EL MEDIO AMBIENTE EN EL PUNTO DE MIRA DE LA CROEM

Tras las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional referidas, por un lado, a la anulación de la modificación a la Ley del Suelo de 2001 por la que se desprotegían 15.000 hectáreas de espacios naturales en la región y, por otro, la desestimación del recurso presentado por la CARM que pretendía anular la derogación del trasvase del Ebro, los empresarios de la Región de Murcia han decidido pasar al contraataque.

Ante la tramitación, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, de determinadas iniciativas legislativas, como el Anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad, la Orden de Planificación Integrada de los Espacios Protegidos, el Plan de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia o el Decreto de Especies Amenazadas, entre otros, la CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales) ha remitido una carta al Consejero de Presidencia, Manuel Campos, instando a la Comunidad Autónoma a que anteponga los intereses económicos a la conservación del medio ambiente. Los empresarios quieren parar los planes ambientales porque "frenan el desarrollo".  Algunas de las perlas con las que nos "deleitan" son frases como que "los planes de recuperación de especies en peligro son «amenazas» para determinadas actividades económicas"; o que "la conservación del medio ambiente se considera un obstáculo para el desarrollo económico". Por otro lado, Miguel del Toro, presidente de la CROEM y firmante de la carta, pone en duda la profesionalidad de los técnicos de la dirección General de Medio Ambiente, acusándoles de "discrecionalidad" a la hora de emitir sus informes.

De nuevo se pone sobre la mesa la eterna disyuntiva entre protección de los recursos naturales y desarrollo económico. Para gran parte de la clase empresarial de esta región, el medio ambiente no es sino un medio para llevar a cabo sus proyectos, sin importar el impacto que puedan tener sobre él. Baste recordar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, que afirmaba que «es preferible que vivan 20.000 personas a que lo hagan 20.000 lagartijas», usando un desafortunado argumento para posicionarse a favor de la urbanización de Marina de Cope. Las sucesivas leyes, ya sean de rango europeo, ya nacional o regional, que van en contra de sus intereses particulares, atentan, según su punto de vista, contra el desarrollo económico. Se escudan en la creación de empleo y de riqueza (aunque no dicen que la riqueza es para ellos) para defender que puedan degradarse espacios naturales o que las especies amenazadas lo estén aún más. 

Una cosa son los pequeños propietarios de tierras y otra los grandes empresarios, mayoritariamente representados en la CROEM, cuyos intereses van más allá de cultivar unos bancales de almendros o abrir un pozo de agua. Estos grandes empresarios tienen intenciones que provocan muchos más impactos, como pueden ser las macrourbanizaciones litorales o, como pudimos leer la semana pasada, la  noticia de que una empresa española pretende hacer prospecciones en el noroeste de Murcia para extraer gas por el procedimiento del fracking, actuación que ha sido denunciada públicamente por EQUO RM. 

Esperemos que la Consejería de Presidencia no sucumba a las presiones de esta organización empresarial, que ha actuado de esta manera, a mi juicio, espoleada por las últimas decisiones judiciales que van en contra de sus intereses y, tal vez, por las declaraciones de Valcárcel en las que decía que su gobierno está "en sintonía" con los empresarios. Si la Consejería da marcha atrás a estos proyectos de ley relacionados con la protección del medio ambiente, suspendiendo o paralizando su tramitación, tal y como pide la CROEM, demostrará que sirve al interés de unos pocos frente al interés general. Esperemos que no cedan a esas presiones.

JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE EN MURCIA

Las personas que nos declaramos ecologistas hemos recibido estos últimos días con alegría tres noticias relacionadas con el medio ambiente en la Región de Murcia. La primera hace referencia a la sentencia 91/2011, que en su día falló el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en adelante es firme, al ser rechazado el recurso que el gobierno regional elevó al Tribunal Supremo. Dicha sentencia declara ilegal el procedimiento llamado de "teletransporte" de edificabilidad, por el cual el gobierno regional ha consentido durante años que los promotores cedieran terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permitiera aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Esta práctica ha facilitado la puesta en marcha de proyectos urbanísticos como los de Marina de Cope (Águilas), Novo Carthago y Lo Poyo (Cartagena) y, en el municipio de Murcia, el Plan Parcial de La Fuensanta.

