LOS OTROS TITULARES DE 2020

Acabamos de pasar el que posiblemente sea el peor año en décadas. Al ver cualquier informativo televisado, o leer cualquier diario digital, ya sea español o de otro país, la COVID-19 inunda las noticias nacionales e internacionales, desde todos los ángulos posibles, el sanitario, el económico, el social y político. Ya se sabe que los medios de comunicación, cuando encuentran un filón informativo, lo explotan al máximo, hay que rellenar minutos, aunque sea haciendo el recuento exhaustivo de los contagiados y fallecidos al minuto. 

 Pero, ¿recuerdan los titulares de las noticias de hace uno o dos años? ¿Acaso no ha ocurrido nada más en este aciago 2020? Lo que hace unos meses abría la cabecera de los telediarios ha pasado al olvido, aunque sean conflictos que siguen su curso y la atención internacional los haya dejado de lado, casi todos ellos con intervención externa de países como EE.UU., Rusia o Arabia Saudí. La guerra de Siria, por ejemplo. Tras casi 10 años de combates implacables, los sirios siguen sufriendo en sus carnes el conflicto bélico, con 387.000 muertos desde el comienzo de las hostilidades, de los cuales unos 117.000 son civiles y 22.000 son niños, casi 7.000 durante el año pasado. Sin ir más lejos, el pasado sábado 2 de enero un coche bomba estalló en el noreste de Siria, causando 5 muertos. Otro tanto ocurre en Yemen, donde la guerra que enfrenta a dos bandos, los hutíes, leales al ex-presidente Salé, y los seguidores del presidente Al-Hadi, que subió al poder tras un golpe de estado en 2014, se acerca a su sexto año de existencia. Tampoco debemos olvidar otros conflictos armados en Somalia, Afganistán, Sudán del Sur o Irak, con millones de desplazados y víctimas.

Precisamente, el desplazamiento de millones de personas debido a esos y otros conflictos es una “no noticia” que ocurre diariamente, a las que se añaden las migraciones por causas climáticas (aumento del nivel del mar que salan los acuíferos, sequías, inundaciones y tifones). Durante 2019 hubo más de 17 millones de desplazados en el mundo, aunque la situación de pandemia ha hecho descender esas cifras. La solución a esta situación pasa por respetar el Pacto Mundial sobre Migración, suscrito en 2018 por la casi totalidad de los países de la ONU, salvo Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana, con 23 medidas concretas como luchar contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Pero no todos los acontecimientos que han ocurrido durante el 2020 son negativos. La pandemia ha reducido drásticamente el acoso a la naturaleza, con la disminución en un 42% de los vuelos comerciales o la reducción de los niveles de contaminación de las ciudades por la menor movilidad de sus habitantes, aunque no a niveles suficientes como para disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera. Es lo que los científicos han denominado la “antropausa”, que se ha visto reflejada en algunos episodios que han tenido eco en los medios, como la aparición de ballenas en la bahía de Nueva York, de pumas en el centro de Santiago de Chile, delfines en la bahía de Trieste o chacales en Tel-Aviv. Tal vez el acontecimiento más positivo del año haya sido la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre, firme defensor de los combustibles fósiles, y el anuncio del nuevo presidente Joe Biden de la vuelta a los Acuerdos de París de la COP21 de 2015, por lo que se abre una ventana de esperanza para que el segundo país emisor de gases de efecto invernadero tras China se incorpore a la lucha contra el cambio climático.

Todos los científicos están de acuerdo en que la inversión en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son la mejor vacuna contra las futuras pandemias. La actual epidemia pasará, presumiblemente a mediados de este año, y con ella la crisis económica asociada, pero los demás retos que se nos presentan, los conflictos armados en diversas áreas del planeta, las migraciones, la crisis climática y la pérdida de hábitats y de biodiversidad deben volver a las primeras páginas de los medios y en las agendas internacionales para ser solucionadas a corto y medio plazo.

Articulo publicado hoy en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/titulares_132_6733630.html

EL MERCADO DEL AGUA

Lo que se temía desde hace años ha llegado: después de especular con el precio de los alimentos, ahora le ha llegado el turno al agua como “mercancía” que cotiza en bolsa, en la Bolsa de Wall Street, concretamente, aunque lo que se nos dice es que lo que cotizan son los derechos de uso del agua en el futuro, no el agua en sí. Nos aseguran que así se controlarán los precios en épocas de sequía, evitando que se disparen. Algo de lo que me permito dudar.

