POR UNA DEMOCRACIA DIRECTA Y RADICAL

Una de las reivindicaciones más repetidas por l@s ciudadan@s en los últimos tiempos es la de reclamar una mejor democracia, pues se ha visto que la que se ha desarrollado en España en los últimos 30 años está llegando a su límite. Ya no basta con acudir a votar cada 4 años, dando carta blanca a los cargos electos para que hagan y deshagan a su antojo, llegando este extremo a su paroxismo con el actual gobierno del PP, que no ha dudado en aplicar medidas totalmente contrarias a las prometidas en su programa electoral de los pasados comicios del 20N. De asegurar que no subirían el IVA (llegando incluso a promover una recogida de firmas para impedir el aumento de este impuesto), que no tocarían la sanidad ni la educación, que los sueldos de los funcionarios y las pensiones no se verían mermados, etc., el gobierno ha pasado a aplicar todo lo contrario, apelando a la herencia recibida y a la situación económica. 

La consecuencia directa de esta democracia representativa es el aumento espectacular de la abstención, motivada por la desafección de la ciudadanía hacia los representantes políticos, que muchos no dudan en calificar como casta, salpicada por los escándalos de corrupción, acusada de actuar a espaldas de la población, de colocarse de forma interesada en listas cerradas que aseguren su elección, sin que los electores puedan decidir nada al respecto. Este es un fenómeno que se está verificando cada vez más a menudo, elección tras elección. La abstención, más allá de una forma de protesta legítima pero silenciosa ante las actuaciones  de los políticos, supone, bajo mi punto de vista, la entrega a los partidos más votados de unas mayorías que no son tales, todo ello ayudado por la deficiente ley electoral que padecemos, lo que dificulta mucho más el acceso de los partidos minoritarios a las instituciones. Esto se ha verificado, sin ir más lejos, en las últimas elecciones generales, en las que se ha entregado la mayoría absoluta al PP con el 53% de los escaños, habiendo recibido solamente el 30% de los votos.

La ciudadanía está reclamando cada vez más un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Se está comprobando que la sociedad civil va por delante de las decisiones políticas. Se trataría de superar los viejos esquemas que ya no nos valen, por estar anquilosados y no reaccionar de forma eficaz a las demandas de la sociedad. Más allá de la democracia representativa, es necesario que ésta sea sustituida por una democracia participativa, que suponga que l@s ciudadan@s sean los sujetos activos de la acción política, no meros espectadores de las decisiones tomadas por sus representantes. Pero para ello, hace falta que la gente se despierte de la apatía generalizada, y que no delegue en unos supuestos "líderes" que les aportarán las soluciones milagrosas. Sólo una sociedad activa, comprometida y solidaria con los demás y con el planeta puede dar con las soluciones a la crisis por la que atravesamos.

Cornelius Castoriadis (1922-1997) ya lo expresó en una entrevista concedida en 1991, cuando dijo que "para participar, la gente debe tener la certeza, verificada constantemente, de que entre su participación y su abstención hay una diferencia. Y esto sólo es posible si se trata de participar en la toma de decisiones efectivas, que afectan a sus vidas (...). La participación, en primer lugar, debe arraigarse en lugares donde la gente tiene que asociarse, lo quiera o no lo quiera. Estos lugares existen, al menos formalmente: son las empresas, los servicios públicos, las comunas, los barrios (...). La instauración de una verdadera democracia exige mucho de todos. Supone la autonomía del individuo (...) y la comprensión de que su destino es radicalmente solidario del de todos los demás, que pertenece al mismo planeta que sus semejantes y que actualmente con sus semejantes están destruyéndolo" (*).

