultades de economía y que han demostrado ser valores perjudiciales para la sociedad en su conjunto, pues su aplicación ha supuesto diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, la degradación ecológica del planeta, la discriminación de la mujer, el deterioro de las condiciones laborales, etc., lejos de las bondades que previó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776). 

Felber propone, al contrario, que los valores que deben regir en las empresas deben ser la cooperación, la confianza, la solidaridad, la dignidad, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática. Sin abandonar la economía de mercado, de entre los objetivos de las empresas se incluye el alcanzar el superávit, pero éste debe utilizarse para fines diferentes de lo que se espera según los cánones del capitalismo, como son destinarlas a inversiones propias, en ayudar a empresas asociadas y en el reparto entre los trabajadores, y nunca para pagar dividendos entre los propietarios que no trabajen en la empresa, ni en la adquisición de empresas competidoras, ni en acciones perjudiciales para el medio ambiente, ni en inversiones financieras, ni en aportaciones a partidos políticos, estando el crecimiento ilimitado fuera de sus objetivos. Los salarios se limitarían tanto por encima como por abajo, no superando el salario más elevado en ningún caso un número determinado de veces el más bajo, y siempre tras una decisión democrática de los trabajadores de la empresa. Habría una reducción gradual en el número de horas trabajadas semanalmente (reparto del trabajo).

¿Cómo se puede conseguir esto, y quiénes son los que valorarían el éxito de las empresas, basándose en estos valores y no en los tradicionales balances financieros de ganancias y pérdidas? Felber propone que las empresas se acogerían a un balance del bien común, un sistema de medida de la aportación de las empresas al bien común, en el que se medirían de forma objetiva valores como la dignidad y la solidaridad (condiciones de trabajo, gestión ética), la sostenibilidad (grado de impacto ambiental de productos y servicios, comportamiento ecológico de los trabajadores), la justicia social (concepción social de los productos y servicios, reparto justo de la renta) y participación democrática (democracia interna y transparencia). Las empresas recibirían una puntuación, según la cual podrían disfrutar de ventajas a medida que subieran en su calificación (reducción del IVA, ayudas directas, créditos bancarios en mejores condiciones, etc.). Unos consultores (l@s propi@s empresari@s que se acogen a esta modalidad, de forma voluntaria) elaborarían los balances, mientras un@s auditores/as extern@s comprobarían la validez de éstos, siendo l@s consumidores/as, en última instancia, en base a la puntuación obtenida, l@s que decidirían qué empresas aportan más al bien común y cuáles menos.

¿Quién puede participar? Según este modelo, participan tanto particulares, como empresas e incluso municipios, que pueden realizar también un balance del bien común. En España, el municipio de Muro d'Alcoi anunció que iba a aplicar este balance a su ayuntamiento. 

El modelo económico del bien común es una propuesta valiente que engloba tanto los aspectos ambientales de la economía (economía verde) como los aspectos sociales. Puede ser una alternativa al capitalismo actual, con la condición de que todos los agentes económicos implicados (empresas, trabajadores, bancos éticos y/o públicos, consumidores, instituciones públicas) participen de forma activa y busquen como objetivo que toda la sociedad y el medio ambiente salgan beneficiados, no sólo unos pocos, como parece que es el modelo imperante en la actualidad.

En este vídeo, el propio Christian Felber nos cuenta los fundamentos de la Economía del Bien Común:

http://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM

LO QUE EL CARBÓN ESCONDE

Estos días, los mineros asturianos y castellano-leoneses están inmersos en una serie de actos reivindicativos para mantener la actividad extractiva del carbón y sus puestos de trabajo, motivados por la reducción en un 64% de las subvenciones que las empresas del sector reciben del gobierno. Este sector ha recibido más de 24.000 millones de euros en ayudas desde 1990,  de los que 5.492 fueron ayudas directas a las empresas mineras, agrupadas en la patronal Carbunión, presidida por Victorino Alonso (ver enlace). Más allá de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, hay que tener en cuenta algunos datos para comprobar si sigue siendo económicamente rentable y ambientalmente sostenible el mantenimiento de esta actividad extractiva. Según esos datos, la respuesta es negativa.

