Tras la vorágine de la campaña electoral (¿acaso se ha dejado de estar en campaña desde diciembre pasado?), los análisis de las causas de los resultados del 26J y el inicio de las conversaciones entre los distintos partidos salidos de las urnas para formar gobierno, que ocupará varias semanas, parece que se ha ralentizado el ritmo político en nuestro país.
Este ritmo más pausado es proclive a la reflexión, a la búsqueda de soluciones a la grave crisis ecológica, social y política en la que estamos inmersos. Esas soluciones deben dar respuesta a varios retos que tenemos ante nosotros, algunos de los cuales parecen no estar sobre la mesa a la hora de negociar las distintas opciones de gobierno. ¿Cuáles son esos retos? Los hay que son evidentes y reales, pues son los más cercanos a la vida cotidiana de la gente: el paro (sobre todo el juvenil y el de larga duración), la violencia de género, las pensiones del futuro, la corrupción (que detrae fondos públicos de todos), el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad… Otros asuntos, que algunos insisten en poner de relieve, inciden menos en la vida de la amplia mayoría de la sociedad, como la posible independencia de Cataluña o las vicisitudes de Venezuela.
“El PIB sólo refleja el aspecto monetario de la economía, pero no el grado de bienestar de la sociedad, el estado de salud de los ecosistemas ni las condiciones de los trabajadores”
Pero hay un tercer grupo de retos que están ausentes del debate político. Los partidos (salvo excepciones) los obvian, tal vez porque no producen rédito electoral o porque, en el fondo, no les conceden la importancia debida, a pesar de que nos condicionarán, si no lo hacen ya, la vida a una gran mayoría. Me refiero a la energía y nuestra dependencia de los combustibles fósiles, a los problemas relacionados con el agua y al cambio climático, aspectos que influyen en los otros, principalmente sobre el empleo. Está claro que estos asuntos exceden el ámbito nacional, y que es necesario una actuación conjunta de los países europeos (e incluso a nivel mundial) para salir de la espiral que nos llevará irremisiblemente al colapso en unas pocas décadas. Pero desde el futuro gobierno español, sea del signo que sea, se pueden y se deben implementar medidas para abordar los cambios necesarios en estos ámbitos.
España depende en un 82% de la importación de fuentes de energía, petróleo y gas natural, que nos cuestan más de 45.000 millones de euros al año. El carbón, causante del 13% de las emisiones de CO2 en España, sigue estando subvencionado, mientras que el cierre inmediato de la totalidad del parque nuclear español no supondría riesgo alguno para la garantía de suministro eléctrico, según los expertos, debido a que tenemos una sobrecapacidad energética del 40% en el momento de máxima demanda. La solución pasa por legislar de una vez por todas para permitir el autoconsumo energético, derogando las penalizaciones que el gobierno de Rajoy impuso en 2015, y por darle un impulso definitivo a las energías renovables, el sector industrial más maltratado por el PP.
El cambio climático y el agua están íntimamente ligados. Debido al avance del primero, la escasez del segundo es cada vez más acuciante. El aumento de la temperatura media del planeta, especialmente en algunas zonas como la cuenca mediterránea, las sequías y su contrapartida, las inundaciones, afectarán a la seguridad alimentaria y la producción agrícola, sobre todo de aquellos cultivos que demandan grandes cantidades de agua, como los nuevos regadíos que dependen en España de los trasvases. Un ejemplo de las consecuencias del cambio climático lo estamos sufriendo en la zona del Mar Menor, con la transformación dramática de la laguna debido a los vertidos de residuos salobres de los pozos emitidos durante décadas, que han degradado, tal vez de forma irreversible, este ecosistema.
Otro paradigma que los partidos políticos en liza deben revisar de cara a la formación de gobierno es el dogma del crecimiento. Parece que todos aceptan sin ambages que el crecimiento económico es la panacea a todos los males y que nos sacará de la crisis. Pero está demostrado que, además de que el planeta no aguantará los daños colaterales del crecimiento (emisiones de CO2, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc.), el aumento del PIB sólo refleja el aspecto monetario de la economía, pero no el grado de bienestar de la sociedad, el estado de salud de los ecosistemas ni las condiciones socio-laborales de los trabajadores.
En este período de transición entre el gobierno en funciones y la formación del nuevo equipo, es hora de que todos estos temas entren en la mesa de negociaciones para que, por fin, se aborde definitivamente un cambio de modelo económico que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:
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