Hay que hacer lo posible para que la democracia se vaya perfeccionando, instaurando una democracia participativa o directa que sustituya a la ya limitada democracia representativa.  Eso sólo se conseguirá cuando, por un lado, la participación de la sociedad en la vida política (entendida como conjunto de asuntos que conciernen a l@s ciudadan@s) sea mucho más amplia y, por otra, se den todas las facilidades por parte de las administraciones para que la gente se habitúe a dar su opinión sobre los aspectos de la vida pública, se le dé a la ciudadanía una mayor capacidad de decisión mediante referéndums, consultas vinculantes y se implementen mecanismos que las (no tan nuevas) tecnologías ya permiten para votar, opinar y controlar a los representantes políticos, mediante el llamado Gobierno Abierto, que es aquel que es transparente, participativo y colaborativo. La democracia directa y radical debe ser una reivindicación en todos los aspectos de la vida pública, incluido en el seno de los partidos políticos, que, salvo excepciones (como en EQUO), deja mucho que desear. Pero de eso hablaré en otra ocasión.

(*) Castoriadis, C. Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997). 2006. Katz Editores. Págs 230-231.

TOROS Y CÁNCER (2ª PARTE)

Hace casi un año, escribí una entrada en el blog denunciando la celebración de la ya tradicional corrida de toros en beneficio de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer). Este recurso a la tradición es el único argumento que tienen los pro-taurinos para mantener esta bárbara costumbre, apelando a la "ancestral lucha del hombre y la bestia" y otras lindezas caducas y rancias.

Pero, ¿qué ha cambiado en este último año con respecto a las corridas de toros? Según las estadísticas, de enero a noviembre de 2012 se ha producido un descenso del 15%, respecto al mismo período de 2011, en la asistencia a estos espectáculos. A esto hay que sumar que esta cifra acumula un descenso del 46 % desde 2007 al 2011. Es decir, cada vez es menor el número de personas que acuden a esta sangrienta representación. La edad media de los espectadores aumenta, a pesar de que aún se ven padres con niños, que no tienen reparo en llevar a menores de edad, con las consecuencias en su psique que ello conlleva, como se ha demostrado en numerosos estudios. En ese sentido, es paradójico que, mientras en países como Perú, Portugal o Venezuela, así como comunidades españolas como Galicia, se prohibe la entrada de menores a las plazas de toros, en ciertas regiones como Andalucía se fomente esta práctica dispensando de pagar la entrada a los niños menores de 11 años.

Ante la desafección cada vez mayor de la sociedad española por la celebración de corridas de toros, y en un intento desesperado de mantener esta tradición, la semana pasada fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados una ILP que pretende que este espectáculo sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), iniciativa que fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, y aprobada con los votos a favor de los grupos PP, UPyD, UPN y FA. En el debate previo, el diputado por UPyD Toni Cantó protagonizó una de las intervenciones más lamentables que se recuerdan en la reciente historia parlamentaria, al negar el derecho a la vida y a la libertad a los toros, con una actitud antropocentrista de dominación sobre la naturaleza, quintaesencia del sistema capitalista que padecemos.

En relación a la investigación del cáncer, resulta indignante que el gobierno español haya recortado en un 20% los fondos destinados a estas investigaciones, pues España ocupa el puesto 17 en el ránking europeo de inversión en investigación oncológica, según datos del Foro Europeo de Gestión en Investigación del Cáncer. Pretender paliar estas carencias con actos "benéficos", al estilo de la caridad de la época franquista, asociados además con la tortura a los animales, nos retrotrae a otras épocas. Más le valdría a este gobierno incrementar las partidas destinadas a I+D+i, para permitir que los equipos de investigación científica en el tema del cáncer y en otros ámbitos continúen su tarea, y que no tengamos que sufrir la "fuga de cerebros" a otros países.

El próximo día 24 de febrero se celebrará en Murcia una corrida de toros benéfica para la AECC. La protesta por este evento ya está convocada, a pesar de que recientemente el presidente del club taurino de Murcia reclamara que estas concentraciones fueran prohibidas, demostrando una actitud bastante poco democrática. Esperemos que estos mal llamados "festejos" (¿qué se festeja? ¿la muerte?) sean pronto un recuerdo de tiempos pasados, cuando la barbarie aún campaba a sus anchas en la sociedad española. Estamos viendo que las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas frente a estos espectáculos. Ojalá contagien a sus mayores.