Desde el punto de vista laboral, es patente la disminución año tras año en el número de personas que se dedican a la minería del carbón, pasando de 95.000 mineros en 1990 a  8.000 empleos directos en la actualidad, debido principalmente a la disminución en la cantidad y calidad del mineral extraído, ya que la producción española pasó de 31,88 millones de toneladas en 1998 a 9,45 millones en 2009, según datos del ministerio de Industria (ver enlace). Esto ha supuesto el despoblamiento de las comarcas carboníferas, pues la única base de subsistencia de esas zonas gira en torno a la minería del carbón.

Además se están realizando actividades mineras en explotaciones a cielo abierto violando las leyes e incumpliendo sentencias, como las realizadas por la empresa Coto Minero del Cantábrico, S.A., propiedad del citado Victorino Alonso. En 2005 se emitió una sentencia por la que se declaraba ilegal la explotación de carbón a cielo abierto en El Feixolín, en activo desde 1995 sin licencia ambiental ni urbanística. El Feixolín es un monte del valle de Laciana, al norte de León, declarado Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Área de Especial Protección del Oso Pardo Cantábrico y Área de Conservación del Urogallo Cantábrico (ver enlace). 


A pesar de que la empresa ha sido multada por el ayuntamiento de Villablino con 129 millones de euros por este hecho, en octubre de 2011 un juez le rebajó la sanción a 800.000 euros (ver enlace). Otras minas a cielo abierto relacionadas con la citada empresa están rodeadas de irregularidades, como en Fonfría y Nueva Julia, tal y como denuncia la Plataforma Ambiental Filón Verde, muchas de ellas con implicaciones políticas (ver enlace). Además, España ha recibido una condena por parte de la UE por la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (ver enlace). Las personas de la zona que se han posicionado en contra de la minería a cielo abierto han sufrido amenazas y agresiones, y se ha prendido fuego intencionadamente a zonas de montaña adyacentes a dichas minas (ver enlace).

Más allá de las implicaciones político-empresariales que rodean a la minería del carbón, hay un hecho incontestable: esta actividad es la responsable del aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera de nuestro país. La aprobación del decreto de ayudas al sector del carbón que realizó el gobierno socialista en febrero de 2011, y que expira este año, ha provocado que se superara en un 29% las emisiones de CO2 permitidas por el protocolo de Kyoto (ver enlace), frente al 21% de exceso del año anterior, además de incumplir la normativa y los reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables (ver enlace).


El impacto de la minería del carbón sobre el medio ambiente y la salud humana es múltiple, yendo desde la emisión de metano y otros gases de efecto invernadero, desmontes y transformación del paisaje, con efectos sobre la fauna y flora, en el caso de las minas a cielo abierto, modificación de la capa freática por el bombeo de aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, en el caso de minas bajo tierra (ver enlace), además de una mayor incidencia de casos de cáncer y de enfermedades pulmonares (ver enlace). 


Pero a los trabajadores del carbón hay que darles alternativas, y éstas deben venir de la mano de la economía verde, que puede suponer un auténtico motor para las comarcas afectadas. El mes pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe, Empleo verdes para un desarrollo sostenible; el caso español (ver enlace), en el que se analiza la aportación actual y futura de los empleos verdes, aquellos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Pues bien, actualmente en España se cifran en 500.000 los puestos de trabajo que pueden calificarse de verdes, contribuyendo en unos 25.000 millones de euros anuales a la economía. Es necesario y urgente que el sector del carbón, industria contaminante y de baja rentabilidad, sea la primera que realice la transición hacia una economía baja en carbono, en sectores como las energías renovables, el eco-turismo, la gestión de residuos o la restauración de espacios degradados, acompañada de una formación adecuada y líneas de financiación de proyectos alternativos generadores de empleo, como se propone en la comarca de El Bierzo (ver enlace).

Hay que apostar por el cambio en el modelo productivo y de generación de energía, pasando de fuentes contaminantes, poco eficientes y aceleradoras del cambio climático a fuentes de energía renovables y al fomento de otros sectores alternativos que den vida a las comarcas afectadas y que les permitan tener un futuro próspero a corto plazo.