Las otras dos sentencias que estos días se han emitido y que tienen que ver con el medio ambiente en la Región de Murcia provienen del Tribunal Constitucional (TC). El día 13 de diciembre pasado, el TC declaró "inconstitucional y nula" la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2001, porque su indefinición "crea inseguridad jurídica sobre todos sus destinatarios", por la equiparación que hace entre Espacios Naturales y Lugares de Importancia Comunitaria, tras fallar a favor del recurso promovido por el Grupo Socialista del Congreso. En la práctica, esto supone que los límites del Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre deben volver a los correspondientes al año 2001, que había sido desprotegido en más de 1.600 hectáreas, de las cuales 700 son LIC, bloqueando además el proyecto de Marina de Cope, auspiciado por el gobierno regional desde su inicio. En este video se explica muy bien el proceso seguido por este espacio natural.

El mismo día 13 de diciembre (aunque lo supimos ayer mismo) el propio Tribunal Constitucional desestimó el recurso que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) había presentado en septiembre de 2005 con respecto a la ley que modificó el Plan Hidrológico Nacional en la parte referida al control de los caudales del Ebro en su desembocadura. De esta forma el trasvase del Ebro, auténtico atentado al ciclo natural del agua y al régimen del río Ebro, será más difícil de llevar a cabo. Queda aún pendiente la resolución del TC sobre el recurso presentado por la CARM por la totalidad de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del gobierno de Zapatero. Todo indica que el gobierno de Valcárcel recibirá otro varapalo a su política.

Con estas sentencias se pone de relieve que la estrategia política del gobierno regional de Murcia en los últimos 10 años ha sido un auténtico fracaso, cuando no un cúmulo de ilegalidades. Hemos visto cómo en diferentes discursos del estado de la región, el presidente Valcárcel ha querido vender humo, basando su acción política en proyectos urbanísticos y faraónicos que iban acompañados de promesas de empleo y de riqueza, a falta de un plan real de desarrollo de la región. 

Desde la manipulación victimista de la supuesta falta de agua, representada por el famoso lema "Agua para todos", que aún cuelga en un cartel ya desvencijado en la fachada del ayuntamiento, hasta los sucesivos anuncios de puesta en marcha de los citados proyectos, además de otros como el aeropuerto de Corvera, sin perspectivas de funcionamiento, el macropuerto de El Gorguel, ampliamente contestado por los colectivos ecologistas y partidos políticos como EQUO a través de la Plataforma Salvemos El Gorguel, la deficitaria autopista de peaje Cartagena-Vera, o el parque temático Paramount, la política del gobierno regional ha tenido como pilares la construcción de infraestructuras de dudosa utilidad y rentabilidad, y de manifiesta insostenibilidad ambiental. 

¿Creen ustedes que los representantes del PP murciano han hecho algún ejercicio de autocrítica o que han presentado algún tipo de excusa por estas actuaciones que ahora se revelan como ilegales? Nada más lejos; por el contrario, se han dedicado a echar balones fuera, insistiendo en la bondad del proyecto de Marina de Cope y responsabilizando al gobierno anterior del fallo del TC en materia de trasvases.

A falta de estas vacías promesas de prosperidad, muchas de ellas basadas en actuaciones ilegales, como se ha visto, lo único que le queda a Valcárcel es la terrible realidad de las cifras: casi un 29% de paro, un 36% de ciudadanos de la región que viven bajo el umbral de la pobreza, miles de viviendas desalojadas por desahucio. Esperemos que estos hechos hagan despertar a l@s murcian@s del sueño al que han sido sumidos por el gobierno regional durante cerca de 20 años, que ha hecho creer a los habitantes de esta región que sus propuestas de futuro traerían prosperidad, cuando la realidad ha sido totalmente distinta, con el medio ambiente como rehén y principal objeto de las actuaciones que, afortunadamente, la justicia se ha encargado de enmendar.