UN CAMBIO URGENTE Y NECESARIO

España va deslizándose poco a poco por la rampa de la quiebra. Hemos sabido que España ha alcanzado el déficit más alto desde 1910, con un total de 882.300 millones de euros acumulados, una cifra equivalente al 84% del PIB. En el ejercicio 2012, la deuda ascendió a 146.000 millones. Sólo los intereses de la deuda de ese año suman 38.660 millones de euros. Gran parte de esa deuda es debida al rescate a la banca que el gobierno de Rajoy pidió a Europa, 40.000 millones que, a la postre, no sirven para mucho: los bancos siguen sin conceder créditos, los directivos de los bancos intervenidos siguen ganando salarios desorbitados (hasta 500.000 euros al año) y el tan cacareado "banco malo" no va a servir para pinchar la burbuja inmobiliaria, sino todo lo contrario, pues los precios de las viviendas embargadas por los bancos siguen demasiado altos, resultando ser sólo un modo más de hacer negocio por parte de las entidades financieras. 

Mientras tanto, las 100 mayores fortunas de la Bolsa, con Amancio Ortega a la cabeza, suman 78.518 millones, un 24% más que el año pasado. Si ampliamos este ránking a los 200 más ricos, resulta que han ganado un 8,4% más que en 2011, amasando una fortuna de  145.800 millones de euros, es decir, la misma cantidad que la deuda para ese año.

Como todos sabemos, lo único que se le ocurre a este gobierno es apretar un poco más las tuercas a la población, en especial a los más desfavorecidos, haciéndole el juego a la banca mediante los desahucios, y aplicando toda una batería de lo que eufemísticamente llaman "reformas" o "ajustes", como el aumento el IVA, recortes en Sanidad y Educación, disminución del salario de los empleados públicos, cuando no despidos directos, disminución de las partidas en I+D+i, ... El malestar social va en aumento, y el gobierno no debería subestimar la fuerza que tiene este malestar, como ya advierten algunos.

A pesar de que Rajoy y lo suyos siguen prometiendo que en 2014 la economía irá a mejor, muchos piensan (pensamos) que aplicando las mismas recetas de siempre, utilizando el mismo lenguaje, vacío de contenido, no se saldrá de ésta. Muchas son las voces que opinan (opinamos) que el crecimiento como herramienta no es el camino en una situación de colapso del sistema, sino que ahondará aún más la crisis, pues no es algo pasajero y coyuntural, sino que, al contrario, es una situación estructural y una fuente de desigualdades sociales y degradación ambiental. La ecuación que nos repiten diariamente (crecimiento + competitividad = creación de empleo) tiene su trampa, pues habría que plantearla más bien así: 

crecimiento + competitividad =  aumento de beneficios privados + precariedad laboral + empobrecimiento general + degradación ambiental.

Las grandes empresas tienen aún la esperanza de que se vuelva a la situación anterior, pues les fue muy bien, y por eso no son capaces de cambiar un ápice su visión de las cosas. Sin embargo, es necesario empezar a cambiar el chip, aplicando medidas como las que propone EQUO en un reciente documento, Reiniciar la democracia para salir de la crisis, como pueden ser, entre otras:

- Realización de una auditoría de la deuda que permita evaluar la parte de deuda legítima de la deuda pública española, reducir el reembolso a su justa dimensión legítima y permitir reactivar la economía.

- Creación de una banca pública que garantice el crédito con criterios sociales y ecológicos para la economía real y el impulso de la banca ética para financiar el cambio de modelo productivo y de consumo.

- Una reforma fiscal para hacerla verdaderamente progresiva y redistributiva, priorizando la tasación de capitales y recursos naturales, de manera que paguen más quienes más tienen y más contaminan, y hacerla capaz de equilibrar las cuentas y mantener y mejorar los servicios públicos de salud, de educación y las políticas sociales y ambientales.

- Apostar de forma decidida por la creación de empleo en sectores sostenibles y que crean utilidad social (como las energías renovables, agricultura ecológica, rehabilitación de edificios, economía social y solidaria, cooperativas, etc.), y del reparto del trabajo.

- Iniciar la transición hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, las energías renovables y la eficiencia energética, como base de una economía baja en (carbono) combustibles fósiles y en equilibrio con la naturaleza.