¿CONSUMISMO FRENTE A LA CRISIS?

El pasado día 29 de noviembre se celebró el llamado Black Friday, el pistoletazo de salida de las rebajas en EEUU, evento que ya se está introduciendo en nuestro país. Desde los gobiernos y los medios de comunicación se nos dice que "el consumo favorece la creación de empleo", pero esta máxima es, en mi opinión, algo perversa, al lanzar a la vorágine consumista a una sociedad en crisis, en la que muchos ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes, creándose una sensación de frustración en las millones de familias que carecen de empleo, al sentirse excluidos de este sistema. En estos años de supuesta bonanza, antes de esta crisis, la gente se endeudó hasta límites extremos, comprometiendo toda una vida para pagar el préstamo de primera vivienda, pasando incluso las deudas a sus descendientes, todo ello alentado por los gobiernos de turno, con las consecuencias que todos conocemos una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, cuya expresión más dramática son los cientos de desahucios que se producen a diario.

Un mayor consumo (o más bien consumismo, es decir, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios, a menudo alentada por los gobiernos), dispara un aspecto que no se tiene en cuenta, que es el aumento de nuestra huella ecológica. Ya se ha dicho multitud de veces que si todos los habitantes de la Tierra mantuvieran el nivel de vida de los españoles, harían falta tres planetas para atender nuestras necesidades y eliminar nuestros residuos. Debemos ser conscientes de que este modelo productivo esquilma los recursos naturales y agota las fuentes de energía no renovables, obligando a una huida hacia adelante con la búsqueda desesperada de combustibles fósiles (utilizando métodos como el fracking), con el peligro para el medio ambiente y, por tanto, para la especie humana, que ello conlleva, mientras se está dificultando el desarrollo de las fuentes de energía renovables.

Este aumento del consumo de energía y recursos se verifica también en las calles de nuestras ciudades, con la instalación de la iluminación navideña, cuyo principal objetivo es, además de engalanar la vía pública, el de incitar al consumo en estas fechas. España gasta tres veces más en alumbrado público por habitante que Alemania, algo totalmente insostenible.

No es posible seguir con este modelo de producción-consumo, porque es insolidario con los demás países del Sur y con las generaciones futuras. Se hace necesaria una reducción del consumo irracional y una redistribución equitativa de la riqueza hacia las personas desfavorecidas. Insistir desde los gobiernos en los mismos procedimientos de siempre, en la ecuación “consumo igual a crecimiento y empleo” es ahondar en las diferencias entre ricos y pobres, y significa aumentar aún más la presión sobre el medio ambiente. Es hora de replantearnos nuestra función como consumidores y no contribuir más a este perverso sistema.

Artículo publicado en El Pajarito de hoy:

http://elpajarito.es/opinion/articulos-de-opinion/pajara/6305-iconsumismo-frente-a-la-crisis.html

LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer. 

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".

EDUCACIÓN: PUNTO MUERTO

El informe PISA de 2012 es nuevamente demoledor para España: el nivel de las pruebas está otra vez por debajo de la media de la OCDE, aunque ha mejorado algo con respecto al año pasado. La novedad para este año es que se han cuantificado las diferencias ente comunidades autónomas, resultando que hay una clara correlación entre el nivel socio-económico de la población y los resultados de la prueba PISA. Así, Navarra, Castilla y León, País Vasco y Madrid obtienen mejores resultados que la media de la OCDE frente a los de Murcia, Extremadura, Baleares y Andalucía, que se sitúan a la cola. La OCDE destaca en su informe que “más del 85% de las diferencias” en el rendimiento en matemáticas –la materia en la que se centra esta vez la evaluación por delante de lectura y ciencias- “es atribuible a diferencias socioeconómicas". En el colmo de la demagogia, la secretaria de Estado para Educación, Montserrat Gomendio, así como la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña culpan a los inmigrantes del bajo nivel obtenido en las pruebas, echando balones fuera.

En el caso de Murcia, el nivel es patético. La Región de Murcia está a la cola de los resultados, sólo por encima de Extremadura. Curiosamente, la caída brutal con respecto al año anterior coincide con la aplicación de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Educación consistentes en aumentar la ratio en las aulas y aumentar la carga lectiva de los profesores, que tuvo como consecuencia el despido de miles de interinos. Las repetidas denuncias de los colectivos de profesionales de la enseñanza, agrupados en la Marea Verde, referidas a la degradación de la enseñanza pública, no parece que hagan mella en los responsables políticos de la Educación. En la región, la Consejería debe cientos de millones de euros a los centros públicos de las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, dejándoles en una situación precaria, sin medios suficientes para realizar de forma óptima su trabajo. Sólo la profesionalidad del colectivo docente permite salir adelante.

Estos resultados deberían hacer reflexionar a los responsables de la política educativa. Esto demuestra, en mi opinión, que para elevar el nivel educativo de un país donde hay que incidir es en mejorar la equidad social entre los diferentes sectores de la población. Como dice la OCDE, hay una relación directa entre la depauperación de la sociedad española en general y los bajos niveles alcanzados. La ley Wert no va a incidir en eso, porque no va a la raíz del problema. Al contrario, la LOMCE va a ahondar en las diferencias, pues solo se centra en el "esfuerzo" de l@s alumn@s, como si las condiciones de partida fueran las mismas para tod@s. No puede ser lo mismo, por poner un ejemplo, las condiciones que puede tener un alumno o alumna en casa, en una barriada deprimida, sin conexión a internet ni bibliotecas cerca, que las de otr@ de un barrio residencial, en una familia que tenga acceso a la cultura. Desgraciadamente, el número de familias que viven en las peores condiciones va en aumento de año en año.

El mazazo a la cultura que este gobierno ha dado en los últimos tiempos también tiene que ver con estos pobres resultados. Las bibliotecas viven sus horas más bajas, no existe una política de promoción efectiva de la lectura, a pesar de que se ha demostrado que los niños que más leen tienen mejores resultados académicos. También es sabido, por multitud de estudios, que el desarrollo de las capacidades musicales mejora el rendimiento de los niños y niñas, y reduce significativamente el fracaso escolar. Sin embargo, las artes y la filosofía (una materia que enseña a pensar) se reducen drásticamente en la nueva ley y el aprendizaje de la música fuera del ámbito escolar sigue siendo elitista, al no existir una red de escuelas municipales que haga frente a la demanda.

Cuando las leyes educativas se diseñan desde la perspectiva ideológica, sin tener en cuenta la opinión de los expertos, empezando por los propios profesores, que han sido los grandes ignorados por este gobierno (y por los anteriores también), el resultado es una deriva incierta y unos "palos de ciego" cuyos únicos damnificados van a ser las generaciones futuras, puestos a merced de políticos ineptos, muy a menudo provenientes de mundos ajenos a la Educación. Así nos va.