SEGUIMOS INDIGNADOS

En este final de año se acumulan las razones para elevar la indignación a la máxima potencia. Acabamos de saber que la última subasta eléctrica ha provocado que el coste de la electricidad para las familias y las empresas va a subir un 11% a partir del próximo enero, el mayor aumento experimentado en la historia reciente de España, a pesar de que el ministro Soria afirmara a la prensa hace unos días, bajo la mirada adornada de una sonrisa condescendiente del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no subiría más allá del 2%. Paralelamente a esta noticia, nos enteramos que el 33% de las personas mayores pasa el invierno sin calefacción, que el 51% de ese colectivo vive en el umbral de la pobreza y que el 12,7% no llega a fin de mes, poniéndose de relieve la pobreza energética, una nueva forma de precariedad que se suma a las ya existentes.

El gobierno y las compañías eléctricas se han aliado para llevar a las población española a los mayores índices de pobreza que conocemos desde la posguerra, mientras las grandes empresas y los bancos continúan aumentando sus beneficios. En relación a esto, hoy leemos en la prensa que la banca española ha ganado un 98% más en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Todo ello mientras el banco Novacaixagalicia es comprado por el banco venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, tras haberle sido inyectados 9.000 millones por parte del Estado, suponiendo unas pérdidas, por tanto, de 8.000 millones para nuestros bolsillos. Como negociantes, el gobierno ha demostrado ser un auténtico desastre.

A nivel regional, la cosa no es mucho más halagüeña. Cinco días después del acto-paripé organizado por el PP murciano a mayor gloria del ínclito Valcárcel, como despedida para "celebrar" su gestión de 18 años, con la presencia de Rajoy y tras el que fueron detenidos dos manifestantes por el solo hecho de mostrarse en contra del citado acto, nos desayunamos hoy con la noticia de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cargará con un préstamo de 182 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída por las empresas concesionarias del fallido aeropuerto de Corvera, préstamo que aumentará el déficit de las ya mermadas cuentas autonómicas. 

El triunfalismo de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico, anunciando el final de la crisis (sic) no pueden borrar de un plumazo, aunque se repita hasta la saciedad, la situación real de la ciudadanía. Un informe de Cáritas en la región de Murcia pone de manifiesto que 114.000 personas sin recursos han hecho uso de sus servicios, calificando de "espeluznante" la cifra de murcianos atendidos.

Mientras las condiciones de vida de los españoles van en declive, las grandes empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios, a costa en gran medida de las condiciones cada vez más duras para los trabajadores y trabajadoras, condiciones que la OCDE pide sean aún más exigentes, con el abaratamiento de los despidos y la disminución de la capacidad de los jueces de rechazar los EREs. Con este gobierno vamos abocados al empobrecimiento mayoritario de la sociedad, puestos a merced de los poderes económicos quienes, para seguir con su posición dominante, no dudan en poner más difícil la vida a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, extendiendo la precariedad y la pobreza. Con el agravante de la reciente Ley de Seguridad Ciudadanía en la que, entre las medidas que contempla, se incluyen artículos que pretenden amordazar la protesta ciudadana, sancionando supuestos como las reuniones y concentraciones no comunicadas, ofensas y ultrajes a España (que rezuma un poso franquista), escalar edificios (en clara alusión a los actos de Greenpeace, tras su acto de Madrid) o la colocación de tiendas de campaña en la vía pública, para evitar un nuevo 15-M.

Esperemos que los votantes del Partido Popular se percaten en masa de que este partido no trabaja por el interés general, sino por y para la oligocracia económica, bancos, compañías eléctricas, con el objetivo de que éstos consigan mejorar sus cifras de negocios, aunque sea a costa de pisotear los derechos que tantos años ha costado alcanzar.

¿CONSUMISMO FRENTE A LA CRISIS?

El pasado día 29 de noviembre se celebró el llamado Black Friday, el pistoletazo de salida de las rebajas en EEUU, evento que ya se está introduciendo en nuestro país. Desde los gobiernos y los medios de comunicación se nos dice que "el consumo favorece la creación de empleo", pero esta máxima es, en mi opinión, algo perversa, al lanzar a la vorágine consumista a una sociedad en crisis, en la que muchos ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes, creándose una sensación de frustración en las millones de familias que carecen de empleo, al sentirse excluidos de este sistema. En estos años de supuesta bonanza, antes de esta crisis, la gente se endeudó hasta límites extremos, comprometiendo toda una vida para pagar el préstamo de primera vivienda, pasando incluso las deudas a sus descendientes, todo ello alentado por los gobiernos de turno, con las consecuencias que todos conocemos una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, cuya expresión más dramática son los cientos de desahucios que se producen a diario.

Un mayor consumo (o más bien consumismo, es decir, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios, a menudo alentada por los gobiernos), dispara un aspecto que no se tiene en cuenta, que es el aumento de nuestra huella ecológica. Ya se ha dicho multitud de veces que si todos los habitantes de la Tierra mantuvieran el nivel de vida de los españoles, harían falta tres planetas para atender nuestras necesidades y eliminar nuestros residuos. Debemos ser conscientes de que este modelo productivo esquilma los recursos naturales y agota las fuentes de energía no renovables, obligando a una huida hacia adelante con la búsqueda desesperada de combustibles fósiles (utilizando métodos como el fracking), con el peligro para el medio ambiente y, por tanto, para la especie humana, que ello conlleva, mientras se está dificultando el desarrollo de las fuentes de energía renovables.

Este aumento del consumo de energía y recursos se verifica también en las calles de nuestras ciudades, con la instalación de la iluminación navideña, cuyo principal objetivo es, además de engalanar la vía pública, el de incitar al consumo en estas fechas. España gasta tres veces más en alumbrado público por habitante que Alemania, algo totalmente insostenible.

No es posible seguir con este modelo de producción-consumo, porque es insolidario con los demás países del Sur y con las generaciones futuras. Se hace necesaria una reducción del consumo irracional y una redistribución equitativa de la riqueza hacia las personas desfavorecidas. Insistir desde los gobiernos en los mismos procedimientos de siempre, en la ecuación “consumo igual a crecimiento y empleo” es ahondar en las diferencias entre ricos y pobres, y significa aumentar aún más la presión sobre el medio ambiente. Es hora de replantearnos nuestra función como consumidores y no contribuir más a este perverso sistema.

Artículo publicado en El Pajarito de hoy:

http://elpajarito.es/opinion/articulos-de-opinion/pajara/6305-iconsumismo-frente-a-la-crisis.html

LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer. 

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".