miércoles, 2 de abril de 2014

CAMBIO CLIMÁTICO: EL ENEMIGO A BATIR

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés), organismo dependiente de la ONU que agrupa a miles de científicos y expertos en esa materia, acaba de emitir su último informe en el que se alerta del "abrumador" impacto de este fenómeno en el planeta, advirtiendo de que los riesgos del cambio climático son debidos en un 95 % a la actividad humana, aunque aún hay científicos que minimizan la mano del ser humano en los cambios que nuestro clima está sufriendo.

A pesar de las advertencias provenientes del ámbito científico, sigue sin haber una política clara a todos los niveles (mundial, europeo y nacional) para poner freno a este fenómeno que no conoce fronteras. Al contrario, espoleados por los éxitos económicos de China, los países europeos sólo buscan emular al gigante asiático, ansiando alcanzar sus tasas de crecimiento que, a pesar de haberse desacelerado en los últimos meses, está por encima del 7,5% anual. Pero Europa está obviando los efectos perjudiciales que el crecimiento desmesurado produce no solamente en el medio ambiente, sino directamente en la salud humana, como lo demuestran los niveles brutales de contaminación atmosférica que deben soportar los ciudadanos chinos de las grandes urbes (como Pekín o Shangay), superándose en 16 veces el límite de micropartículas recomendado por la OMS.

A nivel mundial, el decenio 2001-2010 es el más cálido desde que se registran los datos de temperaturas, a mediados del siglo XIX. Además, el pasado 2013 fue el sexto año más caluroso de la historia. De hecho, tal y como declaró Michel Jarraud, presidente de la Organización Mundial de la Meteorología (OMM), cada década desde hace medio siglo es más caliente que la precedente. Las sequías y los incendios asociados, como se han visto en California, con 60.000 has. arrasadas, o Australia el año pasado, o como vemos en España todos los años, son las señales de alarma que nos advierten de que el aumento de las temperaturas siguen su implacable avance. En España notaremos el cambio climático en varios aspectos, según un estudio internacional publicado recientemente en la revista científica Environmental Research Letters: la temperatura media estival subirá 3º C, superando en muchas ocasiones los 40º C, además de que aumentarán las lluvias torrenciales, con los daños en campos, casas e infraestructuras que ello conllevará. 

La búsqueda insensata del crecimiento como único remedio a esta crisis económica, social y ecológica puede ser lo que nos lleve a un callejón sin salida. Los costes económicos que supondrá paliar los efectos del cambio climático superarán con creces los supuestos beneficios obtenidos por dicho crecimiento. Esos costes repercutirán sobre todo en la agricultura, con la bajada de los rendimientos y los efectos de lluvias y las sequías, afectando a la seguridad alimentaria, sobre todo en África o Sudamérica, donde la agricultura de subsistencia es la norma. Además, los principales damnificados por esos efectos serán, una vez más, las capas más desfavorecidas de la sociedad.

En 2006, el gobierno británico encargó al economista Sir Nicholas Stern un informe (conocido como Informe Stern) en el que se evalúa el impacto del cambio climático y calentamiento global sobre la economía a través de una perspectiva internacional. Además de las conocidas consecuencias del cambio climático (reducción del suministro de agua, que contrastan con el aumento de las inundaciones, reducción del rendimiento de las cosechas, aumento de las muertes por desnutrición y estrés térmico, extinción de entre el 15 y el 40 % de las especies), Stern cuantifica el coste económico para estabilizar las emisiones de CO2, que cifra en 500-550 ppm en 2050. Esto tendría una repercusión del 1 % del PIB al año. En España serían unos 10.000 millones de euros anuales. A esto habrá que añadir el gasto de reparación de los daños causados por las catástrofes naturales asociadas al cambio climático, varias veces superior a esa cifra. Sin embargo, nuestro país ha aumentado las emisiones de CO2 en un 20 % en los últimos 20 años, pasando de 285 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 1993 a 344 en el año 2012. Y dos: las emisiones de la generación de electricidad han crecido aún más, concretamente un 23,5% entre 1990 y 2012. La apuesta del actual gobierno por los combustibles fósiles y el abandono de las energías renovables no parece el mejor modo de encaminarnos a luchar contra el cambio climático. 