Sin conocer de cerca los intríngulis de las inversiones bursátiles, esta incorporación del agua a los mercados puede significar que los derechos de uso del líquido elemento se paguen al mejor postor, que suelen ser grandes empresas y fondos de inversión dedicadas a la agricultura o al embotellado de agua para su posterior comercialización. Si analizamos lo ocurrido con la especulación con productos alimenticios a partir de 2008, podemos comprobar cómo ésta dio lugar al acaparamiento de tierras, influyendo en los precios de esas tierras y dando como resultado el aumento de los precios de los propios alimentos básicos.

Con respecto al agua, puede ocurrir lo mismo. Ya se están dando casos de privatización de manantiales, como con la multinacional suiza Nestlé en diversos países, incluida EE.UU. España tampoco escapa a la privatización, ya que es el 95% de los manantiales de agua mineral del territorio español está en manos de empresas privadas, siendo el cuarto país europeo en volumen de agua embotellada, llegando a los 5.392 millones de litros en 2015.

En un panorama en el que el cambio climático, lejos de remitir, se va agravando, los mercados se han fijado en este bien de primera necesidad como es el agua para especular y sacar beneficio económico a corto y medio plazo, temiendo los detractores de esta situación que esto dispare los precios del agua, y que estos precios se vean controlados por los dos gigantes económicos, EE.UU. y China, sumiendo al resto de la humanidad en la dependencia de los precios fijados por unos pocos. A pesar de que la ONU declaró en 2010 el acceso al agua como un derecho primordial, ya sabemos que, a menudo, estas declaraciones no pasan de ser brindis al sol, como lo estamos viendo ahora con la situación del Sahara Occidental, en la cual, a pesar de las múltiples resoluciones de la ONU a favor de la libre determinación de este territorio en los últimos 40 años, basta una declaración de Trump apoyando la posición marroquí al respecto para que todo quede en papel mojado.

Hace ya décadas que los expertos hablan de la “guerra del agua”, pudiendo llegar, según algunos, a desencadenarse una Tercera Guerra Mundial provocada por la dificultad cada vez mayor al acceso a este bien, agravado por el cambio climático. Ya ha habido en la historia conflictos bélicos cuyo origen o uno de los factores implicados está en el acceso al agua: la guerra eterna entre Israel y Palestina, la guerra de Siria, el conflicto por las aguas del Tigris y el Eufrates entre Irak, Turquía y Siria, o entre los países limítrofes de la cuenca del río Zambeze, son algunos ejemplos. Se calcula que 2.600 millones de personas (el 40% de la población mundial) carecen de redes de saneamiento adecuadas, y millones de personas deben andar durante más de 6 horas diarias para acceder a fuentes de agua potable.

Según la ONU, en 2050 el consumo de agua aumentará un 44% para satisfacer las demandas industriales y de la población. Además, según el PNUD, el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar, pero la realidad es que los países pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos, debido a que tienen que comprar el agua a vendedores privados. Hasta el papa Francisco advirtió en 2017 de la necesidad de garantizar el acceso universal y seguro al agua, advirtiendo del peligro de los conflictos debidos a su escasez.

La cotización en los mercados de futuros de los derechos de uso del agua parece un pequeño paso que no han merecido mucho espacio en los medios de comunicación, pero es un peldaño más en el control por parte de las grandes multinacionales de lo que consumimos, de lo que producimos y, en definitiva, de nuestro futuro.

Artículo publicado el 16 de diciembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mercado-agua_132_6507391.html

¿QUÉ TRANSICIÓN ECOLÓGICA?

Desde que en 2018 apareciera un nuevo ministerio que sustituía al de Medio Ambiente, con el nombre (algo rimbombante) de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al estilo del que ya existía en Francia con Macron desde un año antes, el concepto de "transición ecológica" está en boca de todos. Pero, ¿Qué significa este concepto? Se trataría de conseguir un cambio de rumbo en lo económico, desvinculándonos de los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Este objetivo se cumpliría, entre otras medidas, mediante el aumento en la implantación y el uso de las energías renovables, el paulatino abandono de los vehículos de combustión interna y la aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Pero, ¿Vamos por el camino correcto? El proyecto de ley español sobre Cambio Climático prevé una reducción de las emisiones en un 23% en los próximos 10 años, cuando desde la UE se calcula que, para cumplir con el Acuerdo de París de no sobrepasar en 1,5ºC la temperatura media del planeta con respecto a la era pre-industrial, esa reducción debería ser de 55%. Por tanto, la ley climática española nacería con falta de ambición y con objetivos claramente insuficientes.