CONTRA LOS ABUSOS POLICIALES

Desde que se iniciaron las masivas protestas ciudadanas y las manifestaciones en 2010, ya sea convocadas por movimientos independientes como el 15-M o por los sindicatos mayoritarios, estamos asistiendo con preocupación a la deriva violenta de los que, en teoría, deberían mantener el orden. Y no me refiero, precisamente, a los manifestantes que, en un 99%, han llenado las calles de forma pacífica en todo el país, sino a la cada vez más desprestigiada policía española.

Todos recordamos el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011, cuando se levantó de forma violenta la acampada del 15-M, en la que resultaron heridas leves 120 personas, hecho que fue denunciado por organismos como Amnistía Internacional. Recientemente se ha reabierto la causa por el desalojo, que había sido archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona que consideró "razonablemente proporcionada" la actuación de los Mossos d'Esquadra. Los sucesivos altercados acaecidos durante este año y el pasado entre manifestantes y policías ponen de manifiesto que las autoridades competentes (ministerio del Interior, diversas Consejerías del ramo y delegaciones del gobierno, sobre todo la de Madrid) no son capaces de gestionar con eficacia los conflictos, dejando en evidencia los métodos a menudo propios de otros tiempos o de otros regímenes de infausto recuerdo.

Un caso también muy criticado fue el que ocurrió el pasado mes de junio, cuando un grupo de desahuciados se encerró en la catedral de la Almudena para protestar por su situación, y el arzobispo de Madrid Rouco Varela pidió policías para desalojar el templo. Este gesto dice bastante poco de la supuesta solidaridad y empatía que un alto representante de la iglesia católica debería tener para con las personas que pasan por un drama en sus vidas.

En Murcia también ha habido episodios en los que la policía se ha extralimitado en sus funciones, como cuando, el mes de junio pasado, el alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara acudía a declarar como imputado por el caso Umbra a los juzgados, unos manifestantes fueron agredidos por parte de unos miembros de la policía. Estos hechos fueron denunciados y admitidos a trámite por el juzgado. 

Pero la gota que ha colmado el vaso de la indignación ante la brutalidad policial ha ocurrido durante la huelga general del pasado 14 de noviembre, en el que se han registrado multitud de incidentes entre policías y manifestantes, algunos de gravedad, como el niño de 13 años de Tarragona con una brecha en la cabeza o la mujer herida en el ojo en Barcelona, con pérdida parcial de visión. En ambos casos, el conseller de Interior, Felip Puig, resta importancia a los hechos, negándose a dimitir. En Murcia, a la carga realizada a miembros del PAH cuando realizaban un recorrido por el centro, hay que sumar la agresión a otro grupo, con resultado de varias personas contusionadas y una más con heridas graves en nariz y pómulo, necesitando ésta de intervención quirúrgica.

Estos hechos tan graves deben hacer reflexionar a las instituciones sobre el papel de los cuerpos de seguridad del Estado en un país democrático. Una cosa es detener a aquell@s que ponen en peligro la integridad física de personas y cosas, y otra muy distinta utilizar la fuerza, a menudo de forma indiscriminada, para ocasionar daños a transeúntes y manifestantes, con evidente exceso de celo. Especialmente denunciable es el hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad públicas actúen sin la placa de identificación bien visible, como lo exige la legislación vigente, dejando a la ciudadanía en indefensión ante un abuso de autoridad. Hay que exigir que aquellos que están para hacer cumplir la ley, la cumplan a su vez. 

La única preocupación del gobierno ante las manifestaciones es la "degradación de la marca España". Tal vez lo que debería preocuparles es la mala imagen que la policía española está dando en todo el mundo, reflejada en los principales medios de comunicación internacionales (ver aquí y aquí). Y también la desafección que muchos ciudadanos tienen hacia un cuerpo que, en teoría, y tal y como recoge la Constitución en su artículo 104, está para garantizar la seguridad ciudadana y no para contribuir a su degradación.