Desde las instituciones europeas se debe trabajar para revertir los efectos del cambio climático, disminuyendo las emisiones de CO2 y haciendo una apuesta fuerte por la transición ecológica de la economía, tal y como propone EQUO de cara a las elecciones de mayo, mediante la implantación de un Nuevo Acuerdo Verde (New Green Deal), asociado a la promoción de empleos verdes, la generalización de las energías renovables y el abandono paulatino de las energías sucias, para conseguir la independencia energética y el cambio de modelo productivo, más sostenible y social.


sábado, 22 de marzo de 2014

POR EL ACCESO GARANTIZADO AL AGUA Y A LA ENERGÍA


Con el tema “Agua y Energía” se conmemora el día 22 de marzo el Día Mundial del Agua, ligando dos de los aspectos que están marcando en gran medida no sólo el futuro inmediato de la Humanidad, sino los acontecimientos que en la actualidad están sucediendo a nivel planetario. En los países en vías de desarrollo el acceso al agua es casi un privilegio. Se calcula que unas 900 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y que otras 2.600 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que es fuente de enfermedades. Otros datos escalofriantes nos recuerdan que más del 80% del agua usada en el planeta por el ser humano no recibe un tratamiento de depuración posterior. Desde el punto de vista energético, alrededor de 1.200 millones de personas, lo que equivale casi a la población de la India, no tienen acceso a la electricidad; 2.800 millones utilizan leña u otro tipo de biomasa para cocinar y caldear sus viviendas. La escasez de agua ligada al cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles, que está llevando a la búsqueda desesperada de petróleo en regiones aún vírgenes como el Amazonas o el Ártico, o en el fondo del mar, como lo demuestran las prospecciones en el golfo de Valencia o frente a las costas canarias, pueden precipitar los conflictos internacionales y las catástrofes ambientales en los próximos años. 

Pero no sólo en el llamado Tercer Mundo el acceso al agua y a la energía es cada vez más difícil. Desde los sectores más neoliberales se insiste en considerar estos bienes comunes como mercancías susceptibles de ser objeto de especulación, para obtener pingües beneficios a costa de privar, en muchos casos, a los sectores más vulnerables de la población, del acceso de estos dos auténticos derechos fundamentales. El dictado de la política energética al gobierno por parte de la patronal UNESA, marginando a las energías renovables, y la privatización del servicio de abastecimiento de agua a los ciudadanos, con la excusa de la crisis, está llevando al empobrecimiento acelerado de la población. Esto se hace patente en dos fenómenos que hace unos años parecía algo impensable, la pobreza energética y el aumento exponencial de los cortes de agua, permitiendo desde los poderes públicos que se atente contra estos derechos reconocidos por las Naciones Unidas. 

Las subidas arbitrarias en las tarifas de agua y de luz sufridas por los consumidores en estos últimos años, por parte de las empresas privadas con la connivencia de las administraciones (central, autonómicas y municipales), demuestran que el bienestar de la ciudadanía pasa a un segundo plano cuando de lo que se trata es de aumentar los beneficios particulares frente a los intereses generales.

En este Día Mundial del Agua es nuestro deber reivindicar el acceso público y garantizado al agua y a la energía, dos bienes fundamentales que nunca debieron dejarse en manos de la iniciativa privada para que negociaran con ellas.

Artículo aparecido hoy en el diario La Opinión de Murcia




miércoles, 19 de marzo de 2014

EL GOBIERNO FRENTE A LAS NUEVAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS


En época de crisis, la imaginación se pone en marcha para obtener mayores ventajas con menos medios. Pero el gobierno de Rajoy se ha propuesto cortar las alas a todas aquellas iniciativas que pretenden facilitar la vida a inversores y consumidores y que, según ellos, traicionan el método tradicional de financiación y consumo de bienes y servicios.