Con respecto a las energías renovables, actualmente suponen el 14% del total de las fuentes energéticas en España, por detrás de los productos energéticos derivados del petróleo (45%) y el gas (21,1%); el resto de las fuentes no renovables lo constituyen la energía nuclear (21,4%) y el carbón (8,6%). Del total de las fuentes renovables, el 46% corresponde a instalaciones de energía eólica, un 16% a la fotovoltaica y el resto (38%) corresponde a otras tecnologías renovables (hidroeléctrica, biomasa, etc.). El sector energético representa algo más del 3% del PIB de España, y casi un punto porcentual de contribución, más de 10.500 millones de euros, viene a través de las energías renovables, que crecen a un ritmo anual del 10%. Cada millón de euros invertidos genera hasta 14 puestos de trabajo, y cada euro en inversión sostenible genera 2 de actividad económica.

Sin embargo, el modelo energético renovable que se aplica tiene bastantes voces críticas. Por un lado, la concentración en unas pocas manos de las instalaciones renovables, grandes empresas como Acciona, Iberdrola, Naturgy, ACS o Abengoa controlan un gran porcentaje del mercado, con la aplicación del "capitalismo verde" a las energías renovables, lejos del control democrático de un bien primordial como es la energía. Por otro lado, el modelo basado en grandes instalaciones que ocupan enormes extensiones de territorio ha sido también cuestionado. Para reemplazar una central eléctrica de gas natural de unos 1.000 MW de potencia, que ocupa una superficie de 1 km2, se requieren más de 50 km2 de terreno para instalar paneles solares, o 150 km2 para instalar turbinas eólicas para generar la misma cantidad de electricidad al año. Según diversos estudios, estas mega-instalaciones, sobre todo las que se construyen en América Latina, llevan aparejadas la adquisición irregular de tierras por parte de grandes desarrolladores, desplazamiento de poblaciones, deforestación, expropiación/privatización de tierras y contratos irrisorios por la renta de parcelas. 

En cuanto a la transformación del modelo de movilidad en nuestro país, basado actualmente en los vehículos de combustión interna, el ministerio de Transición Ecológica la fundamenta principalmente en el fomento de los coches eléctricos, al tiempo que, paradójicamente, prosigue el apoyo a la industria automovilística convencional y al AVE. El vehículo eléctrico, aunque tiene claros beneficios, como la reducción de las emisiones en un 30% (no su eliminación, ya que en la fabricación y en los procesos de carga se producen esas emisiones), su no contribución a la contaminación atmosférica y acústica en las ciudades o la menor generación de residuos, también produce efectos indeseables, como la ocupación del espacio urbano, la congestión del tráfico, la necesidad de seguir construyendo infraestructuras para los coches y, desde el punto de vista de los recursos naturales, la explotación de los elementos necesarios para la fabricación de las baterías, como el litio, el cobalto o el níquel, recursos no renovables que, para su extracción, producen impactos ambientales y sociales.

Entonces, ¿Qué tipo de transición ecológica sería deseable? Para la movilidad, el modelo que se propone desde las organizaciones y partidos ecologistas es, en las ciudades, el de la potenciación del transporte público eléctrico, los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como los coches compartidos. Desde el punto de vista energético, se debería fomentar el autoconsumo, ya sea fotovoltaico como eólico, de los consumidores, tanto de forma individual como comunitaria, para conseguir la desconexión de las grandes compañías eléctricas que imponen sus criterios e impiden la rebaja en la factura de la luz. Pero para ello sería necesario reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, sin imponer barreras técnicas, administrativas ni económicas. Por último, la futura Ley de Cambio Climático debería ser más ambiciosa en cuanto a sus objetivos, para poder cumplir lo acordado en diciembre de 2015 en la COP21 de París. 

Una verdadera transición ecológica de la economía debe ser socialmente justa y lo más sostenible posible, para anticiparnos al escenario de escasez de combustibles fósiles, cada vez más difíciles de extraer y menos eficientes, al tiempo que democratizamos el acceso a este bien de primera necesidad que es la energía.

Artículo publicado en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/transicion-ecologica_132_6448555.html