Hace ya algunos años se puso en marcha un método de financiación de proyectos, el crowdfunding, término inglés para denominar lo que se llamaría en español micromecenazgo, consistente en la aportación por parte de un gran número de personas de pequeñas cantidades de dinero a cambio de algunos privilegios, como la devolución de la cantidad prestada más un pequeño interés (modalidad de préstamo) o contraprestaciones tangibles (discos, camisetas, etc.) o intangibles, como la aparición del nombre del donante en los créditos del proyecto, acceso a contenidos exclusivos, etc. (modalidad de recompensas); una tercera modalidad consiste en que las aportaciones de l@s donantes se incorporan al capital de la empresa, por lo que también participan de los riesgos, además de los beneficios de la empresa (equity crowdfunding en su nomenclatura en inglés). Este sistema tiene su antecedente en las obras públicas realizadas por suscripción popular, pero su uso como método de financiación empresarial se inició con proyectos musicales hace unos 20 años, en la grabación y edición de discos. Poco a poco se ha ido extendiendo a todo tipo de proyectos empresariales e incluso a asuntos como la restauración de símbolos religiosos. Nada impediría que donantes generosos hicieran aportaciones cuantiosas a determinadas iniciativas. Sin embargo, el anteproyecto de ley que acaba de sacar el gobierno pone límites a esas financiaciones, tanto en la cuantía total anual que una sola persona puede aportar (6.000 euros), como a la cantidad destinada a un solo proyecto por cada donante (3.000 euros). Con esta legislación, muchas iniciativas serían inviables por este método, pues la financiación necesaria obligaría a la participación de cientos de microinversores, dificultando su puesta en marcha.

También ha surgido en tiempos recientes el llamado consumo colaborativo, modalidad aparecida en el siglo XXI, por la que los bienes privados se ponen a disposición de la comunidad, a cambio de una precio determinado (o de un tiempo pactado, los llamados bancos de tiempo), que conlleva toda una serie de ventajas, como ser más ecológico, ya que se basa en reducir, reciclar, reutilizar, reparar y redistribuir los bienes, compartiéndolos; permite un mayor ahorro entre l@s consumidores/as y es una modalidad más social, ya que prima la consecución del bien común frente a la búsqueda de beneficios, aunque no está vedado este último objetivo. Nuevos modelos de negocio como el carpooling (compartir coche para optimizar su uso y que éste siempre viaje lleno), carsharing (un/a usuari@ alquila su coche por cortos periodos de tiempo), el coworking (uso compartido de los espacios de trabajo) o el coachsurfing (empresa que permite compartir alojamiento a través de las redes sociales y que ha dado nombre a esta modalidad de "intercambio de hospitalidad") están revolucionando el panorama en esta época de crisis.

Las últimas decisiones del gobierno español encaminadas a regular estas nuevas modalidades de consumo y financiación ponen en evidencia, en mi opinión, que lo que pretenden en realidad es que los viejos modelos sigan dominando el sistema económico, haciendo que los bancos sean los únicos que puedan controlar el flujo de capitales a las empresas (aunque el grifo de la financiación por parte de los bancos sigue estando cerrado, a pesar de haber recibido más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas), y que las "niñas bonitas" del empresariado español sigan siendo la industria automovilística, que ha recibido más de 7.000 millones de euros en la última década por parte del estado, y la industria turística tradicional. La aparición de estas nuevas alternativas amenaza a las anquilosadas estructuras de los sectores citados. Ha sido noticia estos días cómo la patronal del transporte público Fenebús ha denunciado a una web de viajes compartidos por considerarla "ilegal". Siendo importante potenciar el transporte público para reducir el número de vehículos en las carreteras y disminuir las emisiones de CO2, también este modo de viajar compartiendo vehículo y gastos contribuyen a ese mismo fin.

La tendencia de los gobiernos a controlar y sobre-regular las nuevas modalidades económicas demuestra no sólo su falta de reflejos, sino también que la sociedad va por delante de los poderes públicos, creando imaginativas alternativas a las actividades tradicionales (ya sea con ánimo de lucro o no) que facilitan el ahorro a los consumidores y contribuyen a adquirir un modo de vida más sostenible.